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| Foto G.Trucchi/Opera Mundi |
El ex presidente responde por crímenes de genociodio y de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1982-83)
La historia reciente de Guatemala no deja de generar una sensación de nudo en la garganta, debido a un limbo entre pasado y futuro; entre la necesidad imperativa de seguir adelante y el recuerdo de una historia de violencia, represión y violación sistemática de derechos humanos como política de Estado, que no puede, ni debe ser olvidada.
Para el jurista Edgar Pérez, miembro de la Asociación Justicia y Reconciliación y abogado de las víctimas del largo conflicto armado interno (1960-1996) que sufrieron las atrocidades cometidas por los gobiernos dictatoriales y las juntas militares de las décadas de los 70 y 80, en Guatemala habrá una verdadera reconciliación “sólo y cuándo se juzgarán a los responsables de estos crímenes”.
Para el jurista Edgar Pérez, miembro de la Asociación Justicia y Reconciliación y abogado de las víctimas del largo conflicto armado interno (1960-1996) que sufrieron las atrocidades cometidas por los gobiernos dictatoriales y las juntas militares de las décadas de los 70 y 80, en Guatemala habrá una verdadera reconciliación “sólo y cuándo se juzgarán a los responsables de estos crímenes”.
Pérez dijo en una entrevista a Opera Mundi que el juicio en contra del ex presidente y general retirado José Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1982-83), no sólo sienta un precedente histórico, sino que es parte de una estrategia mucho más amplia, iniciada después de la firma de los Acuerdos de Paz (1996). Estrategia que ya ha arrojado importantes resultados en cuanto al combate a la impunidad y la recuperación de la memoria histórica, en un país que ha sufrido más de 600 masacres, el asesinato y desaparición de más de 200 mil personas y el desplazamiento forzado de un millón de guatemaltecos.
Opera Mundi - ¿Cómo sigue el juicio contra el ex presidente José Efraín Ríos Montt?
Edgar Pérez - El 26 de enero pasado se dictó un auto de procesamiento por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Ahora estamos en la fase de investigación del proceso penal y el 27 de marzo el Ministerio Público deberá presentar su acto conclusivo, es decir su informe de esta fase de investigación.
Son delitos que, además de estar regulados por el Código Penal de Guatemala, tienen trascendencia internacional porque remiten a los Convenios de Ginebra y, como consecuencia, a toda la jurisprudencia internacional sobre el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, ha sido un proceso muy complicado.
¿Qué ha ocurrido en estos dos meses?
La defensa del general retirado Ríos Montt ha emprendido una serie de acciones y ha planteado varias excepciones e incidentes para garantizarle la impunidad. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad aduciendo que debía ser juzgado por un tribunal militar e intentaron que se le aplicara la amnistía de 1986, que era solamente para los responsables o autores de delitos políticos, o delitos comunes conexos con los políticos.
Hasta la Ley de Reconciliación Nacional - aprobada a raíz de los Acuerdos de Paz - fue muy explícita en decir que la amnistía no se podría aplicar en casos de genocidio, desapariciones forzadas y tortura, así como para delitos que sean imprescriptibles en conformidad con los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, logramos que el tribunal desestimara todos estos intentos de la defensa para que el sistema judicial rompiera los compromisos internacionales del Estado guatemalteco en materia de derechos humanos.
¿Cómo fundamentaron la acusación de genocidio?
Cuando hablamos de genocidio no entendemos sólo la acción de matar, sino la idea intrínseca de destruir algo en su esencia, y el bien jurídico que se tutela son los grupos humanos, entre ellos los grupos étnicos.
En el denominado triángulo o área Ixil - constituido por las municipalidades de Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, departamento de Quiché - consideramos que existe la evidencia suficiente para sustentar que durante el mandato de Ríos Montt hubo la intención de destruir en forma parcial al grupo étnico Ixil. Tenemos registradas un mínimo de 11 masacres, 1.771 muertes, un desplazamiento forzoso de por lo menos 29 mil personas en las llamadas Comunidades de Población en Resistencia (CPR) en Santa Clara, una remota comunidad en la Sierra de Chamá, al norte de Quiché.
Esas comunidades fueron rodeadas y el ejército impidió el ingreso de comida y elementos básicos, como agua y medicina. En fin, la gente fue sometida a condiciones que pudieron acarrear la muerte de otros miembros del grupo. Asimismo, el ejército concentró a una gran cantidad de personas en condiciones de campo de concentración en las llamadas Aldeas Modelo, y obligó a los ciudadanos a integrarse a las Patrullas de Autodefensa Civil.
Durante el mandato de Ríos Montt una parte de la población ixil fue desplazada hacia la montaña, otra fue reconcentrada en las Aldeas Modelo y el tercer grupo fue masacrado. Eso demuestra que sí hubo la intención de destruir a ese grupo étnico.
Sin embargo, el actual presidente Otto Pérez Molina ha declarado recientemente que en Guatemala nunca hubo genocidio.
Él es un ex militar y estuvo en el área Ixil con la Fuerza de Tarea Gumarcaj, que fue una de las fuerzas de tarea responsables de los hechos cometidos contra la población civil. Al emitir una opinión de ese tipo, el presidente está cometiendo una irresponsabilidad, porque le corresponde al organismo judicial, después de un juicio, decir si hubo o no genocidio. Esa actitud del presidente Pérez Molina genera presión y coacción sobre el sistema judicial del país.
Hay circunstancias que podríamos calificar de presión, como por ejemplo cuestionar y recusar a los jueces, tratar de entorpecer y alargar el proceso. Nosotros respetamos esa estrategia, porque la ley otorga la posibilidad de recurrir cualquier acción y resolución que se dé dentro del proceso. Lo que no podemos aceptar es cuando autoridades nacionales, como el Presidente de la República o el titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), vierten declaraciones que de hecho encierran una presión hacia el organismo judicial.
¿Hay sectores de la sociedad guatemalteca que están interesados en crear presión alrededor de este juicio?
Claro que sí y son los que, de alguna manera, han tenido responsabilidades en los delitos cometidos durante el conflicto armado interno. En este juicio hay que estar claro de una cosa: nosotros somos abogados de aquella parte de la población civil que no asumió un rol protagónico durante el conflicto armado y que fue la que puso las víctimas. El presidente debería estar promoviendo que estos juicios garanticen el debido proceso, la independencia judicial, que sean justos e imparciales, y que conlleven la búsqueda de la verdad y la justicia. Solamente así podrá haber reconciliación en Guatemala.
¿Qué simboliza para Guatemala este juicio?
Todo eso va más allá del juicio contra Ríos Montt y es parte de un recorrido al lado de las víctimas cuyos sentimientos han sido acallados por décadas. Tenemos más de 15 años de estar trabajando y hemos logrado resultados importantes en cuanto a la posibilidad de juzgar a los estrategas de las políticas militares de aquellos años.
Logramos dos sentencias por la masacre de Río Negro (1982) donde fueron asesinados 107 niños y 70 mujeres, la condena del comisionado militar del Quiché, Cándido Noriega, por seis homicidios y dos asesinatos, así como el la condena a 6.060 años para los responsables de la masacre de las Dos Erres, donde fueron asesinadas 250 personas.
También logramos la primera condena por desaparición forzada en Guatemala en el caso de la comunidad de Choatalum. Fue un caso histórico, porque la Corte de Constitucionalidad resolvió que mientras no se conozca el paradero de la víctima, el delito de desaparición forzada no termina, por el contrario, se sigue cometiendo día tras día. Eso permitió iniciar una gran cantidad de juicios por desaparición forzada.
Paralelamente al juicio contra el general retirado Ríos Montt, estamos llevando adelante juicios por los mismos delitos contra otros altos mandos del ejército durante aquellos años, como por ejemplo los generales Oscar Humberto Mejía Victores, Hector Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez. A partir de estos resultados, las víctimas han visto que existe la posibilidad de juzgar a los responsables de las masacres, logrando que se reconozca la verdad, se haga justicia, se ratifiquen sus historias a través del sistema judicial guatemalteco, y se abra un camino para la verdadera reconciliación.
¿Confía en el sistema judicial guatemalteco?
No puedo estar llevando casos donde no confío que prosperen y hasta el momento los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, y particularmente la Camara Penal, han demostrado que tienen una cuota de voluntad política de hacer cambios significativos en el sistema judicial.
Opera Mundi - ¿Cómo sigue el juicio contra el ex presidente José Efraín Ríos Montt?
Edgar Pérez - El 26 de enero pasado se dictó un auto de procesamiento por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad. Ahora estamos en la fase de investigación del proceso penal y el 27 de marzo el Ministerio Público deberá presentar su acto conclusivo, es decir su informe de esta fase de investigación.
Son delitos que, además de estar regulados por el Código Penal de Guatemala, tienen trascendencia internacional porque remiten a los Convenios de Ginebra y, como consecuencia, a toda la jurisprudencia internacional sobre el Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, ha sido un proceso muy complicado.
¿Qué ha ocurrido en estos dos meses?
La defensa del general retirado Ríos Montt ha emprendido una serie de acciones y ha planteado varias excepciones e incidentes para garantizarle la impunidad. Presentaron un recurso de inconstitucionalidad aduciendo que debía ser juzgado por un tribunal militar e intentaron que se le aplicara la amnistía de 1986, que era solamente para los responsables o autores de delitos políticos, o delitos comunes conexos con los políticos.
Hasta la Ley de Reconciliación Nacional - aprobada a raíz de los Acuerdos de Paz - fue muy explícita en decir que la amnistía no se podría aplicar en casos de genocidio, desapariciones forzadas y tortura, así como para delitos que sean imprescriptibles en conformidad con los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, logramos que el tribunal desestimara todos estos intentos de la defensa para que el sistema judicial rompiera los compromisos internacionales del Estado guatemalteco en materia de derechos humanos.
¿Cómo fundamentaron la acusación de genocidio?
Cuando hablamos de genocidio no entendemos sólo la acción de matar, sino la idea intrínseca de destruir algo en su esencia, y el bien jurídico que se tutela son los grupos humanos, entre ellos los grupos étnicos.
En el denominado triángulo o área Ixil - constituido por las municipalidades de Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, departamento de Quiché - consideramos que existe la evidencia suficiente para sustentar que durante el mandato de Ríos Montt hubo la intención de destruir en forma parcial al grupo étnico Ixil. Tenemos registradas un mínimo de 11 masacres, 1.771 muertes, un desplazamiento forzoso de por lo menos 29 mil personas en las llamadas Comunidades de Población en Resistencia (CPR) en Santa Clara, una remota comunidad en la Sierra de Chamá, al norte de Quiché.
Esas comunidades fueron rodeadas y el ejército impidió el ingreso de comida y elementos básicos, como agua y medicina. En fin, la gente fue sometida a condiciones que pudieron acarrear la muerte de otros miembros del grupo. Asimismo, el ejército concentró a una gran cantidad de personas en condiciones de campo de concentración en las llamadas Aldeas Modelo, y obligó a los ciudadanos a integrarse a las Patrullas de Autodefensa Civil.
Durante el mandato de Ríos Montt una parte de la población ixil fue desplazada hacia la montaña, otra fue reconcentrada en las Aldeas Modelo y el tercer grupo fue masacrado. Eso demuestra que sí hubo la intención de destruir a ese grupo étnico.
Sin embargo, el actual presidente Otto Pérez Molina ha declarado recientemente que en Guatemala nunca hubo genocidio.
Él es un ex militar y estuvo en el área Ixil con la Fuerza de Tarea Gumarcaj, que fue una de las fuerzas de tarea responsables de los hechos cometidos contra la población civil. Al emitir una opinión de ese tipo, el presidente está cometiendo una irresponsabilidad, porque le corresponde al organismo judicial, después de un juicio, decir si hubo o no genocidio. Esa actitud del presidente Pérez Molina genera presión y coacción sobre el sistema judicial del país.
Hay circunstancias que podríamos calificar de presión, como por ejemplo cuestionar y recusar a los jueces, tratar de entorpecer y alargar el proceso. Nosotros respetamos esa estrategia, porque la ley otorga la posibilidad de recurrir cualquier acción y resolución que se dé dentro del proceso. Lo que no podemos aceptar es cuando autoridades nacionales, como el Presidente de la República o el titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), vierten declaraciones que de hecho encierran una presión hacia el organismo judicial.
¿Hay sectores de la sociedad guatemalteca que están interesados en crear presión alrededor de este juicio?
Claro que sí y son los que, de alguna manera, han tenido responsabilidades en los delitos cometidos durante el conflicto armado interno. En este juicio hay que estar claro de una cosa: nosotros somos abogados de aquella parte de la población civil que no asumió un rol protagónico durante el conflicto armado y que fue la que puso las víctimas. El presidente debería estar promoviendo que estos juicios garanticen el debido proceso, la independencia judicial, que sean justos e imparciales, y que conlleven la búsqueda de la verdad y la justicia. Solamente así podrá haber reconciliación en Guatemala.
¿Qué simboliza para Guatemala este juicio?
Todo eso va más allá del juicio contra Ríos Montt y es parte de un recorrido al lado de las víctimas cuyos sentimientos han sido acallados por décadas. Tenemos más de 15 años de estar trabajando y hemos logrado resultados importantes en cuanto a la posibilidad de juzgar a los estrategas de las políticas militares de aquellos años.
Logramos dos sentencias por la masacre de Río Negro (1982) donde fueron asesinados 107 niños y 70 mujeres, la condena del comisionado militar del Quiché, Cándido Noriega, por seis homicidios y dos asesinatos, así como el la condena a 6.060 años para los responsables de la masacre de las Dos Erres, donde fueron asesinadas 250 personas.
También logramos la primera condena por desaparición forzada en Guatemala en el caso de la comunidad de Choatalum. Fue un caso histórico, porque la Corte de Constitucionalidad resolvió que mientras no se conozca el paradero de la víctima, el delito de desaparición forzada no termina, por el contrario, se sigue cometiendo día tras día. Eso permitió iniciar una gran cantidad de juicios por desaparición forzada.
Paralelamente al juicio contra el general retirado Ríos Montt, estamos llevando adelante juicios por los mismos delitos contra otros altos mandos del ejército durante aquellos años, como por ejemplo los generales Oscar Humberto Mejía Victores, Hector Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez. A partir de estos resultados, las víctimas han visto que existe la posibilidad de juzgar a los responsables de las masacres, logrando que se reconozca la verdad, se haga justicia, se ratifiquen sus historias a través del sistema judicial guatemalteco, y se abra un camino para la verdadera reconciliación.
¿Confía en el sistema judicial guatemalteco?
No puedo estar llevando casos donde no confío que prosperen y hasta el momento los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, y particularmente la Camara Penal, han demostrado que tienen una cuota de voluntad política de hacer cambios significativos en el sistema judicial.
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