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Por Verdad Digital | Agencias
El juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, emitió una nueva orden de detención contra 17 ex altos militares salvadoreños, implicados en la masacre de sacerdotes jesuitas, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA).
Agencias de prensa informaron de la decisión adoptada por el juez Velasco, que les atribuye a los militares ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente.
La petición de detención y extradición a las autoridades españolas, que ha sido comunicada a Interpol, Sirene y a la Dirección General de la Policía Nacional Civil de El Salvador, afecta, entre otros, al exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios y a los que eran viceministros de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, y de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda.
A iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia, el juez también reitera la petición de detención del general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; y el teniente Héctor Ulises Cuenca.
Además, pide la entrega del director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos; y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárate y el soldado José Alberto Sierra.
El 24 de agosto 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".
El pasado 30 de diciembre, la Audiencia Nacional española recibió un correo de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), en el que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.
La PDDH se refería a una decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña el 24 de agosto de 2011, que limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la "búsqueda y localización de los procesados, pero no a la captura de los mismos", por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.
Agencias de prensa informaron de la decisión adoptada por el juez Velasco, que les atribuye a los militares ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente.
La petición de detención y extradición a las autoridades españolas, que ha sido comunicada a Interpol, Sirene y a la Dirección General de la Policía Nacional Civil de El Salvador, afecta, entre otros, al exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios y a los que eran viceministros de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, y de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda.
A iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia, el juez también reitera la petición de detención del general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; y el teniente Héctor Ulises Cuenca.
Además, pide la entrega del director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos; y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárate y el soldado José Alberto Sierra.
El 24 de agosto 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".
El pasado 30 de diciembre, la Audiencia Nacional española recibió un correo de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), en el que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.
La PDDH se refería a una decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña el 24 de agosto de 2011, que limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la "búsqueda y localización de los procesados, pero no a la captura de los mismos", por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.
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