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Por Dina Meza | Pasos de Animal Grande
El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida se apresta a dar un veredicto contra el pueblo garífuna de Barra Vieja, en un juicio donde la dilación y la parcialidad hacia el proyecto turístico Bahía de Tela, a través de la Empresa Nacional Portuaria, ENP, como mampara, es una ilegalidad que no logran esconder.
En la tarde de hoy 04 de junio de 2015, el pueblo garífuna espera el veredicto, donde no hay ninguna esperanza de que se les restituyan sus derechos sino que se proceda a fijar una sentencia donde se asuma “como caso cerrado” para el Estado de Honduras. Muchos millones de dólares están en juego para el capital, pero cientos de familias del pueblo Garífuna de Barra Vieja no se quedarán de brazos cruzados, pues han dicho que solo muertos los sacan de allí.
El pasado 13 y 14 de mayo inició la audiencia de debate en ese tribunal. La sala estaba repleta no de público sino de procesados y procedas por usurpación de tierras, eran hombres y mujeres que por década están en su tierra, la cual fue vista como una mercancía y el despojo llegó.
El Estado de Honduras a través de las instituciones involucradas en este caso como la Procuraduría General de la República, PGR, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario, INA, persistieron en su afán de negar la existencia de la comunidad garífuna de Barra Vieja y en general de todo el pueblo.
Aunque los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garífunas del antiguo Triunfo de la Cruz, pero eso no ha valido de nada, porque la rapiña está prevaleciendo, en violación al Convenio 160 de la OIT.
El 14 de mayo se suspendió la audiencia de Debate para “darle tiempo” a la Fiscalía de presentar los testigos que no presentó en esos dos días aduciendo una serie de pretextos, eran un empleado del Instituto Nacional Agrario, INA, para que avala un informe del Consejo Nacional Agrario donde había toda una argumentación favorable al emporio turístico.
El pueblo garífuna, representado a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, tendrá que ir nuevamente a los tribunales internacionales porque aquí en Honduyras, la justicia les cierra las puertas y hay una campaña discriminatoria para quererles presentar incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, como extranjeros en su propia tierra.
Según señala la OFRANEH y para dejar constancia histórica del saqueo, la Empresa Nacional Portuaria se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y que estaba titulado a favor del pueblo Garífuna desde 1902.
A continuación un comunicado de OFRANEH sobre este despojo
El pasado 13 y 14 de mayo inició la audiencia de debate en ese tribunal. La sala estaba repleta no de público sino de procesados y procedas por usurpación de tierras, eran hombres y mujeres que por década están en su tierra, la cual fue vista como una mercancía y el despojo llegó.
El Estado de Honduras a través de las instituciones involucradas en este caso como la Procuraduría General de la República, PGR, el Ministerio Público y el Instituto Nacional Agrario, INA, persistieron en su afán de negar la existencia de la comunidad garífuna de Barra Vieja y en general de todo el pueblo.
Aunque los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garífunas del antiguo Triunfo de la Cruz, pero eso no ha valido de nada, porque la rapiña está prevaleciendo, en violación al Convenio 160 de la OIT.
El 14 de mayo se suspendió la audiencia de Debate para “darle tiempo” a la Fiscalía de presentar los testigos que no presentó en esos dos días aduciendo una serie de pretextos, eran un empleado del Instituto Nacional Agrario, INA, para que avala un informe del Consejo Nacional Agrario donde había toda una argumentación favorable al emporio turístico.
El pueblo garífuna, representado a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, tendrá que ir nuevamente a los tribunales internacionales porque aquí en Honduyras, la justicia les cierra las puertas y hay una campaña discriminatoria para quererles presentar incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, como extranjeros en su propia tierra.
Según señala la OFRANEH y para dejar constancia histórica del saqueo, la Empresa Nacional Portuaria se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y que estaba titulado a favor del pueblo Garífuna desde 1902.
A continuación un comunicado de OFRANEH sobre este despojo
Después de varias horas de espera, el juicio de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, se reanudó en horas de la tarde del día de ayer, persistiendo el Estado de Honduras en denegar la existencia de la comunidad y la condición de indígenas del pueblo Garífuna.
Se supone que el día de hoy en horas de la tarde se emitirá una resolución, la que es de esperar será a favor de la Empresa Nacional Portuaria. Honduras al igual que en “Alicia en el país de las maravillas”, la sentencia precede a los cargos.
Los tres intentos de desalojo efectuados el año pasado en contra de Barra Vieja, podemos indicar que forman parte de una sentencia a priori, de un juicio que se vino a efectuar meses después de las arremetidas en contra de la comunidad por parte de las fuerzas de seguridad estatales.
Los ancianos de Barra Vieja han brindado múltiples testimonios sobre la presencia del pueblo Garífuna, la que se remonta a finales del siglo XIX, cuando las compañías fruteras desplazaron a los Garifunas del antiguo Triunfo de la Cruz, los que se vieron obligados a relocalizarse en el nuevo Triunfo y en Tornabé.
El cabo Santa Marta, cayo Tornabé -como se le conoce a Barra Vieja en los archivos catastrales- fue donado a la Empresa Nacional Portuaria por el Procurador Nacional de la República, el Señor Serapio Hernández Castellanos, el 18 de septiembre de 1975, a través de la escritura pública No.29, otorgada en Puerto Cortes.
En ningún momento a la comunidad de Barra Vieja o Tornabé se les notificó de la entrega de su territorio a la EPN.
Cabe recordar como la EPN se apropió de los terrenos de Puerto Castilla, cuando el 1976 el general Álvarez Martínez, pistola en mano, hizo firmar a los miembros de la comunidad de Cristales y Río Negro la cesión del territorio ancestral conocido como la Puntilla y titulado a favor del pueblo Garífuna en 1902.
En la actualidad se está fraguando una expulsión más de los habitantes de Puerto Castilla promovida por la EPN, para la construcción de una supuesta ciudad modelo (ZEDE)
La debacle por la cual atraviesa Honduras está cimentada en el saqueo tanto de instituciones como de territorios, situación que se agravó con el golpe de estado del año 2009.
Para los empresarios asociados con el INDURAS RESORT, la presencia de Barra Vieja contiguo a su emporio, se convierte en una afrenta, ya que existen planes para terminar de destruir los humedales de la Laguna de Micos (RAMSAR 722).
El juicio de Barra Vieja no es más que una farsa judicial, ante la garrafal omisión de un procedimiento indispensable que omitieron el año pasado antes de haber intentado los desalojos.
El haber escogido las ruinas del edificio de la Tela Rail Road Company para llevar a cabo el juicio, es una señal inequívoca de no haber superado la etapa neocolonial en la cual se sumió Honduras en el siglo XX y que parece ser, se está repitiendo de nuevo en el siglo XXI.
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