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Por Ollantay Itzamná - Rebelión
Bolivia nos vuelve a dar una lección.
Por primera vez, se elige en las
urnas a cargos judiciales. Una prueba de que el proceso boliviano es
revolucionario no sólo para ese país, sino para América Latina y para el
mundo.
Cuando los teóricos del Estado moderno, en los
siglos XVII y XVIII, ideaban la organización y funcionamiento del mismo,
establecieron que de todos los órganos (mal llamados poderes) del
Estado, sólo dos estarían compuestos por funcionarios electos por voto
popular: el Ejecutivo y el Legislativo.
Desde entonces se estudiaba y aplicaba esta infalible e intangible teoría política pensada en el norte europeo: sólo se eligen Presidente y Vicepresidente del órgano Ejecutivo y diputados y senadores para el Legislativo.
Los magistrados del órgano Judicial, por la exigencia de la
“imparcialidad” de esta función, deben ser electos por el órgano
Legislativo.
Después de más de tres siglos de la teoría política de John Locke, el
pueblo boliviano, en el marco del proceso de reinvención estatal y
social que impulsa, supera esta teoría y elige, de forma inédita, a 56
autoridades del órgano Judicial. En sí mismo, este hecho es un
aporte fundamental, no sólo para la teoría y la praxis de la democracia,
sino para el emergente constitucionalismo latinoamericano del siglo XXI
que, ahora, alumbra al mundo con sus vigorosas innovaciones.
Fueron
varios los factores que obligaron a las y los bolivianos a dar este
salto teórico e histórico desde la praxis política. Primero, la sistemática corrupción del órgano Judicial convirtió a la “justicia” boliviana en una serpiente que sólo muerde a las y los descalzos.
Segundo, los dueños de los partidos políticos imponían a sus allegados en las diferentes funciones judiciales para blindar todos los actos de corrupción en la administración pública.
Tercero, el excluyente sistema judicial mestizo,
fue y es altamente racista con las y los indígenas. Recordemos que en
Bolivia, para el 2001, el 62% de la población ya se asumía como
indígena.
Estas transformaciones estructurales, Bolivia los hace
en el marco del proceso constituyente refundacional que ahora se
encuentra en la etapa de la implementación de la nueva Constitución
Política redactada de manera participativa y aprobada el año 2009. En
dicha Constitución el pueblo boliviano se reservó la potestad y el
derecho de ejercer justicia mediante la elección por voto popular de los
magistrados/as del Tribunal Supremo de Justicia (9), Tribunal
Constitucional (7), Tribunal Agroambiental (7) y Consejo de la
Judicatura (5). Además, está la revocatoria de mandato como mecanismo de
control y sanción sobre funcionarios electos.
Este proceso de la democratización de la justicia boliviana ha tenido varios inconvenientes.
No sólo en el proceso electoral que acaba de realizarse, sino desde el
momento en que se planteaba en la Asamblea Constituyente la
incorporación de la elección por voto directo de las y los magistrados,
los políticos tradicionales hicieron lo imposible para impedirlo. La
campaña mediática y política que las y los políticos opositores
emprendieron contra las elecciones judiciales responde, en el fondo, a
la sistemática oposición a la transformación de la justicia boliviana.
¿Por qué será?
Es verdad que hubo falencias en la difusión de la
información desde el Tribunal Supremo Electoral, y en la misma norma que
regula la elección judicial. Pero, tampoco hubo la voluntad suficiente
para la socialización de la información sobre las y los candidatos en
los medios empresariales de información. Las elecciones judiciales
encontraron a un gran sector del electorado boliviano distraído con el
bullicioso caso TIPNIS que los políticos tradicionales y oportunistas
enarbolaron de manera alevosa.
Después de todo, incluso con el
alto porcentaje de votos nulos y blancos, pero con un alto porcentaje de
concurrencia a las urnas, las elecciones judiciales bolivianas
determinan el derrotero para la democratización de la justicia, no sólo
para América Latina, sino para el mundo entero. Este logro histórico
es un paso importante en la promisoria historia sin retorno del pueblo
boliviano. Así como ahora ya no es posible escupirle al indio de manera
impune, tampoco ya será posible que los patrones mantengan el sistema
judicial corrupto como un instrumento más para el colonialismo interno.
Con
este acto democrático, Bolivia alecciona, una vez más, que la crisis
política y judicial no se resuelve restringiendo los derechos, ni las
urnas, sino con más democracia. Radicalizando la democracia hasta el
límite de superar la pétrea ortodoxia de las teorías políticas
impuestas como infalibles e intangibles para toda la humanidad. Los
resultados de estas concurridas elecciones judiciales dejan lecciones
históricas, aprender de estas lecciones es una tarea para el gobierno si
acaso desea continuar profundizando y ampliando las transformaciones
estructurales en el país.
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