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Por Tomy Morales | Defensores en Línea
Momentos muy emotivos se vivieron en el 33 aniversario del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras, Cofadeh, al recordar a los que se llevaron y que jamás volverán a ver con vida. Durante la actividad se presentó el informe en el tema de las desapariciones forzadas “Verdad histórica, justicia y reparación, deudas que no prescriben”.
Con el lema “Nacimos por las luchas del pueblo, desaparecimos en la Doctrina de Seguridad Nacional, resurgimos por la verdad… existimos por la justicia”, Cofadeh se ha mantenido todos estos años como un recordatorio para los gobiernos que tienen una deuda moral con las y los familiares que aún recuerdan y lloran a sus desaparecidos y desaparecidas.
El informe caracteriza la Desaparición Forzada en dos contextos; uno es el periodo que comprende de 1980 a 1995 con la Seguridad Nacional donde los perpetradores de las desapariciones fueron principalmente los escuadrones de la muerte creados al interior de las Fuerzas de Seguridad del Estado financiados y entrenados por Estados Unidos e Israel, asesorados por las Fuerzas Militares de Argentina, la policía y los servicios de seguridad del Estado, en conjunto con las fuerzas paramilitares contra revolucionarias de Nicaragua “los contras”.
La creación de estructuras políticas, económicas y jurídicas para allanar la impunidad total, los escuadrones de la muerte “3-16”, cuerpos especiales de operaciones anti subversivas, la Escuela de Montaña, las Fuerzas Territoriales y otras.
Algunos de los nombres que sobresalen son de tres de los oficiales (fundadores 3-16) como Manuel de Jesús Trejo, Billy Fernando Joya (ex candidato a diputado pasadas elecciones) y Alexander Hernández (mano derecha de Billy Joya), a quienes el juez Roy Edmundo Medina dictó orden de captura (nunca se ejecutó), otro de los oficiales fue el coronel Juan Blas Salazar (por tráfico de drogas).
Condiciones
Las condiciones que facilitaron las desapariciones en los 80s fueron la remilitarización de la vida pública, de los organismos de inteligencia y represión del gobierno, el fortalecimiento armado de los poderes facticos, empleo repetido de la fuerza en contra de organizaciones sociales, la apática gubernamental ante las denuncias de desapariciones forzadas y otras prácticas lesivas a derechos humanos, la desprotección jurídica de las víctimas, la emisión de una nueva ley de Amnistía en enero del 2010 para perdonar delitos políticos derivados del golpe de Estado, incluyendo desapariciones forzadas entre otras.
Enlistó algunos casos de desaparición como el de Donatilo Jiménez Euceda (SITRAUNAH, 8 abril 2015), Kelvin Omar Andrade Hernández (FNRP 11 junio 2010), Osmin Obando Cáceres (hijo coordinador FNRP, 13 junio 2010), Norma Yolanda Hernández López (sacada de su casa hombres vestían fatigas de la policía, 1 junio 2010), Denis Alexander Russel Anariva (capturado en un operativo grupo especial antisecuestro, 1 junio 2010), Samuel Josué Pastrana Molina (capturado cuatro hombres chalecos de policía, 7 febrero 2011), Oscar Elías López Muñoz (seis hombres, 21 agosto 2011), Mauricio Joel Urbina Castro (cuatro hombres pasamontañas, 2 agosto 2011) y otros.
Tres elementos son la esencia de la desaparición forzada; la privación de libertad, intervención de agentes estatales o su aquiescencia y la negativa a reconocer la detención y el paradero de las víctimas.
El informe hace mención del marco jurídico nacional y el marco jurídico internacional al que los entes impartidores de justicia deben apegarse para garantizar el término de la impunidad en el tema de las desapariciones forzosas.
Con el lema “Nacimos por las luchas del pueblo, desaparecimos en la Doctrina de Seguridad Nacional, resurgimos por la verdad… existimos por la justicia”, Cofadeh se ha mantenido todos estos años como un recordatorio para los gobiernos que tienen una deuda moral con las y los familiares que aún recuerdan y lloran a sus desaparecidos y desaparecidas.
El informe caracteriza la Desaparición Forzada en dos contextos; uno es el periodo que comprende de 1980 a 1995 con la Seguridad Nacional donde los perpetradores de las desapariciones fueron principalmente los escuadrones de la muerte creados al interior de las Fuerzas de Seguridad del Estado financiados y entrenados por Estados Unidos e Israel, asesorados por las Fuerzas Militares de Argentina, la policía y los servicios de seguridad del Estado, en conjunto con las fuerzas paramilitares contra revolucionarias de Nicaragua “los contras”.
La creación de estructuras políticas, económicas y jurídicas para allanar la impunidad total, los escuadrones de la muerte “3-16”, cuerpos especiales de operaciones anti subversivas, la Escuela de Montaña, las Fuerzas Territoriales y otras.
Algunos de los nombres que sobresalen son de tres de los oficiales (fundadores 3-16) como Manuel de Jesús Trejo, Billy Fernando Joya (ex candidato a diputado pasadas elecciones) y Alexander Hernández (mano derecha de Billy Joya), a quienes el juez Roy Edmundo Medina dictó orden de captura (nunca se ejecutó), otro de los oficiales fue el coronel Juan Blas Salazar (por tráfico de drogas).
Condiciones
Las condiciones que facilitaron las desapariciones en los 80s fueron la remilitarización de la vida pública, de los organismos de inteligencia y represión del gobierno, el fortalecimiento armado de los poderes facticos, empleo repetido de la fuerza en contra de organizaciones sociales, la apática gubernamental ante las denuncias de desapariciones forzadas y otras prácticas lesivas a derechos humanos, la desprotección jurídica de las víctimas, la emisión de una nueva ley de Amnistía en enero del 2010 para perdonar delitos políticos derivados del golpe de Estado, incluyendo desapariciones forzadas entre otras.
Enlistó algunos casos de desaparición como el de Donatilo Jiménez Euceda (SITRAUNAH, 8 abril 2015), Kelvin Omar Andrade Hernández (FNRP 11 junio 2010), Osmin Obando Cáceres (hijo coordinador FNRP, 13 junio 2010), Norma Yolanda Hernández López (sacada de su casa hombres vestían fatigas de la policía, 1 junio 2010), Denis Alexander Russel Anariva (capturado en un operativo grupo especial antisecuestro, 1 junio 2010), Samuel Josué Pastrana Molina (capturado cuatro hombres chalecos de policía, 7 febrero 2011), Oscar Elías López Muñoz (seis hombres, 21 agosto 2011), Mauricio Joel Urbina Castro (cuatro hombres pasamontañas, 2 agosto 2011) y otros.
Tres elementos son la esencia de la desaparición forzada; la privación de libertad, intervención de agentes estatales o su aquiescencia y la negativa a reconocer la detención y el paradero de las víctimas.
El informe hace mención del marco jurídico nacional y el marco jurídico internacional al que los entes impartidores de justicia deben apegarse para garantizar el término de la impunidad en el tema de las desapariciones forzosas.
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