Desde el inicio del año 2012, en Honduras no ha
pasado un día sin que a un periodista, un propietario de un medio de
comunicación local o un observador de la sociedad civil le hagan saber vía
telefónica que su vida está en peligro.
Ese cúmulo de amenazas e intimidaciones
se registra tanto en la región militarizada del Aguán –teatro de un violento
conflicto agrario–, como en el departamento de Copán, fronterizo con Guatemala
y ruta del narcotráfico, incluso en las principales ciudades, como pudo
constatar una representante de Reporteros sin Fronteras que visitó el país del
17 al 29 de febrero.
Alimentado por la represión generada tras el golpe
de Estado del 28 de junio de 2009, este clima de terror resurgió con el
lanzamiento, en noviembre de 2011, del “Operativo Relámpago”, que moviliza a la
policía y el ejército (http://es.rsf.org/honduras-
Aguán: silencio,
reprimimos
Después de que campesinos del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA) ocuparan, en 2009, tierras usurpadas por
terratenientes (http://es.rsf.org/honduras-
El reciente Encuentro Internacional de Derechos
Humanos en Tocoa, realizado del 17 al 20 de febrero, no atenuó en nada los
ardores represivos del ejército o de los enemigos de las comunidades. Así, el
19 de febrero una veintena de periodistas que viajaban en una caravana
conformada por seis vehículos fue interceptada por un retén militar; cuando
intentaban conocer los motivos de la detención de los ocupantes de uno de los
autos, conducido por un dirigente del MUCA, los soldados no dudaron en esgrimir
sus armas apuntando a los periodistas, según el testimonio de uno de ellos, Giorgio Trucchi, de la Rel-UITA.
Según nuestra representante, en menos de una semana
el coordinador del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán,
Wilfredo Paz, recibió dos llamadas en las que lo amenazaban. En ambas
ocasiones, los mensajes se referían a Juan Chinchilla, otro dirigente del MUCA.
El segundo mensaje, que ofrecía una fuerte suma por el asesinato de Juan
Chinchilla, data del 24 de febrero. Ese mismo día el presidente Porfirio Lobo,
acompañado de varios ministros, realizaba una visita en la región para
ratificar un acuerdo firmado una semana antes por un grupo de campesinos del
MUCA, destinado a garantizarles el derecho de posesión de las tierras ocupadas.
Al respecto, el conductor de un programa del Centro de Noticias de Colón (CNC), Roberto Hernández, y el reportero de
este pequeño canal local David Corea,
nos confiaron que es casi imposible para los periodistas del Aguán ejercer su
oficio. Financiados por anunciantes a veces susceptibles de recibir dinero
sucio del narcotráfico, los pequeños medios de comunicación privados locales,
conducidos por periodistas precarios y sin títulos, prefieren autocensurarse en
lo que respecta a temas delicados.
Comayagua, las verdades
incómodas
¿Las puertas permanecieron cerradas por temor de una
fuga, dejando a los presos a merced de las llamas durante el incendio del penal
de Comayagua? ¿De dónde provienen los impactos de bala descubiertos durante la
autopsia de algunos reos? ¿Por qué fueron los vecinos del lugar y no los
directivos de la prisión los que llamaron a los bomberos? ¿Esto habría sacado a
relucir que se acordó la salida de presos a cambio de dinero y que al final se
traicionó tal promesa? Tantos elementos que se suman al escándalo de la
sobrepoblación y de la inseguridad carcelaria, y que la tragedia de Comayagua
puso de manifiesto.
Por haber abordado estas cuestiones e investigado,
el periodista Luis Rodríguez y su
camarógrafo Javier Villalobos, del
canal local por cable Catedral TV,
recibieron amenazas explícitas el 22 de febrero: “dejen de
seguir hablando del incendio o les metemos fuego”. Según
el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), organización colaboradora de
Reporteros sin Fronteras, el propietario de este canal, Juan Ramón Flores, así
como Ramón Cabrera, gerente general de Digicable, la empresa que brinda el
servicio de cable a Catedral TV, recibieron
amenazas similares.
Protección arriesgada
No han cesado los ataques contra los medios de
comunicación nacionales conocidos por su oposición al golpe de Estado y sus
representantes. El 23 de febrero Ivis
Alvarado, director de un programa transmitido por Globo TV y Radio Globo –que sufrió varias
suspensiones y requisas en la época del golpe (http://es.rsf.org/honduras-
Este no es aún el caso de Gilda Silvestrucci e Itsmania
Pineda Platero (http://es.rsf.org/honduras-
De la misma manera, debe otorgarse protección a Danilo Osmaro Castellanos, vicepresidente de C-Libre y director del telenoticiero ATN: Honduras a
Todo Noticias transmitido por el Canal 32, quien el 22 de febrero fue
blanco de amenazas a muerte contra el y su familia. El periodista, que
vive en Santa Rosa de Copán, se había pronunciado recientemente sobre
la corta vision de la gestión en la administración local y sobre el
intento de callar su voz mediante ofrecimientos de pagos a su equipo de
prensa.
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