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Por Marvin Palacios | Defensores en Línea
Sobre la Ley de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, que se encuentra en discusión en segundo debate en el Congreso Nacional, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, Bertha Oliva, comentó que una propuesta de ley de esa naturaleza en un país donde no se tiene cultura sobre el tema de derechos humanos, es una ley que debe ser la mayormente debatida y analizada por aquellos que tienen experiencia en el tema.
"Creo que en algún momento, alguna gente va a decir que esa propuesta que se entregó en el Congreso Nacional es demasiado descriptiva y reiterativa, pero hay que hacerlo porque lo que no se dice no es ley, y hay que aprovechar para que se vaya creando esa cultura a favor de los derechos humanos", dijo.
Que los mismos congresistas que va a tomar a bien discutir la misma sepan lo tedioso que es el procedimiento de hacer la defensa y el tutelaje pleno de los derechos humanos, porque no es lo mismo que alguien se declare defensor y que no haga el trabajo de derechos humanos, no es lo mismo hablar sobre el tema en plaza pública como discurso, que el verdadero ejercicio para proteger, promover y para tutelar los derechos humanos.
“Por eso creemos que la ley está en esa condición, que no reiterativa, como alguna gente pueda pensar así como muy descriptiva, pero también después de que hemos hecho todo este trabajo de incidencia, hay que decirlo, hemos logrado esta incidencia política en las últimas 3 semanas sobre el tema, hemos hablado con tomadores de decisiones en el país que tienen por qué saber que era necesario escuchar fundamentalmente a los que hemos hecho trabajo desde hace mucho tiempo en el tema de derechos humanos”.
“Y nos ha tocado reunirnos en momentos por separado, por ejemplo con el actual Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, quien nos dio el tiempo necesario para discutir, hablar y proponer e igualmente hemos hablado con el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo para debatir y manifestarle sobre el por qué de nuestras preocupaciones respecto de la ley y así con otros personajes que creíamos que era necesario hablar.
La Coordinadora General del Cofadeh manifestó que de esta forma se logró que se detuviera el debate de la Ley de Protección. “Y quiero ser enfática en este asunto, desde la mirada del Cofadeh, la propuesta original introducida al seno del poder Legislativo, no creo que haya habido mala intención, lo que creo es que cuando se produce un documento es bueno ponerlo a disposición del debate y el análisis para los aportes necesarios, porque en el ejercicio ciudadano se debe escuchar la participación de quienes van a ser los que van a usar el instrumento.
Es bueno aclarar esto, para que no se vayan a crear malas “vibras” ni pensar que es porque se tienen compromisos, no, yo creo que no se debe confundir una cosa con la otra, yo creo que no ha habido mala intención desde la perspectiva de los que presentaron el documento en el Congreso, considerando que había una serie de propuestas, resaltó Oliva.
Lo que sí me parece es que cuando se tuvo la oportunidad de ver el documento que se estaba discutiendo, nos dimos cuenta de los vacíos que había en la mismo y que era necesario tener una mirada objetiva y una intervención técnica, que es la que al final hemos logrado hacer, para incorporar todo lo que creímos necesario y pertinente.
“De tal manera que vimos las leyes referenciales como es la Ley de Protección de Derechos Humanos de México, así como la de Colombia y Brasil, y dijimos hay que hacer causa común y nos comunicamos a nivel internacional como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y con Protection International que tienen experiencia en el tema”, relató la defensora de derechos humanos.
Añadió que de esta manera tanto CEJIL como Protection International tomaron como suya nuestra preocupación, vinieron al país, se trabajó con ellos y entregamos el documento el pasado miércoles 6 de agosto a la comisión de derechos humanos del Poder Legislativo.
Comisión dice que escuchará a otros sectores antes de reanudar el debate
“A partir de ahí Cofadeh piensa que la primera preocupación de la reunión del miércoles 6 de agosto fue que ahí no se encontraba toda la comisión de dictamen del Congreso Nacional, eso para mí fue motivo de preocupación, sin embargo en el transcurso de entrega de la ley se fueron incorporando algunos miembros, pero lo que me sorprendió sobremanera fue que nos dijeron que el lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, se escucharía a otros sectores y actores que están incluidos dentro de la misma propuesta de ley”.
Oliva señaló que se suponía que eso ya había sido consultado con ellos, en referencia al Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y Colegio de Periodistas (CPH), entre otros sectores.
“Se supone que ellos estaban de acuerdo con la ley que está en segundo debate y entonces cuál era la prisa o cuál era la camisa de fuerza, porque nos habían dicho que el debate se reiniciaría una vez que entregáramos los aportes y las observaciones; eso sí me ha preocupado, no lo manifesté ahí en la reunión porque habíamos varias organizaciones representadas en la entrega del documento, pero yo soy de las mujeres que no callo y me siento con la obligación de transmitir esta preocupación en público y que de repente lo vamos a hacer llegar de forma privada”, expuso Oliva.
Para mí es de preocupación y se crea suspicacia, porque desafortunadamente las leyes y los acuerdos políticos pesan más que el interés legítimo de los ciudadanos y ciudadanas que trabajamos en el tema.
“Salta esta preocupación y ojalá solo sea una preocupación nuestra, que no haya esa intención de trastocar la ley, pero también dijimos que nuestro accionar no iba a quedar en entregar el documento, sino siendo vigilantes del mimos en todo el proceso que estén en el Congreso Nacional y desde luego Cofadeh no es de la gente que amenaza, es decir que si esta ley no se aprueba vamos a ir a otras instancias, sino que vamos a considerar y vamos a ver si lo que se aprueba, es mejor de lo que nosotros hemos aportado, pues qué bien; pero si no, el trabajo de incidencia continúa”, señaló Oliva.
Finalmente, Bertha Oliva apuntó que hay que sumar la importancia de las diferentes expresiones organizadas de derechos humanos en el país, la intervención de organizaciones con experiencia en el tema a nivel internacional y desde luego, eso no quiere decir, que ya porque tengamos una ley respecto a la protección de defensores y defensoras, es que desde ya se va a promover y respetar los derechos humanos, “lo que insisto yo, es que lo se requiere para cambiar las cosas en el país es que haya voluntad política de quienes promueven la violación de derechos humanos, y en este sentido tenemos que decirle claramente al pueblo es que cuando haya una violación de derechos humanos, es porque agentes del Estado son los perpetradores de los mismos, y el gobierno en representación del Estado lo permite y además hasta lo calla, no lo sanciona, lo defiende y justifica”.
En el capítulo II, en los artículos del 7 al 11 referente a los deberes del Estado con respecto a esta Ley, la propuesta de las organizaciones defensoras de derechos humanos es que el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las defensoras y de los defensores y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares.
“El Estado tiene la responsabilidad primordial de adoptar los mecanismos de protección y de seguridad personal necesarios en coordinación con la Dirección General del Sistema de Protección, conforme la evaluación del riesgo de las personas beneficiarias de la presente Ley. Al efecto, las demás instituciones del Estado en el marco de sus competencias prestarán la colaboración que se requiere para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley”, afirma el artículo 11 de la ley en discusión.
Las organizaciones proponen la creación del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos como una instancia constituida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización que gozará de independencia. Este órgano tendrá la función de sentar las bases de coordinación con otras instituciones públicas y con la sociedad, para una efectiva protección en el marco de la política pública y plan nacional de derechos humanos.
Integrarán el Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, como órgano rector, el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, Dirección General del Sistema de Protección, Comité Técnico del Mecanismo de Protección y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad
El Consejo Nacional de Protección estará integrado por representantes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; quien ostentará el voto de calidad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, La Secretaría de Seguridad Pública, el Colegio de Abogados de Honduras, el Colegio de Periodista de Honduras, un representante de las Asociaciones de Radios Comunitarias y Comunicadores Sociales y Cinco (5) representantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos serán invitados en calidad de observadores, con voz pero sin voto.
Las representantes y los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, serán electos en asamblea pública convocada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; y mediante el acompañamiento de la Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El mandato de los integrantes del Consejo será por un período de dos (2) años y solamente podrán ser reelectos por un período más.
Que los mismos congresistas que va a tomar a bien discutir la misma sepan lo tedioso que es el procedimiento de hacer la defensa y el tutelaje pleno de los derechos humanos, porque no es lo mismo que alguien se declare defensor y que no haga el trabajo de derechos humanos, no es lo mismo hablar sobre el tema en plaza pública como discurso, que el verdadero ejercicio para proteger, promover y para tutelar los derechos humanos.
“Por eso creemos que la ley está en esa condición, que no reiterativa, como alguna gente pueda pensar así como muy descriptiva, pero también después de que hemos hecho todo este trabajo de incidencia, hay que decirlo, hemos logrado esta incidencia política en las últimas 3 semanas sobre el tema, hemos hablado con tomadores de decisiones en el país que tienen por qué saber que era necesario escuchar fundamentalmente a los que hemos hecho trabajo desde hace mucho tiempo en el tema de derechos humanos”.
“Y nos ha tocado reunirnos en momentos por separado, por ejemplo con el actual Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres, quien nos dio el tiempo necesario para discutir, hablar y proponer e igualmente hemos hablado con el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo para debatir y manifestarle sobre el por qué de nuestras preocupaciones respecto de la ley y así con otros personajes que creíamos que era necesario hablar.
La Coordinadora General del Cofadeh manifestó que de esta forma se logró que se detuviera el debate de la Ley de Protección. “Y quiero ser enfática en este asunto, desde la mirada del Cofadeh, la propuesta original introducida al seno del poder Legislativo, no creo que haya habido mala intención, lo que creo es que cuando se produce un documento es bueno ponerlo a disposición del debate y el análisis para los aportes necesarios, porque en el ejercicio ciudadano se debe escuchar la participación de quienes van a ser los que van a usar el instrumento.
Es bueno aclarar esto, para que no se vayan a crear malas “vibras” ni pensar que es porque se tienen compromisos, no, yo creo que no se debe confundir una cosa con la otra, yo creo que no ha habido mala intención desde la perspectiva de los que presentaron el documento en el Congreso, considerando que había una serie de propuestas, resaltó Oliva.
Lo que sí me parece es que cuando se tuvo la oportunidad de ver el documento que se estaba discutiendo, nos dimos cuenta de los vacíos que había en la mismo y que era necesario tener una mirada objetiva y una intervención técnica, que es la que al final hemos logrado hacer, para incorporar todo lo que creímos necesario y pertinente.
“De tal manera que vimos las leyes referenciales como es la Ley de Protección de Derechos Humanos de México, así como la de Colombia y Brasil, y dijimos hay que hacer causa común y nos comunicamos a nivel internacional como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y con Protection International que tienen experiencia en el tema”, relató la defensora de derechos humanos.
Añadió que de esta manera tanto CEJIL como Protection International tomaron como suya nuestra preocupación, vinieron al país, se trabajó con ellos y entregamos el documento el pasado miércoles 6 de agosto a la comisión de derechos humanos del Poder Legislativo.
Comisión dice que escuchará a otros sectores antes de reanudar el debate
“A partir de ahí Cofadeh piensa que la primera preocupación de la reunión del miércoles 6 de agosto fue que ahí no se encontraba toda la comisión de dictamen del Congreso Nacional, eso para mí fue motivo de preocupación, sin embargo en el transcurso de entrega de la ley se fueron incorporando algunos miembros, pero lo que me sorprendió sobremanera fue que nos dijeron que el lunes, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, se escucharía a otros sectores y actores que están incluidos dentro de la misma propuesta de ley”.
Oliva señaló que se suponía que eso ya había sido consultado con ellos, en referencia al Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y Colegio de Periodistas (CPH), entre otros sectores.
“Se supone que ellos estaban de acuerdo con la ley que está en segundo debate y entonces cuál era la prisa o cuál era la camisa de fuerza, porque nos habían dicho que el debate se reiniciaría una vez que entregáramos los aportes y las observaciones; eso sí me ha preocupado, no lo manifesté ahí en la reunión porque habíamos varias organizaciones representadas en la entrega del documento, pero yo soy de las mujeres que no callo y me siento con la obligación de transmitir esta preocupación en público y que de repente lo vamos a hacer llegar de forma privada”, expuso Oliva.
Para mí es de preocupación y se crea suspicacia, porque desafortunadamente las leyes y los acuerdos políticos pesan más que el interés legítimo de los ciudadanos y ciudadanas que trabajamos en el tema.
“Salta esta preocupación y ojalá solo sea una preocupación nuestra, que no haya esa intención de trastocar la ley, pero también dijimos que nuestro accionar no iba a quedar en entregar el documento, sino siendo vigilantes del mimos en todo el proceso que estén en el Congreso Nacional y desde luego Cofadeh no es de la gente que amenaza, es decir que si esta ley no se aprueba vamos a ir a otras instancias, sino que vamos a considerar y vamos a ver si lo que se aprueba, es mejor de lo que nosotros hemos aportado, pues qué bien; pero si no, el trabajo de incidencia continúa”, señaló Oliva.
Finalmente, Bertha Oliva apuntó que hay que sumar la importancia de las diferentes expresiones organizadas de derechos humanos en el país, la intervención de organizaciones con experiencia en el tema a nivel internacional y desde luego, eso no quiere decir, que ya porque tengamos una ley respecto a la protección de defensores y defensoras, es que desde ya se va a promover y respetar los derechos humanos, “lo que insisto yo, es que lo se requiere para cambiar las cosas en el país es que haya voluntad política de quienes promueven la violación de derechos humanos, y en este sentido tenemos que decirle claramente al pueblo es que cuando haya una violación de derechos humanos, es porque agentes del Estado son los perpetradores de los mismos, y el gobierno en representación del Estado lo permite y además hasta lo calla, no lo sanciona, lo defiende y justifica”.
En el capítulo II, en los artículos del 7 al 11 referente a los deberes del Estado con respecto a esta Ley, la propuesta de las organizaciones defensoras de derechos humanos es que el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de las defensoras y de los defensores y de prevenir de forma razonable las amenazas, hostigamientos y agresiones que puedan generarse en su contra, independientemente de que éstas provengan de actores estatales o particulares.
“El Estado tiene la responsabilidad primordial de adoptar los mecanismos de protección y de seguridad personal necesarios en coordinación con la Dirección General del Sistema de Protección, conforme la evaluación del riesgo de las personas beneficiarias de la presente Ley. Al efecto, las demás instituciones del Estado en el marco de sus competencias prestarán la colaboración que se requiere para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley”, afirma el artículo 11 de la ley en discusión.
Las organizaciones proponen la creación del Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos como una instancia constituida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización que gozará de independencia. Este órgano tendrá la función de sentar las bases de coordinación con otras instituciones públicas y con la sociedad, para una efectiva protección en el marco de la política pública y plan nacional de derechos humanos.
Integrarán el Sistema Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, como órgano rector, el Consejo Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, Dirección General del Sistema de Protección, Comité Técnico del Mecanismo de Protección y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad
El Consejo Nacional de Protección estará integrado por representantes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; quien ostentará el voto de calidad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, La Secretaría de Seguridad Pública, el Colegio de Abogados de Honduras, el Colegio de Periodista de Honduras, un representante de las Asociaciones de Radios Comunitarias y Comunicadores Sociales y Cinco (5) representantes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Asimismo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos serán invitados en calidad de observadores, con voz pero sin voto.
Las representantes y los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, serán electos en asamblea pública convocada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; y mediante el acompañamiento de la Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El mandato de los integrantes del Consejo será por un período de dos (2) años y solamente podrán ser reelectos por un período más.
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