Por Noticias.com.gt
Comunidades de la Franja Transversal del Norte, la Costa Sur y Sayaxché, Petén, manifestaron su rechazo a las compañías de Palma Africana instaladas en el país y exigieron a las autoridades investigar su posible responsabilidad en la contaminación de los ríos donde operan.
Saúl Paau, representante legal de los comunitarios, afirmó que desde el 2011 han interpuesto una serie de denuncias ante el Ministerio Público (MP) por el desvío de afluentes, contaminación de agua, amenazas y coacción en contra de activistas por parte de este tipo de empresas, sin embargo hasta el momento el organismo no ha tomado cartas en el asunto.
Debido a la inoperancia del sistema de justicia, agregó Paau, se han dado nuevos casos de contaminación en los ríos, lo que ha vulnerado los derechos de los comunitarios, razón por la cual acordaron interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH).
Los pobladores criticaron también la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debido a que algunas compañías operan sin licencia o estudios de impacto ambiental.
Esta situación fue comprobada por una misión de expertos que visitó recientemente el municipio de Sayaxché, Petén, para analizar la contaminación del río La Pasión y las condiciones en que se encuentran los habitantes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció que además de que REPSA no cuenta con estudios de impacto ambiental para la siembra de palma africana, parte de su sembradío se encuentra en área protegida y en una zona de amortiguamiento de la Biosfera Maya.
Las comunidades reiteraron que la contaminación del río La Pasión afecta a más de 22 mil pobladores de 22 comunidades, quienes han perdido parte de sus fuentes de alimentación y del agua para el consumo.
El gobierno aseguró que ha entregado a los vecinos de Sayaché alimentos y agua potable para garantizar su seguridad alimentaria, sin embargo los vecinos afirmaron que el apoyo ha sido escaso y únicamente recibieron víveres en una ocasión.
Asimismo, denunciaron que poblados de la Franja Transversal del Norte han sido afectados por la contaminación a los fluentes y que debido a la lucha de hombres y mujeres en contra de estas compañías, han sido objeto de amenazas, intimidaciones y acoso judicial, aseguraron los comunitarios.
Debido a la inoperancia del sistema de justicia, agregó Paau, se han dado nuevos casos de contaminación en los ríos, lo que ha vulnerado los derechos de los comunitarios, razón por la cual acordaron interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH).
Los pobladores criticaron también la falta de fiscalización por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debido a que algunas compañías operan sin licencia o estudios de impacto ambiental.
Esta situación fue comprobada por una misión de expertos que visitó recientemente el municipio de Sayaxché, Petén, para analizar la contaminación del río La Pasión y las condiciones en que se encuentran los habitantes.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) estableció que además de que REPSA no cuenta con estudios de impacto ambiental para la siembra de palma africana, parte de su sembradío se encuentra en área protegida y en una zona de amortiguamiento de la Biosfera Maya.
Las comunidades reiteraron que la contaminación del río La Pasión afecta a más de 22 mil pobladores de 22 comunidades, quienes han perdido parte de sus fuentes de alimentación y del agua para el consumo.
El gobierno aseguró que ha entregado a los vecinos de Sayaché alimentos y agua potable para garantizar su seguridad alimentaria, sin embargo los vecinos afirmaron que el apoyo ha sido escaso y únicamente recibieron víveres en una ocasión.
Asimismo, denunciaron que poblados de la Franja Transversal del Norte han sido afectados por la contaminación a los fluentes y que debido a la lucha de hombres y mujeres en contra de estas compañías, han sido objeto de amenazas, intimidaciones y acoso judicial, aseguraron los comunitarios.
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