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Por Prensa Libre | Alba Tv
El gobierno del general Otto Pérez Molina parece buscar quitarse de
encima la mochila de acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos
con más y más violencia y atropellos.
En las últimas horas fue declarado
el estado de excepción en cuatro municipios que se encuentran en
resistencia contra la minera canadiense San Rafael.
La medida, que se ejecuta a un mes exactamente de una similar
decretada en el municipio de Santa Cruz Barillas para reprimir la
resistencia a la construcción de una represa por parte de un consorcio
español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas, en el departamento
de Santa Rosa, y Xelajpán y Maraquescuintla, en Jalapa y se extiende por
un periodo de 30 días.
Eric Hernández, de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala informó en
contacto telefónico con Radio Mundo Real que los municipios se
encuentran fuertemente militarizados y que el origen de la medida se
debe a la resistencia a un proyecto minero que amenaza a las
comunidades.
Sin embargo, oficialmente el gobierno guatemalteco ha esgrimido la
presencia de organizaciones narcotraficantes y paramilitares, lo cual
señala Eric ha servido como “justificativo para reprimir”.
Dos semanas atrás el gobierno de Guatemala autorizó a la mina San
Rafael iniciar un proyecto de explotación de "minado subterráneo" para
extraer plata, pese al rechazo de las comunidades implicadas en ese
proceso extractivo. La mina San Rafael es subsidiaria de la canadiense
Tahoe Resources.
La población ha rechazado la presencia de la mina en el lugar así
como el sistema de distribución de regalías y el pasado lunes una
veintena de policías fueron retenidos y desarmados por parte de los
pobladores.
Este jueves las fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones
con tanquetas y vehículos militares de asalto, lo que generó pánico
entre los pobladores, relata la prensa guatemalteca.
En situación similar el pasado año fueron apresados por funcionarios
privados de la empresa varias personas en Santa Cruz Barillas, debiendo
purgar largas condenas sin cargos ni pruebas en su contra.
Pérez Molina se encuentra mencionado como responsable de delitos de
lesa humanidad en el juicio que se lleva adelante contra el ex dictador y
general retirado Efraín Ríos Montt. De ahí que las organizaciones que
acompañan los procesos de resistencia comunitarios vinculen este empuje
autoritario con ese proceso judicial.
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