miércoles, 19 de marzo de 2014

Venezuela: Cae el bastión golpista de Caracas

Por Contrainjerencia | ALBATV

La Plaza Francia de Altamira, bastión opositor de Caracas, ya es territorio de paz. Desde el amanecer del lunes 17 de marzo, fuerzas de seguridad del Estado bolivariano restablecieron el orden, apresaron a los fascistas que secuestraban la tranquilidad ciudadana, abrieron el tráfico vehicular y reactivaron el transporte público. Los ministros de Comunicación y de Interior y Justicia hicieron entrega al alcalde opositor del municipio Chacao, Ramón Muchacho, de una ciudad en orden, cosa que él no logro en un mes de disturbios.

Desmontada la barricada fascista en Altamira, desde donde un grupo de delincuentes tarifados (recibían hasta 5 mil bolívares por jornada), mantuvo en jaque a la población del municipio Chacao, destruyó instalaciones de los ministerios de Transporte y Vivienda, atacó bancos, edificios públicos, destruyó 95 ómnibus y enfrentó durante un mes a la Guardia Nacional Bolivariana, utilizando bombas molotov, piedras y armas de fuego, cabe preguntarse ¿cuál es el significado de esta plaza para la oposición? ¿Qué simboliza para la oligarquía venezolana?

Quizás, Arthur Kahn, el arquitecto nacido en Turquía y nacionalizado venezolano, no imaginó jamás que su obra serviría de cobija a dos intentos de golpes fascistas. El primero, el 22 de octubre del 2002, cuando 14 militares golpistas se atrincheraron allí para pedir la salida del presidente Hugo Chávez, logrando reunir a 135 militares de todos los rangos, quienes hicieron campamento en la plaza por un año y contaron, día tras día, con la cobertura en vivo de los principales medios comerciales de comunicación.

Aquella conspiración fue derrotada por el pueblo bolivariano, pero Altamira ya era un altar para las aspiraciones de la oligarquía. Por eso, este 12 de febrero, cuando se inició el intento de “golpe suave”, la dirigencia opositora volvió a poner sus manos en la Plaza Francia de Altamira. A diferencia del 2002, cuando los generales golpistas tomaban whisky en los alrededores del “campamento”, ahora se vio a jóvenes encapuchados, agresivos, temerarios, fascistas.

En un mes convirtieron un enclave de clase media en un campo de batalla sucio, chamuscado, destruido.

Cuando la Guardia Nacional Bolivariana recibió órdenes de intervenir y restaurar el orden que no garantizó la policía del estado Miranda y del municipio Chacao, bajo órdenes opositoras, se supo a ciencia cierta lo que muchos imaginaban: entre los “manifestantes”, el 90 % no eran estudiantes como decían los medios internacionales alineados contra Venezuela, sino mercenarios extranjeros, delincuentes, gente pobre pagada y ni un solo líder que diera la cara al frente de ellos. Un show que tiene su remake en otras plazas de Mérida y Táchira.

Ahora, la mayoría de los habitantes del municipio Chacao, donde convive una alta fuerza opositora a la opción revolucionaria, agradece al Gobierno el retorno del orden. Un mes de vandalismo, humo, basura, ineficiencia de la alcaldía y descalabro del liderazgo opositor les ha mostrado la peor cara de ese monstruo que ha ido creciendo en el seno opositor: el fascismo. Gracias a él, este país, según el plan golpista, estuvo a punto de una guerra civil que propiciara una intervención extranjera.

Por el momento, el pueblo y la dirigencia revolucionaria han derrotado el “golpe suave”. El presidente Nicolás Maduro ha conducido con serenidad a su pueblo y a sus Fuerzas Armadas. La oligarquía se ha cocinado en su propia salsa. Y los mentores extranjeros solo van ganando a través de las pantallas de CNN en Español, donde todos los días se encargan de lavarle y maquillarle la cara al fascismo.

Con la caída del bastión en Plaza Altamira termina la guarimba. Entre tanto grafiti grosero y racista, hay uno que todavía huele a pintura fresca: “SOS grande Maduro”.

Sentencia sobre las guarimbas

El Tribunal Supremo de Justicia emitió la semana pasada una sentencia que ordena a los alcaldes de municipios que albergan las llamadas “guarimbas” tomar medidas para restablecer el orden público, en función de devolver la paz, seguridad y el derecho al libre tránsito a los venezolanos. TeleSur mostró cinco puntos claves sobre la sentencia del TSJ en pro de volver el orden y la paz a seis municipios liderados por alcaldes de extrema derecha.

—¿En qué consiste la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia? —Mediante la sentencia, el TSJ ordena la inmediata remoción de escombros y otros elementos que impiden el paso de los peatones y obstaculicen la vida urbana, además de impedir protestas que tengan ese fin.

—¿Qué alcaldes deben someterse a esta sentencia? —Inicialmente fue emitida para el alcalde Gerardo Blyde del municipio Baruta y David Smolansky del municipio El Hatillo (ambos al este de Caracas). Este lunes la sentencia fue ampliada e incluye también a los alcaldes: de Chacao (este de Caracas), Ramón Muchacho; de San Cristóbal (capital del estado Táchira, al occidente del país) Daniel Ceballos; de Lechería (Anzoátegui, noreste), Gustavo Marcano y de Maracaibo (capital de Zulia, noroccidente), Eveling Trejo de Rosales.

—¿La sentencia tiene basamento legal? —Sí. El artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que es competencia de la autoridad municipal el orden territorial y urbanístico, el orden del tránsito de vehículos, la protección del ambiente, recolección de basura y protección vecinal, entre otras atribuciones. Partiendo de esa premisa, los alcaldes de derecha que se niegan a tomar acciones frente a las protestas vandálicas que atentan contra el orden público y la seguridad de los ciudadanos están violando la Carta Magna venezolana. Asimismo, amparado en el artículo 30 de la Constitución, el Estado está obligado a adoptar las medidas legislativas necesarias para proteger a las víctimas y procurar que los culpables reparen los daños causados.

—¿Qué condena acarrearía el incumplimiento de la sentencia? —Según el Artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado con prisión de seis a 15 meses.

—¿Los alcaldes han acatado la sentencia? —En parte. En algunos municipios los alcaldes, de forma moderada, han comenzado la recolección de escombros, sin embargo, se niegan a impedir las protestas vandálicas que han dejado un saldo de 28 fallecidos y decenas de heridos. No obstante, las barricadas continúan en el municipio Baruta: usuarios han denunciado trancas de calles en las urbanizaciones Manzanares y Prados del Este de ese municipio. Los alcaldes de extrema derecha se han negado a participar en las Conferencias por la Paz impulsadas por el Gobierno nacional y a acatar esta norma que restituiría la vida normal de los habitantes.