Por Partido Libre
A dos años de la segunda administración nacionalista, encabezada por el señor Juan Orlando Hernández, Honduras se encuentra devastada y sumida en una situación calamitosa que hace dudar de su mera existencia como nación, y somete a toda la sociedad al más grande sacrificio social y económico de su historia a cambio de más incertidumbre y penurias.
Estamos en un callejón sin salida del que solo se benefician unos pocos, con el entreguismo vil, la ambición ilimitada y el saqueo criminal de todos los recursos naturales, instituciones y bienes nacionales que se están privatizando.
Para la mayoría del pueblo hondureño, 2016 será la continuación del mal gobierno del 2015, que ha deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores, debilitado aún más la frágil institucionalidad, entregando los bienes nacionales al mejor postor y con casos de corrupción sin precedentes en la historia nacional.
La institucionalidad casi ha dejado de existir y ha convertido al gobierno en una mera administración de lo que deja la corrupción y la impunidad que reinan a su antojo. El gobierno del presidente Hernández, miente constantemente, manipula los datos, y hace de las estadísticas una herramienta de falsedades, de escenarios mágicos que nadie puede ver ni entender.
La involución económica, descalabro, incertidumbre y agudización de la pobreza
El actual gobierno, ha sido incapaz de generar una política económica coherente con la realidad nacional, que resuelva los problemas de Honduras por el contrario los ha profundizado. Su único programa económico es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que privilegia la estabilización económica por encima de la reactivación del aparato productivo, y lo más grave no se ven señales de rectificar.
Este programa ha tenido como principal característica una gran cantidad de impuestos, algunos de ellos confiscatorios, para la mayoría de la población, mientras minorías económicas privilegiadas siguen gozando de exoneraciones o defraudando al fisco. Al mismo tiempo los hospitales carecen de medicinas para la población más pobre, las escuelas y colegios se deterioran en sus instalaciones físicas, no hay pupitres, ni merienda escolar, se eliminó la matricula gratis, se desconocen los derechos del magisterio, no se construyen nuevas carreteras y el mayor gasto lo constituye el pago de la onerosa deuda que los gobiernos nacionalistas han venido acumulando desde el golpe de Estado de 2009 y los exagerados gastos en seguridad militar que siguen en aumento.
El efecto derrame del pretendido crecimiento económico y estabilidad macroeconómica es una falacia
El mediocre crecimiento estimado para el 2016, entre 3% y 3.4% del PIB, apenas representa un crecimiento per cápita de 1.2% o 1.4%. Esto es totalmente insuficiente para reducir el desempleo y pobreza. Prueba de ello es que en la actualidad 1 de cada 2 hondureños tienen problema de empleo, o se encuentran en desempleo abierto o subempleo. El 2016 no traerá cambios económicos y sociales para el pueblo hondureño, si acaso, un mayor deterioro es previsible.
La explicación de esto se encuentra en que los sectores que están modestamente creciendo son el sector financiero, telecomunicaciones, energía y una parte del comercio; dichos sectores contratan muy poca mano de obra. Sin embargo, a sectores generadores de empleo como la construcción, la agricultura y la industria no se les presta ningún apoyo para generar empleos.
Las finanzas pública tampoco han hecho su tarea de ayudar a mitigar los efectos de la crisis en Honduras, al contrario la han agudizado. Diez paquetazos, el aumento del impuesto sobre ventas de 12% al 15% y el aumento del impuesto a los derivados del petróleo representó un incremento de los ingresos del Estado en cerca 11,000 millones de lempiras en 2014 y 9,000 millones en 2015.
Estos recursos sacados de los bolsillos de los consumidores han servido para pagar los enormes déficits fiscales de 2012 y 2013 que significaron un aumento del endeudamiento en más de 50,000 millones de lempiras. En los últimos tres años, Honduras ha pagado cerca de 90,000 millones de lempiras en servicio de deuda, mientras ha contratado nueva deuda por un monto similar.
Simultáneamente los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo y han oscilado, para la Administración Central, entre 1% y 2% del PIB cuando los estándares internacionales señalan que debería ser entre 5% y 6%. Las concesiones públicas de infraestructura concedidas a través de COALIANZA han estado llenas de opacidad, entregando bienes públicos por 20 y 30 años y con contratos que pueden representar desventajas futuras para Honduras.
Adicionalmente, el gobierno ha puesto cuantiosos recursos en las asociaciones público-privadas con la justificación de que este tipo de alianzas se deben a que el Estado no tiene capacidad financiera para emprender estos proyectos.
Un ejemplo es el caso de la terminal de Palmerola en la cual el gobierno anuncia que invertirá más de 1,000 millones de lempiras por anticipado, mientras la empresa privada lo hará hasta después.
Un elemento adicional que agrava todo el desarrollo humano es la política social donde se le niega y cercena los derechos a los trabajadores expoliando con masivos despidos que contradicen las promesas de generar estabilidad y empleo.
En este sentido en los últimos años el presupuesto de educación y salud se han mantenido prácticamente congelados, mientras que los mayores aumentos han ido a los programas de asistencia social que maneja el Presidente Hernández en su afán reeleccionista.
En los actuales momentos casi 10,000 millones de lempiras, equivalentes más del 2% del PIB se dedican a estos programas. Estas acciones debilitan la política social ya que no es realizada desde un marco integral y se hacen aparecer que programas asistencialistas, más que un derecho, son una dádiva del presidente de la República. Además, estudios recientes muestran que la inversión en niñez y adolescencia se ha disminuido dentro del presupuesto general de la República.
Sin embargo, el gobierno ha asignado cuantiosos recursos a defensa y seguridad desde 2010. Según un estudio del Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (ICEFI) el presupuesto de Defensa aumentó entre 2010 y 2016 en 160%, el de Seguridad 102%, pero el de Salud tuvo un bajo aumento y incremento apenas un 11% en Educación.
Nadie cuestiona que la seguridad es una necesidad de la población hondureña, pero la inseguridad no sólo se combate con represión, sino también con prevención y el desbalance entre los aumentos al gasto social y las de seguridad y defensa, reflejan una visión de corte claramente represivo.
Podemos afirmar que la situación económica de la mayoría de hondureños y hondureñas está en estado de precariedad, sin acceso a empleo ni servicios sociales básicos como educación y salud, mientras el gobierno carece de una política de empleo en beneficio de los trabajadores hondureños. Esto agudiza la situación de pobreza y obliga a cientos de miles de compatriotas a emigrar a EEUU , huyendo de la falsa "vida mejor" que ofrece el gobierno.
Entrega de Bienes Nacionales
La falta de una política económica propia ha hecho que el gobierno del Partido Nacional adopte las recomendaciones del FMI y que considere que la entrega de los bienes del patrimonio nacional, a través de las alianzas público- privadas, son el mecanismo ideal para el crecimiento económico. Sin embargo, dichos contratos han estado llenos de opacidad, sin tomar en cuenta las pérdidas que en el futuro puedan causar al Estado hondureño.
Un ejemplo ya mencionado es el caso de los fideicomisos y las concesiones de carreteras y aeropuertos como el de Palmerola. Estos bienes dados en concesión por períodos que van de 20 a 30 años, con más costos adicionales que beneficios para el país. El despojo asume su nivel máximo con las denominadas Zonas Especiales de Desarrollo que entregan el territorio nacional con inauditas concesiones.
El deterioro institucional, es una tragedia
El estado de ilegalidad que ha vivido Honduras desde 2009, con la ruptura del orden constitucional, se ha visto agudizado con la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; con la elección anticipada e irregular del fiscal general y del fiscal adjunto; con la elección anticipada del Tribunal Supremo
Electoral para manejar a antojo de los partidos tradicionales las próximas elecciones; con el nombramiento de un Consejo de la Judicatura con fines políticos como lo han denunciado varios jueces de sentencia; con acciones ilegales desde el Congreso Nacional como es el caso de la elección de la nueva Junta directiva antes de lo que la ley indica.
El deterioro institucional no solamente habla del mal tipo de gobierno sino también del deterioro de la democracia hondureña, que también perjudica la inversión nacional y extranjera, dado que desaparece la seguridad jurídica, fundamental para un clima de negocios adecuado. Es por ello que el crecimiento se basa en actividades ya existentes y no en nuevas inversiones (60% de la inversión extranjera en Honduras es reinversión de utilidades y no capital fresco).
Por si esto fuera poco, las extradiciones ejecutadas a pedido del gobierno de los Estados Unidos durante el 2015, ponen en relieve otra arista de la colapsada institucionalidad de los entes operadores de justicia, contralores, fiscalizadores y del propio sistema judicial que parecen ajenos a lo que está ocurriendo dentro de las fronteras patrias.
Claro ejemplo de lo anterior se ve reflejado en la reciente aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de US 750 millones para la iniciativa de la “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” en cuyo documento de aprobación se establecen no menos de 16 CONDICIONES específicas para acceder a los fondos y una vez que el Departamento de Estado acredite que los gobiernos de los países beneficiarios han tomado acciones efectivas para cumplir con las mismas.
En el caso específico de Honduras estas condiciones de salvaguarda exigen el establecimiento de medidas efectivas para contrarrestar el deterioro institucional imperante, los altos niveles de corrupción, las débiles garantías en materia de seguridad jurídica y Derechos Humanos, la alta tolerancia de los poderes del Estado a la corrupción de “cuello blanco”; la falta de voluntad política para reconocer y concertar las necesarias reformas con los sectores representados en la oposición partidaria que aseguren y fortalezcan el libre ejercicio democrático de la población.
En adición se condiciona el desembolso de los recursos mientras no se tomen medidas efectivas para contrarrestar los flujos migratorios de indocumentados, para enfrentar la criminalidad, la falta de transparencia en la gestión pública, la persistente impunidad en el sistema judicial y organismos contralores y fiscalizadores del Estado, así como se exige detener la creciente militarización de la sociedad, entre otros.
Se acredita también la necesidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo económico y social de estos países. Condiciones que conocemos JOH se niega a cumplir.
Inseguridad, impunidad y militarización
Honduras ha sido militarizada aceleradamente para aumentar la capacidad represiva contra el pueblo hondureño, no para resolver el tema de la inseguridad. La inserción de la llamada Policía Militar, no solo ha mostrado ser inútil, sino que ha socavado la credibilidad que en el reciente pasado llegaron a construir las Fuerzas Armadas de Honduras.
La implementación de FUSINA, lejos de servir a la ciudadanía, ha servido para violar la individualidad de cada hondureño, pues nos han convertido en uno de los pueblos más asediados del planeta, y usada muchas veces con el propósito de atacar a la oposición política, (se cuentan innumerables casos de persecución) y dar seguimiento, sin resultados evidentes, a la creciente industria del crimen organizado en el país ( como las masacres perpetradas por escuadrones de la muerte) El aumento de las tasas para financiar estos organismos solo se ha traducido en un cerco temible contra la población, incluidas destacadas personalidades que hoy son vigiladas en todos su pasos, incluso en su ámbito familiar.
El clamor popular es inequívoco; nadie en su sano juicio confiara hoy su seguridad o la de su familia a los cuerpos de seguridad del estado; al contrario el pueblo les teme y los visualiza como la matriz misma de la enorme capacidad operativa del crimen en el país, ya sea en el sicariato, en el secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de personas y el tráfico ilegal de narcóticos. Todas estas actividades florecen y prosperan en Honduras a la supuesta sombra de los organismos que pagamos para que nos den seguridad.
No podemos llamar solo “fracaso” a la mal llamada estrategia de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández, pues da la impresión que ha sido diseñada y aplicada deliberadamente para fomentar todos los tipos de violencia y con ello mantener a la sociedad sumida en una situación de terror extremo, fomentada por las señales mixtas, convenientemente manipuladas por expertos de la desinformación, y la propaganda, que por un lado nos hablan de grandes éxitos contra la criminalidad, que nosotros no podemos percibir, y por el otro, nos muestran todos los días escenas repugnantes de seres humanos mutilados, encostalados, asesinados con todo lujo de sadismo, esto es conocido en todo el mundo como “la Doctrina del Schock”.
Esa nueva doctrina de la seguridad nacional o el parcial combate al crimen organizado, permite a quienes gobiernan, mantener aterrorizada la población, paralizada mientras se implementan las políticas de saqueo, se incrementa la corrupción, se vende todo el patrimonio común, y se obliga a los ciudadanos a pagar literalmente por los todos los actos criminales cometidos en su contra.
El infundir terror afecta por igual a pobres que a empresarios; mientras el Estado solo protege algunos, y destruye o dejan de existir las garantías individuales y colectivas que ahuyentan la inversión e incrementan la migración de jóvenes y niños hacia los Países del NORTE
Corrupción, paradójicamente se “combate” con más impunidad, y se ignora al pueblo indignado
El saqueo descomunal del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es una expresión monstruosa de la vileza del aparato de corrupción sostenido por el gobierno; no solo por la dramática sustracción de sus recursos, los pingües negocios hechos con esos fondos, sino porque todo parece indicar que esta acción se ha producido como parte de la consolidación del modelo de explotación neoliberal, que impone el debilitamiento de los institutos de pensiones y seguridad social. Así, el colosal saqueo del IHSS no ha sido la acción de una banda de delincuentes avorazados, sino un acto planificado para provocar la privatización del sector salud en Honduras.
La ciudadanía hondureña no había sido testigo, hasta ahora, de casos de corrupción tan grandes como es el del Instituto Hondureño de Seguridad Social en donde se jugó con la salud de los trabajadores hondureños para canalizar recursos a las arcas del partido actualmente en el gobierno.
La montaña de la corrupción pasa por una bien aceitada maquinaria propagandística que maximiza el escandalo para borrar de la mente de la opinión publica todo rasgo de racionalidad que lo lleve a identificar la acción en su contra de forma contextual.
Los medios siguen con la historia de la ineficiencia estatal, aunque saben que la misma se ha debido a que el sistema vive de esta estructura de corrupción, que se repite mil veces y que hoy nos tiene ya sin empresas estratégicas en los sectores de comunicaciones, energía eléctrica, instituciones financieras, o suministro de agua.
Esta es una conexión inequívoca: la corrupción está vinculada entrañablemente con el sistema y este con la privatización.
La sociedad entiende que no puede obtener justicia de los mismos que cometen las fechorías, y por eso ha expresado sin cesar su demanda por un organismo multinacional de las Naciones Unidas (CICIH tipo Guatemala) para que investigue a fondo y arroje verdades sobre la podredumbre en todos los niveles.
Clientelismo político o la construcción de una dictadura
La demagogia de los programas "VIDA MEJOR" contrasta con los altos niveles de pobreza, el deterioro de la clase media, el desempleo y la profundización de la crisis migratoria. Adicionalmente, las pretensiones continuistas del Presidente Hernández profundizan la idea de la formación de un gobierno autoritario y absolutista, porque además de ser ilegal, se está construyendo bajo la premisa de que no se harán reformas a las leyes electorales, si acaso algunas cosméticas para engañar al pueblo, y que se mantendrá el sistema de ventajismos que le permitiría al gobernante, preparar un nuevo fraude electoral.
Está claro no se puede llevar adelante su pretensión continuista en medio de un ambiente transparente y democrático, por esa razón no muestra ninguna voluntad para modificar las condiciones actuales, arbitrarias y obsoletas de la actual ley electoral de la cual LIBRE es el único partido que ha presentado reformas completas y democráticas que son ignoradas paladinamente por el régimen .
Para ilustrar esta aseveración, vemos plasmado en el presupuesto aprobado para el 2016 las decisiones unilaterales de la élite gobernante y NO las prioridades de un pueblo que está urgido de generación de empleo, reactivación del agro y de otros sectores claves para dinamizar la economía; servicios de Educación y Salud de calidad así como el acceso a una red de protección social integral. A última hora, en forma inconsulta el presupuesto general de ingresos y egresos se aumentó en 2,000 millones de lempiras para ser utilizados en forma indiscriminada por el gobierno de la república, exigimos explicación sobre este abuso.
El programa que sostiene la maquinaria clientelar conocido como VIDA MEJOR absorberá ingentes montos de dinero que aún a sabiendas que esto provocará la continuación de un bajo crecimiento económico y sin ningún impacto positivo en la población pobre, ampliamente mayoritaria en el país.
Honduras está a punto de constituirse en la Nación con mayor pobreza en la región Latinoamericana, y un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reportaba la reducción en inversión en niñez y adolescencia que lleva el presupuesto 2016.
En la misma dirección el FOSDEH ha venido destacando las contradicciones en que caen los altos funcionarios del Ejecutivo en su afán de manipular indicadores Económicos y Sociales para esconder el fracaso de sus programas y la superficialidad de sus compromisos; es una contradicción por ejemplo que destaquen un ritmo de crecimiento sólido cuando se reporta una baja en el crecimiento de las exportaciones en el 2015 con respecto al año anterior y también las importaciones decrecen.
Igual contradicción se observa en los indicadores de Pobreza y Empleo donde se destaca que el gobierno ha generado miles de empleos, no obstante, según la Encuesta de Hogares del 2014 la situación del empleo se ha deteriorado y la tasa de desempleo abierto urbano alcanzó un 7.5% ( en el 2013 fue de 6.0% ).
Esta visión amañada que permea a toda la institucionalidad pública contrasta con la realidad que percibe la población; para ilustrar lo anterior una encuesta reciente de CID Gallup registraba en base a los encuestados que los tres principales problemas del país al 2015 eran en orden de prioridad: Desempleo; Crimen, Violencia/Narcotráfico; Corrupción en el gobierno.
Violaciones a los derechos humanos, la libertad de expresión y la oposición política
Existen pruebas abundantes de violaciones a los derechos humanos; pruebas de esta aseveración hay múltiples y variadas, (feminicidios, torturas, asesinatos de niños, jóvenes, campesinos, masacres), las que se destacan por su clara intención en función de consolidar las aspiraciones del Ejecutivo:
• El fallo de la Sala Constitucional dictando una sentencia ilegal que favorece el CONTINUISMO;
• Una Junta Nominadora de candidatos a magistrados y Lista de candidatos seleccionados, integrada en su mayoría por activistas y afines políticos del Presidente;
• La elección anticipada de la Directiva del Congreso;
• Una escalada de persecución y ataque contra las fuerzas de la oposición partidaria desde la cual se le pretende deslegitimizar, desconocer su representatividad ganada en las urnas de un 70% de los electores que votaron en contra del partido Nacional y de Juan Orlando Hernández;
La situación política se torna grave y peligrosa
LIBRE DENUNCIA que ha sido informada por fuentes no oficiales que se prepara una campaña de calumnias y difamación en contra de candidatos opositores e inclusive el asesinato selectivo de aspirantes políticos en diferentes niveles de elección, con vistas a generar terror y disminuir el ánimo de más del 70% de la población en contra del actual régimen.
Diariamente se producen decenas de ejecuciones por escuadrones de la muerte; extradiciones que reflejan las enormes falencias del sistema judicial y del estado de derecho en Honduras e innumerables VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, encubiertas o disfrazadas como delincuencia común y lucha contra el crimen organizado.
En materia de migraciones indocumentadas el gobierno y sus voceros se ufanan de que las deportaciones desde Estados Unidos han decrecido, ocultando que ahora los migrantes indocumentados son detenidos y retornados desde México y Guatemala.
En los últimos días del 2015 el periódico Washington Post filtró las redadas masivas de indocumentados centroamericanos que planifica el gobierno de Obama para el 2016, los migrantes hondureños serán de los más afectados con esta medida.
En adición, el Presidente Hernández prometió ser respetuoso de la libertad de expresión, pero ejerce un control casi total de medios de comunicación.
Instrumentaliza y usa el TERROR y la INTIMIDACIÓN en todas las formas posibles, para controlar las opiniones, los medios y los periodistas; hasta llegar al extremo de tener con un pie en la cárcel al periodista David Romero Ellner y amenazar con cerrar Cholusat Sur y Radio y Globo TV, por denunciar las ejecuciones, masacres, persecuciones, saqueos, abusos, arbitrariedades y en general la corrupción que priva en el Estado.
CERCADO POR SUS PROPIAS EJECUTORIAS, EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ DURANTE 2016, SEGUIRÁ MINTIENDO COBIJADO POR UNOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL ACOMODADOS Y PLEGADOS A SU AGENDA PERSONAL.
Ante esta situación el Partido Libertad y Refundación “LIBRE” reitera su compromiso con el pueblo hondureño por la Refundación de Honduras y plantea una lucha frontal hasta derrotar la inseguridad la ilegalidad y el abandono en que vive nuestro país, no vamos a descansar hasta derrotar el gobierno Nacionalista, y las pretensiones continuistas de JOH y llamamos a la militancia a cumplir las siguientes tareas, consideradas agenda política impostergable:
1. La derogación de todas las leyes inconstitucionales y violadoras de nuestros principios y nuestros derechos fundamentales, como son las leyes de: Secretos, poderes extraordinarios al Presidente Hernández, leyes militares que invaden ámbito civil, ley de Escuchas Ilegales, ley de ZEDES, que entregan nuestra patria en pedazos y las nuevas y onerosas cargas tributarias que afectan nuestra economía .
Estamos en un callejón sin salida del que solo se benefician unos pocos, con el entreguismo vil, la ambición ilimitada y el saqueo criminal de todos los recursos naturales, instituciones y bienes nacionales que se están privatizando.
Para la mayoría del pueblo hondureño, 2016 será la continuación del mal gobierno del 2015, que ha deteriorado las condiciones de vida de los trabajadores, debilitado aún más la frágil institucionalidad, entregando los bienes nacionales al mejor postor y con casos de corrupción sin precedentes en la historia nacional.
La institucionalidad casi ha dejado de existir y ha convertido al gobierno en una mera administración de lo que deja la corrupción y la impunidad que reinan a su antojo. El gobierno del presidente Hernández, miente constantemente, manipula los datos, y hace de las estadísticas una herramienta de falsedades, de escenarios mágicos que nadie puede ver ni entender.
La involución económica, descalabro, incertidumbre y agudización de la pobreza
El actual gobierno, ha sido incapaz de generar una política económica coherente con la realidad nacional, que resuelva los problemas de Honduras por el contrario los ha profundizado. Su único programa económico es el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional que privilegia la estabilización económica por encima de la reactivación del aparato productivo, y lo más grave no se ven señales de rectificar.
Este programa ha tenido como principal característica una gran cantidad de impuestos, algunos de ellos confiscatorios, para la mayoría de la población, mientras minorías económicas privilegiadas siguen gozando de exoneraciones o defraudando al fisco. Al mismo tiempo los hospitales carecen de medicinas para la población más pobre, las escuelas y colegios se deterioran en sus instalaciones físicas, no hay pupitres, ni merienda escolar, se eliminó la matricula gratis, se desconocen los derechos del magisterio, no se construyen nuevas carreteras y el mayor gasto lo constituye el pago de la onerosa deuda que los gobiernos nacionalistas han venido acumulando desde el golpe de Estado de 2009 y los exagerados gastos en seguridad militar que siguen en aumento.
El efecto derrame del pretendido crecimiento económico y estabilidad macroeconómica es una falacia
El mediocre crecimiento estimado para el 2016, entre 3% y 3.4% del PIB, apenas representa un crecimiento per cápita de 1.2% o 1.4%. Esto es totalmente insuficiente para reducir el desempleo y pobreza. Prueba de ello es que en la actualidad 1 de cada 2 hondureños tienen problema de empleo, o se encuentran en desempleo abierto o subempleo. El 2016 no traerá cambios económicos y sociales para el pueblo hondureño, si acaso, un mayor deterioro es previsible.
La explicación de esto se encuentra en que los sectores que están modestamente creciendo son el sector financiero, telecomunicaciones, energía y una parte del comercio; dichos sectores contratan muy poca mano de obra. Sin embargo, a sectores generadores de empleo como la construcción, la agricultura y la industria no se les presta ningún apoyo para generar empleos.
Las finanzas pública tampoco han hecho su tarea de ayudar a mitigar los efectos de la crisis en Honduras, al contrario la han agudizado. Diez paquetazos, el aumento del impuesto sobre ventas de 12% al 15% y el aumento del impuesto a los derivados del petróleo representó un incremento de los ingresos del Estado en cerca 11,000 millones de lempiras en 2014 y 9,000 millones en 2015.
Estos recursos sacados de los bolsillos de los consumidores han servido para pagar los enormes déficits fiscales de 2012 y 2013 que significaron un aumento del endeudamiento en más de 50,000 millones de lempiras. En los últimos tres años, Honduras ha pagado cerca de 90,000 millones de lempiras en servicio de deuda, mientras ha contratado nueva deuda por un monto similar.
Simultáneamente los niveles de inversión pública en infraestructura se han mantenido al mínimo y han oscilado, para la Administración Central, entre 1% y 2% del PIB cuando los estándares internacionales señalan que debería ser entre 5% y 6%. Las concesiones públicas de infraestructura concedidas a través de COALIANZA han estado llenas de opacidad, entregando bienes públicos por 20 y 30 años y con contratos que pueden representar desventajas futuras para Honduras.
Adicionalmente, el gobierno ha puesto cuantiosos recursos en las asociaciones público-privadas con la justificación de que este tipo de alianzas se deben a que el Estado no tiene capacidad financiera para emprender estos proyectos.
Un ejemplo es el caso de la terminal de Palmerola en la cual el gobierno anuncia que invertirá más de 1,000 millones de lempiras por anticipado, mientras la empresa privada lo hará hasta después.
Un elemento adicional que agrava todo el desarrollo humano es la política social donde se le niega y cercena los derechos a los trabajadores expoliando con masivos despidos que contradicen las promesas de generar estabilidad y empleo.
En este sentido en los últimos años el presupuesto de educación y salud se han mantenido prácticamente congelados, mientras que los mayores aumentos han ido a los programas de asistencia social que maneja el Presidente Hernández en su afán reeleccionista.
En los actuales momentos casi 10,000 millones de lempiras, equivalentes más del 2% del PIB se dedican a estos programas. Estas acciones debilitan la política social ya que no es realizada desde un marco integral y se hacen aparecer que programas asistencialistas, más que un derecho, son una dádiva del presidente de la República. Además, estudios recientes muestran que la inversión en niñez y adolescencia se ha disminuido dentro del presupuesto general de la República.
Sin embargo, el gobierno ha asignado cuantiosos recursos a defensa y seguridad desde 2010. Según un estudio del Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (ICEFI) el presupuesto de Defensa aumentó entre 2010 y 2016 en 160%, el de Seguridad 102%, pero el de Salud tuvo un bajo aumento y incremento apenas un 11% en Educación.
Nadie cuestiona que la seguridad es una necesidad de la población hondureña, pero la inseguridad no sólo se combate con represión, sino también con prevención y el desbalance entre los aumentos al gasto social y las de seguridad y defensa, reflejan una visión de corte claramente represivo.
Podemos afirmar que la situación económica de la mayoría de hondureños y hondureñas está en estado de precariedad, sin acceso a empleo ni servicios sociales básicos como educación y salud, mientras el gobierno carece de una política de empleo en beneficio de los trabajadores hondureños. Esto agudiza la situación de pobreza y obliga a cientos de miles de compatriotas a emigrar a EEUU , huyendo de la falsa "vida mejor" que ofrece el gobierno.
Entrega de Bienes Nacionales
La falta de una política económica propia ha hecho que el gobierno del Partido Nacional adopte las recomendaciones del FMI y que considere que la entrega de los bienes del patrimonio nacional, a través de las alianzas público- privadas, son el mecanismo ideal para el crecimiento económico. Sin embargo, dichos contratos han estado llenos de opacidad, sin tomar en cuenta las pérdidas que en el futuro puedan causar al Estado hondureño.
Un ejemplo ya mencionado es el caso de los fideicomisos y las concesiones de carreteras y aeropuertos como el de Palmerola. Estos bienes dados en concesión por períodos que van de 20 a 30 años, con más costos adicionales que beneficios para el país. El despojo asume su nivel máximo con las denominadas Zonas Especiales de Desarrollo que entregan el territorio nacional con inauditas concesiones.
El deterioro institucional, es una tragedia
El estado de ilegalidad que ha vivido Honduras desde 2009, con la ruptura del orden constitucional, se ha visto agudizado con la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia; con la elección anticipada e irregular del fiscal general y del fiscal adjunto; con la elección anticipada del Tribunal Supremo
Electoral para manejar a antojo de los partidos tradicionales las próximas elecciones; con el nombramiento de un Consejo de la Judicatura con fines políticos como lo han denunciado varios jueces de sentencia; con acciones ilegales desde el Congreso Nacional como es el caso de la elección de la nueva Junta directiva antes de lo que la ley indica.
El deterioro institucional no solamente habla del mal tipo de gobierno sino también del deterioro de la democracia hondureña, que también perjudica la inversión nacional y extranjera, dado que desaparece la seguridad jurídica, fundamental para un clima de negocios adecuado. Es por ello que el crecimiento se basa en actividades ya existentes y no en nuevas inversiones (60% de la inversión extranjera en Honduras es reinversión de utilidades y no capital fresco).
Por si esto fuera poco, las extradiciones ejecutadas a pedido del gobierno de los Estados Unidos durante el 2015, ponen en relieve otra arista de la colapsada institucionalidad de los entes operadores de justicia, contralores, fiscalizadores y del propio sistema judicial que parecen ajenos a lo que está ocurriendo dentro de las fronteras patrias.
Claro ejemplo de lo anterior se ve reflejado en la reciente aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de US 750 millones para la iniciativa de la “Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” en cuyo documento de aprobación se establecen no menos de 16 CONDICIONES específicas para acceder a los fondos y una vez que el Departamento de Estado acredite que los gobiernos de los países beneficiarios han tomado acciones efectivas para cumplir con las mismas.
En el caso específico de Honduras estas condiciones de salvaguarda exigen el establecimiento de medidas efectivas para contrarrestar el deterioro institucional imperante, los altos niveles de corrupción, las débiles garantías en materia de seguridad jurídica y Derechos Humanos, la alta tolerancia de los poderes del Estado a la corrupción de “cuello blanco”; la falta de voluntad política para reconocer y concertar las necesarias reformas con los sectores representados en la oposición partidaria que aseguren y fortalezcan el libre ejercicio democrático de la población.
En adición se condiciona el desembolso de los recursos mientras no se tomen medidas efectivas para contrarrestar los flujos migratorios de indocumentados, para enfrentar la criminalidad, la falta de transparencia en la gestión pública, la persistente impunidad en el sistema judicial y organismos contralores y fiscalizadores del Estado, así como se exige detener la creciente militarización de la sociedad, entre otros.
Se acredita también la necesidad de impulsar acciones que contribuyan al desarrollo económico y social de estos países. Condiciones que conocemos JOH se niega a cumplir.
Inseguridad, impunidad y militarización
Honduras ha sido militarizada aceleradamente para aumentar la capacidad represiva contra el pueblo hondureño, no para resolver el tema de la inseguridad. La inserción de la llamada Policía Militar, no solo ha mostrado ser inútil, sino que ha socavado la credibilidad que en el reciente pasado llegaron a construir las Fuerzas Armadas de Honduras.
La implementación de FUSINA, lejos de servir a la ciudadanía, ha servido para violar la individualidad de cada hondureño, pues nos han convertido en uno de los pueblos más asediados del planeta, y usada muchas veces con el propósito de atacar a la oposición política, (se cuentan innumerables casos de persecución) y dar seguimiento, sin resultados evidentes, a la creciente industria del crimen organizado en el país ( como las masacres perpetradas por escuadrones de la muerte) El aumento de las tasas para financiar estos organismos solo se ha traducido en un cerco temible contra la población, incluidas destacadas personalidades que hoy son vigiladas en todos su pasos, incluso en su ámbito familiar.
El clamor popular es inequívoco; nadie en su sano juicio confiara hoy su seguridad o la de su familia a los cuerpos de seguridad del estado; al contrario el pueblo les teme y los visualiza como la matriz misma de la enorme capacidad operativa del crimen en el país, ya sea en el sicariato, en el secuestro, la extorsión, la trata y tráfico de personas y el tráfico ilegal de narcóticos. Todas estas actividades florecen y prosperan en Honduras a la supuesta sombra de los organismos que pagamos para que nos den seguridad.
No podemos llamar solo “fracaso” a la mal llamada estrategia de seguridad del gobierno de Juan Orlando Hernández, pues da la impresión que ha sido diseñada y aplicada deliberadamente para fomentar todos los tipos de violencia y con ello mantener a la sociedad sumida en una situación de terror extremo, fomentada por las señales mixtas, convenientemente manipuladas por expertos de la desinformación, y la propaganda, que por un lado nos hablan de grandes éxitos contra la criminalidad, que nosotros no podemos percibir, y por el otro, nos muestran todos los días escenas repugnantes de seres humanos mutilados, encostalados, asesinados con todo lujo de sadismo, esto es conocido en todo el mundo como “la Doctrina del Schock”.
Esa nueva doctrina de la seguridad nacional o el parcial combate al crimen organizado, permite a quienes gobiernan, mantener aterrorizada la población, paralizada mientras se implementan las políticas de saqueo, se incrementa la corrupción, se vende todo el patrimonio común, y se obliga a los ciudadanos a pagar literalmente por los todos los actos criminales cometidos en su contra.
El infundir terror afecta por igual a pobres que a empresarios; mientras el Estado solo protege algunos, y destruye o dejan de existir las garantías individuales y colectivas que ahuyentan la inversión e incrementan la migración de jóvenes y niños hacia los Países del NORTE
Corrupción, paradójicamente se “combate” con más impunidad, y se ignora al pueblo indignado
El saqueo descomunal del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es una expresión monstruosa de la vileza del aparato de corrupción sostenido por el gobierno; no solo por la dramática sustracción de sus recursos, los pingües negocios hechos con esos fondos, sino porque todo parece indicar que esta acción se ha producido como parte de la consolidación del modelo de explotación neoliberal, que impone el debilitamiento de los institutos de pensiones y seguridad social. Así, el colosal saqueo del IHSS no ha sido la acción de una banda de delincuentes avorazados, sino un acto planificado para provocar la privatización del sector salud en Honduras.
La ciudadanía hondureña no había sido testigo, hasta ahora, de casos de corrupción tan grandes como es el del Instituto Hondureño de Seguridad Social en donde se jugó con la salud de los trabajadores hondureños para canalizar recursos a las arcas del partido actualmente en el gobierno.
La montaña de la corrupción pasa por una bien aceitada maquinaria propagandística que maximiza el escandalo para borrar de la mente de la opinión publica todo rasgo de racionalidad que lo lleve a identificar la acción en su contra de forma contextual.
Los medios siguen con la historia de la ineficiencia estatal, aunque saben que la misma se ha debido a que el sistema vive de esta estructura de corrupción, que se repite mil veces y que hoy nos tiene ya sin empresas estratégicas en los sectores de comunicaciones, energía eléctrica, instituciones financieras, o suministro de agua.
Esta es una conexión inequívoca: la corrupción está vinculada entrañablemente con el sistema y este con la privatización.
La sociedad entiende que no puede obtener justicia de los mismos que cometen las fechorías, y por eso ha expresado sin cesar su demanda por un organismo multinacional de las Naciones Unidas (CICIH tipo Guatemala) para que investigue a fondo y arroje verdades sobre la podredumbre en todos los niveles.
Clientelismo político o la construcción de una dictadura
La demagogia de los programas "VIDA MEJOR" contrasta con los altos niveles de pobreza, el deterioro de la clase media, el desempleo y la profundización de la crisis migratoria. Adicionalmente, las pretensiones continuistas del Presidente Hernández profundizan la idea de la formación de un gobierno autoritario y absolutista, porque además de ser ilegal, se está construyendo bajo la premisa de que no se harán reformas a las leyes electorales, si acaso algunas cosméticas para engañar al pueblo, y que se mantendrá el sistema de ventajismos que le permitiría al gobernante, preparar un nuevo fraude electoral.
Está claro no se puede llevar adelante su pretensión continuista en medio de un ambiente transparente y democrático, por esa razón no muestra ninguna voluntad para modificar las condiciones actuales, arbitrarias y obsoletas de la actual ley electoral de la cual LIBRE es el único partido que ha presentado reformas completas y democráticas que son ignoradas paladinamente por el régimen .
Para ilustrar esta aseveración, vemos plasmado en el presupuesto aprobado para el 2016 las decisiones unilaterales de la élite gobernante y NO las prioridades de un pueblo que está urgido de generación de empleo, reactivación del agro y de otros sectores claves para dinamizar la economía; servicios de Educación y Salud de calidad así como el acceso a una red de protección social integral. A última hora, en forma inconsulta el presupuesto general de ingresos y egresos se aumentó en 2,000 millones de lempiras para ser utilizados en forma indiscriminada por el gobierno de la república, exigimos explicación sobre este abuso.
El programa que sostiene la maquinaria clientelar conocido como VIDA MEJOR absorberá ingentes montos de dinero que aún a sabiendas que esto provocará la continuación de un bajo crecimiento económico y sin ningún impacto positivo en la población pobre, ampliamente mayoritaria en el país.
Honduras está a punto de constituirse en la Nación con mayor pobreza en la región Latinoamericana, y un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reportaba la reducción en inversión en niñez y adolescencia que lleva el presupuesto 2016.
En la misma dirección el FOSDEH ha venido destacando las contradicciones en que caen los altos funcionarios del Ejecutivo en su afán de manipular indicadores Económicos y Sociales para esconder el fracaso de sus programas y la superficialidad de sus compromisos; es una contradicción por ejemplo que destaquen un ritmo de crecimiento sólido cuando se reporta una baja en el crecimiento de las exportaciones en el 2015 con respecto al año anterior y también las importaciones decrecen.
Igual contradicción se observa en los indicadores de Pobreza y Empleo donde se destaca que el gobierno ha generado miles de empleos, no obstante, según la Encuesta de Hogares del 2014 la situación del empleo se ha deteriorado y la tasa de desempleo abierto urbano alcanzó un 7.5% ( en el 2013 fue de 6.0% ).
Esta visión amañada que permea a toda la institucionalidad pública contrasta con la realidad que percibe la población; para ilustrar lo anterior una encuesta reciente de CID Gallup registraba en base a los encuestados que los tres principales problemas del país al 2015 eran en orden de prioridad: Desempleo; Crimen, Violencia/Narcotráfico; Corrupción en el gobierno.
Violaciones a los derechos humanos, la libertad de expresión y la oposición política
Existen pruebas abundantes de violaciones a los derechos humanos; pruebas de esta aseveración hay múltiples y variadas, (feminicidios, torturas, asesinatos de niños, jóvenes, campesinos, masacres), las que se destacan por su clara intención en función de consolidar las aspiraciones del Ejecutivo:
• El fallo de la Sala Constitucional dictando una sentencia ilegal que favorece el CONTINUISMO;
• Una Junta Nominadora de candidatos a magistrados y Lista de candidatos seleccionados, integrada en su mayoría por activistas y afines políticos del Presidente;
• La elección anticipada de la Directiva del Congreso;
• Una escalada de persecución y ataque contra las fuerzas de la oposición partidaria desde la cual se le pretende deslegitimizar, desconocer su representatividad ganada en las urnas de un 70% de los electores que votaron en contra del partido Nacional y de Juan Orlando Hernández;
La situación política se torna grave y peligrosa
LIBRE DENUNCIA que ha sido informada por fuentes no oficiales que se prepara una campaña de calumnias y difamación en contra de candidatos opositores e inclusive el asesinato selectivo de aspirantes políticos en diferentes niveles de elección, con vistas a generar terror y disminuir el ánimo de más del 70% de la población en contra del actual régimen.
Diariamente se producen decenas de ejecuciones por escuadrones de la muerte; extradiciones que reflejan las enormes falencias del sistema judicial y del estado de derecho en Honduras e innumerables VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, encubiertas o disfrazadas como delincuencia común y lucha contra el crimen organizado.
En materia de migraciones indocumentadas el gobierno y sus voceros se ufanan de que las deportaciones desde Estados Unidos han decrecido, ocultando que ahora los migrantes indocumentados son detenidos y retornados desde México y Guatemala.
En los últimos días del 2015 el periódico Washington Post filtró las redadas masivas de indocumentados centroamericanos que planifica el gobierno de Obama para el 2016, los migrantes hondureños serán de los más afectados con esta medida.
En adición, el Presidente Hernández prometió ser respetuoso de la libertad de expresión, pero ejerce un control casi total de medios de comunicación.
Instrumentaliza y usa el TERROR y la INTIMIDACIÓN en todas las formas posibles, para controlar las opiniones, los medios y los periodistas; hasta llegar al extremo de tener con un pie en la cárcel al periodista David Romero Ellner y amenazar con cerrar Cholusat Sur y Radio y Globo TV, por denunciar las ejecuciones, masacres, persecuciones, saqueos, abusos, arbitrariedades y en general la corrupción que priva en el Estado.
CERCADO POR SUS PROPIAS EJECUTORIAS, EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ DURANTE 2016, SEGUIRÁ MINTIENDO COBIJADO POR UNOS PODERES LEGISLATIVOS Y JUDICIAL ACOMODADOS Y PLEGADOS A SU AGENDA PERSONAL.
Ante esta situación el Partido Libertad y Refundación “LIBRE” reitera su compromiso con el pueblo hondureño por la Refundación de Honduras y plantea una lucha frontal hasta derrotar la inseguridad la ilegalidad y el abandono en que vive nuestro país, no vamos a descansar hasta derrotar el gobierno Nacionalista, y las pretensiones continuistas de JOH y llamamos a la militancia a cumplir las siguientes tareas, consideradas agenda política impostergable:
1. La derogación de todas las leyes inconstitucionales y violadoras de nuestros principios y nuestros derechos fundamentales, como son las leyes de: Secretos, poderes extraordinarios al Presidente Hernández, leyes militares que invaden ámbito civil, ley de Escuchas Ilegales, ley de ZEDES, que entregan nuestra patria en pedazos y las nuevas y onerosas cargas tributarias que afectan nuestra economía .
2. Crear un nuevo proceso para los organismos operadores de justicia que garantice imparcialidad en su aplicación, incluyendo elección de fiscales jueces, Consejo de la Judicatura, Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que elimine los vicios de corrupción y politización que han contaminado ese poder del estado hasta la fecha.
3. Estructurar una estrategia jurídica y social para desmontar el latrocinio contra el sector salud y educación, investigar, descubrir, sin privilegios de ninguna índole, a todos los responsables del saqueo contra el IHSS y otras instituciones del estado, incluyendo las altas esferas del Gobierno que todavía están impunes y encubiertos.
4. Exigir Reformas urgentes y profundas a la Ley Electoral que garanticen elecciones trasparentes, libres y justas. ( ya presentadas por LIBRE ante el Congreso Nacional ).
5. Demandar la Anulación inmediata de la sentencia ilegal de la Sala Constitucional para favorecer el continuismo del Presidente Juan Orlando Hernández ya presentada en la corte de justicia en nombre del partido libre por el Coordinador Zelaya Rosales .
6. CONVOCAR A UNA CONSULTA POPULAR que tenga por objeto que el pueblo decida si está de acuerdo con una Nueva constitución y una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.
7. Exigir la Depuración efectiva y a profundidad de las instituciones y órganos operadores de Justicia y Seguridad.
8. Fortalecer la Policía Civil y desmilitarización de las instituciones públicas, entre ellas la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), los Hospitales y Centros Educativos, los entes fiscalizadores y contralores del Estado.
9. Demandar una Auditoría internacional para los fondos del tazón, del bono 10 mil, subsidios de los diputados y gastos en publicidad del gobierno.
10. Exigir el cese a la persecución fiscal y su criminalización por parte del estado, lo cual tiene en franca extinción a las pequeñas y medianas industrias; y en general afecta al empresariado local que no goza del auspicio de Incentivos y Privilegios Fiscales.
11. Respaldar plena y activamente la movilización social, y el derecho a la protesta, como derecho inalienable del pueblo hondureño.
Pedimos la unidad de todos los sectores para enfrentar la dura lucha que se avizora para los años 2016 y 2017.
Se deben incrementar los niveles de organización unitaria de la oposición, para recuperar nuestra seguridad, la democracia y el estado de derecho.
Alertamos a la Empresa Privada sobre el plan estructural que se aplica en Honduras que provocará la quiebra de miles de empresas, e irá deteriorando aceleradamente la posibilidad de inversión, provocando enormes pérdidas de capital, y propiciando la confiscación de sus bienes, incluso por vías entendidas legales.
Los empresarios deben ser parte de esta cruzada democratizadora que busca un país justo, en el que se multipliquen las oportunidades para todos, en un marco de justicia. No se dejen engañar con el argumento del crecimiento, pues este no es lo mismo que desarrollo, y es en este último en el que ustedes pueden encontrar ambiente para ver crecer su iniciativa creadora.
Por una Honduras LIBRE, SOBERANA y JUSTA para todos sus hijos e hijas, llamamos a la unidad del pueblo para conquistar la democracia, hoy destruida y vilipendiada por el bipartidismo.
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