Por Pasos de Animal Grande
A partir del golpe de Estado político-militar que en junio de 2009 dejó fuera del poder al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, en Honduras se agudizó la crisis que ya venían sufriendo las libertades democráticas, y entre los derechos que más han sido vulnerados, se encuentra la libertad de expresión y de información que el Estado debe garantizarles a los pueblos indígenas y negros de la nación.
A partir del golpe de Estado político-militar que en junio de 2009 dejó fuera del poder al presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, en Honduras se agudizó la crisis que ya venían sufriendo las libertades democráticas, y entre los derechos que más han sido vulnerados, se encuentra la libertad de expresión y de información que el Estado debe garantizarles a los pueblos indígenas y negros de la nación.
En los últimos seis años estos pueblos originarios fueron víctimas de intimidación, amenazas, persecución, encarcelamientos y asesinatos de líderes comunitarios, entre otros problemas que laceran sus derechos humanos y ancestrales.
Solo en las comunidades lencas agrupadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y asentadas en los occidentales departamentos de Intibucá y Lempira, más de una decena de líderes comunitarios han sido asesinados por la defensa del territorio, el bosque, ríos y demás recursos naturales que de acuerdo al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, les corresponden.
A lo anterior también se suman las intimidaciones y amenazas no solo para despojarlos de sus bienes, sino también contra las vidas de comunicadores sociales que manejan la producción y programación de las radios comunitarias. Los dirigentes de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos humanos en los pueblos indígenas y negros, también son blanco de los criminales.
Para Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh y Premio Mundial Ambiental Goldman 2015, lo que sucede en Honduras es el reflejo de la marginación histórica y del sistema racista institucionalizado por el Estado con propósitos de anular el derecho a la libertad de expresión a estas comunidades.
“Es un Estado que no permite expresar su visión, su cultura, su espiritualidad y mantiene a las comunidades constantemente agredidas, discriminadas, manipuladas y como producto de esa colonización histórica no se ha permitido tener el derecho a expresar nuestro pensamiento, planes de vida, lucha, resistencia, insurrección y todo lo que tiene que ver en más de 500 años”, sostuvo la lidereza indígena.
Para ella, la situación se agrava cuando se trata de mujeres que reclaman atención en los centros de salud y hospitales, alcaldías y demás instituciones públicas, donde son menospreciadas bajo el concepto erróneo, de que el indígena es ignorante, que no tiene cultura y que carece de educación. Indicó que lo más lamentable es que esa realidad violadora de la libertad de expresión encuentra terreno fértil en las cúpulas religiosas, medios de comunicación e incluso agencias de cooperación.
“Es una maquinaria, y cuando ese pueblo se expresa de manera fuerte, la respuesta es la represión”, expresó Cáceres, agregando que como producto de ese odio, las comunidades lencas han tenido que soportar los asesinatos de 10 luchadores sociales. Mencionó crímenes como los perpetrados contra Moisés Durón y Maycol Rodríguez, este último, era un adolescente de 15 años, ultimado en la comunidad de Río Blanco, por defender su territorio y la cuenca del Río Gualcarque.
A su corta edad, Maycol era defensor de la tierra que ilegalmente la Alcaldía de Intibucá le vendió a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A (DESA) para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,que pretenden instalar en río Gualcarque, violentado el título antiguo del sector, el derecho a la consulta previa y el Convenio 169.
Aparte de los asesinatos, las poblaciones indígenas también soportan un ambiente hostil derivado de las amenazas de muerte, advertencias de encarcelamientos, procesos judiciales y hasta la expulsión en las comunidades de Río Blanco y San Francisco de Opalaca, de los ancianos y ancianas involucradas en la defensa del territorio.
Bertha Cáceres explicó que el pasado 28 de mayo, un contingente conformado por militares, policías y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, entraron al territorio recuperado en Río Blanco y que cuando los miembros de la comunidad les preguntaron sobre el motivo de la visita, ellos respondieron con amenazas de llevarlos presos.
Pero esa realidad que afecta a las comunidades lencas del occidente del país no es exclusiva de ellos, porque los pueblos garífunas asentados en las costas del caribe hondureño también se ven inquietados en la misma o mayor intensidad por empresas nacionales y extranjeras que apoyadas por los gobernantes, compran hasta la conciencia de algunos líderes que luego se enfrentan con sus mismos coterráneos.
Solo en las comunidades lencas agrupadas en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y asentadas en los occidentales departamentos de Intibucá y Lempira, más de una decena de líderes comunitarios han sido asesinados por la defensa del territorio, el bosque, ríos y demás recursos naturales que de acuerdo al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, les corresponden.
A lo anterior también se suman las intimidaciones y amenazas no solo para despojarlos de sus bienes, sino también contra las vidas de comunicadores sociales que manejan la producción y programación de las radios comunitarias. Los dirigentes de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos humanos en los pueblos indígenas y negros, también son blanco de los criminales.
Para Bertha Cáceres, coordinadora del Copinh y Premio Mundial Ambiental Goldman 2015, lo que sucede en Honduras es el reflejo de la marginación histórica y del sistema racista institucionalizado por el Estado con propósitos de anular el derecho a la libertad de expresión a estas comunidades.
“Es un Estado que no permite expresar su visión, su cultura, su espiritualidad y mantiene a las comunidades constantemente agredidas, discriminadas, manipuladas y como producto de esa colonización histórica no se ha permitido tener el derecho a expresar nuestro pensamiento, planes de vida, lucha, resistencia, insurrección y todo lo que tiene que ver en más de 500 años”, sostuvo la lidereza indígena.
Para ella, la situación se agrava cuando se trata de mujeres que reclaman atención en los centros de salud y hospitales, alcaldías y demás instituciones públicas, donde son menospreciadas bajo el concepto erróneo, de que el indígena es ignorante, que no tiene cultura y que carece de educación. Indicó que lo más lamentable es que esa realidad violadora de la libertad de expresión encuentra terreno fértil en las cúpulas religiosas, medios de comunicación e incluso agencias de cooperación.
“Es una maquinaria, y cuando ese pueblo se expresa de manera fuerte, la respuesta es la represión”, expresó Cáceres, agregando que como producto de ese odio, las comunidades lencas han tenido que soportar los asesinatos de 10 luchadores sociales. Mencionó crímenes como los perpetrados contra Moisés Durón y Maycol Rodríguez, este último, era un adolescente de 15 años, ultimado en la comunidad de Río Blanco, por defender su territorio y la cuenca del Río Gualcarque.
A su corta edad, Maycol era defensor de la tierra que ilegalmente la Alcaldía de Intibucá le vendió a la empresa Desarrollos Energéticos, S.A (DESA) para la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,que pretenden instalar en río Gualcarque, violentado el título antiguo del sector, el derecho a la consulta previa y el Convenio 169.
Aparte de los asesinatos, las poblaciones indígenas también soportan un ambiente hostil derivado de las amenazas de muerte, advertencias de encarcelamientos, procesos judiciales y hasta la expulsión en las comunidades de Río Blanco y San Francisco de Opalaca, de los ancianos y ancianas involucradas en la defensa del territorio.
Bertha Cáceres explicó que el pasado 28 de mayo, un contingente conformado por militares, policías y agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, entraron al territorio recuperado en Río Blanco y que cuando los miembros de la comunidad les preguntaron sobre el motivo de la visita, ellos respondieron con amenazas de llevarlos presos.
Pero esa realidad que afecta a las comunidades lencas del occidente del país no es exclusiva de ellos, porque los pueblos garífunas asentados en las costas del caribe hondureño también se ven inquietados en la misma o mayor intensidad por empresas nacionales y extranjeras que apoyadas por los gobernantes, compran hasta la conciencia de algunos líderes que luego se enfrentan con sus mismos coterráneos.
“Estamos en indefensión en los derechos nuestros porque los intereses son demasiado fuertes y estamos expuestos a ser atacados en cualquier momento”, relata Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), que es la federación de base del pueblo garífuna de Honduras, una población caracterizada por su lucha histórica en defensa del territorio y demás recursos naturales de la zona norte.
Dentro de estos territorios la población ha tenido que soportar el secuestro de líderes, detenciones ilegales, enjuiciamientos y atentados, entre otros problemas derivados de la lucha por la tierra. Miranda mencionó que hace un año ella y varios garífunas más fueron secuestrados en la comunidad de Vallecito, en el departamento de Colón, un territorio ancestral que una supuesta banda del crimen organizado quiere apropiarse.
“Y estamos cerca y somos vecinos de Miguel Facussé, que nos tiene inundados de palma africana y esto ha provocado una resistencia fuerte”, relata la coordinadora de Ofraneh. Facussé es uno de los tres empresarios palmeros responsables de la crisis que desde el 2010 se ha mantenido en el Bajo Aguán, provocando la muerte violenta de más de un centenar de campesinos que luchan por recuperar sus tierras.
A juicio de Jessica García, vecina de Nueva Armenia, jurisdicción de Jutiapa, en el departamento de Atlántida, la situación es crítica porque la comunidad seguirá defendiendo sus derechos ancestrales y territorios, pero desde la Alcaldía Municipal los presionan para que las entreguen a empresarios interesados.
“Primero utilizan a un presidente de patronato para hacer un desmembramiento de 150 manzanas de tierra y luego aparecen dueños por todos lados, hemos descubierto que quieren hacer una venta de tierras utilizando a los mismos hijos del pueblo”, relata Jessica, quien además explica que una situación de esas solo puede ocurrir con aprobación de la asamblea general.
Expresó que el 8 de mayo recién pasado, fueron intimidados por siete personas fuertemente armadas que llegaron a la comunidad a ordenarles salir de la tierra, que primero encañonaron a su compañera, Carolina Castillo García, en su área de trabajo. “Le ordenaban que se saliera porque no la querían ver allí y luego se trasladaron con una actitud violenta donde yo estoy trabajando”, dice Jessica.
Informó que estos individuos comentaban entre ellos la cantidad de casas que iban a derribar cada uno, porque según ellos los garífunas están usurpando el territorio.
“Y había uno que me estaba apuntando directamente a mí con un rifle, -yo no sé de armas, pero yo creo que era AK, ellos son civiles y uno se llama Adonys Sevilla que era el cabecilla, lo acompañaba otro hermano de él, que se llama Ramón (Moncho) Sevilla y los demás me imagino que eran personas que habían contratado para eso” profundizó la mujer.
Ella dijo que los hombres ya habían llegado en otras ocasiones, que en una sola semana les hicieron dos visitas intimidantes y que en una ocasión además de las armas también llevaban en sus manos granadas o bombas. Detalló que el 08 mayo ocasionaron daños en una manzana de cultivos, además del derribamiento de cuatro viviendas.
“Moncho me dijo que mejor se retiraban porque no querían matar a ningún garífuna y como yo no me dejo intimidar, le pregunté que dónde tenía la licencia para matar, porque también me dijo que ellos compraron allí y que iban a hacer todo para recuperar sus tierras, pero nosotros estamos seguros que le pertenecen al pueblo garífuna” insistió Jessica.
Denunció que personas enviadas por la Alcaldía Municipal llegan a la comunidad a ofrecerles dinero a los pobladores con el propósito de dividirlos para después enfrentarlos entre ellos.
Radios comunitarias bajo amenaza
El Copinh mantiene en su haber cinco radioemisoras comunitarias y varios sitios web instalados para hacerle frente al cerco mediático instaurado por el gobierno y la empresa privada. Sin embargo, estos medios de comunicación y las personas que allí laboran, no se escapan de las amenazas e intimidaciones, a pesar de que el gobierno se vanaglorie ante los organismos internacionales de supuestos esfuerzos para defender la libertad de expresión.
A pesar de que hasta hoy no se han manifestado hechos concretos en las radioemisoras, la comunidad indígena ha recibido amenazas de incendios contra estos medios de comunicación, mientras que al personal que ahí labora le llega mensajes telefónicos intimidatorios para que abandonen el abordaje de determinado tema.
Expresó que el 8 de mayo recién pasado, fueron intimidados por siete personas fuertemente armadas que llegaron a la comunidad a ordenarles salir de la tierra, que primero encañonaron a su compañera, Carolina Castillo García, en su área de trabajo. “Le ordenaban que se saliera porque no la querían ver allí y luego se trasladaron con una actitud violenta donde yo estoy trabajando”, dice Jessica.
Informó que estos individuos comentaban entre ellos la cantidad de casas que iban a derribar cada uno, porque según ellos los garífunas están usurpando el territorio.
“Y había uno que me estaba apuntando directamente a mí con un rifle, -yo no sé de armas, pero yo creo que era AK, ellos son civiles y uno se llama Adonys Sevilla que era el cabecilla, lo acompañaba otro hermano de él, que se llama Ramón (Moncho) Sevilla y los demás me imagino que eran personas que habían contratado para eso” profundizó la mujer.
Ella dijo que los hombres ya habían llegado en otras ocasiones, que en una sola semana les hicieron dos visitas intimidantes y que en una ocasión además de las armas también llevaban en sus manos granadas o bombas. Detalló que el 08 mayo ocasionaron daños en una manzana de cultivos, además del derribamiento de cuatro viviendas.
“Moncho me dijo que mejor se retiraban porque no querían matar a ningún garífuna y como yo no me dejo intimidar, le pregunté que dónde tenía la licencia para matar, porque también me dijo que ellos compraron allí y que iban a hacer todo para recuperar sus tierras, pero nosotros estamos seguros que le pertenecen al pueblo garífuna” insistió Jessica.
Denunció que personas enviadas por la Alcaldía Municipal llegan a la comunidad a ofrecerles dinero a los pobladores con el propósito de dividirlos para después enfrentarlos entre ellos.
Radios comunitarias bajo amenaza
El Copinh mantiene en su haber cinco radioemisoras comunitarias y varios sitios web instalados para hacerle frente al cerco mediático instaurado por el gobierno y la empresa privada. Sin embargo, estos medios de comunicación y las personas que allí laboran, no se escapan de las amenazas e intimidaciones, a pesar de que el gobierno se vanaglorie ante los organismos internacionales de supuestos esfuerzos para defender la libertad de expresión.
A pesar de que hasta hoy no se han manifestado hechos concretos en las radioemisoras, la comunidad indígena ha recibido amenazas de incendios contra estos medios de comunicación, mientras que al personal que ahí labora le llega mensajes telefónicos intimidatorios para que abandonen el abordaje de determinado tema.
“Si siguen hablando de eso van a aparecer con la lengua cortada; solo mierdas hablan, dejen de hablar de eso”, es parte de los mensaje que según Bertha Cáceres, han llegado en más de una ocasión a distintos comunicadores sociales, cuando abordan temas relacionados con la entrega de los ríos y se mencionan a diputados, alcaldes, o simplemente cuando hablan del golpe de estado.
Otra situación que afecta a la comunidad lenca, se deriva del boicot que ha sufrido la señal de las Radio Puca y Opalaca y la Voz Lenca, además de las intervenciones “extrañas” que han afectado sus redes sociales y sitios web.
Con el gobierno anterior firmaron acuerdos para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) exonerara estas emisoras del canon anual, pero la institución gubernamental incumple lo pactado y amenaza con multas enormes si no ejecutan los pagos.
A lo anterior se suma que de las cinco radioemisoras solo una se ha logrado ubicar en la frecuencia autorizada. La coordinadora del Copinh dijo que la frecuencia de la Voz Lenca la situaron en medio de una radio evangélica y de otra comercial que le impiden salir con claridad. “Y siempre andan jodiendo con el alcance, pero nosotros peleamos que el espectro radiofónico es parte del territorio indígena”, expresó.
Igual situación se presenta con el FM de radio Guarajambala, cuando les han manifestado que está fuera del cuadrante. Sin embargo, no le estorba a nadie y la gente la escucha. Y “la de San Francisco Lempira también la hemos tenido que mover porque nos han puesto con una emisora bien fuerte de El Salvador”, expresó Cáceres.
Además de lo anterior el Copinh debe también enfrentar campañas de odio y discriminación a través de las redes sociales como la página de Facebook creada con el nombre de Copinh Honduras para desprestigiar a la organización y en especial la lucha de Bertha Cáceres, donde se difunden mensajes como “no Más Bertha” y “cárcel para Bertha Cáceres y sus compañeros de Copinh”. Además de la desinformación de la lucha del pueblo lenca.
Radio Taragual
Esta es una emisora comunitaria que desde julio de 2014 ha operado en la comunidad lenca de Taragual, municipio de La Iguala, departamento de Lempira. Para el gobierno es ilegal, pero los pobladores están seguros del derecho que les otorga el Convenio 169. Electerio Pérez, líder de la comunidad, explicó a Pasos de Animal Grande, que se vieron obligados a operar libremente, porque la CONATEL les denegó la solicitud para adquirir la frecuencia.
La radioemisora fue instalada con la ayuda de toda la comunidad, sobre todo de las mujeres, que para tal propósito en el 2011 se organizaron para realizar actividades económicas, “haciendo tamales, pan, ticucos, baleadas para recaudar los fondos que sirvieron para las primeras gestiones” dijo Electerio.
Ellos solicitaron la frecuencia en octubre del 2013 y después de nueve meses CONATEL les notificó la denegación argumentando que en ese lugar no hay espectro radiofónico.
La emisora salió al aire en mayo de 2014 localmente y en octubre de ese mismo año cobró mayor potencia y ahora cubre varios municipios de Santa Bárbara, todo el municipio de La Iguala y parte de Lepaera, Lempira. “Nos informaron que las autoridades nos están investigando porque nos ligan con el Frente Nacional de Resistencia Popular y por eso tratan de detenernos”, expresó Electerio, responsabilizando de la situación a activistas y líderes locales del Partido Nacional, incluido, el alcalde Municipal, Mario Orlando Miranda.
Pérez dijo que en el 2011 organizaron la Asociación Indígena para el Desarrollo Comunitario (AIDC) y aunque han gestionado su legalización en la Secretaría del Interior, la personería jurídica sigue siendo un sueño de la comunidad.
¿Y los medios garífunas?
Las comunidades garífunas afiliadas a la OFRANEH mantienen en su haber seis radios comunitarias, Faluma Bimetu, Waruguma, Fugua, Lumalali Baja Mar y Lumalali Guiriga. “Hemos creado radios comunitarias porque consideramos importante contar con medios de comunicación como lo establece el Convenio 169 de la OIT y en este caso los garífunas tenemos derecho a contar con nuestros propios sistemas de comunicación”, dice Miriam Miranda. Sin embargo, agregó que cuatro de esas emisoras han recibido amenazas de parte de CONATEL.
Entre ellas mencionó la Radio Waruguma ubicada en Trujillo Colón; Faluma Bimetu, del Triunfo de la Cruz; Fugua de Sambo Creek y la radio Punta Piedra, como emisoras que han sido requeridas por CONATEL para manifestarles que están violentando el espectro radiofónico y que deben contar con los permisos de operación de las frecuencias, una actitud que para ella es violatoria de los derechos comunales, al considerar que todo apunta a favorecer los intereses de los grandes empresarios de la comunicación.
Miranda dijo que en el departamento de Atlántida quien controla los medios de comunicación es el eterno diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas.
Destacó que la radio en esas comunidades juega un papel importante para informar, sobre el fortalecimiento la de cultura del pueblo garífuna y para la denuncia “y con todos esos requerimientos se evidencia la intención del gobierno en querer cerrar las radios comunitarias” señaló Miranda.
Aseveró que la radio comunitaria educa a la comunidad y defiende los derechos humanos, una situación que también expone a los comunicadores sociales que se ven amenazados por los empresarios nacionales y extranjeros instalados en la región. Desde enero de 2010 cuando fue incendiada Faluma Bimetu, varios de sus miembros están con medidas cautelares. Esta emisora conocida también como Radio Coco Dulce acompaña el rechazo de la comunidad a la instalación del complejo turístico, Bahía de Tela.
Entre tanto, el director de Faluma Bimetu y coordinador de la red de las radios comunitarias de OFRANEH, Alfredo López, explicó que la Radio Waruguma, de Trujillo Colón, enfrenta la amenaza del acaparamiento de las tierras de parte de del empresario canadiense, Randy Roy Jorgensen, conocido en la región, como el Rey del Porno.
Según López, a pesar de que las radioemisoras son de baja potencia, significan un estorbo enorme en las pretensiones de los empresarios y del gobierno “porque los recursos naturales están en las comunidades y cada vez que se va a expropiar un terreno para una represa, para un complejo hotelero, viene la amenaza”.
Asegura que no se intimidan, pero si le exigen al Estado que cumpla el Convenio 169 que fue ratificado por el Congreso Nacional y que les permite operar sus medios de comunicación sin censura alguna.
López urgió la necesidad de una Ley que separe las operaciones de las verdaderas radios comunitarias y las que pertenecen a las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales.
Recordó que el gobierno de Porfirio Lobo, tratando de cumplir algunos compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2010 abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radiofónico, pero que el proyecto elaborado quedó sin efecto, porque el mismo Congreso Nacional y los empresarios lo tildaron de Ley Mordaza, para no aprobarlo.
La situación fue aprovechada por unos pocos y a través de CONATEL lograron la adjudicación de unas pocas frecuencias de radio a quienes acondicionaron hasta sus programaciones. Crearon, según López, la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) con representantes que nada tienen que ver con el tema.
Él es del criterio que estas personas no manejan emisoras comunitarias, pero asumen el papel de esbirros y “sin estar autorizados hablan por nosotros”, indicó.
La difícil situación que viven los pueblos indígenas y negros en lo relativo a la libertad de expresión evidencia la continuación del modelo colonizador, la discriminación y la negación de los derechos ancestrales.
Para las autoridades hondureñas la expansión del modelo neoliberal que favorece al gran capital y la construcción de los proyectos que se proponen los empresarios nacionales y extranjeros es más importante que el derecho a la vida digna de estas comunidades, a pesar que el Estado es suscriptor de innumerables convenios internacionales que forman parte la normativa jurídica de la Nación.
Ellos solicitaron la frecuencia en octubre del 2013 y después de nueve meses CONATEL les notificó la denegación argumentando que en ese lugar no hay espectro radiofónico.
La emisora salió al aire en mayo de 2014 localmente y en octubre de ese mismo año cobró mayor potencia y ahora cubre varios municipios de Santa Bárbara, todo el municipio de La Iguala y parte de Lepaera, Lempira. “Nos informaron que las autoridades nos están investigando porque nos ligan con el Frente Nacional de Resistencia Popular y por eso tratan de detenernos”, expresó Electerio, responsabilizando de la situación a activistas y líderes locales del Partido Nacional, incluido, el alcalde Municipal, Mario Orlando Miranda.
Pérez dijo que en el 2011 organizaron la Asociación Indígena para el Desarrollo Comunitario (AIDC) y aunque han gestionado su legalización en la Secretaría del Interior, la personería jurídica sigue siendo un sueño de la comunidad.
¿Y los medios garífunas?
Las comunidades garífunas afiliadas a la OFRANEH mantienen en su haber seis radios comunitarias, Faluma Bimetu, Waruguma, Fugua, Lumalali Baja Mar y Lumalali Guiriga. “Hemos creado radios comunitarias porque consideramos importante contar con medios de comunicación como lo establece el Convenio 169 de la OIT y en este caso los garífunas tenemos derecho a contar con nuestros propios sistemas de comunicación”, dice Miriam Miranda. Sin embargo, agregó que cuatro de esas emisoras han recibido amenazas de parte de CONATEL.
Entre ellas mencionó la Radio Waruguma ubicada en Trujillo Colón; Faluma Bimetu, del Triunfo de la Cruz; Fugua de Sambo Creek y la radio Punta Piedra, como emisoras que han sido requeridas por CONATEL para manifestarles que están violentando el espectro radiofónico y que deben contar con los permisos de operación de las frecuencias, una actitud que para ella es violatoria de los derechos comunales, al considerar que todo apunta a favorecer los intereses de los grandes empresarios de la comunicación.
Miranda dijo que en el departamento de Atlántida quien controla los medios de comunicación es el eterno diputado nacionalista, Rodolfo Irías Navas.
Destacó que la radio en esas comunidades juega un papel importante para informar, sobre el fortalecimiento la de cultura del pueblo garífuna y para la denuncia “y con todos esos requerimientos se evidencia la intención del gobierno en querer cerrar las radios comunitarias” señaló Miranda.
Aseveró que la radio comunitaria educa a la comunidad y defiende los derechos humanos, una situación que también expone a los comunicadores sociales que se ven amenazados por los empresarios nacionales y extranjeros instalados en la región. Desde enero de 2010 cuando fue incendiada Faluma Bimetu, varios de sus miembros están con medidas cautelares. Esta emisora conocida también como Radio Coco Dulce acompaña el rechazo de la comunidad a la instalación del complejo turístico, Bahía de Tela.
Entre tanto, el director de Faluma Bimetu y coordinador de la red de las radios comunitarias de OFRANEH, Alfredo López, explicó que la Radio Waruguma, de Trujillo Colón, enfrenta la amenaza del acaparamiento de las tierras de parte de del empresario canadiense, Randy Roy Jorgensen, conocido en la región, como el Rey del Porno.
Según López, a pesar de que las radioemisoras son de baja potencia, significan un estorbo enorme en las pretensiones de los empresarios y del gobierno “porque los recursos naturales están en las comunidades y cada vez que se va a expropiar un terreno para una represa, para un complejo hotelero, viene la amenaza”.
Asegura que no se intimidan, pero si le exigen al Estado que cumpla el Convenio 169 que fue ratificado por el Congreso Nacional y que les permite operar sus medios de comunicación sin censura alguna.
López urgió la necesidad de una Ley que separe las operaciones de las verdaderas radios comunitarias y las que pertenecen a las iglesias y otras organizaciones no gubernamentales.
Recordó que el gobierno de Porfirio Lobo, tratando de cumplir algunos compromisos asumidos en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2010 abrió el debate para la formulación de un proyecto de ley con propósitos de ampliar el espectro radiofónico, pero que el proyecto elaborado quedó sin efecto, porque el mismo Congreso Nacional y los empresarios lo tildaron de Ley Mordaza, para no aprobarlo.
La situación fue aprovechada por unos pocos y a través de CONATEL lograron la adjudicación de unas pocas frecuencias de radio a quienes acondicionaron hasta sus programaciones. Crearon, según López, la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH) con representantes que nada tienen que ver con el tema.
Él es del criterio que estas personas no manejan emisoras comunitarias, pero asumen el papel de esbirros y “sin estar autorizados hablan por nosotros”, indicó.
La difícil situación que viven los pueblos indígenas y negros en lo relativo a la libertad de expresión evidencia la continuación del modelo colonizador, la discriminación y la negación de los derechos ancestrales.
Para las autoridades hondureñas la expansión del modelo neoliberal que favorece al gran capital y la construcción de los proyectos que se proponen los empresarios nacionales y extranjeros es más importante que el derecho a la vida digna de estas comunidades, a pesar que el Estado es suscriptor de innumerables convenios internacionales que forman parte la normativa jurídica de la Nación.
Ante esa situación la dignidad y la lucha son la clave para los pueblos indígenas y negros.
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