Por Jorge E. Robledo
Entre 1990 y 2014, las importaciones agrarias
costaron a Colombia 76 mil millones de dólares y pesaron 151 millones de
toneladas. Todos los productos comprados en el exterior podrían haber
sido producidos en el país, pero terminaron destruyendo el agro
nacional.
En 1990 se importaba apenas el 10 por ciento de los 10,3 millones de toneladas que hoy se compran en el exterior, equivalentes al 27 por ciento del total de alimentos que se producen para el consumo interno, con gravísima pérdida de la soberanía alimentaria.
Por el libre comercio decidido por los banqueros globales para reemplazar producción y trabajo nacional por foráneo, promovido por el ex presidente César Gaviria y sus sucesores, desaparecieron más de dos millones de hectáreas de cultivos transitorios.
En una posición muy desairada quedaron quienes justifican el libre comercio tras la falacia, oportunamente desenmascarada, de que el objetivo era aumentar las exportaciones.
Los hechos demuestran que Colombia sigue vendiendo en el exterior lo mismo que antes de 1990: café, banano y flores, más cantidades insignificantes de productos tan exóticos que muy pocos en el mundo saben que existen.
Los neoliberales nos presentan como una genialidad importar lo que comemos los colombianos y a cambio venderle una uchuva a un japonés. Nos tratan como a idiotas.
¿Cuánta ruina y atraso productivo, cuánto desempleo y pobreza significan unas importaciones absurdas?
¿Cuánta capacidad de generar ahorro interno –campesino, indígena y empresarial– han destruido y dilapidado tras la estrategia engañosa de cacarear sobre unas exportaciones que no se han dado en 25 años, ni van a darse, para ocultar que las importaciones sí ocurren indefectiblemente porque poderes descomunales las apalancan con prácticas que de libres no tienen nada?
Una ofensiva en fases
Objetivo: la destrucción del agro nacional
Y esta masacre productiva empeorará porque el arrasamiento del agro apenas va en su primera etapa.
Hace poco empezó la segunda, la definitiva, que rematará a los sectores agonizantes y acabará, reducirá a poco o golpeará duro la producción de arroz, azúcar y panela, agrocombustibles, lácteos, oleaginosas y cárnicos –res, cerdo y pollo–, cuya desprotección crece cada año, de acuerdo con lo pactado en los TLC.
Mientras que algunos ingenuos esperan que los criollos defensores del TLC con Estados Unidos pidan excusas, van saliendo las cifras sobre el aumento de las importaciones: arroz, 2.557 por ciento; maíz, 98; soja: 65; carne de res y cerdo, 62; lácteos, 186; oleaginosas, 108 por ciento, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
De otra parte, y para sacrificar más a los productores agropecuarios, se plantea la eliminación del precio de sustentación de la leche y acabar con el Sistema Andino de Franjas de Precios, medida que, según se dice, Santos aspira tomar.
La Misión Echavarría, siguiendo el artículo 2.17 del TLC con Estados Unidos, propone acabar con las instituciones cafeteras, con lo que las trasnacionales podrán esquilmar más a los productores del grano.
Como si no fuera evidente lo que pasa, crearon otra falacia: que el gobierno debe dedicarse a las muy lejanas y difíciles tierras de la Altillanura y olvidarse de lo que pasa en el resto del campo, donde hay 15 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizadas, a la espera de una política agraria que permita trabajarlas.
El debate no reside en si se desarrolla o no la Orinoquia. El punto es que no usen esa posibilidad para tapar y justificar el crimen del libre comercio y para, contra la Constitución, entregarles más el país a los monopolistas extranjeros, mientras se les niega a los pequeños y medianos productores nacionales, campesinos y empresarios, su derecho a producir en toda Colombia y en esa región.
Una investigación de las universidades de los Llanos y Javeriana publicada por Oxfam demuestra que en la Altillanura sí son rentables la pequeña y la mediana producción.
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