miércoles, 21 de octubre de 2015

Sindicatos salvadoreños buscan reformas laboral por vía de sentencia constitucional

Por Gilberto García | CEAL

A pesar de haberse iniciado ya el quinto año en El Salvador de un gobierno de izquierda al frente del Ejecutivo, la Reforma Laboral sigue siendo un tema pendiente en el país. 

Los sindicatos siguen funcionando bajo un esquema legal creado hace varias décadas, más creado para dividir a las organizaciones de los trabajadores y dejar espacios para artilugios legales que los empleadores utilizan para violentar los derechos, que la misma Ley consagra. 

Una importante cantidad de reformas a dichas Leyes están entrampadas en la Asamblea Legislativa, las cuales no logran una correlación favorable de votos debido a que la izquierda representada en el FMLN cuando ha promovido estas iniciativas, no es acompañada por sus tradicionales aliados legislativos de la derecha, que también representan intereses empresariales, tal es el caso del partido GANA

En otros casos, la misma izquierda se ha abstenido de apoyar las propuestas de reformas debido a ser consideradas inconvenientes o demasiado progresistas para la coyuntura actual.

Un ejemplo claro de esta situación es la garantía que los dirigentes sindicales tienen para no ser despedidos establecida en la Constitución y en el mismo Código de Trabajo. Esta garantía es violentada a diario por diferentes empresas que despiden de hecho a dirigentes sindicales, y luego argumentan la falta de la figura del reinstalo o readmisión en el empleo, para corregir los despidos ilegales. 

De esta manera, las empresas pagan en efectivo los salarios del tiempo que debían fungir los dirigentes sindicales despedidos en sus cargos, convirtiendo la protección legal en una suerte de chantaje económico, mediante el cual las empresas pagan fuertes cantidades de dinero de hasta 24 meses de salarios que dura la protección legal, para que se retiren los dirigentes sindicales de las empresas. 

Esta práctica es altamente nociva para el desarrollo de los sindicatos en el sector privado, y el Estado salvadoreño, pese a ser suscriptor de varios convenios de OIT que establecen la necesidad del reinstalo y del Protocolo de San Salvador de la OEA, que establece el derecho a la readmisión en el empleo, no ha tomado medidas para hacer vigentes estos derechos en el país.

Debido a lo anterior, varias organizaciones sindicales salvadoreñas, presentaron el día 20 de octubre de 2015, una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia en contra de la Asamblea Legislativa de El Salvador, por la falta de legislar a favor de la estabilidad laboral de dirigentes sindicales y trabajadores en general.

La demanda fue acompañada por dirigentes sindicales de la Federación FESTSSABHRA, afiliada a UITA, quienes precisamente han sufrido en carne propia esta experiencia. En efecto, 11 dirigentes sindicales fueron despedidos en julio de 2013 de manera arbitraria por la empresa LIDO. Siendo que 3 de ellos han sido reinstalado recientemente gracias a una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia, se espera que el mismo razonamiento jurídico sea aplicado en la resolución del presente recurso.

Los demandantes argumentan que el deber omitido por la Asamblea Legislativa deriva del derecho fundamental al trabajo al cual se le reconoce una función social, abstraído de ser objeto de comercio y que, según el texto constitucional, debe ser regulado de tal manera que se tienda al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, de conformidad con los artículo 2, 37 y 38 de la Constitución de la República.

Además, del encargo establecido en el artículo 271, también de la Constitución, según el cual el Código de Trabajo tendría que haberse armonizado con los citados artículos de la Constitución dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la misma, es decir, hace más de dos décadas.

En la demanda se solicita a la Sala de lo Constitucional que le ordene a la Asamblea Legislativa emitir, a más tardar dentro de tres meses posteriores a la emisión de la sentencia, las reformas necesarias al Código de Trabajo para incluir en el mismo el derecho a la estabilidad laboral y el consecuente derecho a ser reinstalado ante un despido injustificado, de manera que se pueda conservar el empleo salvo que exista causa justificada para la remoción del mismo, previamente calificada por autoridad judicial.

Al momento de presentar el recurso constitucional Atilio Jaimes Pérez, secretario general de FESSTSABHRA, argumentó que otro ejemplo es el de la empresa Calvo que justo un día antes de presentar este recurso despidió a la dirigente sindical María Magdalena Cruz Cruz, secretaria de Prensa y Propaganda del sindicato SITIPA, como parte de una represalia del gerente de Recursos Humanos Rafael Antonio López Alvarenga, quien despidió a un total de 6 trabajadoras de manera arbitraria argumentando falta de cumplimiento de metas, y obviando algún debido proceso.

Por su parte, el abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Hector Carrillo, quién ha apoyado la elaboración de dicha demanda, recalcó que el acompañamiento a las organizaciones en esta medida busca establecer “una antes y un después” en el derecho laboral, pues legislar sobre el derecho a la Estabilidad Laboral, es un beneficio a todas las trabajadoras y trabajadores salvadoreños en su conjunto.