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Por Colombia Informa
Hoy más que nunca es inminente la responsabilidad de militares de alto rango en ejecuciones extrajudiciales. Así lo anunció la organización Human Right Watch -HRW- la mañana de este miércoles en un informe que sindica a 16 Generales como responsables por cerca de tres mil asesinatos de civiles, presentados como bajas guerrilleras en combate.
Juan Manuel Santos salió en defensa de las Fuerzas Armadas mientras la Fiscalía anunció que se desarrollan investigaciones judiciales al respecto. ¿Superará el país la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales?
La antesala del informe de HRW fueron las declaraciones entregadas a los medios por el Fiscal General Eduardo Montealegre quien anunció que el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército, junto a otros tres militares en retiro están siendo investigados por su participación en varios falsos positivos.
El informe
El texto presentado por HRW señala a los actuales comandantes de Ejército y Fuerzas Militares como responsables de numerosos casos. Este documento se construyó con base en las declaraciones del Coronel retirado Robinson González del Río, acusado de corrupción y falsos positivos.
De igual manera, la nota de prensa difundida por HRW asegura que la declaración fue analizada y contrastada con expedientes penales, testimonios de testigos, así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados, entre otras fuentes.
Este material se recolectó a pesar de que muchos casos de ejecuciones extrajudiciales son llevados por la justicia penal militar, lo que anuncia un importante grado de impunidad al respecto.
Los culpables
En el informe de HRW y la investigación de la Fiscalía General de la Nación se menciona al General Mario Montoya. Se le atribuyen por lo menos 44 ejecuciones cometidas por solados que se encontraban bajo su mando en el momento en que comandó el Ejército Nacional, entre 2006 y 2008.
Montoya fue sindicado por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano alias 'Don Berna' de haber coordinado directamente el desarrollo de la operación militar Orión ocurrida en 2003, cuando el militar comandaba la IV Brigada del Ejército: “Las fuerzas de autodefensa del Bloque Cacique Nutibara llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército”, anunció el paramilitar en una de sus versiones libres de Justicia y Paz.
La lista se hace cada vez más robusta. Al General Óscar González Peña, comandante del Ejército de 2008 a 2010, se le señala de conocer que soldados bajo su mando cometieron por lo menos 113 asesinatos de civiles que se presentaron como guerrilleros muertos en combate.
De igual manera, en el informe se anuncia que las investigaciones involucran al General Juan Pablo Rodríguez Barragán, líder de la IV Brigada que conoció las acciones en las que 28 personas fueron ejecutadas. Hoy en día, Barragán es el oficial de mayor jerarquía en Colombia: es el comandante de las Fuerzas Militares.
Por último, en el informe se afirma que 48 ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar fue primer mando. Lasprilla Villamizar comanda actualmente el Ejército Nacional.
La legitimidad de las Fuerzas Armadas y Santos
Lejos de manifestar solidaridad con las víctimas de los tres mil casos de asesinatos extrajudiciales o manifestar algo cercano o parecido a la duda, por aquello de esperar los resultados de las investigaciones judiciales, Santos dio un espaldarazo a las Fuerzas Armadas. En el acto de posesión del nuevo ministro de Defensa Mauricio Villegas, el mandatario afirmó que defenderá la legitimidad de las Fuerzas Militares “hasta la tumba”.
No está de más recordar que el periodo en el cual Santos ejerció el cargo de ministro de Defensa del gobierno Uribe, se generó el primer escándalo de falsos positivos con impacto en la opinión pública. Entonces, el hoy presidente aseguró que se trataba de casos aislados, de “manzanas podridas” en las filas del Ejército.
Lo que parece olvidar el mandatario es que fue justo en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el que se presentó el pico más alto de este crimen de Estado. Según el abogado de la Corporación Jurídica Libertad Sergio Arboleda, las ejecuciones no son casos aislados ni atienden a comportamientos anormales de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, “toda vez que, según informe del Cinep sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia, se presentaron 5700 víctimas entre 2002 y 2014 siendo los años 2003 y 2004 los que marcan los picos más altos.
En el caso del Batallón Pedro Nel Ospina, que presenta una cifra altísima de bajas a pesar de ser un cuerpo de ingenieros dedicado a la infraestructura y no a aspectos de combate, se evidenció que hay una empresa criminal en las Fuerzas Armadas. En el caso de ese Batallón, este año se imputaron cargos a toda su plana mayor por su responsabilidad en asesinatos extrajudiciales”.
Arboleda agregó que esta práctica sistemática tiene dos objetivos claros: Presentar resultados para afirmar que se está ganando la guerra contra la insurgencia, a costa del asesinato de civiles y ganar dádivas para los soldados.
Las afirmaciones de Arboleda permiten concluir que en una estructura tan rígida y organizada como las Fuerzas Armadas, los superiores deben conocer las acciones de sus subordinados. De no ser así, ¿no hubo nunca una pregunta de los comandantes a sus soldados sobre las denuncias insistentes o el abrupto salto en las bajas? ¿Hubo omisión entonces de parte de los líderes? ¿Nunca se enteraron de la avasallante realidad?
No obstante, Arboleda señaló que todas las esferas de las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de estas prácticas y además las promovían al no intervenir: “Eso nos lleva a establecer relación entre hecho victimizantes y doctrina militar, que está diseñada para llevar acciones en contra no solo de fuerza insurgente sino de civiles también, respondiendo a la teoría del enemigo interno”.
Impunidad reinante
No es la primera vez que el país conoce casos de altos mandos de las Fuerzas Armadas involucrados en graves violaciones de derechos humanos. Según declaró el abogado Sergio Arboleda, se trata de un modus operandi de los comandantes militares: “Para las víctimas tiene distintas aristas que la Fiscalía esté investigando a militares de alto rango aunque saludan que después de 15 años de insistencia la justicia escuche sus llamados”.
Según Arboleda, el riesgo de que los casos pasen a jurisdicción de la Justicia Penal Militar sigue siendo alto luego de la aprobación de la ampliación en el Fuero Penal Militar. “Aunque la situación del General Montoya no es aislada, responde a una práctica que se desarrolla desde hace mucho tiempo en las estructuras de las Fuerzas Armadas. Esperamos que las investigaciones tengan un resultado satisfactorio para las víctimas”.
Hasta hoy, son pocos los fallos contra militares de importancia en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. La pregunta sobre si se llegará a un feliz término este primer anuncio de investigaciones sigue abierta, más aun cuando se hace en medio de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y se espera un pronto anuncio de los avances de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional –ELN-. La justicia tiene el reto de permitir que, en un nuevo momento de país, las víctimas sean tenidas en cuenta y que se conozca la verdad para empezar a caminar hacia la verdadera paz, que sin duda implica una revisión profunda de la doctrina militar y las Fuerzas Armadas en su conjunto.
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