Representantes de víctimas exigieron al arzobispado de San Salvador la entrega de los archivos que documentan más de 50 mil casos de violaciones a los derechos humanos, durante y después del conflicto armado (1980-1992).
A un año del cierre abrupto de la Oficina de Tutela Legal, por el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, las organizaciones advirtieron que los únicos que pueden decidir qué hacer con los documentos son los familiares y las víctimas.
En 1977, monseñor Oscar Arnulfo Romero creó el Socorro Jurídico del Arzobispado como una institución de ayuda legal para los pobres, luego en 1982 fue transformada bajo la dirección de monseñor Arturo Rivera Damas en Tutela Legal y se convirtió en un organismo de protección de derechos humanos.
Testimonios de masacres como Río Sumpul y El Mozote, donde fueron exterminados casi mil campesinos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, incluidos los documentos sobre el asesinato de Monseñor Romero, entre otros graves crímenes, estaban contenidos en la Oficina.
Tras su cierre el 30 de septiembre de 2013, el viernes 18 de octubre las instalaciones de Tutela Legal fueron allanadas por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con declaraciones en aquellos momentos del fiscal general Luis Martínez, el operativo estaba relacionado con la decisión de investigar las masacres ocurridas durante la guerra civil salvadoreña y, por lo tanto, con la necesidad de preservar información importante sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos.
A raíz de su clausura, Wilfredo Medrano, subdirector de Tutela Legal, lamentó lo sucedido y calificó de irresponsable la decisión del arzobispo.
"Tutela Legal tiene el archivo histórico del conflicto armado. Hay más de 50 mil denuncias de desaparecidos, asesinatos y torturados. El archivo no es de la iglesia católica, sino del pueblo que lo construyó con dolor", dijo Medrano a medios de prensa en esa ocasión.
Las víctimas así como organizaciones de derechos humanos, subrayaron en conferencia de prensa que "nunca se dio una justificación sobre el cierre de Tutela Legal", y consideraron que lo que se trata es "de callar el trabajo de Derechos Humanos".
En 1977, monseñor Oscar Arnulfo Romero creó el Socorro Jurídico del Arzobispado como una institución de ayuda legal para los pobres, luego en 1982 fue transformada bajo la dirección de monseñor Arturo Rivera Damas en Tutela Legal y se convirtió en un organismo de protección de derechos humanos.
Testimonios de masacres como Río Sumpul y El Mozote, donde fueron exterminados casi mil campesinos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, incluidos los documentos sobre el asesinato de Monseñor Romero, entre otros graves crímenes, estaban contenidos en la Oficina.
Tras su cierre el 30 de septiembre de 2013, el viernes 18 de octubre las instalaciones de Tutela Legal fueron allanadas por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con declaraciones en aquellos momentos del fiscal general Luis Martínez, el operativo estaba relacionado con la decisión de investigar las masacres ocurridas durante la guerra civil salvadoreña y, por lo tanto, con la necesidad de preservar información importante sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos.
A raíz de su clausura, Wilfredo Medrano, subdirector de Tutela Legal, lamentó lo sucedido y calificó de irresponsable la decisión del arzobispo.
"Tutela Legal tiene el archivo histórico del conflicto armado. Hay más de 50 mil denuncias de desaparecidos, asesinatos y torturados. El archivo no es de la iglesia católica, sino del pueblo que lo construyó con dolor", dijo Medrano a medios de prensa en esa ocasión.
Las víctimas así como organizaciones de derechos humanos, subrayaron en conferencia de prensa que "nunca se dio una justificación sobre el cierre de Tutela Legal", y consideraron que lo que se trata es "de callar el trabajo de Derechos Humanos".
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