El Salvador: Diputada FMLN propone “comisión de la verdad de la corrupción”

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Por David Ernesto Pérez | ContraPunto

En la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del martes pasado se conocieron cuatro peticiones para desaforar diputados: dos presentados por el presidente Mauricio Funes contra Roberto d´Aubuisson y Ana Vilma de Escobar, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) para llevarlos a los tribunales por difamación.

También del Foro Nacional de la Salud que pide que Escobar explique cómo ocupó $17 millones cuando fue directora del Seguro Social (ISSS) - millonaria suma cuyo informe estaba escondido en la Corte de Cuentas -; y  una más interpuesta por organizaciones civilistas que quieren que la diputada se despoje de su inmunidad y sea investigada por una comisión especial integrada por el manejo de $34 millones con el que fueron beneficiadas varias empresas irregularmente en la presidencia de Elías Antonio Saca.

Éste último caso es del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos (FECEPE) en el que la diputada opositora fue presidenta del comité que beneficiaba a empresas con dinero aunque no estuvieran calificadas para recibirlos; hubo casos, además con conflictos de interés como el explicado por Funes el 26 de febrero en el que el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci – también de la instancia calificadora – aprobó fondos para la empresa de su hermano, Vanson Leathers. Hubo otros requisitos que fueron ignorados con la venia de los funcionarios de ese entonces: las compañías debían crear unos 250 empleos permanentes, pagar no menos de $200 e invertir en rubros novedosos.

La diputada Lorena Peña, del Frente Farabundo Martí (FMLN), ha afirmado que su compañera asambleísta no puede alegar ignorancia, como en otros casos de corrupción han hecho exfuncionarios de  ARENA. “Tiene que demostrar que no tuvo participación, aunque tampoco puede alegar que no se daba cuenta”. Considera necesario que el Parlamento integre la comisión especial, como lo ha hecho con el presunto desvío de $75 millones de la cooperación de Taiwán en el que está señalado el expresidente Francisco Flores.

“Debemos conocer el caso, no como un asunto personal, es una cuestión de país, porque si no lo hacemos ¿con qué cultura vamos a abrir esta nueva realidad que El Salvador reclama? Queremos un país con justicia, con crecimiento económico y honradez”. Peña no se queda corta y quiere una instancia legislativa que indague más de un caso en particular, una que estudie hasta los prescritos: “Tenemos que hacer la comisión de la verdad de la corrupción”.  ¿Por qué? “Es una violación a los derechos humanos de los salvadoreños porque les quita recursos que son necesarios para el desarrollo”. Ha ejemplificado que con más de $20 millones se puede financiar tres veces el programa del Vaso de Leche que beneficia a los estudiantes de las escuelas públicas; se pueden construir el Hospital de Maternidad; o pueden pagarse 20 o 40 mil salarios de 1,000 o 500. “O se establece que la honradez es el valor más alto o se sigue con la cultura que el honrado es tonto”.

Peña ha señalado que existen casos emblemáticos como el del bulevar Monseñor Romero, el desfalco en la construcción de la red hospitalaria – RHESSA -, el de la “privatización encubierta” de la geotermia a la italiana Enel o la construcción de un pozo con recursos públicos en una propiedad de la ex esposa del candidato presidencial de ARENA, Norman Quijano. “Recibimos una deuda (pública) espantosa y no había calles, nada en los hospitales. Ahora la gente ve normal lo que está pasando (programas sociales), ¿cómo es que antes no podían hacer ni uno? ¡Es demasiado, aunque hayan prescrito (casos de corrupción) pero debe saberse la verdad, porque de lo contrario no sabremos has dónde han llegado!”