miércoles, 21 de octubre de 2015

Colombia: identifican a tres víctimas de la retoma al Palacio de Justicia ocurrida en 1985

Por Nodal

Tres de las personas que habrían salido con vida de la retoma al Palacio de Justicia ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, fueron identificadas después de 30 años de su desaparición.

Así lo confirmó la Fiscalía en la mañana de este martes, al informar que los restos óseos encontrados pertenecen a Lucy Amparo Oviedo, Cristina Guarín y Luz Mary Portela.

Todas las identificaciones fueron logradas por pruebas de ADN, y ninguna corresponde a las desapariciones por las que está siendo investigado el coronel (r) Alfonso Plazas Vega.

El anuncio lo hizo el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, al referirse a los restos de tres desaparecidas durante el llamado Holocausto del Palacio de Justicia.

De esta manera, se cierra la posibilidad de que el proceso contra el oficial en retiro, se vea alterado, por lo menos, por los recientes hallazgos.

Las exhumaciones para encontrar los restos de Cristina Guarín se efectuaron en el Cementerio Jardines de Paz de Bogotá, donde también hallaron a Luz Mary Portela León.

La dos mujeres eran empleadas de la cafetería en el Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros del M-19.

La tercera mujer en ser identificada fue Lucy Amparo Oviedo cuyos restos fueron encontrados en el Cementerio del Sur de Bogotá.

Lucy Amparo Oviedo llegó en la mañana del 6 de noviembre de 1985 al Palacio de Justicia porque tenía una entrevista de trabajo con el presidente para esa época de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Aunque la identificación de estas tres víctimas significa un alivio para las familias que sufrieron sin conocer el paradero de sus seres queridos, aún se desconoce qué pasó con los otros ocho desaparecidos durante el holocausto del Palacio de Justicia.

Desde octubre del año 2013, el fiscal general, Eduardo Montealegre, reorientó las investigaciones penales por el caso del Palacio de Justicia y las que se encontraban en otros despachos por el caso de los desaparecidos, designando a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que asumiera en conjunto todo el proceso.

A través de las declaraciones de testigos de la retoma al Palacio de Justicia, entre los que se encuentra el exagente de inteligencia del Ejército, Bernardo Alfonso Garzón, se pudo establecer la existencia de 16 fosas comunes, donde estarían ubicados los restos de las víctimas. Se trata de personas que, después de verificar la inspección de documentos, grabaciones, videos y testimonios, salieron con vida del Palacio de Justicia.

La captura de Garzón se llevó a acabo en enero de 2014 en Cali, este exmilitar fue considerado como ficha clave en la investigación sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985.

Para la Fiscalía, el sargento en retiro que pertenecía al Batallón Charry Solano con sede en Bogotá, es considerado “un eslabón perdido en el caso del Palacio de Justicia porque es una persona que tiene conocimientos muy importantes sobre los hechos”, dijo el Fiscal General Eduardo Montealegre, en el momento de la captura de este hombre en el año 2014.

Por la desaparición de 11 personas del Palacio de Justicia se encuentran en prisión el excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales.

Igualmente fue condenado a 30 años de cárcel el coronel (r) Luis alfonso Plazas Vega.

Corte Interamericana condenó al Estado por desaparecidos del Palacio de Justicia

El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla Movimiento 19 de Abril o M-19 asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).

El gobierno ordenó entonces la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron un centenar de personas, entre ellas los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema.

Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a resarcir a los familiares de 10 personas desaparecidas y una ejecutada extrajudicialmente durante la retoma en noviembre de 1985 del Palacio de Justicia.

La Cidh ordenó, entre otras disposiciones, resarcir económicamente a los familiares en cifras en dólares, publicar el contenido de la sentencia en medios de comunicación para que tenga difusión, continuar la investigación judicial para que los responsables sean llevados ante la justicia y brindar apoyo psicológico a los familiares de los desaparecidos y a aquellas personas que sufrieron daños durante la retoma del Palacio.