por Carlos Amorín - Rel-UITADespués de 67 días de conflicto durante el cual la finca Palo Alto se mantuvo ocupada por 185 trabajadores, la empresa Inversiones Palo Alto Gnecco Espinosa cedió finalmente a las reivindicaciones de los ocupantes. Pero hay que recordar que esto ocurrió en una región de muy baja sindicalización y comenzó con los trabajadores expulsados a balazos, amenazas e intimidaciones de todo tipo.
Sirel dialogó con Luis Alejandro Pedraza, presidente de la UNAC, y con Hernán Correa, presidente interino de SINTRAINAGRO, para analizar las razones de este cambio.
En la valoración de Pedraza, “Si bien el conflicto terminó con un rotundo éxito de los trabajadores que consiguieron hacer respetar sus derechos básicos sobre salarios, prestaciones, seguridad social y la estabilidad, junto con el derecho de asociación, libertad sindical y negociación colectiva, lo que se debe concluir es que se impuso la organización sindical en un área geográfica dominada por los megaproyectos de palma de aceite y banano, donde el sindicalismo está proscrito –explicó-.
Una de las razones que alegaban los voceros de la empresa para sostener el conflicto era que ellos soportaban la presión de los demás plantadores de palma para impedir que la presencia sindical se afirmara, porque eso significaría abrirle las puertas a las demás empresas. Por eso recurrieron a la fuerza por medio de actores ilegales y violentos con el fin de intimidar a los trabajadores”.
El presidente de la Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (UNAC), valoró que “el triunfo es aún más importante desde el punto de vista político que del económico, al lograr la difusión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) en esa área vedada al sindicalismo por mucho años, desde antes y después de la masacre de los bananeros de hace 80 años.
Los efectos políticos en relación al resto de la industria palmera son trascendentes –agregó Pedraza-, porque en el departamento de Santander SINTRAINAGRO tiene sólo una presencia mínima, y en los Llanos Orientales, en donde también existen megaproyectos de palma, los sindicatos no superan los 120 afiliados, con un potencial de 2 o 3 mil trabajadores en esas plantaciones –explicó-.
El peso político que se logró con la sólida actitud unitaria de los trabajadores, incluso para resistir a las provocaciones de los violentos, implicó la intervención del Presidente de la República, del Vicepresidente, de altos mandos militares y de la Policía para impedir que se desatara una ola de información sobre la realidad sindical en Colombia, en el momento en que están negociando el TLC con Europa y con Estados Unidos y Canadá”.
En esa coyuntura externa, “al gobierno no le resultaba conveniente una campaña internacional de la UITA más prolongada y extendida sobre lo que estaba ocurriendo en Palo Alto. Creo que esto fue lo que obligó al gobierno a intervenir para impedir que el conflicto terminara como se pretendió en un principio: con una masacre y rompiendo el derecho a la huelga -afirmó Pedraza-.
“Quiere decir que la intervención del gobierno no fue gratuita, sino que en la coyuntura el conflicto podía transformarse en un problema mayor. Esto colocó a las autoridades en la obligación de cumplir con la Constitución y proteger a los trabajadores en su derecho a la huelga que pretendió ser violentado incluso por las autoridades locales, cuando enviaron a los cuerpos de choque de la Policía a desalojar la plantación y facilitar el ingreso de los rompehuelgas.
Esto motivó la movilización de la UITA –recordó Pedraza- y del movimiento sindical internacional para denunciar todo esto, y así logramos hacer respetar los derechos emanados de la OIT y ratificados por la legislación colombiana”, agregó.
Hernán Correa, presidente interino de SINTRAINAGRO, por su parte, estimó que “La campaña internacional de la UITA jugó un papel esencial porque gracias a eso el gobierno terminó interesándose en lo que estaba ocurriendo en Palo Alto.
Por medio del Vicepresidente de la República, y del propio presidente, Álvaro Uribe, se logró detener el desalojo de la plantación, y entonces la empresa comprendió que no había otra alternativa más que sentarse a negociar con el Sindicato, lo que derivó en el acuerdo que ya se ha hecho público”.
“Creo que ganamos una batalla política ante un grupo de personas con mucho poder político en la región del Magdalena. Lo que hizo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lo que hizo la UITA con su campaña internacional, finalmente dio resultados. La gente sabe que existió toda esa solidaridad que se debe agradecer”, expresó.
Correa agregó que “También fue muy importante la acción de la Seccional Ciénaga de SINTRAINAGRO, en Magdalena, así como de la Junta Nacional del Sindicato, junto a la Procuraduría General de la Nación que tomó la iniciativa de comunicarle al Alcalde de Pueblo Viejo, cómplice de los empresarios, que no tenía atribuciones para intervenir en un conflicto laboral, y le ordenó a la Fiscalía que investigara los hechos de violencia”.
“Ha sido un trabajo en equipo en el que salimos victoriosos tanto en el ámbito nacional como en el internacional”, finalizó.
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