Por Miguel Vaquerano | Verdad Digital
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, expresó enérgicamente su descontento con la participación como precandidatos para diputados por el derechista partido Arena de los exmilitares salvadoreños, señalados por altas violaciones a los derechos humanos, Mauricio Vargas y Orlando Zepeda.
“Es un mensaje negativo que busquen puestos de primer nivel en el Estado, cuando tienen estás deudas con la justicia”, consideró el procurador al ser consultado por Verdad Digital.
A los militares que hace referencia el procurador de los Derechos Humanos son los generales Mauricio Vargas y Orlando Zepeda, dos militares retirados del grupo de oficiales conocido como La Tandona, de 1966, cuestionada por sus abusos durante el conflicto armado.
Es de recordar que Vargas fue señalado en Estados Unidos y Zepeda en España, como violadores de los derechos humanos durante los años de la guerra interna en El Salvador, iniciada en 1980 y que concluyó con los Acuerdos de paz en 1992.
David Morales recordó que el general Orlando Zepeda está mencionado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de los padres jesuitas el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en El Salvador.
“No ha sido juzgado en El Salvador porque la justicia salvadoreña le ha protegido arbitrariamente, aplicando indebidamente la figura de la prescripción, es una deuda pendiente de la justicia salvadoreña procesar a los presuntos autores intelectuales de la masacre de los jesuitas, entre ellos está el general Zepeda”, se lamentó.
Zepeda era el viceministro de la Defensa del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), cuando fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas en la UCA.
En el caso del general Mauricio Vargas, aseguró que es uno de los presuntos señalados en el crimen del joven Ramón García Prieto, el 10 de junio de 1994.
“Las víctimas en el caso de García Prieto señalaron al general Mauricio Vargas como uno de los posibles responsables del crimen, por lo tanto hay obligaciones internacionales de derechos humanos e internas de la justicia salvadoreña de investigar a estos exaltos jefes militares”, manifestó.
Asimismo, dijo que Vargas, quien fuera comandante de la Tercera Brigada de Infantería, la Fiscalía de Estados Unidos lo señaló como una autoridad militar que abusó de los derechos humanos de la población civil.
En este sentido, se le atribuye la responsabilidad de abusos a la población campesina de Cacaopera en Morazán, en 1986, durante la operación “tierra arrasada”, cuya modalidad fue arrasar o desaparecer con todo lo que apareciera en el camino.
Por tanto, recalcó que todavía hay obligaciones de Cortes internacionales y nacionales en investigar a altos jefes militares por el cometimiento de graves violaciones a la población civil, por lo que no es ético que participen como precandidatos a una diputación.
Es más, dijo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha destacado las graves inexactitudes de la justicia salvadoreña para procesar a los que cometieron graves violaciones durante el conflicto armado, tales los casos de Zepeda y Vargas.
“No es ético, ni jurídicamente debería de ser válido (su participación en la política) porque deberíamos tener un escenario de investigación de los casos y no del favorecimiento a la impunidad”, puntualizó Morales.
Ambos exmilitares buscan un asiento por San Salvador en la Asamblea Legislativa por el partido Arena, es de recordar que ya pasaron los primeros filtros en Arena en el camino hacia los comicios para alcaldes y diputados, que se celebrarán el 1 de marzo próximos. El 24 de este mes el partido derechista dará a conocer los aspirantes a diputados, entre ellos los 24 de San Salvador.
A los militares que hace referencia el procurador de los Derechos Humanos son los generales Mauricio Vargas y Orlando Zepeda, dos militares retirados del grupo de oficiales conocido como La Tandona, de 1966, cuestionada por sus abusos durante el conflicto armado.
Es de recordar que Vargas fue señalado en Estados Unidos y Zepeda en España, como violadores de los derechos humanos durante los años de la guerra interna en El Salvador, iniciada en 1980 y que concluyó con los Acuerdos de paz en 1992.
David Morales recordó que el general Orlando Zepeda está mencionado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de los padres jesuitas el 16 de noviembre de 1989, en la Universidad José Simeón Cañas (UCA), en El Salvador.
“No ha sido juzgado en El Salvador porque la justicia salvadoreña le ha protegido arbitrariamente, aplicando indebidamente la figura de la prescripción, es una deuda pendiente de la justicia salvadoreña procesar a los presuntos autores intelectuales de la masacre de los jesuitas, entre ellos está el general Zepeda”, se lamentó.
Zepeda era el viceministro de la Defensa del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), cuando fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas en la UCA.
En el caso del general Mauricio Vargas, aseguró que es uno de los presuntos señalados en el crimen del joven Ramón García Prieto, el 10 de junio de 1994.
“Las víctimas en el caso de García Prieto señalaron al general Mauricio Vargas como uno de los posibles responsables del crimen, por lo tanto hay obligaciones internacionales de derechos humanos e internas de la justicia salvadoreña de investigar a estos exaltos jefes militares”, manifestó.
Asimismo, dijo que Vargas, quien fuera comandante de la Tercera Brigada de Infantería, la Fiscalía de Estados Unidos lo señaló como una autoridad militar que abusó de los derechos humanos de la población civil.
En este sentido, se le atribuye la responsabilidad de abusos a la población campesina de Cacaopera en Morazán, en 1986, durante la operación “tierra arrasada”, cuya modalidad fue arrasar o desaparecer con todo lo que apareciera en el camino.
Por tanto, recalcó que todavía hay obligaciones de Cortes internacionales y nacionales en investigar a altos jefes militares por el cometimiento de graves violaciones a la población civil, por lo que no es ético que participen como precandidatos a una diputación.
Es más, dijo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha destacado las graves inexactitudes de la justicia salvadoreña para procesar a los que cometieron graves violaciones durante el conflicto armado, tales los casos de Zepeda y Vargas.
“No es ético, ni jurídicamente debería de ser válido (su participación en la política) porque deberíamos tener un escenario de investigación de los casos y no del favorecimiento a la impunidad”, puntualizó Morales.
Ambos exmilitares buscan un asiento por San Salvador en la Asamblea Legislativa por el partido Arena, es de recordar que ya pasaron los primeros filtros en Arena en el camino hacia los comicios para alcaldes y diputados, que se celebrarán el 1 de marzo próximos. El 24 de este mes el partido derechista dará a conocer los aspirantes a diputados, entre ellos los 24 de San Salvador.
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