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| Foto G. Trucchi/Rel-UITA |
Entrevista con Martin Wolpold-Bosien de FIAN Internacional sobre la decisión de la DEG de retirar el apoyo financiero a Corporación Dinant
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
La decisión de la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) -que es parte del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe)- de retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, ha sentado un importante precedente para el futuro de miles de familias campesinas del Bajo Aguán que viven bajo una constante agresión a sus derechos. Para analizar el contexto de esta decisión, Sirel dialogó con Martin Wolpold-Bosien, coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional.
-¿Cómo se llegó a esta importante decisión de la DEG de retirar el financiamiento a Corporación Dinant?
-FIAN Internacional inició un intenso proceso de diálogo con la DEG, basado en el Informe de la Misión Internacional de Derechos Humanos en el Bajo Aguán.
Por su parte, la organización Salva la Selva (Rettet den Regenwald), inició una campaña de envío de cartas dirigidas al director ejecutivo de la DEG.
Estas dos acciones hicieron que los directivos del banco analizaran a fondo la situación y tomaran muy en serio las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos contenidas en el Informe, y actuó en consecuencia.
No debemos olvidar que la DEG es un banco público para el desarrollo y por definición solo debe apoyar proyectos de desarrollo sostenible que, por supuesto, incluyen el respeto a los derechos humanos. El hecho que se retire de la relación contractual con Corporación Dinant, es algo que miramos como normal en Alemania.
-Sin embargo en Honduras hay una percepción diferente de la “normalidad”...
-En Honduras parece que el empresario Miguel Facussé tenga un estatus de intocable y esto explica en parte su actitud y la de sus guardias de seguridad en el Bajo Aguán.
Sin embargo, Facussé debería someterse, como cualquier hondureño, a las leyes nacionales y no puede seguir violentando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esta decisión de la DEG debería abrir una reflexión sobre qué es “normalidad” en Honduras.
-¿Qué perspectivas se abren ahora?
-Los empresarios que presuntamente estén involucrados en abusos a los derechos humanos, deberán tomar en cuenta de que esa forma de agresión contra las familias campesinas del Bajo Aguán va a tener un costo financiero muy alto para ellos.
Esperamos que este primer resultado tenga un efecto preventivo para evitar la violencia contra las comunidades campesinas.
Además, otros organismos financieros internacionales que tienen relaciones contractuales con Corporación Dinant, como el IFC/Banco Mundial y el BID, deberán tomar en cuenta la decisión de la DEG, y esperamos revisen sus contratos.
-A través de los medios hondureños, Corporación Dinant declaró que existe una campaña contra la empresa y contra Honduras basada en hechos infundados. ¿Qué comentarios merece esta declaración?
-Son declaraciones equivocadas, porque la Misión Internacional ha desarrollado en el Bajo Aguán una labor estrictamente de derechos humanos, tomando como base las obligaciones que el Estado de Honduras tiene con el derecho internacional.
El Informe evidencia muy claramente que hay empresas privadas involucradas en abusos a los derechos humanos. Además, enviamos copia del Informe preliminar a la Corporación Dinant para incluir sus observaciones en la versión final. Nunca recibimos una respuesta acerca de su contenido.
-La Misión Internacional observó también una estrecha relación entre el modelo productivo, violación a los derechos humanos y los altos índices de pobreza en el Bajo Aguán.
-Hay un evidente conflicto entre modelos de desarrollo rural. Los monocultivos, en este caso la palma africana, no son un elemento que permite combatir el hambre y la miseria.
En muchos países vemos como la expansión de la palma africana ha aumentado la presión sobre la tierra, y en el mundo las personas más afectadas por el hambre son las familias campesinas que no tienen acceso a la misma.
El acceso seguro a la tierra y la reforma agraria son elementos fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación y las familias campesinas tienen el derecho de luchar para su seguridad alimentaria.
-¿Qué importancia tiene para las familias campesinas del Bajo Aguán esta decisión de la DEG?
-Ya hay una visibilidad internacional de lo que ocurre en la zona, y la preocupación se está convirtiendo en decisiones concretas de actores internacionales que pueden ayudar a la solución del conflicto.
En este sentido, la Misión Internacional va a seguir insistiendo con la cooperación bilateral y los bancos multilaterales, para que revisen sus acuerdos de cooperación financiera. Además, vamos a seguir respaldando las organizaciones de derechos humanos hondureñas que desarrollan un importante trabajo en defensa de esas poblaciones.
La decisión de la Sociedad Alemana de Inversión y Desarrollo (DEG) -que es parte del estatal Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW Bankengruppe)- de retirar un financiamiento de 20 millones de dólares a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, ha sentado un importante precedente para el futuro de miles de familias campesinas del Bajo Aguán que viven bajo una constante agresión a sus derechos. Para analizar el contexto de esta decisión, Sirel dialogó con Martin Wolpold-Bosien, coordinador para Centroamérica de FIAN Internacional.
-¿Cómo se llegó a esta importante decisión de la DEG de retirar el financiamiento a Corporación Dinant?
-FIAN Internacional inició un intenso proceso de diálogo con la DEG, basado en el Informe de la Misión Internacional de Derechos Humanos en el Bajo Aguán.
Por su parte, la organización Salva la Selva (Rettet den Regenwald), inició una campaña de envío de cartas dirigidas al director ejecutivo de la DEG.
Estas dos acciones hicieron que los directivos del banco analizaran a fondo la situación y tomaran muy en serio las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos contenidas en el Informe, y actuó en consecuencia.
No debemos olvidar que la DEG es un banco público para el desarrollo y por definición solo debe apoyar proyectos de desarrollo sostenible que, por supuesto, incluyen el respeto a los derechos humanos. El hecho que se retire de la relación contractual con Corporación Dinant, es algo que miramos como normal en Alemania.
-Sin embargo en Honduras hay una percepción diferente de la “normalidad”...
-En Honduras parece que el empresario Miguel Facussé tenga un estatus de intocable y esto explica en parte su actitud y la de sus guardias de seguridad en el Bajo Aguán.
Sin embargo, Facussé debería someterse, como cualquier hondureño, a las leyes nacionales y no puede seguir violentando los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esta decisión de la DEG debería abrir una reflexión sobre qué es “normalidad” en Honduras.
-¿Qué perspectivas se abren ahora?
-Los empresarios que presuntamente estén involucrados en abusos a los derechos humanos, deberán tomar en cuenta de que esa forma de agresión contra las familias campesinas del Bajo Aguán va a tener un costo financiero muy alto para ellos.
Esperamos que este primer resultado tenga un efecto preventivo para evitar la violencia contra las comunidades campesinas.
Además, otros organismos financieros internacionales que tienen relaciones contractuales con Corporación Dinant, como el IFC/Banco Mundial y el BID, deberán tomar en cuenta la decisión de la DEG, y esperamos revisen sus contratos.
-A través de los medios hondureños, Corporación Dinant declaró que existe una campaña contra la empresa y contra Honduras basada en hechos infundados. ¿Qué comentarios merece esta declaración?
-Son declaraciones equivocadas, porque la Misión Internacional ha desarrollado en el Bajo Aguán una labor estrictamente de derechos humanos, tomando como base las obligaciones que el Estado de Honduras tiene con el derecho internacional.
El Informe evidencia muy claramente que hay empresas privadas involucradas en abusos a los derechos humanos. Además, enviamos copia del Informe preliminar a la Corporación Dinant para incluir sus observaciones en la versión final. Nunca recibimos una respuesta acerca de su contenido.
-La Misión Internacional observó también una estrecha relación entre el modelo productivo, violación a los derechos humanos y los altos índices de pobreza en el Bajo Aguán.
-Hay un evidente conflicto entre modelos de desarrollo rural. Los monocultivos, en este caso la palma africana, no son un elemento que permite combatir el hambre y la miseria.
En muchos países vemos como la expansión de la palma africana ha aumentado la presión sobre la tierra, y en el mundo las personas más afectadas por el hambre son las familias campesinas que no tienen acceso a la misma.
El acceso seguro a la tierra y la reforma agraria son elementos fundamentales para garantizar el derecho a la alimentación y las familias campesinas tienen el derecho de luchar para su seguridad alimentaria.
-¿Qué importancia tiene para las familias campesinas del Bajo Aguán esta decisión de la DEG?
-Ya hay una visibilidad internacional de lo que ocurre en la zona, y la preocupación se está convirtiendo en decisiones concretas de actores internacionales que pueden ayudar a la solución del conflicto.
En este sentido, la Misión Internacional va a seguir insistiendo con la cooperación bilateral y los bancos multilaterales, para que revisen sus acuerdos de cooperación financiera. Además, vamos a seguir respaldando las organizaciones de derechos humanos hondureñas que desarrollan un importante trabajo en defensa de esas poblaciones.
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