Por Justicia por Colombia
Más de 3 mil ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias perpetradas en Colombia entre 2002 y 2009 son crímenes de carácter internacional. Lo sucedido a 16 jóvenes de Soacha mostró la extrema crueldad con la que se puede actuar para lograr efectividad en supuestos combates a variados enemigos.
Esta realidad ya ampliamente dada a conocer por los medios de comunicación, alcanza mayor profundidad en la investigación que FEDES (Federación para la Educación y el Desarrollo) nos pone de presente, para no olvidar, pero en especial, para dimensionar la ausencia de límites éticos y jurídicos en el establecimiento colombiano (...)
La administración de justicia no será relevada de la obligación internacional del Estado colombiano de investigar pronta y diligentemente. Ya ha transcurrido un tiempo considerable de la ocurrencia de las iniciales desapariciones forzadas en marzo de 2008, y luego el descubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha, y aún no hay pleno esclarecimiento de los hechos ni sanción a los responsables.
El informe Soacha: la punta del iceberg- Falsos positivos e impunidad nos alerta sobre los riesgos que corre la investigación penal, y profundizando más allá de valoraciones procesales, se adentra en el análisis de mecanismos de impunidad jurídicos, políticos y sociales de carácter estructural que podrían dar al traste con los más importantes derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, la justicia y la reparación. Pero muy especialmente, señala el grave riesgo social porque está determinado que si hay impunidad se repetirán los crímenes, empeñando aún más el futuro al horror.
La investigación elaborada por Fedes muestra el intrincado laberinto de la impunidad con coherencia jurídica y argumentativa, poniendo al descubierto que si en el caso emblemático de Soacha, por la consternación nacional e internacional que causó, no se alcanza la justicia, las demás víctimas de este crimen de lesa humanidad no tendrán remedio. Y no solo será determinar la responsabilidad de los autores materiales, sino el deber que asiste a la Fiscalía de indagar al más alto nivel de los perpetradores.
El texto narra los hechos dolorosos de los jóvenes de Soacha, la transformación de las vidas de las madres, que insisten y persisten en reivindicar la memoria y la dignidad de sus víctimas; nos propone explicaciones de la génesis del horror, plantea las preocupaciones por el desarrollo e impulso de las investigaciones, y nos pone el reto de exigir que cesen absolutamente la práctica de los crímenes de lesa humanidad y la impunidad (...).
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