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Por Dora Reyes | ContraPunto
Con las manos atadas con cintas de zapatos fue la forma en que seis militares se llevaron a dos jóvenes de 17 años de edad, originarios del municipio de San Martín, la mañana del 30 de julio de 2014, según la abogada Marina Ortiz de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), quien este martes presentó un recurso de Hábeas Corpus a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para esclarecer el caso.
Ambos jóvenes eran amigos y residían en la colonia Anémona de dicho municipio; "nunca se imaginaron", según la abogada, que al dirigirse hacia el mercado de su colonia para cortarse el cabello en una sala de belleza de la localidad, sería la última vez que transitaran por la zona.
Según la abogada Ortiz, seis militares interceptaron a ambos jóvenes, los golpearon y los ataron con las cintas de los zapatos que usaban los ahora desparecidos para posteriormente exhibirlos en la zona del mercado de San Martín y luego subirlos a un carro sin placas o matrícula.
“Los jóvenes fueron llevados hacia un lugar en donde no puede entrar cualquier persona, es decir, una zona donde solo la policía y la Fuerza Armada pueden ingresar porque es asediada por pandilleros de una zona contraria de la localidad donde residían los jóvenes. Esta información fue brindada por testigos y hasta el momento desconocemos su paradero”, expresó la abogada.
Es por ello que este martes la ASDEHU presentó, a petición de la familia de los desaparecidos, un Habeas Corpus a la CSJ para conocer la situación en la que se encuentran los luego de 19 meses de ausencia forzada.
El Habeas Corpus es un recurso constitucional que se utiliza cuando a un individuo se le restringe su libertad de forma ilegal.
“Con el recurso presentado hemos pedido la exhibición personal de ambos jóvenes e incluso la del ministro de Defensa para que nos aclare los hechos. Además solicitamos una jueza ejecutora para que haga las diligencias correspondientes ya que la Fiscalía General de la República ha sido totalmente inoperante en el caso, no ha investigado”, dijo Ortiz.
El caso de estos jóvenes no es el único registrado luego del conflicto armado el país. El 18 de febrero de 2014 en la colonia San Fernando del municipio de Armenia departamento de Sonsonate tres jóvenes fueron desaparecidos presuntamente por cinco soldados y un sargento de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
"Se llevaron a cinco hombres del lugar, dos de ellos fueron liberados y los otros continuaron caminando con los soldados y hasta la fecha continúan desaparecidos", expresó en su momento el abogado del caso.
Hasta la fecha el sargento y los soldados están detenidos por la vinculación del delito. Este fue el primer caso de desaparición forzada judicializado en el país.
Ante estos hechos, Mauricio Figueroa, asesor metodológico y experto en temas de violencia de la Fundación Ideas y Acciones para la Paz Quetzalcoatl, aseveró que a estas prácticas que se realizan desde la estructuras del Estado no se le han dado la suficiente importancia para ser tomaos en cuenta e investigarlos.
“Lo preocupante del caso de los dos jóvenes es que estén ocurriendo este tipo de situaciones por parte de agentes del Estado; y que no tengamos un sistema judicial capaz para dar con los responsables de esas desapariciones. Además no hay garantía para los familiares que también han sido objetos de amenazas por parte de militares para que dejen el caso”, dijo Figueroa.
“El Estado no tiene voluntad ni capacidad”
Definidamente el Estado carece de capacidad y voluntad política de reconocer que en El Salvador las expresiones de violencia han ido cambiando y agravándose en los últimos años como el de desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, manifestó el asesor.
“Vemos el tratamiento que el gobierno y el Estado en su conjunto está dando a ambos temas y nos damos cuenta de que existe un desconocimiento de la situación y no se puede abordar si no se reconoce que existe”, acotó Figueroa.
Figueroa recalcó que luego de casi 25 años de los Acuerdos de Paz El Salvador está enfrentando violaciones graves a los derechos humanos similares en su modus operandi a los hechos sucedidos durante el conflicto armado.
“Esto es preocupante porque después de ese proceso de paz que reaparezcan estas prácticas y que no haya un reconocimiento por parte del Estado, podría significar realmente una grave violación a los derechos constitucionales del ser humano”, afirmó el asesor.
En el caso de los dos jóvenes desaparecidos el asesor considera que pudo ser un caso fortuito y sin mayor planificación, desarrollado dentro de la actuación rutinaria que se le ha dado a los militares “que no están preparados para labores de seguridad pública y no tiene preparación en cuanto a derechos humanos”.
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