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Una vez celebrada la segunda vuelta del proceso
electoral, y una vez conocida la victoria del General Otto Pérez Molina,
la noticia principal no es que la derecha se aúpa al poder en
Guatemala.
Nunca dejó de estar allí. Además, ambos candidatos eran
fieles defensores de un Estado limitado en derechos -que no en
represión-, marcado por la impunidad y la violencia -el caso de la
violencia machista es especialmente grave.
Un Estado que propugna un
modelo socioeconómico extractivista, excluyente y ultraliberal, y que
niega de manera sistemática los derechos de las clases populares, así
como la plurinacionalidad del territorio.
Sí, es cierto, el grado de ambigüedad de ambos contendientes ha sido diferente: mientras Pérez Molina hablaba sin ambages de mano dura
y de un modelo basado en las concesiones mineras y de otros bienes
primarios a las transnacionales, Baldizón proponía una agenda de picoteo,
mezclando en su programa la posibilidad de organizar un mundial de
fútbol con la idea de establecer una decimoquinta paga, a la vez que
recortaba los impuestos en base a un impuesto único personal –en uno de
los países con la presión fiscal más baja del mundo-. Como lo oyen.
Por
lo tanto, como decimos, la derecha en el poder no es el asunto. La
noticia está en que será un genocida, el militar responsable de la
política de tierra arrasada durante el conflicto armado en el
Departamento del Quiché, quien tomará las riendas durante cuatro años
del poder ejecutivo guatemalteco. ¿Y cómo puede ser -nos preguntamos-
que el mismo pueblo que sufrió su violencia y represión lo elija ahora
como presidente?
Pues estamos respondiendo que esta realidad se debe a
que Guatemala es realmente un Estado fallido, donde la impunidad
campa a sus anchas, y donde no existen derechos de las personas ni de
los pueblos; donde casi nadie en las clases populares cree en los
procesos electorales como estrategias de cambio; continuemos
respondiendo que la violencia actual, aunque bajo otro prisma, sigue
siendo igual de protagonista que lo era en los tiempos del conflicto
armado; y, finalmente, hablemos de la estrategia de campaña del futuro
presidente –una campaña que empezó hace 4 años-, en la que, gracias
entre otras cosas a sus vínculos con la represión y con la economía
ilegal, azuzó la ingobernabilidad a través de un aumento de la violencia
sistemática, dentro de una lógica de yo “controlo la violencia, nadie pude pararla, sólo yo puedo, porque la puedo generar”.
Ante
esta nueva coyuntura, y ante la irrelevancia demostrada por los
procesos electorales, la única alternativa constructiva y legítima pasa
por la necesaria articulación de los movimientos sociales y comunitarios
en torno a una agenda amplia y multidimensional, que aglutine
indígenas, campesinado, comunidades, feministas, trabajadores y
trabajadoras. Una agenda que permita plantear en clave política una
estrategia de confrontación con el modelo hegemónico vigente. De esta
manera, la unidad de acción, el entendimiento mutuo, y la articulación
real de agendas sectoriales diversas, son los grandes retos que tiene la
izquierda social por delante.
¿Y
desde Europa, qué? ¿Qué debe hacer la izquierda europea ante esta nueva
tesitura? Por supuesto, se deben estrechar al máximo los lazos de
solidaridad –no confundir solidaridad sólo con cooperación
internacional-. Así, debemos participar en la generación y
fortalecimiento de alianzas con dichos movimientos sociales
guatemaltecos, desde apuestas comunes y luchas compartidas; debemos
vigilar y denunciar la labor de nuestras transnacionales en
Guatemala, con un impacto social, económico y ecológico tan dañino; y
debemos enfrentarnos conjuntamente a los Acuerdos de Asociación (ADA),
entre Centroamérica y la UE, que apuestan por un modelo de capitalismo salvaje.
El
General ha vuelto, el genocida regresa con banda presidencial. General,
tenga usted bien claro que tendrá enfrente a la izquierda de aquí y de
allá, no le tenemos miedo.
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