Por Alfredo Carías | Gato Encerrado
Dentro del Banco Mundial, un tribunal secreto se está preparando para pronunciarse sobre una demanda presentada por las empresas Pacific Rim/Oceana Gold, una compañía minera canadiense / australiana que ha demandado a El Salvador por negarle extracción minera, y podría obligarle a pagar más de $300 millones de dólares por tal negativa, que iría en detrimento del medio ambiente salvadoreño.
Esta supuesta conspiración desató una movilización de organizaciones salvadoreñas, latinoamericanas, canadienses y estadounidenses que organizaron una protesta frente a este organismo internacional en la sede ubicada en Washington D.C. Estados Unidos.
Entre las manifestantes esta la ambientalista Vidalina Morales de la comunidad de Sensuntepeque, Cabañas en El Salvador, donde está instalada la empresa que amenaza con la explotación minera.
“Estamos frente a las oficinas del Banco Mundial donde se está llevando la audiencia contra el Estado salvadoreño, aquí estamos muchos salvadoreños(as), también ciudadanos norteamericanos y centroamericanos para alzar nuestras voces para protestar contra este modelo extractivo, contra estas empresas como la Oceana Gold”, denunció la ambientalista que también asistió como representante de la Mesa Nacional frente a la Minería, y quién viajo junto con una delegación salvadoreña para sumarse a la actividad de protesta en dicha nación estadounidense.
Al llamado para manifestarse también acudió parte de la comunidad salvadoreña que reside en dicho país norteamericano.
“Porque las corporaciones no deben tener el derecho de explotar nuestras tierras, Oceana Gold es una empresa extranjera que no tiene derecho en explotar a El Salvador, es de Australia”, comenta indignado el salvadoreño Lindolfo Carvallo de Casa Maryland asistente en la protesta.
De igual, forma hubo solidaridad por parte de organizaciones estadounidenses. “Como ciudadano de este país soy parte de una red de comunidades de fe que están en contra de la minería… por eso estoy en solidaridad con ellos”, manifestó el estadounidense Scott Wright de los Columbans.
Bajo las provisiones comerciales promovidas por el gobierno de Estados Unidos, las empresas pueden utilizar los tribunales del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, para desafiar las leyes y reglamentos nacionales que protegen la salud pública, el medio ambiente y los derechos humanos. El gobierno de Obama está tratando de ampliar estos derechos corporativos en los nuevos acuerdos con Asia (la Asociación Trans-Pacífico) y Europa (el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones), y está tratando de dar “Vía Rápida “ (o “Fast Track” como se le conoce en inglés) en el Congreso a estos controversiales acuerdos, según denuncian estas organizaciones manifestantes.
Entre las organizaciones participantes estuvieron ADES, AFL-CIO, CARECEN, CASA, OXFAM, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, entre otras.
Si El Salvador pierde la demanda, deberá pagar con dinero de los fondos públicos del Estado; una cantidad que supera los presupuestos de Educación, Salud y Seguridad en este país centroamericano, además de permitir la extracción minera, aun en contra de los derechos ambientales.
Entre las manifestantes esta la ambientalista Vidalina Morales de la comunidad de Sensuntepeque, Cabañas en El Salvador, donde está instalada la empresa que amenaza con la explotación minera.
“Estamos frente a las oficinas del Banco Mundial donde se está llevando la audiencia contra el Estado salvadoreño, aquí estamos muchos salvadoreños(as), también ciudadanos norteamericanos y centroamericanos para alzar nuestras voces para protestar contra este modelo extractivo, contra estas empresas como la Oceana Gold”, denunció la ambientalista que también asistió como representante de la Mesa Nacional frente a la Minería, y quién viajo junto con una delegación salvadoreña para sumarse a la actividad de protesta en dicha nación estadounidense.
Al llamado para manifestarse también acudió parte de la comunidad salvadoreña que reside en dicho país norteamericano.
“Porque las corporaciones no deben tener el derecho de explotar nuestras tierras, Oceana Gold es una empresa extranjera que no tiene derecho en explotar a El Salvador, es de Australia”, comenta indignado el salvadoreño Lindolfo Carvallo de Casa Maryland asistente en la protesta.
De igual, forma hubo solidaridad por parte de organizaciones estadounidenses. “Como ciudadano de este país soy parte de una red de comunidades de fe que están en contra de la minería… por eso estoy en solidaridad con ellos”, manifestó el estadounidense Scott Wright de los Columbans.
Bajo las provisiones comerciales promovidas por el gobierno de Estados Unidos, las empresas pueden utilizar los tribunales del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, para desafiar las leyes y reglamentos nacionales que protegen la salud pública, el medio ambiente y los derechos humanos. El gobierno de Obama está tratando de ampliar estos derechos corporativos en los nuevos acuerdos con Asia (la Asociación Trans-Pacífico) y Europa (el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones), y está tratando de dar “Vía Rápida “ (o “Fast Track” como se le conoce en inglés) en el Congreso a estos controversiales acuerdos, según denuncian estas organizaciones manifestantes.
Entre las organizaciones participantes estuvieron ADES, AFL-CIO, CARECEN, CASA, OXFAM, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, entre otras.
Si El Salvador pierde la demanda, deberá pagar con dinero de los fondos públicos del Estado; una cantidad que supera los presupuestos de Educación, Salud y Seguridad en este país centroamericano, además de permitir la extracción minera, aun en contra de los derechos ambientales.
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