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| Foto G. Iglesias | Rel-UITA |
Por Daniel Gatti | Rel-UITA
El 10 de diciembre, Gonzalo Fuentes y su compañera Lola Villalba comparecieron ante la justicia española. La fiscalía pide para ambos tres años de cárcel por participar en un piquete de huelga. “El nuestro es un juicio político”, dijo a La Rel.
Fuentes tiene una experiencia de décadas como dirigente obrero. “Participé en las últimas huelgas durante el franquismo”, dice. Sin embargo, hasta ahora nunca había sido llevado ante los tribunales por su labor como sindicalista.
“Fue en ‘democracia’ que me han enjuiciado por primera vez”, apunta con amargura, y sostiene que “en realidad hablar de democracia en estas condiciones hasta puede sonar exagerado. Una democracia que no respete el derecho de huelga no es una democracia, eso es claro”.
En 2012, Gonzalo participó en un piquete informativo sobre la huelga general del 14 de noviembre, en Málaga, Andalucía. En el piquete había cientos de personas. Pero fueron él, secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios de CCOO, y Lola Villalba, secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de la ciudad de Málaga, los dos únicos acusados.
Se les responsabilizó de “obstaculizar la libertad de trabajo”, y la fiscalía solicitó entonces tres años y medio de cárcel para los dos. “Una barbaridad”, comenta fuentes. “Lamentablemente no somos los únicos en este caso: somos 280 en toda España, algunos ya con sentencia”.
El 10 de diciembre pasado Fuentes y Villalba se presentaron ante los tribunales.
“En la audiencia quedó meridianamente claro que habíamos actuado amparados por la ley. El propio denunciante reconoció que actuamos de manera educada, pacífica, cumpliendo nuestra función en el marco de un piquete, de una huelga, una medida consagrada por la Constitución que debería estar protegida de manera efectiva”, relató el dirigente.
“Después de algún titubeo, la propia policía admitió que habíamos actuado de manera correcta, y reconoció que había habido infiltrados de ellos en aquellos días”.
Pero nada de eso le fue suficiente a la fiscalía, representante del gobierno. Mantuvo los agravantes, aunque bajó de 3,5 a tres años de cárcel su pedido de castigo.
Fuentes cree paradójico que un gobierno que recorta derechos y conquistas sociales, que ampara corruptos que han robado centenas de millones de euros y ha dejado en el paro a centenas de miles de personas como consecuencia de sus políticas, “hable de derecho al trabajo y busque sancionarnos en función de ese derecho que vive pisoteando”.
“Los que defendemos el derecho al trabajo somos nosotros, los sindicalistas, no ellos”, protesta.
“El derecho al trabajo digno se ha conquistado a través de muchas luchas. La consagración del derecho de huelga ha sido producto de huelgas, por ejemplo. Y en esas seguiremos, luchando por ampliar conquistas” y por impedir que el gobierno de Mariano Rajoy se salga con la suya de “convertir un derecho en un delito y criminalizar todo movimiento de protesta”.
El fallo se espera para las próximas semanas. “Probablemente en los primeros días de enero, después de Reyes”, piensa Fuentes.
Y cree que si se le concede razón “no habrá sido producto de ningún regalo, sino de que tenemos razón y de la solidaridad de sindicatos y movimientos en toda España y en todo el mundo, como la Rel-UITA, entre otros”.
El 10 de diciembre, Gonzalo Fuentes y su compañera Lola Villalba comparecieron ante la justicia española. La fiscalía pide para ambos tres años de cárcel por participar en un piquete de huelga. “El nuestro es un juicio político”, dijo a La Rel.
Fuentes tiene una experiencia de décadas como dirigente obrero. “Participé en las últimas huelgas durante el franquismo”, dice. Sin embargo, hasta ahora nunca había sido llevado ante los tribunales por su labor como sindicalista.
“Fue en ‘democracia’ que me han enjuiciado por primera vez”, apunta con amargura, y sostiene que “en realidad hablar de democracia en estas condiciones hasta puede sonar exagerado. Una democracia que no respete el derecho de huelga no es una democracia, eso es claro”.
En 2012, Gonzalo participó en un piquete informativo sobre la huelga general del 14 de noviembre, en Málaga, Andalucía. En el piquete había cientos de personas. Pero fueron él, secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios de CCOO, y Lola Villalba, secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de la ciudad de Málaga, los dos únicos acusados.
Se les responsabilizó de “obstaculizar la libertad de trabajo”, y la fiscalía solicitó entonces tres años y medio de cárcel para los dos. “Una barbaridad”, comenta fuentes. “Lamentablemente no somos los únicos en este caso: somos 280 en toda España, algunos ya con sentencia”.
El 10 de diciembre pasado Fuentes y Villalba se presentaron ante los tribunales.
“En la audiencia quedó meridianamente claro que habíamos actuado amparados por la ley. El propio denunciante reconoció que actuamos de manera educada, pacífica, cumpliendo nuestra función en el marco de un piquete, de una huelga, una medida consagrada por la Constitución que debería estar protegida de manera efectiva”, relató el dirigente.
“Después de algún titubeo, la propia policía admitió que habíamos actuado de manera correcta, y reconoció que había habido infiltrados de ellos en aquellos días”.
Pero nada de eso le fue suficiente a la fiscalía, representante del gobierno. Mantuvo los agravantes, aunque bajó de 3,5 a tres años de cárcel su pedido de castigo.
Fuentes cree paradójico que un gobierno que recorta derechos y conquistas sociales, que ampara corruptos que han robado centenas de millones de euros y ha dejado en el paro a centenas de miles de personas como consecuencia de sus políticas, “hable de derecho al trabajo y busque sancionarnos en función de ese derecho que vive pisoteando”.
“Los que defendemos el derecho al trabajo somos nosotros, los sindicalistas, no ellos”, protesta.
“El derecho al trabajo digno se ha conquistado a través de muchas luchas. La consagración del derecho de huelga ha sido producto de huelgas, por ejemplo. Y en esas seguiremos, luchando por ampliar conquistas” y por impedir que el gobierno de Mariano Rajoy se salga con la suya de “convertir un derecho en un delito y criminalizar todo movimiento de protesta”.
El fallo se espera para las próximas semanas. “Probablemente en los primeros días de enero, después de Reyes”, piensa Fuentes.
Y cree que si se le concede razón “no habrá sido producto de ningún regalo, sino de que tenemos razón y de la solidaridad de sindicatos y movimientos en toda España y en todo el mundo, como la Rel-UITA, entre otros”.
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