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Militares y policías destruyeron casas y cultivos
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Por cuarta vez en menos de un año, cientos de familias campesinas organizadas en la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso (ADCP) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), fueron desalojadas por militares, policías y guardias de seguridad del ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa), propiedad de la transnacional británico-sudafricana SABMiller.
En mayo de 2012, dicha empresa, que en Honduras controla también la Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir Coca Cola, había sido expropiada de unas 3.644 hectáreas por el Instituto Nacional Agrario (INA), en la zona de Agua Blanca Sur, Progreso, Departamento de Yoro.
Según la autoridad agraria, Azunosa (SABMiller) no habría solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria, ocupando y explotando ilegalmente y por décadas estas tierras para la siembra de caña de azúcar.
A raíz de esta decisión, en julio del año pasado, cientos de familias campesinas iniciaron un proceso de recuperación de dichas tierras, enfrentándose a la reacción de la transnacional y a la decisión amañada del Consejo Nacional Agrario (CNA) y la Procuraduría General de la Republica, que declararon nula la orden de expropiación de las tierras.
Pese a las acciones legales emprendidas por la ADCP para detener la acción represiva contra miles de campesinos y campesinas sin tierras, en menos de un año se llevaron a cabo cuatro desalojos, el último el pasado 19 de junio.
“La presidenta de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Norma Iris Coto, declaró inadmisible el recurso de amparo que habíamos presentado, lo cual abrió paso al desalojo de las miles de personas que habían iniciado el proceso de recuperación de estas tierras”, explicó a La Rel, Isaúl Villalobos, vicepresidente de la ADCP.
Durante el último año, SABMiller ha rechazado la resolución de expropiación del INA, amparándose en un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras, que, según los campesinos, habría expirado en 2005.
Ese nuevo desalojo se llevó a cabo por más de 400 efectivos fuertemente armados, entre militares y polícias, con el apoyo de guardias de seguridad de Azunosa.
Las familias no opusieron resistencia, para evitar la misma represión y las detenciones que acaban de sufrir los miembros del Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAN), en su disputa con la Compañía Azucarera Hondureña S.A (CAHSA).
“Llegaron a las 6.30 de la mañana, acompañados por maquinarias de la empresa. Comenzaron a destruir nuestras casas y acabaron con más de 420 hectáreas de maíz y otras 280 hectáreas cultivadas con yuca, platano, frijóles y hortalizas.
Fue una barbaridad ver como destruían nuestro alimento y nuestros únicos medios de subsistencia. Ahora están arando la tierra para volver a sembrar caña”, dijo Villalobos.
Después del desalojo, más de mil personas levantaron un campamento en las tierras que ocupa el INA en la zona de Agua Blanca Sur. Mientras tanto, un contingente del ejército se mantiene en la zona resguardando las tierras de SABMiller.
“¿Cómo es posible que los militares estén protegiendo intereses privados transnacionales? Una vez más está quedando evidenciado que vivimos en un régimen donde el aparato de seguridad no está al servicio del pueblo, sino de los grandes terratenientes y empresarios nacionales e internacionales”, aseveró el vicepresidente de la ADCP.
Pese a la difícil situación, Villalobos explicó que el movimiento se está reorganizando. “Estamos sufriendo hambre y viendo cómo nos reorganizamos. Destruyeron todo y nos dejaron sin nada, pero seguimos en resistencia y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, concluyó.
Según la autoridad agraria, Azunosa (SABMiller) no habría solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria, ocupando y explotando ilegalmente y por décadas estas tierras para la siembra de caña de azúcar.
A raíz de esta decisión, en julio del año pasado, cientos de familias campesinas iniciaron un proceso de recuperación de dichas tierras, enfrentándose a la reacción de la transnacional y a la decisión amañada del Consejo Nacional Agrario (CNA) y la Procuraduría General de la Republica, que declararon nula la orden de expropiación de las tierras.
Pese a las acciones legales emprendidas por la ADCP para detener la acción represiva contra miles de campesinos y campesinas sin tierras, en menos de un año se llevaron a cabo cuatro desalojos, el último el pasado 19 de junio.
“La presidenta de la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Norma Iris Coto, declaró inadmisible el recurso de amparo que habíamos presentado, lo cual abrió paso al desalojo de las miles de personas que habían iniciado el proceso de recuperación de estas tierras”, explicó a La Rel, Isaúl Villalobos, vicepresidente de la ADCP.
Durante el último año, SABMiller ha rechazado la resolución de expropiación del INA, amparándose en un tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras, que, según los campesinos, habría expirado en 2005.
Ese nuevo desalojo se llevó a cabo por más de 400 efectivos fuertemente armados, entre militares y polícias, con el apoyo de guardias de seguridad de Azunosa.
Las familias no opusieron resistencia, para evitar la misma represión y las detenciones que acaban de sufrir los miembros del Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAN), en su disputa con la Compañía Azucarera Hondureña S.A (CAHSA).
“Llegaron a las 6.30 de la mañana, acompañados por maquinarias de la empresa. Comenzaron a destruir nuestras casas y acabaron con más de 420 hectáreas de maíz y otras 280 hectáreas cultivadas con yuca, platano, frijóles y hortalizas.
Fue una barbaridad ver como destruían nuestro alimento y nuestros únicos medios de subsistencia. Ahora están arando la tierra para volver a sembrar caña”, dijo Villalobos.
Después del desalojo, más de mil personas levantaron un campamento en las tierras que ocupa el INA en la zona de Agua Blanca Sur. Mientras tanto, un contingente del ejército se mantiene en la zona resguardando las tierras de SABMiller.
“¿Cómo es posible que los militares estén protegiendo intereses privados transnacionales? Una vez más está quedando evidenciado que vivimos en un régimen donde el aparato de seguridad no está al servicio del pueblo, sino de los grandes terratenientes y empresarios nacionales e internacionales”, aseveró el vicepresidente de la ADCP.
Pese a la difícil situación, Villalobos explicó que el movimiento se está reorganizando. “Estamos sufriendo hambre y viendo cómo nos reorganizamos. Destruyeron todo y nos dejaron sin nada, pero seguimos en resistencia y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, concluyó.
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