"Las hondureñas vivimos con el terror de ser asesinadas"

Por Derechos de la Mujer

El 13 de Agosto, el Foro de Mujeres por la Vida, el Centro de Derechos de Mujeres, el Centro de Estudios de la Mujer, CLADEM-Honduras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y JASS participaron en el 152° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de México, para exponer la situación de los derechos humanos de las mujeres hondureñas. 

A continuación compartimos el texto íntegro.

"Las hondureñas vivimos con el terror de ser asesinadas en un país que mantiene índices de violencias similares a en guerra. En Honduras una mujer es asesinada cada 13 horas. A pesar de que en el 2013, según fuentes oficiales se redujo el número de homicidios de hombres, aumentó el de mujeres asesinadas pues la tasa pasó de 2.7 en el 2005 a 14.6 en el 2013. Pese a que en el 2013 se aprobó la figura de "femicidio" en el Código Penal, a la fecha solo se han presentado 5 requerimientos fiscales por este delito y de estos solo uno ha sido sentenciado como tal. A la par, en los últimos seis años, la desaparición de mujeres se ha incrementado sensiblemente en un 281%.

Los índices de impunidad estimada son del 95% en casos de violencia sexual y femicidios. Al prevalecer la impunidad, se refuerza la idea de que se puede matar a una mujer sin que ese crimen sea castigado. Con el agravante de que las autoridades aducen públicamente, como causales de estos crímenes, que las mujeres víctimas estaban involucradas en “actividades ilícitas”.

El gobierno ha privilegiado políticas de seguridad basadas en el fortalecimiento del aparato militar, el incremento de su presupuesto y el control por parte del ejército de casi todas las tareas policiales. A pesar de las reiteradas recomendaciones emitidas a nivel nacional e internacional.

El Estado hondureño nos niega el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y reproducción. La anticoncepción de emergencia o PAE, era parte de los anticonceptivos disponibles desde 1999, pero fue prohibida en 2009 a través de un acuerdo ministerial, en el marco del Golpe de Estado, por el entonces ministro de salud de facto.

La prohibición se basó en dos falacias: la primera, afirmar que su principal efecto es impedir que un óvulo fecundado se implante en el útero, y la segunda afirmar que la PAE es abortiva. Usar estas dos falacias es muy grave. La pastilla anticonceptiva de emergencia nunca ha sido considerada como método abortivo. La evidencia científica es contundente al comprobar que esta actúa solo antes de la fecundación, con lo cual no hay conflicto de derechos, contrario a lo que dijeron el Congreso Nacional, la Secretaría de Salud en 2009 y la Corte Suprema de Justicia en 2012.

Estas instituciones han violado el derecho a la libertad personal, la intimidad y la privacidad; el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico; y el derecho a la vida, pues ante embarazos forzados, algunas mujeres recurren a abortos inseguros y en consecuencia ocurren muertes maternas ya que el aborto en Honduras está absolutamente penalizado.

Actualmente existe un proyecto de ley para legalizar el uso de la anticoncepción de emergencia y nuevamente nos enfrentamos a la manipulación y al uso malicioso de la información por parte de autoridades en los distintos poderes del Estado, que retrasan la discusión escudándose en sus propios prejuicios. Nos interesa que sepan que a pesar de todas las recomendaciones que ustedes y otros organismos de derechos humanos han hecho, el Estado hondureño sigue incumpliendo y no manifiesta interés de hacer lo contrario.

A partir del Golpe de Estado se han recrudecido las agresiones contra defensoras y defensores en el país. Según nuestros registros en el 2012, Honduras ocupó el segundo lugar de agresiones a defensoras de derechos humanos en relación a México y Centroamérica. Desde el Congreso Nacional, a iniciativa del ejecutivo, y con la venia del poder judicial, se han aprobado en los últimos años concesiones de territorios y bienes naturales, sin consulta previa con las comunidades, entre ellos los pueblos indígenas y el pueblo garífuna.

No es de extrañarse que las defensoras de luchas territoriales, los bienes comunes y la lucha en contra de concesiones, sean quienes reportan el nivel más alto de agresiones. Es indignante que el 62% de estas agresiones sean perpetradas por agentes estatales, lo que convierte al Estado hondureño en el principal agresor, seguido por las empresas.

Esta represión incluye a defensoras protegidas con medidas cautelares como Bertha Cáceres, Magdalena Morales y Albertina Manueles Pérez quienes han enfrentado cargos por sedición y por atentar contra la seguridad del Estado. Estas mujeres garífunas, indígenas y campesinas no han hecho más que caminar junto a sus comunidades en busca de justicia, cuidando y defendiendo lo que históricamente les pertenece. Siendo esta la única garantía de sobrevivencia frente a este modelo económico que privilegia la producción para la exportación -en manos de grandes capitales nacionales y transnacionales- en detrimento del bienestar de la población y de la producción para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Urge contar con garantías jurídicas y medidas de protección para personas defensoras, pero sabemos que la violencia genera más violencia, por lo que estas NO pueden tener un enfoque militarista, policiaco y represivo.
Actualmente se está discutiendo una propuesta de ley de protección para personas defensoras de derechos humanos desde este enfoque, que no ha sido plenamente consensuada con todas las organizaciones que trabajamos en la defensoría y que carece de un enfoque de atención diferenciado para atender la grave situación de las defensoras.

Por todo lo anterior solicitamos atender las siguientes recomendaciones para contribuir al respeto a los derechos humanos de las mujeres.

1) El Estado tiene la obligación de generar cambios estructurales profundos en el sistema de justicia; cambiar el actual enfoque de la política de seguridad por uno que privilegie los derechos y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los casos de violencia contra las mujeres sean investigados con la debida diligencia, que las personas responsables sean castigadas y las víctimas reciban reparaciones de acuerdo a las recomendaciones emitidas por esta Comisión en el Capítulo IV de su informe 2013. En particular, la investigación de la muerte violenta de mujeres debe contar con los recursos humanos adecuados para identificar las especificidades de los crímenes contra ellas.
La Unidad de Investigación de los Femicidios debe regresar a la Fiscalía de la Mujer para contribuir a reducir la impunidad.

2) El Estado hondureño debe proceder sin demora a la anulación de la prohibición de la anticoncepción de emergencia y a la aprobación del proyecto de Ley que legaliza su uso.

3) Con relación a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, advertimos que en el marco del proyecto de “Ley de Protección para defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, el 8 de agosto, organizaciones de DDH, asesoradas por CEJIL y Protección Internacional en coordinación con la Sub-Secretaría de DDHH presentaron, ante la Comisión de DDHH del Congreso Nacional, importantes observaciones que reparan vacíos estructurales en el proyecto de Ley presentado.

Por lo que demandamos que dicha propuesta sea RESPETADA y aprobada en su esencia manteniendo su espíritu de protección de la labor y la vida de las y los defensores. Así mismo señalamos que esta Ley no tendrá ningún efecto sin los mecanismos efectivos para su aplicación."