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Por Juan José Dalton | ContraPunto
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, considera positivo que continúe el proceso penal contra los militares salvadoreños que "supuestamente confabularon y asesinaron" a seis jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989”, hecho que ha pasado a la historia como uno de los crímenes más significados cometidos por el ejército durante la guerra civil (1980-1992).
Cinco de los sacerdotes asesinados eran españoles, entre ellos las destacadas figuras de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró.
Morales, experto en materia de derechos humanos, critica las recientes reformas legales hechas en España y que, según su opinión, “restringen el principio de aplicación de justicia universal. España ha adoptado esta legislación soberana", dice Morales, "pero debemos de tener claro que estaría afectando seriamente los casos en trámite que son objeto de la aplicación de la justicia universal, como es el caso de los jesuitas”. En mayo de 2011 el juez Eloy Velasco inició las investigaciones contra 20 altos militares salvadoreños, entre ellos dos generales que fueron ministros de Defensa de El Salvador, por estos hechos conocidos como la Masacre de la UCA (Universidad Centroamericana).
Además de Ellacuría y Martín-Baró, los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española, y Joaquín López y López, salvadoreño, al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.
Pese a las restricciones de las reformas en España, el procurador salvadoreño ve positiva y justa “la interpretación que ha hecho el juez Eloy Velasco, quien ha afirmado que continuará investigando y procesando el caso de la masacre de los jesuitas a través de la persecución por el delito de terrorismo, por asesinatos terroristas en contra de cinco sacerdotes que eran de origen español”.
Pero Morales advierte a la sociedad salvadoreña: “Debemos leer estos sucesos y estos cambios con un espíritu de reflexión sobre la situación interna, de la justicia interna, ante el caso de los padres jesuitas y sus colaboradoras y sobre los restantes casos históricos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra civil”.
“Seguimos viviendo una situación de impunidad generalizada; de inacción del sistema de justicia para investigar los grandes crímenes ocurridos en el marco de la guerra civil. Esta es una situación de profunda discriminación a las víctimas del conflicto armado”, apuntó Morales al referirse a los más de 70.000 asesinados y 8.000 desaparecidos, víctimas que no han tenido ni justicia ni resarcimiento y en la mayoría de los casos están en el olvido después de 22 años de finalizada la confrontación armada.
Además de Ellacuría y Martín-Baró, los otros jesuitas asesinados fueron Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, todos ellos de nacionalidad española, y Joaquín López y López, salvadoreño, al igual que las empleadas Elba Julia y Celina Ramos, madre e hija.
Pese a las restricciones de las reformas en España, el procurador salvadoreño ve positiva y justa “la interpretación que ha hecho el juez Eloy Velasco, quien ha afirmado que continuará investigando y procesando el caso de la masacre de los jesuitas a través de la persecución por el delito de terrorismo, por asesinatos terroristas en contra de cinco sacerdotes que eran de origen español”.
Pero Morales advierte a la sociedad salvadoreña: “Debemos leer estos sucesos y estos cambios con un espíritu de reflexión sobre la situación interna, de la justicia interna, ante el caso de los padres jesuitas y sus colaboradoras y sobre los restantes casos históricos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra civil”.
“Seguimos viviendo una situación de impunidad generalizada; de inacción del sistema de justicia para investigar los grandes crímenes ocurridos en el marco de la guerra civil. Esta es una situación de profunda discriminación a las víctimas del conflicto armado”, apuntó Morales al referirse a los más de 70.000 asesinados y 8.000 desaparecidos, víctimas que no han tenido ni justicia ni resarcimiento y en la mayoría de los casos están en el olvido después de 22 años de finalizada la confrontación armada.
En la confrontación armada fueron asesinados más de una treintena de sacerdotes, monjas y pastores, entre ellas cuatro monjas estadounidenses y el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.
En diciembre de 2011, por petición del juez Velasco, España reclamó la entrega de los supuestos culpables del caso de los sacerdotes. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador negó la extradición de los militares a España, alegando que internamente el caso había sido juzgado, lo que Velasco consideró un proceso falaz.
“Es positivo para la humanidad y para nuestra sociedad que otros países impulsen procesos y apliquen la justicia. Es positivo, digo, porque son crímenes que ofendieron a toda la humanidad. Pero no deberíamos limitarnos a eso. Deberíamos cambiar la situación de justicia en nuestro país y romper el ciclo de la impunidad”, recalca el procurador Morales.
De acuerdo al Ombudsman salvadoreño, para romper el ciclo de la impunidad en El Salvador lo que “se necesita es la firmeza y la voluntad de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los tribunales de justicia que conocen los casos, de aplicar la Constitución de la República, cumplir las leyes y los tratados internacionales vigentes para El Salvador”.
“No es admisible la situación de impunidad porque la impunidad existe debido a que las instituciones del sistema de justicia se niegan a cumplir la investigación de los crímenes y sancionar a los responsables”, afirmó Morales, quien finalmente recalcó que “la ley de amnistía ya no es una excusa desde hace algunos años; la ley de amnistía no debería de operar para casos de crímenes contra la humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, ello debido a que un fallo de la Sala de lo Constitucional de 2000 dejó sin efecto la amnistía para casos graves de lesa humanidad.
En diciembre de 2011, por petición del juez Velasco, España reclamó la entrega de los supuestos culpables del caso de los sacerdotes. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador negó la extradición de los militares a España, alegando que internamente el caso había sido juzgado, lo que Velasco consideró un proceso falaz.
“Es positivo para la humanidad y para nuestra sociedad que otros países impulsen procesos y apliquen la justicia. Es positivo, digo, porque son crímenes que ofendieron a toda la humanidad. Pero no deberíamos limitarnos a eso. Deberíamos cambiar la situación de justicia en nuestro país y romper el ciclo de la impunidad”, recalca el procurador Morales.
De acuerdo al Ombudsman salvadoreño, para romper el ciclo de la impunidad en El Salvador lo que “se necesita es la firmeza y la voluntad de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los tribunales de justicia que conocen los casos, de aplicar la Constitución de la República, cumplir las leyes y los tratados internacionales vigentes para El Salvador”.
“No es admisible la situación de impunidad porque la impunidad existe debido a que las instituciones del sistema de justicia se niegan a cumplir la investigación de los crímenes y sancionar a los responsables”, afirmó Morales, quien finalmente recalcó que “la ley de amnistía ya no es una excusa desde hace algunos años; la ley de amnistía no debería de operar para casos de crímenes contra la humanidad o graves violaciones a los derechos humanos”, ello debido a que un fallo de la Sala de lo Constitucional de 2000 dejó sin efecto la amnistía para casos graves de lesa humanidad.
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