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| EFE |
Indígenas guatemaltecos de la comunidad de Monte Olivo, Alta Verapaz, denunciaron la desaparición de cinco de sus
miembros, incluidas dos mujeres, luego de un violento desalojo el jueves pasado por parte de unos 700 policías, que llegaron a
la comunidad lanzando gases lacrimógenos.
La comunidad q'eqchi' está en resistencia contra la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Rita, S.A.
Más de dos mil policías, que resguardan ahora la maquinaria de la empresa, están acercándose a la comunidad de Monte Olivo para romper la resistencia del pueblo Q'eqchi'. La comunidad teme por su seguridad y sus vidas.
El 14 de Agosto, en horas de la mañana, los miembros de la comunidad q’eqchi’ de Monte Olivo, que encabeza la defensa del territorio del pueblo q’eqchi’ frente a la invasión e imposición de la empresa Hidro Santa Rita, S.A., fueron sorprendidos por un contingente excesivo de 90 patrullas y aproximadamente 600 a 700 agentes de la Policía Nacional Civil.
Estos agentes del Estado llegaron con lujo de fuerza para penetrar en territorio q'eqchi' (desalojo, le llaman), utilizando de entrada gases lacrimógenos que hirieron de gravedad a miembros de la comunidad. Estas violaciones de derechos humanos se cometieron con el objetivo de detener arbitrariamente a defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas de dicha comunidad. Ellos llegaron a ofrecer un diálogo falso porque se sabe que hay órdenes de captura contra líderes de la comunidad, que criminaliza la lucha social y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Estas detenciones arbitrarias derivan de procesos que la empresa Hidro Santa Rita ha interpuesto y que han sido facilitados y favorecidos por autoridades del poder judicial que están al servicio de las empresas, al igual que la fuerza pública estatal, y el Estado mismo.
Este ataque a Monte Olivo deja como saldo varios heridos y cinco miembros de la comunidad desaparecidos, quienes supuestamente fueron capturados por la PNC, pero de quienes no se conoce su paradero, entre ellos, dos mujeres y tres hombres de la comunidad. En uno de los casos, la PNC entró con lujo de fuerza a su propia vivienda, allanando su morada, lo forzaron y finalmente fue detenido. En el caso de una de las señoras detenidas, fue aprehendida sin razón por un policía hombre.
Estas agresiones del Estado están precedidas por ataques violentos de la referida compañía, quien está detrás del asesinato de dos niños de la comunidad, que fueron ejecutados a sangre fría con arma de fuego.
Sr. Presidente Otto Perez Molina: ¡Esto no es desarrollo, esto no es energía limpia! Es falso que haya un acuerdo con la empresa y las comunidades, como promocionado por su gobierno el 30 de julio 2014, es nada más un montaje para hacer creer al público que hay aprobación de este proyecto hidroeléctrico. El Gobierno de Otto Perez y el Estado de Guatemala no han cumplido con su deber de hacer una consulta previa, libre e informada de este proyecto.
Con estas acciones su gobierno, al igual que los operadores de justicia violan la propia Constitución (art. 1, 2 y 3) al organizar al Estado de Guatemala para atacar a las personas y a las familias, incumpliendo así sus deberes. Con sus acciones violan los derechos a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
¡Exigimos que se detengan las acciones de la PNC en el área y se respeten los derechos de los pueblos!
¡Basta de poner el Estado al servicio de las empresas!
¡Basta de criminalizar a los defensores de los pueblos indígenas!
La comunidad q'eqchi' está en resistencia contra la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Rita, S.A.
Más de dos mil policías, que resguardan ahora la maquinaria de la empresa, están acercándose a la comunidad de Monte Olivo para romper la resistencia del pueblo Q'eqchi'. La comunidad teme por su seguridad y sus vidas.
El 14 de Agosto, en horas de la mañana, los miembros de la comunidad q’eqchi’ de Monte Olivo, que encabeza la defensa del territorio del pueblo q’eqchi’ frente a la invasión e imposición de la empresa Hidro Santa Rita, S.A., fueron sorprendidos por un contingente excesivo de 90 patrullas y aproximadamente 600 a 700 agentes de la Policía Nacional Civil.
Estos agentes del Estado llegaron con lujo de fuerza para penetrar en territorio q'eqchi' (desalojo, le llaman), utilizando de entrada gases lacrimógenos que hirieron de gravedad a miembros de la comunidad. Estas violaciones de derechos humanos se cometieron con el objetivo de detener arbitrariamente a defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas de dicha comunidad. Ellos llegaron a ofrecer un diálogo falso porque se sabe que hay órdenes de captura contra líderes de la comunidad, que criminaliza la lucha social y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
Estas detenciones arbitrarias derivan de procesos que la empresa Hidro Santa Rita ha interpuesto y que han sido facilitados y favorecidos por autoridades del poder judicial que están al servicio de las empresas, al igual que la fuerza pública estatal, y el Estado mismo.
Este ataque a Monte Olivo deja como saldo varios heridos y cinco miembros de la comunidad desaparecidos, quienes supuestamente fueron capturados por la PNC, pero de quienes no se conoce su paradero, entre ellos, dos mujeres y tres hombres de la comunidad. En uno de los casos, la PNC entró con lujo de fuerza a su propia vivienda, allanando su morada, lo forzaron y finalmente fue detenido. En el caso de una de las señoras detenidas, fue aprehendida sin razón por un policía hombre.
Estas agresiones del Estado están precedidas por ataques violentos de la referida compañía, quien está detrás del asesinato de dos niños de la comunidad, que fueron ejecutados a sangre fría con arma de fuego.
Sr. Presidente Otto Perez Molina: ¡Esto no es desarrollo, esto no es energía limpia! Es falso que haya un acuerdo con la empresa y las comunidades, como promocionado por su gobierno el 30 de julio 2014, es nada más un montaje para hacer creer al público que hay aprobación de este proyecto hidroeléctrico. El Gobierno de Otto Perez y el Estado de Guatemala no han cumplido con su deber de hacer una consulta previa, libre e informada de este proyecto.
Con estas acciones su gobierno, al igual que los operadores de justicia violan la propia Constitución (art. 1, 2 y 3) al organizar al Estado de Guatemala para atacar a las personas y a las familias, incumpliendo así sus deberes. Con sus acciones violan los derechos a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
¡Exigimos que se detengan las acciones de la PNC en el área y se respeten los derechos de los pueblos!
¡Basta de poner el Estado al servicio de las empresas!
¡Basta de criminalizar a los defensores de los pueblos indígenas!
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