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Por Juan José Dalton - Contrapunto
SAN SALVADOR – Conveniencia o no de una negociación entre un gobierno y grupos delincuenciales; análisis de la violencia pandilleril en Centroamérica; efectos de la guerra contra el narco en México y propuestas para una pacificación social en la región centroamericana, es lo que se aborda en la presente entrevista concedida por la experta inglesa en temas de violencia, Sonja Wolf.
Wolf es una autoridad a la es obligado consultar acerca de lo que ocurre en El Salvador en la actualidad. Ha estudiado con minuciosidad su realidad en la posguerra, su descomunal violencia e impunidad, así como ha confrontado otras realidades.
Este es su breve currículum: Sonja Wolf cuenta con un doctorado en Políticas Internacionales por la Universidad de Aberystwyth (Reino Unido). Ha sido becaria posdoctoral por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolló diversas investigaciones enfocadas en pandillas callejeras y crimen organizado en Centroamérica, así como sobre la Iniciativa Mérida. Se ha desempeñado como Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y como consultora en la prevención de la violencia pandilleril y en el análisis de conflictos.
Ha publicado artículos en el Journal of Latin American Studies, Latin American Politics & Society, Latin American Research Review y el Bulletin of Latin American Research y es columnista de la revista digital Distintas Latitudes. Actualmente está preparando un libro sobre el control de pandillas en El Salvador.
¿Cómo o qué opinas sobre un posible proceso de negociaciones entre un gobierno y grupos pandilleros violentos en El Salvador?
Este es su breve currículum: Sonja Wolf cuenta con un doctorado en Políticas Internacionales por la Universidad de Aberystwyth (Reino Unido). Ha sido becaria posdoctoral por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolló diversas investigaciones enfocadas en pandillas callejeras y crimen organizado en Centroamérica, así como sobre la Iniciativa Mérida. Se ha desempeñado como Oficial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y como consultora en la prevención de la violencia pandilleril y en el análisis de conflictos.
Ha publicado artículos en el Journal of Latin American Studies, Latin American Politics & Society, Latin American Research Review y el Bulletin of Latin American Research y es columnista de la revista digital Distintas Latitudes. Actualmente está preparando un libro sobre el control de pandillas en El Salvador.
¿Cómo o qué opinas sobre un posible proceso de negociaciones entre un gobierno y grupos pandilleros violentos en El Salvador?
La supuesta negociación entre el gobierno y los líderes de las dos principales pandillas en El Salvador, revelada por una investigación del periódico digital El Faro, ha suscitado controversia así como preocupación sobre sus posibles efectos adversos. Más allá de las dudas morales o éticas que pueda implicar una negociación o un acuerdo de paz con delincuentes (presuntos o demostrados), habría que encarar la cuestión desde un punto de vista práctico: ¿Puede una negociación con pandillas callejeras dar resultados positivos y duraderos? ¿Puede dar fruto en el caso de las “maras,” grupos que debido al crónico desinterés estatal han dejado de ser pandillas callejeras tradicionales para volverse un fenómeno social y delincuencial mucho más complejo?
Existe un debate similar con respecto al tema del terrorismo. Alrededor del mundo los dirigentes políticos suelen rechazar una posible negociación con terroristas por temor de que su país sea percibido como débil y cediendo ante la violencia. Sin embargo, una visión alternativa propone el diálogo con grupos terroristas ya que las vías diplomáticas y políticas pudieran resolver conflictos que no se dejan resolver sólo por medios militares.
La diferencia entre los grupos terroristas y las pandillas callejeras es que los primeros tienen reivindicaciones políticas que puedan abordar a través del dialogo. Contrariamente, las pandillas no tienen demandas políticas o sociales colectivas. Los jóvenes que ingresaron en estos grupos lo hicieron por motivos tan diversos como el vacile, la amistad, la violencia doméstica, opciones económicas y la venganza. Sin duda hay quienes están cansados de la violencia y anhelan más y mejores oportunidades educativas y laborales para reorientar su vida. Las pandillas, sin embargo, se han aislado del mundo convencional y creado su propia sociedad, sin articular demandas que propiciaran su desmantelamiento y su reaparición.
Si, tal como parece, el gobierno de El Salvador se prestó a una negociación con lascabinet “maras”, ¿qué es lo que se negoció y a condición de qué? ¿Se acordó el cese de la violencia o también de todas las actividades ilícitas? ¿Se prometieron beneficios muy puntuales a los líderes pandilleros o –más ambiciosamente- se ofrecieron mejores procesos de rehabilitación y reinserción a todos los miembros?
La investigación de El Faro da algunas pautas, pero aún así sabemos poco sobre lo que en realidad pasó. Las declaraciones oficiales que posteriormente se dieron no han logrado despejar las dudas. De hecho fueron tan contradictorias que minaron aún más la confianza en las autoridades y en sus esfuerzos de controlar el fenómeno pandilleril. Lo que se prometió o no se prometió, y a quién, seguramente influirá en el futuro actuar de las pandillas. El haber ofrecido ciertos beneficios únicamente a los líderes puede causar resentimientos entre los rangos menores y en última instancia reflejarse en la dinámica de la violencia. Por otra parte, ¿por qué abandonarían los pandilleros sus actividades ilícitas si ellos, y en muchos casos, sus familias, viven de estos ingresos? ¿El Estado salvadoreño les ha ofrecido o les ofrecerá opciones alternativas factibles?
¿Crees que esta negociación sería una salida? ¿Conoces de procesos en el mundo que sean similares? ¿Han funcionado?
Existe un debate similar con respecto al tema del terrorismo. Alrededor del mundo los dirigentes políticos suelen rechazar una posible negociación con terroristas por temor de que su país sea percibido como débil y cediendo ante la violencia. Sin embargo, una visión alternativa propone el diálogo con grupos terroristas ya que las vías diplomáticas y políticas pudieran resolver conflictos que no se dejan resolver sólo por medios militares.
La diferencia entre los grupos terroristas y las pandillas callejeras es que los primeros tienen reivindicaciones políticas que puedan abordar a través del dialogo. Contrariamente, las pandillas no tienen demandas políticas o sociales colectivas. Los jóvenes que ingresaron en estos grupos lo hicieron por motivos tan diversos como el vacile, la amistad, la violencia doméstica, opciones económicas y la venganza. Sin duda hay quienes están cansados de la violencia y anhelan más y mejores oportunidades educativas y laborales para reorientar su vida. Las pandillas, sin embargo, se han aislado del mundo convencional y creado su propia sociedad, sin articular demandas que propiciaran su desmantelamiento y su reaparición.
Si, tal como parece, el gobierno de El Salvador se prestó a una negociación con lascabinet “maras”, ¿qué es lo que se negoció y a condición de qué? ¿Se acordó el cese de la violencia o también de todas las actividades ilícitas? ¿Se prometieron beneficios muy puntuales a los líderes pandilleros o –más ambiciosamente- se ofrecieron mejores procesos de rehabilitación y reinserción a todos los miembros?
La investigación de El Faro da algunas pautas, pero aún así sabemos poco sobre lo que en realidad pasó. Las declaraciones oficiales que posteriormente se dieron no han logrado despejar las dudas. De hecho fueron tan contradictorias que minaron aún más la confianza en las autoridades y en sus esfuerzos de controlar el fenómeno pandilleril. Lo que se prometió o no se prometió, y a quién, seguramente influirá en el futuro actuar de las pandillas. El haber ofrecido ciertos beneficios únicamente a los líderes puede causar resentimientos entre los rangos menores y en última instancia reflejarse en la dinámica de la violencia. Por otra parte, ¿por qué abandonarían los pandilleros sus actividades ilícitas si ellos, y en muchos casos, sus familias, viven de estos ingresos? ¿El Estado salvadoreño les ha ofrecido o les ofrecerá opciones alternativas factibles?
¿Crees que esta negociación sería una salida? ¿Conoces de procesos en el mundo que sean similares? ¿Han funcionado?
Los acuerdos de paz con y entre pandillas son posibles, pero difíciles de lograr. Un caso exitoso existe en Ecuador donde gracias al trabajo de una organización de la sociedad civil se logró un acuerdo de paz entre pandillas e incluso el desmantelamiento de estos grupos. Pero se trató de entidades pequeñas cuyos integrantes participaban de una manera mucho menos activa en el crimen que las “maras”. Fue decisivo el apoyo, la educación, la capacitación y las opciones de trabajo que se ofrecieron a estos jóvenes.
El caso de las “maras” es muy distinto. Hoy día son grupos más grandes, más estructurados, cuyos miembros han intensificado su actuar delincuencial. El hecho de que su organización interna y la capacidad de sanción se han fortalecido nos pudiera hacer pensar que los líderes tienen mayor poder sobre los demás afiliados, pero aún así la dinámica de las pandillas no permite un control férreo sobre sus miembros. Si uno de ellos decide cometer algún acto no autorizado, ¿quién se dará cuenta? La impunidad que reina en El Salvador es conducente a la transgresión de la prohibición de matar.
Todavía no se sabe hasta qué punto el gobierno salvadoreño ha trabajado en los aspectos más estructurales. No se trata simplemente de pedir el cese de la violencia. La violencia y los crímenes impactan la población, pero su ausencia no implica que se haya erradicado el fenómeno pandilleril o que estos grupos no sigan creciendo o mutando.
No es la primera vez que se habla de acuerdos de paz. En varias ocasiones se planteó esta posibilidad, por iniciativa de diferentes actores, pero nunca prosperó. Según Christian Poveda, quien iba a fungir como interlocutor entre las “maras” y el gobierno Funes, muchos pandilleros no aceptaron la idea de un acuerdo de paz y quienes la defendieron hablaron de eliminar a los no convencidos. En cualquier pandilla hay jóvenes que están más cansados de la violencia y menos comprometidos con la delincuencia que otros. Quienes favorecen la vida pandilleril dificilmente aceptarán una alternativa, pero no sabemos cuántos se rehúsan a salir de este ciclo de violencia. En varias ocasiones las pandillas han mostrado interés en algún acuerdo de paz, pero parece que lo que buscaron fue la disminución de la intervención policial. Ofrecieron dejar la violencia, pero nunca los crímenes, es decir sus fuentes de ingreso.
Cuando el Padre Antonio Rodríguez propuso, en nombre de las pandillas, un acuerdo de paz, la administración Funes rechazó la idea tajantemente. ¿Por qué se resistió a algo que ahora favorece? El viaje de 180 grados demuestra la desesperación del gobierno, pero también una preocupación por mantener una imagen favorable en la en la opinión pública, más que una preocupación por encontrar una respuesta eficaz a la problemática. La negociación con las pandillas aumenta el poder de estos grupos y deja al descubierto del flanco débil del gobierno. Tanto el record histórico como la dinámica de las pandillas sugieren que la negociación impulsada por la administración Funes no va a funcionar. Tarde o temprano este pacto fracasará y la violencia volverá a subir.
Además, la supuesta negociación deja fuera tanto otras expresiones de la violencia como sus raíces estructurales. Los homicidios pueden atribuirse no sólo a los pandilleros, por más que el ministro Munguía Payés afirma, sin sustento empírico, que el 90 por ciento de los asesinatos son cometidos por las “maras”. Históricamente El Salvador ha experimentado altos niveles de violencia, lo cual evidencia que el espectro de los actores de la violencia es mucho más amplio de lo que la retórica oficial indica. ¿Qué propone el gobierno para enfrentar estas otras fuentes de violencia? Las pandillas se formaron y se complejizaron, porque durante mucho tiempo el Estado salvadoreño ha desatendido tanto las raíces sociales del fenómeno como el fortalecimiento del aparato de seguridad y de justicia. Una negociación con las pandillas pueda permitir una reducción temporal de la violencia, pero no resolverá estos problemas profundamente arraigados. Incluso puede desincentivar al gobierno de impulsar los necesarios cambios estructurales.
En el caso de México hay una guerra frontal contra el narco. ¿Ha funcionado? ¿Hay visiones a favor y visiones en contra? ¿Cuál es la tuya?
El caso de las “maras” es muy distinto. Hoy día son grupos más grandes, más estructurados, cuyos miembros han intensificado su actuar delincuencial. El hecho de que su organización interna y la capacidad de sanción se han fortalecido nos pudiera hacer pensar que los líderes tienen mayor poder sobre los demás afiliados, pero aún así la dinámica de las pandillas no permite un control férreo sobre sus miembros. Si uno de ellos decide cometer algún acto no autorizado, ¿quién se dará cuenta? La impunidad que reina en El Salvador es conducente a la transgresión de la prohibición de matar.
Todavía no se sabe hasta qué punto el gobierno salvadoreño ha trabajado en los aspectos más estructurales. No se trata simplemente de pedir el cese de la violencia. La violencia y los crímenes impactan la población, pero su ausencia no implica que se haya erradicado el fenómeno pandilleril o que estos grupos no sigan creciendo o mutando.
No es la primera vez que se habla de acuerdos de paz. En varias ocasiones se planteó esta posibilidad, por iniciativa de diferentes actores, pero nunca prosperó. Según Christian Poveda, quien iba a fungir como interlocutor entre las “maras” y el gobierno Funes, muchos pandilleros no aceptaron la idea de un acuerdo de paz y quienes la defendieron hablaron de eliminar a los no convencidos. En cualquier pandilla hay jóvenes que están más cansados de la violencia y menos comprometidos con la delincuencia que otros. Quienes favorecen la vida pandilleril dificilmente aceptarán una alternativa, pero no sabemos cuántos se rehúsan a salir de este ciclo de violencia. En varias ocasiones las pandillas han mostrado interés en algún acuerdo de paz, pero parece que lo que buscaron fue la disminución de la intervención policial. Ofrecieron dejar la violencia, pero nunca los crímenes, es decir sus fuentes de ingreso.
Cuando el Padre Antonio Rodríguez propuso, en nombre de las pandillas, un acuerdo de paz, la administración Funes rechazó la idea tajantemente. ¿Por qué se resistió a algo que ahora favorece? El viaje de 180 grados demuestra la desesperación del gobierno, pero también una preocupación por mantener una imagen favorable en la en la opinión pública, más que una preocupación por encontrar una respuesta eficaz a la problemática. La negociación con las pandillas aumenta el poder de estos grupos y deja al descubierto del flanco débil del gobierno. Tanto el record histórico como la dinámica de las pandillas sugieren que la negociación impulsada por la administración Funes no va a funcionar. Tarde o temprano este pacto fracasará y la violencia volverá a subir.
Además, la supuesta negociación deja fuera tanto otras expresiones de la violencia como sus raíces estructurales. Los homicidios pueden atribuirse no sólo a los pandilleros, por más que el ministro Munguía Payés afirma, sin sustento empírico, que el 90 por ciento de los asesinatos son cometidos por las “maras”. Históricamente El Salvador ha experimentado altos niveles de violencia, lo cual evidencia que el espectro de los actores de la violencia es mucho más amplio de lo que la retórica oficial indica. ¿Qué propone el gobierno para enfrentar estas otras fuentes de violencia? Las pandillas se formaron y se complejizaron, porque durante mucho tiempo el Estado salvadoreño ha desatendido tanto las raíces sociales del fenómeno como el fortalecimiento del aparato de seguridad y de justicia. Una negociación con las pandillas pueda permitir una reducción temporal de la violencia, pero no resolverá estos problemas profundamente arraigados. Incluso puede desincentivar al gobierno de impulsar los necesarios cambios estructurales.
En el caso de México hay una guerra frontal contra el narco. ¿Ha funcionado? ¿Hay visiones a favor y visiones en contra? ¿Cuál es la tuya?
A finales de 2006 el gobierno Calderón lanzó una guerra contra el narco con el objetivo de desmembrar los “cárteles” y reducirlos a grupos más manejables por las fuerzas de seguridad. El presidente argumentó que la corrupción policial había alcanzado niveles tan graves que únicamente las Fuerzas Armadas pudieran llevar a cabo esta lucha. Pero por más profunda que sea la corrupción policial, el despliegue militar no resultó ser la mejor decisión. Calderón y sus partidarios han insistido que la elección era entre el ataque frontal o la inacción y que esta última opción era impensable.
nofacecopsLa estrategia de Calderón se ha tropezado con numerosas críticas. Los resultados de la guerra contra el narco son ampliamente conocidos: más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos, un tejido social destruido en muchas comunidades. Además, el flujo de armas y de drogas no se ha detenido, las organizaciones criminales han incursionado en más actividades criminales (como el secuestro y la piratería), se han extendido geográficamente, y siguen reclutando de manera imparable.
Nadie reclama que no se debió haber actuado contra los “cárteles,” sino que era necesaria otra estrategia. Evidentemente estos grupos tratarán de defenderse de un ataque frontal para proteger su altamente lucrativo negocio. Sin embargo, Calderón había salido debilitado de las elecciones presidenciales y decidió desplegar las tropas para reafirmar su legitimidad como jefe de Estado.
El daño causado por la violencia ha traumatizado tanto a la población que algunas voces han sugerido un pacto con el narco, tal como ocurrió durante los 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De esta manera la narcoviolencia se reduciría, pero las organizaciones criminales seguirían con sus actividades ilícitas, con consecuencias perniciosas para la democracia y el estado de derecho.
Otras voces han destacado la necesidad de legalizar las drogas para reducir las ganancias que produce el narcotráfico y así eliminar la razón fundamental de recurrir a esta actividad. El debate sobre la regulación de las drogas es necesario y en algunos países ya existen pautas para la creación de regímenes alternativos a la prohibición. Sin embargo, el camino de la “legalización” no resolvería el problema ya que las organizaciones criminales recurrirían mayormente a otras fuentes de ingreso. Por lo tanto, se requiere una estrategia integral para controlar el crimen organizado. Ello implica necesariamente medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, el fortalecimiento institucional, y políticas dirigidas a reducir la exclusión social.
Desde tu punto de vista y por tus conocimientos sobre la violencia en Centroamérica, ¿cuáles serían los procesos a emprender para tratar de frenar la violencia en El Salvador y Centroamérica?
nofacecopsLa estrategia de Calderón se ha tropezado con numerosas críticas. Los resultados de la guerra contra el narco son ampliamente conocidos: más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos, un tejido social destruido en muchas comunidades. Además, el flujo de armas y de drogas no se ha detenido, las organizaciones criminales han incursionado en más actividades criminales (como el secuestro y la piratería), se han extendido geográficamente, y siguen reclutando de manera imparable.
Nadie reclama que no se debió haber actuado contra los “cárteles,” sino que era necesaria otra estrategia. Evidentemente estos grupos tratarán de defenderse de un ataque frontal para proteger su altamente lucrativo negocio. Sin embargo, Calderón había salido debilitado de las elecciones presidenciales y decidió desplegar las tropas para reafirmar su legitimidad como jefe de Estado.
El daño causado por la violencia ha traumatizado tanto a la población que algunas voces han sugerido un pacto con el narco, tal como ocurrió durante los 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De esta manera la narcoviolencia se reduciría, pero las organizaciones criminales seguirían con sus actividades ilícitas, con consecuencias perniciosas para la democracia y el estado de derecho.
Otras voces han destacado la necesidad de legalizar las drogas para reducir las ganancias que produce el narcotráfico y así eliminar la razón fundamental de recurrir a esta actividad. El debate sobre la regulación de las drogas es necesario y en algunos países ya existen pautas para la creación de regímenes alternativos a la prohibición. Sin embargo, el camino de la “legalización” no resolvería el problema ya que las organizaciones criminales recurrirían mayormente a otras fuentes de ingreso. Por lo tanto, se requiere una estrategia integral para controlar el crimen organizado. Ello implica necesariamente medidas contra la corrupción y el lavado de dinero, el fortalecimiento institucional, y políticas dirigidas a reducir la exclusión social.
Desde tu punto de vista y por tus conocimientos sobre la violencia en Centroamérica, ¿cuáles serían los procesos a emprender para tratar de frenar la violencia en El Salvador y Centroamérica?
La disminución del crimen y la violencia requiere una estrategia integral y de largo plazo, una estrategia que no se enfoca solamente en una de las facetas que están en boga (como las pandillas lo han sido en su momento o como el crimen organizado lo es ahora), sino en todas las expresiones de la violencia que afectan a un país. En El Salvador, como en los países vecinos, abundan los diagnósticos, pero por lo general no han ido al fondo de la problemática ni han tenido un verdadero impacto en las políticas públicas. Los diagnósticos por si solos tienen pocas posibilidades de influenciar la política de seguridad de un gobierno, mucho menos si la incidencia política que los promueve no es efectiva. Más bien las propuestas deberían ser juntadas con las intervenciones contra la violencia. Estas, por su parte, necesitan ser monitoreadas y evaluadas de manera permanente para determinar los efectos de las intervenciones y poder reorientarlas si los efectos resultan ser nocivos.
Una estrategia efectiva requiere políticas públicas, no solo programas o proyectos y tiene que ser holística, es decir, tiene que combinar la prevención, la aplicación de la ley, y la rehabilitación, elementos que hay que desarrollar en todos los niveles: sociedad, comunidad, individuo, y en el caso de estructuras como las pandillas, también a nivel grupal. Requiere capacidad técnica, cooperación interinstitucional, y mucho más recursos de lo que el Estado ha dispuesto hasta la fecha.
La reducción significativa y sostenida de la violencia en Centroamérica puede parecer una meta inalcanzable, dados los niveles y la complejidad que ha alcanzado. El objetivo se volverá más factible cuando se deje de esperar grandes y rápidas transformaciones y la sociedad entera empiece por tomar pasos paulatinos pero persistentes hacia una cultura de la legalidad, del respeto y de la no violencia. Sobre todo hay que dejar atrás las medidas cortoplacistas y promover las de largo plazo. Lamentablemente los intereses políticos suelen interponerse en las buenas intenciones expresadas en ofertas electorales y planes de gobierno.
La administración Funes constituye un clásico ejemplo de esta tendencia. Realizó un buen diagnóstico de los problemas que afectan a El Salvador, y en el tema de la seguridad también propuso buenas iniciativas. Pero luego el presidente Funes empezó a preocuparse más por su imagen que por la implementación de las políticas que había ofrecido. Aunque no se había propuesto una política antipandillas, son encomiables la intención declarada de promover una política de seguridad integral así como los esfuerzos de mejorar la investigación policial y de promover el control de armas.
La falta de recursos ha obstaculizado muchas de las acciones del gobierno, pero mucho más importante ha sido la falta de voluntad política para avanzar de manera decisiva en la lucha contra el crimen y la violencia. Quizás la muestra más contundente es el retorno a la Mano Dura y la marginalización de enfoques alternativos, un giro que se dio cuando el presidente Funes respondió a la creciente tasa de homicidios y la presión de la opinión pública con la implementación de medidas drásticas y visibles, pero superficiales. Así se dio el aumento numérico y de poderes en el despliegue militar, una nueva -pero innecesaria- Ley Antipandillas, así como los cambios en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Nacional Civil (PNC). Una vez más El Salvador privilegia el enfoque represivo sobre las medidas estructurales. La aplicación de la ley es necesaria, pero también lo son medidas cuyos resultados no coinciden con los ciclos electorales. Aparentemente el gobierno Funes ha optado por administrar los problemas de la nación, pero el crimen y la violencia no se frenarán mientras los intereses políticos y partidarios se anteponen a los intereses de la sociedad.
Una estrategia efectiva requiere políticas públicas, no solo programas o proyectos y tiene que ser holística, es decir, tiene que combinar la prevención, la aplicación de la ley, y la rehabilitación, elementos que hay que desarrollar en todos los niveles: sociedad, comunidad, individuo, y en el caso de estructuras como las pandillas, también a nivel grupal. Requiere capacidad técnica, cooperación interinstitucional, y mucho más recursos de lo que el Estado ha dispuesto hasta la fecha.
La reducción significativa y sostenida de la violencia en Centroamérica puede parecer una meta inalcanzable, dados los niveles y la complejidad que ha alcanzado. El objetivo se volverá más factible cuando se deje de esperar grandes y rápidas transformaciones y la sociedad entera empiece por tomar pasos paulatinos pero persistentes hacia una cultura de la legalidad, del respeto y de la no violencia. Sobre todo hay que dejar atrás las medidas cortoplacistas y promover las de largo plazo. Lamentablemente los intereses políticos suelen interponerse en las buenas intenciones expresadas en ofertas electorales y planes de gobierno.
La administración Funes constituye un clásico ejemplo de esta tendencia. Realizó un buen diagnóstico de los problemas que afectan a El Salvador, y en el tema de la seguridad también propuso buenas iniciativas. Pero luego el presidente Funes empezó a preocuparse más por su imagen que por la implementación de las políticas que había ofrecido. Aunque no se había propuesto una política antipandillas, son encomiables la intención declarada de promover una política de seguridad integral así como los esfuerzos de mejorar la investigación policial y de promover el control de armas.
La falta de recursos ha obstaculizado muchas de las acciones del gobierno, pero mucho más importante ha sido la falta de voluntad política para avanzar de manera decisiva en la lucha contra el crimen y la violencia. Quizás la muestra más contundente es el retorno a la Mano Dura y la marginalización de enfoques alternativos, un giro que se dio cuando el presidente Funes respondió a la creciente tasa de homicidios y la presión de la opinión pública con la implementación de medidas drásticas y visibles, pero superficiales. Así se dio el aumento numérico y de poderes en el despliegue militar, una nueva -pero innecesaria- Ley Antipandillas, así como los cambios en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y en la Policía Nacional Civil (PNC). Una vez más El Salvador privilegia el enfoque represivo sobre las medidas estructurales. La aplicación de la ley es necesaria, pero también lo son medidas cuyos resultados no coinciden con los ciclos electorales. Aparentemente el gobierno Funes ha optado por administrar los problemas de la nación, pero el crimen y la violencia no se frenarán mientras los intereses políticos y partidarios se anteponen a los intereses de la sociedad.
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