Marvin Palacios - Defensores en Línea
Una consulta popular realizada en varias regiones del país que han experimentado los efectos de la explotación minera a cielo abierto y otras proclives a sufrir el mismo destino, se oponen rotundamente a este tipo de extracción de los recursos minerales que ejecutan compañías transnacionales en Honduras.
Así lo revelaron representantes del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y la Federación Luterana Mundial en un conversatorio sobre la minería metálica abordado este martes en Tegucigalpa.
Así lo revelaron representantes del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) y la Federación Luterana Mundial en un conversatorio sobre la minería metálica abordado este martes en Tegucigalpa.
Un 91 por ciento de las personas encuestadas manifestó su rechazo total a la explotación minera a cielo abierto por considerar que causa deforestación, contaminación de las fuentes de agua, afectan el paisaje, causan enfermedades dermatológicas e intestinales, inciden en los procesos naturales de siembra, cierran los ciclos productivos que permitan la crianza de ganado y no representan una participación significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
La encuesta se realizó en septiembre de 2011 con un universo de 2 mil ciudadanos y ciudadanas que fueron consultadas en diferentes regiones de Honduras. Las personas encuestadas manifestaron que las explotaciones mineras violan los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Además reveló que un 54 por ciento de los hondureños y hondureñas piensan que el gobierno no se preocupa y actúa con desidia cuando se trata de proteger los recursos naturales del país y establece que la ciudadanía respalda la lucha ambiental que permita un manejo racional y justo de la riqueza natural hondureña.
El 68 por ciento de los encuestados y las encuestadas expresó que está dispuesto a respaldar las luchas ambientalistas y un 22 por ciento dijo que algunas veces estaría dispuesto a hacerlo. La consulta también reflejó que la población hondureña demanda que no se utilice cianuro en las explotaciones mineras y que prohíba al gobierno aplicar expropiciación forzosa de las tierras que poseen recursos minerales.
Durante el conversatorio, los organizadores proyectaron un documental que revela la voluntad expresada por el pueblo costarricense cuya incidencia ante sus representantes en el Congreso Nacional, trajo como resultado que el 9 de noviembre de 2010, el gobierno de Costa Rica mediante decreto estableciera que queda prohibida la explotación minera a cielo abierto.
Al respecto Hermilo Soto de la Federación Luterana Mundial expresó que si otros países de la región (como es el caso de Costa Rica) que prohíben de manera clara la explotación de minería metálica a cielo abierto, nuestro país de igual manera puede hacer lo mismo, considerando que hay cantidad de poblaciones que han sido afectadas y hay todo un trabajo por organizaciones de sociedad civil, que hay propuestas, y en ese sentido nosotros como Federación Luterana Mundial venimos a sumarnos para apoyar estas iniciativas.
Consultado en torno a la visita que recientemente han hecho al país, altos funcionarios del gobierno de Canadá, cuyas compañías explotan las tierras en Honduras, Soto dijo que no hay duda que el capital canadiense es el que tiene mayores inversiones en la minería y que sus funcionarios, su gobierno y sus empresarios hacen mucha incidencia en el país para que se les creen las condiciones de explotar mineral sin ninguna responsabilidad social para las poblaciones.
“Es más, hay empresas que están dando dinero, sobornando, comprando conciencias, financiando campañas a políticos para que el Congreso Nacional les favorezca, pero nosotros consideramos que hay un alto porcentaje de la población que se opone a esta actividad por los efectos que hemos visto en algunas comunidades como las del valle de Siria y otras y por todo el trabajo de concienciación que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, en concreto, pensamos que las visitas de estos personeros de Canadá sin duda alguna, que tienen relación con este tema”, sostuvo Soto.
El pasado 23 de marzo en ocasión de la visita a Honduras de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, Diane Ablonczy, el diputado nacionalista Donaldo Reyes Abelar hizo entrega de una copia del dictamen de la Ley de Minería a Porfirio Lobo Sosa y a la ministra canadiense, como una de las bases para la implementación del Tratado Comercial firmado en el 2011 entre Honduras y Canadá.
En reiteradas ocasiones, tanto los diputados miembros de la comisión de minería como el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar, así como el director de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomín), Aldo Santos han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación expresando que la nueva ley de Minería, considerada por expertos como peor a la anterior, será aprobada en junio de este año.
Cabe señalar que dichos funcionarios estuvieron recientemente en tierras canadienses para promover las “supuestas bondades de la ley de Minería” durante la Convención Anual de Inversionistas Mineros realizada en la ciudad de Toronto, Canadá.
Mediante una denuncia pública la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas y Sociales contra la Minería a cielos abiertos, señaló que los diputados Rolando Dubón Bueso y Donaldo Reyes Avelar de la comisión legislativa sobre Minería, se han confabulado con Rigoberto Cuéllar y Aldo Santos para cabildear a favor de una ley que es lesiva a los intereses del pueblo hondureño.
Dicha ley no ha contado con un proceso de concertación y mucho menos con una verdadera participación ciudadana, sostienen los denunciantes y agregan que el país está a las puertas de una nueva fase de destrucción masiva de los recursos naturales, enfermedades y muerte, gracias a las decisiones de funcionarios inescrupulosos y desalmados que están entregando nuestro territorio.
El 91 por ciento de nuestra población que es lo que refleja la encuesta, cree que la minería a cielo abierto, no tiene sentido aplicarla y denuncia este método de expropiación, sin duda alguna está convencido (el pueblo) que tiene graves daños en las actividades productivas, sobre todo agricultura, en ganadería y en artesanía, pero que además está dañando profundamente la salud humana, sobre todo las enfermedades bronco-respiratorias u otras de la piel, incluso cree que tiene fuertes daños en el tema de la institucionalidad, de la cultura hondureña y altamente generadora de conflictos en las zonas donde se instala, señaló Francisco Saravia Coordinador de Proyectos de la CESPAD.
“Esta encuesta esperamos que sirva para convencer a los legisladores de que la población está pensando muy distinto a ellos y que a partir de aquí podamos construir una estrategia hacia un verdadero desarrollo sustentable”, manifestó Francisco Saravia.
La encuesta se realizó en septiembre de 2011 con un universo de 2 mil ciudadanos y ciudadanas que fueron consultadas en diferentes regiones de Honduras. Las personas encuestadas manifestaron que las explotaciones mineras violan los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Además reveló que un 54 por ciento de los hondureños y hondureñas piensan que el gobierno no se preocupa y actúa con desidia cuando se trata de proteger los recursos naturales del país y establece que la ciudadanía respalda la lucha ambiental que permita un manejo racional y justo de la riqueza natural hondureña.
El 68 por ciento de los encuestados y las encuestadas expresó que está dispuesto a respaldar las luchas ambientalistas y un 22 por ciento dijo que algunas veces estaría dispuesto a hacerlo. La consulta también reflejó que la población hondureña demanda que no se utilice cianuro en las explotaciones mineras y que prohíba al gobierno aplicar expropiciación forzosa de las tierras que poseen recursos minerales.
Durante el conversatorio, los organizadores proyectaron un documental que revela la voluntad expresada por el pueblo costarricense cuya incidencia ante sus representantes en el Congreso Nacional, trajo como resultado que el 9 de noviembre de 2010, el gobierno de Costa Rica mediante decreto estableciera que queda prohibida la explotación minera a cielo abierto.
Al respecto Hermilo Soto de la Federación Luterana Mundial expresó que si otros países de la región (como es el caso de Costa Rica) que prohíben de manera clara la explotación de minería metálica a cielo abierto, nuestro país de igual manera puede hacer lo mismo, considerando que hay cantidad de poblaciones que han sido afectadas y hay todo un trabajo por organizaciones de sociedad civil, que hay propuestas, y en ese sentido nosotros como Federación Luterana Mundial venimos a sumarnos para apoyar estas iniciativas.
Consultado en torno a la visita que recientemente han hecho al país, altos funcionarios del gobierno de Canadá, cuyas compañías explotan las tierras en Honduras, Soto dijo que no hay duda que el capital canadiense es el que tiene mayores inversiones en la minería y que sus funcionarios, su gobierno y sus empresarios hacen mucha incidencia en el país para que se les creen las condiciones de explotar mineral sin ninguna responsabilidad social para las poblaciones.
“Es más, hay empresas que están dando dinero, sobornando, comprando conciencias, financiando campañas a políticos para que el Congreso Nacional les favorezca, pero nosotros consideramos que hay un alto porcentaje de la población que se opone a esta actividad por los efectos que hemos visto en algunas comunidades como las del valle de Siria y otras y por todo el trabajo de concienciación que han realizado diversas organizaciones de la sociedad civil, en concreto, pensamos que las visitas de estos personeros de Canadá sin duda alguna, que tienen relación con este tema”, sostuvo Soto.
El pasado 23 de marzo en ocasión de la visita a Honduras de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Canadá, Diane Ablonczy, el diputado nacionalista Donaldo Reyes Abelar hizo entrega de una copia del dictamen de la Ley de Minería a Porfirio Lobo Sosa y a la ministra canadiense, como una de las bases para la implementación del Tratado Comercial firmado en el 2011 entre Honduras y Canadá.
En reiteradas ocasiones, tanto los diputados miembros de la comisión de minería como el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuéllar, así como el director de la Dirección de Fomento a la Minería (Defomín), Aldo Santos han ofrecido declaraciones a los medios de comunicación expresando que la nueva ley de Minería, considerada por expertos como peor a la anterior, será aprobada en junio de este año.
Cabe señalar que dichos funcionarios estuvieron recientemente en tierras canadienses para promover las “supuestas bondades de la ley de Minería” durante la Convención Anual de Inversionistas Mineros realizada en la ciudad de Toronto, Canadá.
Mediante una denuncia pública la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas y Sociales contra la Minería a cielos abiertos, señaló que los diputados Rolando Dubón Bueso y Donaldo Reyes Avelar de la comisión legislativa sobre Minería, se han confabulado con Rigoberto Cuéllar y Aldo Santos para cabildear a favor de una ley que es lesiva a los intereses del pueblo hondureño.
Dicha ley no ha contado con un proceso de concertación y mucho menos con una verdadera participación ciudadana, sostienen los denunciantes y agregan que el país está a las puertas de una nueva fase de destrucción masiva de los recursos naturales, enfermedades y muerte, gracias a las decisiones de funcionarios inescrupulosos y desalmados que están entregando nuestro territorio.
El 91 por ciento de nuestra población que es lo que refleja la encuesta, cree que la minería a cielo abierto, no tiene sentido aplicarla y denuncia este método de expropiación, sin duda alguna está convencido (el pueblo) que tiene graves daños en las actividades productivas, sobre todo agricultura, en ganadería y en artesanía, pero que además está dañando profundamente la salud humana, sobre todo las enfermedades bronco-respiratorias u otras de la piel, incluso cree que tiene fuertes daños en el tema de la institucionalidad, de la cultura hondureña y altamente generadora de conflictos en las zonas donde se instala, señaló Francisco Saravia Coordinador de Proyectos de la CESPAD.
“Esta encuesta esperamos que sirva para convencer a los legisladores de que la población está pensando muy distinto a ellos y que a partir de aquí podamos construir una estrategia hacia un verdadero desarrollo sustentable”, manifestó Francisco Saravia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario