Por Radio La Primerísima | AgenciasEn una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, el gobierno nicaragüense y activistas expusieron sobre el canal interoceánico que unirá el Pacífico con el Caribe a través de una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, por 230 a 520 metros de ancho y 30 de profundidad.
Once
organizaciones civiles denunciaron que el proyecto de canal interoceánico aprobado
en Nicaragua tendría un "grave impacto" en los derechos humanos y en el
medio ambiente del país, provocando el "desplazamiento forzado" de
100.000 personas, al tiempo que la delegación gubernamental pudo exponer con suma claridad los beneficios sociales, ambientales y económicos que tendría el Canal Interoceánico.
En declaraciones a los periodistas, el ambientalista Kamilo Lara señaló que la exposición fue tan contundente que se pudo demostrar que las reducidas expresiones en contra de este proyecto, obedecen a criterios de orden político, posición que sí afecta los derechos humanos de personas.
“Se hizo una exposición resumida, pero detallada de situaciones verificables y reales, de una manera que puedan ser observables y que puede ser identificadas en el territorio, de las denuncias que han venido cacareando lamentablemente este grupo de personas, que llegaron como en un maratón, llegaron alrededor de quince a Washington y que plantearon la misma cantaleta”, dijo.
El Director Ejecutivo del Foro Nacional de Reciclaje (FONARE), aseguró que la exposición de estos personajes fue vacía, porque repitieron y redundaron en lo mismo, sin tener pruebas fehacientes sobre lo que plantearon.
“Creo que quedaron al descubierto y al desnudo con el planteamiento del gobierno de Nicaragua, más el que nosotros hicimos como organizaciones ambientalistas, del interés que prevalece de parte del gobierno, de las organizaciones ambientales de proteger el medio ambiente y que el Canal es amigable al medio ambiente”, destacó.
El ambientalista sostuvo que los representantes de Nicaragua pudieron demostrar que no se va a afectar a 100 mil personas “y se oficializó por lo contrario una cifra que representaba el 80% menos de lo que ellos están hablando”.
Lara aseguró que las áreas protegidas serán fortalecidas con la construcción de la obra, al pasar a cinco kilómetros a ambos lados de las zonas de impacto del proyecto canalero.
“Se quedó de manifiesto que la incidencia de ellos es meramente de carácter político de tratar de desprestigiar los esfuerzos que está haciendo Nicaragua y se dejó claro que derecho humano es más acceso al agua, ya que ellos dicen que se va a perder con la construcción del canal, cuando es todo lo contrario”, señaló Lara.
Además, se demostró que la educación se ha extendido por todo el país, particularmente en las áreas rurales, con diversos programas y proyectos educativos. También se fortalecerá la red de salud en los municipios y zonas por donde se construirá el canal.
En declaraciones a los periodistas, el ambientalista Kamilo Lara señaló que la exposición fue tan contundente que se pudo demostrar que las reducidas expresiones en contra de este proyecto, obedecen a criterios de orden político, posición que sí afecta los derechos humanos de personas.
“Se hizo una exposición resumida, pero detallada de situaciones verificables y reales, de una manera que puedan ser observables y que puede ser identificadas en el territorio, de las denuncias que han venido cacareando lamentablemente este grupo de personas, que llegaron como en un maratón, llegaron alrededor de quince a Washington y que plantearon la misma cantaleta”, dijo.
El Director Ejecutivo del Foro Nacional de Reciclaje (FONARE), aseguró que la exposición de estos personajes fue vacía, porque repitieron y redundaron en lo mismo, sin tener pruebas fehacientes sobre lo que plantearon.
“Creo que quedaron al descubierto y al desnudo con el planteamiento del gobierno de Nicaragua, más el que nosotros hicimos como organizaciones ambientalistas, del interés que prevalece de parte del gobierno, de las organizaciones ambientales de proteger el medio ambiente y que el Canal es amigable al medio ambiente”, destacó.
El ambientalista sostuvo que los representantes de Nicaragua pudieron demostrar que no se va a afectar a 100 mil personas “y se oficializó por lo contrario una cifra que representaba el 80% menos de lo que ellos están hablando”.
Lara aseguró que las áreas protegidas serán fortalecidas con la construcción de la obra, al pasar a cinco kilómetros a ambos lados de las zonas de impacto del proyecto canalero.
“Se quedó de manifiesto que la incidencia de ellos es meramente de carácter político de tratar de desprestigiar los esfuerzos que está haciendo Nicaragua y se dejó claro que derecho humano es más acceso al agua, ya que ellos dicen que se va a perder con la construcción del canal, cuando es todo lo contrario”, señaló Lara.
Además, se demostró que la educación se ha extendido por todo el país, particularmente en las áreas rurales, con diversos programas y proyectos educativos. También se fortalecerá la red de salud en los municipios y zonas por donde se construirá el canal.
Organizaciones civiles
Las organizaciones civiles dijeron que existe un solo concesionario (la firma china HKND) tiene derechos exclusivos de explotación (sobre el canal) potencialmente por 116 años. Esto otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como bosques o agua, dijo Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
"Estamos en presencia de la más grave privatización de la reservas naturales de Nicaragua en la historia de nuestro país, y hay serios riesgos de corrupción", advirtió en la audiencia Mónica López, activista del Grupo COCIBOLCA.
Las organizaciones civiles dijeron que existe un solo concesionario (la firma china HKND) tiene derechos exclusivos de explotación (sobre el canal) potencialmente por 116 años. Esto otorga derechos irrestrictos sobre recursos naturales tales como bosques o agua, dijo Luis Carlos Buob, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
"Estamos en presencia de la más grave privatización de la reservas naturales de Nicaragua en la historia de nuestro país, y hay serios riesgos de corrupción", advirtió en la audiencia Mónica López, activista del Grupo COCIBOLCA.
Además, la amplia superficie que ocupará el canal provocaría un desplazamiento forzoso de mas de 100.000 personas, entre ellas los habitantes de siete zonas protegidas, según cálculos de Mauro Ampiés, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
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