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Para comprender el significado histórico de las elecciones
presidenciales y parlamentarias que acaban de realizarse en Nicaragua es
necesario comenzar por conocer su contexto jurídico-político, que ha
sido el primer blanco de los ataques de la derecha nicaragüense en su ya
fallido empeño por descalificar ese proceso electoral.
Antes que nada, han
cuestionado la legalidad de la candidatura presidencial
del Comandante Daniel Ortega y la investidura de los magistrados que
integran el Consejo Supremo Electoral.
Para lo primero, la derecha antisandinista se basa en que la
Constitución establece la prohibición de la reelección por dos períodos
consecutivos. La otra prohibición constitucional, de ser electo más de
dos veces en el cargo de Presidente de la República, no procede aquí
porque la reforma que la estableció se hizo con posterioridad al primer
período presidencial del también actual Presidente de Nicaragua, debido a
lo cual en este caso, de aplicarse aplicarse esta norma se estaría
violentando el principio jurídico y constitucional de irretroactividad
de la ley.
La Corte Suprema de Justicia, ante un recurso interpuesto por el FSLN
frente al rechazo inicial de la candidatura de Daniel Ortega por parte
del Consejo Supremo Electoral en base a la primera prohibición señalada,
dispuso que el artículo constitucional donde se establecen ambas
prohibiciones es inaplicable, razón por la cual quedó legalizada la
candidatura del actual Presidente reelecto de Nicaragua.
En reciente comparescencia ante acompañantes internacionales del
proceso electoral nicaragüense, el magistrado Francisco Rosales
planteaba que la inaplicabilidad de dicho artículo está basada
doctrinariamente en el principio constitucional de la soberanía popular,
según el cual una reforma legislativa que limite derechos
constitucionales del soberano, que es el pueblo según la misma
Constitución, solamente puede ser hecha directamente por éste mediante
referéndum o en Asamblea Constituyente (es decir, electa con el mandato
específico de hacer una nueva Constitución, debido a que tal reforma
altera el cuerpo dogmático fundamental de la misma).
Esto tomando en
cuenta que la prohibición de la reelección limita el derecho del pueblo a
elegir representantes y gobernantes, y el derecho de los ciudadanos a
ser elegidos para cargos públicos; y que tal prohibición no forma parte
de la versión original de la Constitución elaborada en 1987, sino que
fue incorporada en la reforma de 1995, la cual además, ni siquiera fue
sometida a consulta con la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurrió
para la elaboración original de la Constitución en su primera versión,
cuando se hicieron los llamados cabildos abiertos en los que fueron
incorporados importantes aportes de las decenas de miles de ciudadanos
que participaron.
La pertinencia en la aplicación del principio constitucional en el
cual se basó la resolución de inaplicabilidad de las prohibiciones a la
reelección, queda refrendada por el hecho de que al año siguiente de
dicha reforma constitucional, en las elecciones presidenciales,
parlamentarias y de autoridades locales realizadas en 1996, todos los
partidos que la promovieron y cuyos diputados la aprobaron, sacaron cada
uno menos del 1% de los votos.
Esto sucedió porque cuando se hicieron
esas reformas, los partidos de derecha con menos apoyo popular hacían
mayoría en el Poder Legislativo, mientras los dos partidos mayoritarios
de entonces (el FSLN, de izquierda y el PLC, de derecha) tenían una
escasa presencia en dicho poder del Estado, lo cual se debía a que la
mayor parte de los diputados sandinistas habían renunciado al FSLN y a
que cuando los diputados de entonces fueron elegidos en 1990, aún el PLC
no se había convertido en la gran fuerza política que llegaría a ser
pocos años después.
El otro señalamiento de la oposición antisandinista respecto a lo que
es para ella la falta de legitimidad del proceso electoral, se basa en
lo que considera como ilegalidad en el ejercicio de sus cargos, por
parte de los magistrados que integran el Consejo Supremo Electoral,
debido a que su período expiró en fecha reciente y por tanto, ya la
Asamblea Nacional debía haber electo a sus sustitutos o a ellos mismos
si fuera el caso, en los cargos que actualmente ocupan.
Pero fue
precisamente ante la negativa de la Asamblea a elegir magistrados que el
Presidente Daniel Ortega decretó la prórroga en el ejercicio de sus
cargos para los actuales magistrados, haciendo uso de facultades que la
Constitución le confiere en aras de salvaguardar la estabilidad del
país, amenazada con la no elección de magistrados y el consiguiente caos
institucional, como forma de chantaje político ejercido por la
oposición (con mayoría parlamentaria en la actualidad), cuyos diputados
tenían como objetivo colocar como magistrados a personas políticamente
afines y a sí mismos.
Y los responsables evidentes y confesos de la no
elección de magistrados que les corresponde llevar a cabo, no pueden
hacer reclamo alguno basado en dicha situación claramente creada por
ellos, tomando en cuenta además que el decreto presidencial prorrogando
los cargos de los magistrados establece claramente que dicha prórroga es
válida en tanto el Poder Legislativo, tal como corresponde, elija a los
nuevos magistrados o reelija a los actuales.
Sin embargo, la deslegitimación de las elecciones que la derecha
pretende con estos señalamientos (infundados, tal como se acaba aquí de
demostrar) queda absolutamente en nada desde el momento en que inscribe a
sus candidatos ante esas autoridades cuya legitimidad cuestiona como
fundamento para señalar como anómalo el proceso electoral, y al competir
en dicho proceso con el candidato al que ella acusa de ilegal como
fundamento también de su cuestionamiento a la legalidad de esas
elecciones en las que también participa.
Otro argumento de la derecha para descalificar el proceso electoral
es la acusación al FSLN de utilizar la presencia de personas que le son
afines en el Poder Electoral para manipular la entrega de las cédulas
que sirven para poder votar, sólo que en este caso, de ser cierta la
desventaja resultante de la situación mencionada la derecha no hubiese
acudido a las elecciones, pues nadie va a una competencia sabiendo de
antemano que va a perder.
Es fácilmente verificable el hecho por tanto
innegable, de que al comparar las elecciones presidenciales actuales con
las anteriores, el aumento en la cantidad de ciudadanos que acudieron a
votar se corresponde proporcionalmente con los índices históricos de
crecimiento poblacional en nuestro país, esto sin mencionar la extrema
flexibilidad legal que existe en el uso de la cédula para el voto en
Nicaragua, siendo válidas para ejercerlo incluso, las que ya están
vencidas.
El carácter falaz de los señalamientos de la derecha en este
sentido en contra del proceso electoral, quedó al descubierto cuando se
comprobó que la inmensa mayoría de quienes se manifestaban en algunas
ciudades del país reclamando sus cédulas, ya las tenían.
Fiabilidad y transparencia del proceso electoral
En lo que concierne al proceso electoral en sí, en primer lugar debe
señalarse que con una diferencia superior a treinta puntos porcentuales
en unas elecciones donde todos los contendientes tienen fiscales al
menos en la gran mayoría de los lugares donde se ejerce el voto, es
imposible que se proclame vencedor al que perdió y viceversa; lo cual
fue, por cierto, claramente señalado por el Jefe de Misión de la Unión
Europea al ser entrevistado poco después de saberse los resultados
preliminares, ocasión en la cual agregaba dicho funcionario que por tal
razón en estas elecciones, bajo ninguna circunstancia cabía el tan
utilizado término de fraude.
En cuanto al porcentaje obtenido por el FSLN, que le otorga mayoría calificada en la Asamblea Nacional, tal circunstancia no se vería alterada ni aún en el caso de que se aceptaran como ciertos los señalamientos concretos de irregularidades (que son muy pocos, a diferencia de las quejas al aire de quienes han presentado esos señalamientos) hechos por quienes obtuvieron el segundo lugar tanto en la elección presidencial como en las parlamentarias; a pesar de que en ningún caso han presentado pruebas, y de que entre las poquísimas impugnaciones de Juntas Receptoras de Votos que hubo en estas elecciones, no fue impugnada casi ninguna de las Juntas por ellos señaladas (en buena parte de las cuales tuvieron fiscales para hacerlo).
Un argumento muy usado en contra del proceso electoral por los que
quedaron en segundo lugar ha sido la ausencia de sus fiscales en algunas
JRV, en todas las cuales sin embargo quedó claro, como consta en las
correspondientes Actas de Constitución, que esos fiscales no se habían
presentado a la hora en que se constituyó cada una de ellas,
circunstancia en la cual las normas establecidas impiden su presencia
durante el resto del proceso electoral, de lo cual a quien escribe le
correspondió ser testigo junto a los acompañantes internacionales
invitados por el FSLN.
Otro argumento contra el proceso electoral ha sido la entrega tardía
de credenciales a los fiscales del PLI (el partido que quedó en segundo
lugar), pero quienes usan este argumento no dicen que dicho partido
cambió los nombres de miles de sus fiscales cuando ya las elecciones
estaba a punto de realizarse, obligando con ello al Consejo Supremo
Electoral a hacer esfuerzos extraordinarios, en un alarde de
flexibilidad, para que los nuevos fiscales nombrados pudieran ser
acreditados. En todo caso, esta situación no impidió que en la inmensa
mayoría de JRV hubiera fiscales del partido en cuestión debidamente
acreditados, razón por la cual no puede ser motivo para cuestionar los
resultados electorales.
Por su parte, el informe de los organismos internacionales
acompañantes del proceso no desmiente nada de lo dicho aquí, sino que
por el contrario, confirma buena parte de lo ya planteado,
independientemente de la manipulación mediática a través de la cual,
cuando alguno de esos organismos afirma que no hubo fraude y que los
resultados electorales oficialmente proclamados son confiables, pero a
la par de ello señala lo que considera como irregularidades, los medios
de la derecha usan esto último como titular de la noticia
correspondiente, para dar la impresión al lector (que en muchos casos
sólo lee los titulares) de que el organismo está calificando como
fraudulento el proceso.
Pero en todo caso, la legitimidad de las
elecciones no proviene de organismo internacional alguno, sino de la
participación popular, las autoridades competentes y la fiscalización de
los partidos, cuya inconformidad genuina se manifiesta a través de las
impugnaciones, que como ya se ha dicho fueron más escasas que nunca y
por tanto, a todas luces insuficientes para considerar que el proceso
electoral fue fraudulento o que sus resultados son dudosos.
El no reconocimiento de su derrota por parte del PLI ya estaba
anunciado, pues recuérdese que para este partido el único resultado
aceptable era su triunfo. Pero el no reconocimiento del resultado de las
elecciones por el PLC resulta francamente ridículo, ya que al reclamar
para sí el segundo lugar y adjudicar el tercero a los que quedaron en
segundo (lo cual es ya de por sí descabellado debido a la diferencia
abismal entre el 5.91% del PLC y el 31% del PLI), este partido está
reconociendo tácitamente que el primer lugar corresponde al FSLN.
Por lo demás, sería verdaderamente extraño que además de haber fraude
en las elecciones, todas las firmas encuestadoras se hubieran
equivocado previamente de manera tal que sus resultados fueran
confirmados por los de las elecciones fraudulentas, pues como sabe todo
aquel que esté medianamente informado sobre estadística electoral, para
que los resultados electorales confirmen los de las encuestas se hace
una proyección de éstas en la cual el porcentaje electoral aumenta para
todos los participantes en relación con el de las encuestas, aunque
manteniendo las relaciones porcentuales entre los competidores; debido a
que el porcentaje electoral no se refiere al total de la población
votante – como sí lo es el respaldo a cada partido en las encuestas –,
sino a los votos válidos que resultan de la diferencia entre el total de
votos emitidos y los votos nulos, además de que siempre en las
encuestas existe un margen de indecisos que disminuye (aunque no
desaparezca en su totalidad) el día de la votación.
Significado histórico e impacto político del triunfo sandinista en el proceso revolucionario nicaragüense
Estas son las primeras elecciones en las que el sandinismo se
enfrenta desde el gobierno a la extrema derecha en condiciones de paz,
por lo cual sus resultados demuestran la potencia revolucionaria de la
conciencia popular en Nicaragua. Desde el punto de vista práctico, son
dos las razones que permitieron al sandinismo alcanzar ese espectacular
62.46% en esta contienda electoral:
En 1989, a punto de realizarse las elecciones presidenciales del año siguiente, el entonces Ejército Popular Sandinista puso los tanques frente a la embajada norteamericana en Nicaragua como correcta respuesta al cerco militar que las tropas interventoras en Panamá habían tendido sobre la embajada nicaragüense en ese país. Esto hizo que el FSLN bajara verticalmente (es decir, casi de inmediato) diez puntos porcentuales en las encuestas, debido al miedo a una intervención directa de Estados Unidos en Nicaragua.
Este porcentaje de la población votante en
Nicaragua es el mismo que en tres elecciones presidenciales continuas
con cinco años de intervalo entre ellas, se manifestó como esa parte del
pueblo nicaragüense que prefería votar por el FSLN y no lo hacía porque
su respaldo al sandinismo no era tanto como para pagar el costo de una
confrontación con Estados Unidos, a diferencia del 40% con que siempre
ha contado (puntos más o puntos menos) el FSLN en lo que los
encuestadores llaman el voto cautivo, que es en este caso el porcentaje
del pueblo cuya identificación con el sandinismo es tal, que vota por el
FSLN aún a riesgo de una guerra y un bloqueo económico.
Aquel 10% que a pesar de simpatizar con el FSLN no votaba por él, sino incluso en su contra, lo hacía porque tenía miedo debido a la campaña de la derecha en que se presentaba el triunfo sandinista como la posibilidad de que volviera la guerra, el servicio militar y el bloqueo económico al país. Ese miedo desapareció al no suceder esto luego de que el FSLN volviera al gobierno en 2006 con un 38% debido a la división de la derecha. La desaparición de ese miedo significó, por tanto, en estas elecciones de 2011 un aumento de diez puntos porcentuales a favor del sandinismo, los mismos que no había logrado recuperar desde 1990.
Los
otros diez puntos en que aumentó aproximadamente el voto a favor del
FSLN, provienen en parte de quienes sin haber simpatizado nunca antes
con el sandinismo, esta vez votaron a su favor al haber sido
beneficiados por la política social del actual gobierno revolucionario, o
porque esperan serlo en el futuro, pero más que un voto en pago por un
beneficio ya recibido o que se quiere recibir, esto debe asumirse
éticamente como un reconocimiento a la preocupación por el pueblo que ha
demostrado este gobierno en contraste con la indiferencia de los
anteriores, pues parte de ese aumento porcentual nace del voto de
quienes, sin haber sido beneficiados y sin esperar serlo porque sus
condiciones de vida no son las peores, se suman a este reconocimiento
porque han podido ver la mejoría en las condiciones de vida de mucha
gente y decidieron dar su voto a favor de que esta mejoría llegue a una
cantidad mayor de nicaragüenses.
Carlos Fonseca decía que los revolucionarios deben ser implacables en
el combate y generosos en la victoria. La humildad, que también debe
caracterizar a los revolucionarios, contribuye a esa generosidad. Esto
no solamente es ético, sino inteligente desde el punto de vista
político, pues aunque jurídicamente con la mayoría calificada obtenida
en el Poder Legislativo el FSLN no está obligado a consensuar nada con
nadie, políticamente es necesario hacerlo en aras de la estabilidad
política que el país necesita para continuar avanzando en su
transformación revolucionaria con la efectividad mostrada hasta ahora, y
el primero en hacer ver esto ha sido nada menos que el propio
Presidente reelecto y principal líder del sandinismo, Comandante Daniel
Ortega.
Los militantes del FSLN no irán ahora a burlarse de los que no son
sandinistas o de los activistas de los otros partidos, sino a compartir
con todos sus vecinos, compañeros de trabajo y amigos,
independientemente de su color político, la alegría de saber que el
pueblo nicaragüense ha decidido en libertad y de que cuando se consolida
la democracia, tal como ha ocurrido en Nicaragua con estas elecciones,
los únicos perdedores son aquellos cuyos intereses se contradicen con
los derechos de los demás, con el bien común y con la felicidad de
todos.
Es necesario reconocer, además, que seguramente muchos nicaragüenses
(que para efectos estadísticos estarían dentro del 10% aproximado de los
votos sumados por la política social de los últimos cinco años) votaron
por el FSLN aún estando en desacuerdo (equivocadamente o no) con
algunas cosas que está haciendo el sandinismo desde el gobierno o con
cosas que hace el FSLN como partido (o con la manera en que algunas
cosas se hacen; pudiendo ser o no correctas esas cosas y/o la manera de
hacerlas), pero que consideraron una mejor opción votar por un gobierno
que ha demostrado su capacidad de mejorar la vida de mucha gente, que no
hacerlo o peor aún, hacerlo por tendencias políticas que habiendo
gobernado antes, no han demostrado lo mismo, ni la intención de
lograrlo.
El FSLN debe establecer formas de trabajo que le permitan una
comunicación con estos ciudadanos, a través de la cual pueda compartir
su mensaje siendo capaz no solamente de persuadir, sino de escuchar y
asumir errores, pero también debe ser suficientemente autocrítico para
identificar fallas no necesariamente señaladas por aquellos que puedan
tener desacuerdos con ciertas cosas o con la manera en que se hacen, y
que puedan estar causando errores que sí son considerados como tales por
ellos, o incluso otros errores que pueda estar cometiendo el FSLN y que
sólo éste se encuentre en condiciones de detectar.
Y para terminar, una breve anécdota. El suscrito fue enviado
recientemente, en razón del cargo que desempeña dentro del FSLN, a una
actividad política en Santiago de Chile. En esa actividad se encontraba
la madre de un combatiente internacionalista caído en combate
defendiendo la Revolución Sandinista durante la guerra de los ochenta en
Nicaragua; una anciana chilena que desde entonces había caído en
depresión y no salía de su casa, razón por la cual no se le veía ni
siquiera en los actos donde se recordaba a su hijo, pero participó en la
actividad mencionada y cuando supo de la agradable sorpresa que
ocasionó su presencia entre quienes la conocían y por primera vez la
veían paticipando en algo así, explicó que sólo ahora, al saber que los
sandinistas habían recibido el apoyo mayoritario del pueblo
nicaragüense, le había vuelto a encontrar sentido a la muerte de su
hijo.
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