Por FECON
Este 25 de enero, inició
un nuevo juicio contra los imputados por el asesinato del ambientalista
Jairo Mora, perpetrado en 2013 mientras Mora protegía nidos de tortugas
en una playa del Caribe.
Hace
un año, en enero de 2014 el Tribunal de Juicio de Limón (Caribe)
absolvió de toda pena y responsabilidad a dos acusados y a otros cinco
debido a errores de la Fiscalía y del Organismo de Investigación
Judicial (OIJ), por mal manejo de pruebas y de la investigación. Sin
embargo, dicha resolución fue anulada en agosto de 2015 y un Tribunal de
Apelación indicó que debía realizarse un nuevo juicio.
Celebramos la posibilidad de que pueda haber justicia en el caso de Jairo Mora,
pero no podemos dejar de señalar la incompetencia, negligencia y
descuido con que ha actuado la Fiscalía, y el sistema de justicia en
general en este proceso.
Jueces
y fiscalía se culpaban entre sí por haber dejado libres a los acusados.
Entre los problemas del proceso están: no admitir la prueba clave,
extravío de actas originales y de un disco compacto con las grabaciones
de las intervenciones telefónicas y hasta un perfume quebrado. Como si
no fuera poco, pareciera que hoy es imposible volver a recrear la escena
del crimen.
Ahora
las autoridades judiciales abren una ventana de oportunidad para que en
un nuevo juicio se revierta la impunidad posibilitada por el mismo
sistema judicial. Sin duda saben que si no son capaces de administrar la
justicia como corresponde, vamos a recurrir a instancias
internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras
no se condene a los autores, tanto materiales como intelectuales de los
crímenes, y se les condene como corresponde, Costa Rica seguirá
perdiendo su imagen comercial de país “verde” y de respeto de los
derechos humanos.
Pareciera
inverosímil que el sistema favorezca a los victimarios de las tortugas y
no a sus defensores, pero es justo lo que ha sucedido. Para
FECON, el sistema judicial de Costa Rica, igual que en el caso de la
condenatoria de un guardaparques, deja vulnerables a quienes defienden
la Naturaleza en vez de protegerles, se criminaliza su gestión en vez de
estimularla y de manera injusta protege y deja en libertad a
destructores del medio ambiente y asesinos, en lugar de hacerles pagar
su deuda.
También
debemos tener presente que las mafias hueveras siguen rondando esa y
todas las playas de anidamiento de tortugas, que los voluntarios que
cuidan estas especies continúan siendo amenazados, más aún, que ni la
policía ni el Sistema Nacional de Áreas de Conservación vigilan la
totalidad de las playas que utilizan las tortugas marinas para desovar.
Con
un nuevo juicio existe la esperanza de ser más consecuentes como
sociedad con la imagen que pregona el país. Si se logra hacer justicia
ambiental, Costa Rica servirá de ejemplo para el mundo. De otra manera,
seguiremos siendo cómplices de que redes mafiosas vuelvan a actuar
animadas por la impunidad reinante.
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