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| Foto prensaenmarcha.org |
Los caminos de la justicia conducen a Roma
Por Daniel Gatti | Rel-UITA
Lo que en su país no les pasó les puede pasar en Italia: dos militares uruguayos podrían ser juzgados en ese país el año próximo por el secuestro y desaparición de 13 militantes de izquierda ítalo-uruguayos desaparecidos en Buenos Aires en los años setenta.
A Roma deberían ir también a declarar 17 militares bolivianos, chilenos y peruanos implicados en otros casos, siempre por la represión clandestina desarrollada en el marco del Plan Cóndor de colaboración entre las dictaduras del Cono Sur latinoamericano.
La lista de procesamientos decididos por el juez italiano Alessandro Arturi abarca a un total de 21 personas, pero entre ellas hay dos ya fallecidas; los uruguayos Juan María Bordaberry, un ex dictador civil que pasó sus últimos años en prisión domiciliaria, y el ex coronel Carlos Calcagno, que murió en la cárcel en 2013.
Los uruguayos que deberían declarar en Roma en febrero de 2015 son el coronel retirado Pedro Antonio Mato y el general retirado Iván Paulós.
Paulós, que dirigió el Servicio de Información y Defensa de la dictadura durante varios años y fue uno de sus principales personeros, nunca fue juzgado en Uruguay por delito alguno.
A Mato se lo quiso enjuiciar por el asesinato en torturas del militante demócrata-cristiano Luis Batalla, en 1972, cuando en el país todavía no se había producido el golpe de Estado, pero huyó hacia Brasil y permanece prófugo.
La justicia italiana pediría la extradición de ambos, pero con Mato podría no llegar a tener suerte, porque tiene también la nacionalidad brasileña y Brasil no concede extradiciones de sus ciudadanos. La extradición de Paulós sería más factible.
De todas maneras, a Mato se lo puede juzgar en Brasil.
“Es cierto que es un principio constitucional (que en Brasil no se puede extraditar a los nacionales), pero esto no significa, o no debe significar, impunidad.
Si Brasil no extradita brasileños juzga en Brasil, bajo las leyes del país, al infractor”, comentó hace un tiempo a la radio Nacional de Montevideo el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos Jair Krischke.
Otros militares y civiles uruguayos implicados en otros secuestros de ítalo-uruguayos, por los que ya fueron juzgados en Uruguay y condenados a penas de prisión, podrían ser citados en una nueva instancia. El juez Arturi quiere juzgarlos también en Italia.
Entre esos acusados están algunos de los represores más emblemáticos: los militares Gilberto Vázquez, José Nino Gavazzo, Ricardo Medina, José Ricardo Arab, Jorge Silveira, Luis Maurente, José Sande y el civil Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura.
La particularidad del proceso en Italia es que además de los familiares de las víctimas también el Estado uruguayo es parte civil querellante.
Otros dos militares uruguayos, Jorge Tróccoli y Antranig Ohanessian figuran en expedientes separados en los tribunales italianos.
Los dos estuvieron detenidos en su momento, Tróccoli en Italia y Ohanessian en Buenos Aires, pero por distintos motivos fueron excarcelados.
De Tróccoli se sabe que vive en Italia y el fiscal Giancarlo Capaldo pidió su detención, todavía no concretada. Ohanessian fue detenido en Montevideo en 2013 por Interpol, también a solicitud de Capaldo, para ser extraditado y espera el fallo de la justicia uruguaya.
En Uruguay son muy pocos los responsables de la dictadura que han sido llevados a prisión, aprovechando algunos resquicios dejados por una ley de impunidad que dejó sin castigo a la gran mayoría de ellos y no ha podido ser anulada a pesar de que la coalición progresista Frente Amplio lleva dos períodos de gobierno con mayoría parlamentaria propia.
La lista de procesamientos decididos por el juez italiano Alessandro Arturi abarca a un total de 21 personas, pero entre ellas hay dos ya fallecidas; los uruguayos Juan María Bordaberry, un ex dictador civil que pasó sus últimos años en prisión domiciliaria, y el ex coronel Carlos Calcagno, que murió en la cárcel en 2013.
Los uruguayos que deberían declarar en Roma en febrero de 2015 son el coronel retirado Pedro Antonio Mato y el general retirado Iván Paulós.
Paulós, que dirigió el Servicio de Información y Defensa de la dictadura durante varios años y fue uno de sus principales personeros, nunca fue juzgado en Uruguay por delito alguno.
A Mato se lo quiso enjuiciar por el asesinato en torturas del militante demócrata-cristiano Luis Batalla, en 1972, cuando en el país todavía no se había producido el golpe de Estado, pero huyó hacia Brasil y permanece prófugo.
La justicia italiana pediría la extradición de ambos, pero con Mato podría no llegar a tener suerte, porque tiene también la nacionalidad brasileña y Brasil no concede extradiciones de sus ciudadanos. La extradición de Paulós sería más factible.
De todas maneras, a Mato se lo puede juzgar en Brasil.
“Es cierto que es un principio constitucional (que en Brasil no se puede extraditar a los nacionales), pero esto no significa, o no debe significar, impunidad.
Si Brasil no extradita brasileños juzga en Brasil, bajo las leyes del país, al infractor”, comentó hace un tiempo a la radio Nacional de Montevideo el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos Jair Krischke.
Otros militares y civiles uruguayos implicados en otros secuestros de ítalo-uruguayos, por los que ya fueron juzgados en Uruguay y condenados a penas de prisión, podrían ser citados en una nueva instancia. El juez Arturi quiere juzgarlos también en Italia.
Entre esos acusados están algunos de los represores más emblemáticos: los militares Gilberto Vázquez, José Nino Gavazzo, Ricardo Medina, José Ricardo Arab, Jorge Silveira, Luis Maurente, José Sande y el civil Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura.
La particularidad del proceso en Italia es que además de los familiares de las víctimas también el Estado uruguayo es parte civil querellante.
Otros dos militares uruguayos, Jorge Tróccoli y Antranig Ohanessian figuran en expedientes separados en los tribunales italianos.
Los dos estuvieron detenidos en su momento, Tróccoli en Italia y Ohanessian en Buenos Aires, pero por distintos motivos fueron excarcelados.
De Tróccoli se sabe que vive en Italia y el fiscal Giancarlo Capaldo pidió su detención, todavía no concretada. Ohanessian fue detenido en Montevideo en 2013 por Interpol, también a solicitud de Capaldo, para ser extraditado y espera el fallo de la justicia uruguaya.
En Uruguay son muy pocos los responsables de la dictadura que han sido llevados a prisión, aprovechando algunos resquicios dejados por una ley de impunidad que dejó sin castigo a la gran mayoría de ellos y no ha podido ser anulada a pesar de que la coalición progresista Frente Amplio lleva dos períodos de gobierno con mayoría parlamentaria propia.
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