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| Foto Nelton Rivera |
Por Nelton Rivera | Prensa Comunitaria
Esta tarde Rigoberto Juárez Mateo fue
detenido de forma arbitraria y se convierte en un nuevo preso político
del Estado guatemalteco. Rigoberto Juárez es representante del Gobierno
Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de
16 municipios de Huehuetenango. Juárez es criminalizado por defender el
territorio y el agua.
En el momento de la detención, por parte de agentes de la Policía Nacional
Civil (PNC), no se mostró una orden de juez competente. Junto con
Rigoberto fue detenido Domingo Baltazar, ambos miembros de la autoridad
comunitaria de Santa Eulalia, Huehuetenango.
Durante la detención, mediada por el uso de la violencia, se agredió físicamente al abogado Ricardo Cajas, cuando éste les pidió que se identificaran y mostraran una orden de detención en contra de Rigoberto Juárez.
Los representantes comunitarios detenidos habían viajado a la
capital para denunciar las violaciones de la que fueron objeto
autoridades ancestrales y varios periodistas e pasado 19 de marzo del
presente año, cometidas por el alcalde Diego Marcos Pedro, miembros de
la corporación municipal y gente afín a las autoridades.
Las autoridades ancestrales Q’anjob’al fueron agredidas por la
corporación municipal el jueves 19 de marzo durante una actividad
pública para la apertura de la Radio Comunitaria Snuq’ Jolom Konob,
durante 4 horas fueron agredidos verbal y psicológicamente, también
fueron amenazados, por esta razón una delegación viajo a la capital para
realizar las denuncias ante la Fiscalía de delitos contra Defensores de
los DDHH del Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos
Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Guatemala.
Desde el año 2011 han sido varias las ocasiones en las que
representantes del Gobierno Plurinacional han viajado a la capital para
denunciar los atropellos que comete las empresas hidroeléctricas en todo
el territorio maya Q’anjob’al, concretamente en el caso de la empresa
Hidro San Luis, en Santa Eulalia, que de acuerdo con los líderes, atenta
contra los derechos de las comunidades opuestas al proyecto
hidroeléctrico.
Esta detención arbitraria se suma a la larga lista que desde el año
2012 se acrecentó como una de las estrategias del Gobierno y Empresas
para desarticular la oposición pacífica y organizada de los pueblos
frente al modelo de despojo de las empresas.
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