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| Foto G. Trucchi / Rel-UITA |
Fuera el Ejército del Bajo Aguán y solidaridad con familias campesinas
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
La decisión de realizar del 30 de septiembre al 2 de octubre el “Encuentro contra la militarización, represión y ocupación en Honduras” en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, no significó solamente darle continuidad al proceso contra todas las formas de militarización en el continente, sino también seguir capacitando e informando a la población sobre los proyectos de dominación y de saqueo de los recursos naturales y elaborar un plan conjunto de acción y lucha.
Las organizaciones convocantes del evento se solidarizaron con las miles de familias campesinas del Bajo Aguán, que siguen luchando para que se respete su derecho a la tierra y que son víctimas de la militarización y una brutal represión.
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Desde que Porfirio Lobo asumió la Presidencia en 2010, en el Bajo Aguán han sido asesinados 40 campesinos organizados en medio de una total impunidad. Las organizaciones responsabilizan por la matanza a los cuerpos represores del Estado y a las guardias de seguridad de los terratenientes y productores palmeros de la zona.
En agosto pasado, el régimen hondureño lanzó el operativo militar Xatruch II. Más de 1.000 efectivos militares y policiales se desplegaron por el Valle del Aguán con el objetivo de traer la “paz” y la “seguridad”. Desde entonces se ha registrado una profundización de la represión.
“La situación en el Bajo Aguán sigue siendo terrible. Continúan las capturas, los atentados, los desalojos y los asesinatos, y han quedado al descubierto las verdaderas intenciones de los aparatos represivos. Están practicando las mismas formas de represión de los años 80”, denunció Wilfredo Paz, miembro de la estructura departamental y nacional del FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular).
La posición de Paz fue secundada por Esly Banegas, directiva departamental del SITRAINA (Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario) y miembro de la comisión política del FNRP. Ella evidencia que no es militarizando de forma permanente el Valle del Aguán, ni montando campañas mediáticas contra las organizaciones campesinas que va a resolverse el conflicto agrario.
“Desde que se implementó este nuevo operativo -el tercero en menos de dos años- se ha venido fortaleciendo el aparato represivo contra la lucha social y popular. Para resolver esta grave situación hay que buscar soluciones alternativas a todos los conflictos agrarios existentes en el Aguán, sin embargo el régimen no ha mostrado un verdadero interés.
Con este encuentro al que participaron más de 500 personas -concluyó Banegas- estamos denunciando la situación a nivel internacional y articulando una estrategia de defensa de los derechos humanos”, concluyó.
Un encuentro satisfactorio
Después de tres días de trabajo intenso y de intercambio con las comunidades campesinas del Bajo Aguán, las organizaciones convocantes dieron a conocer la Declaración final del encuentro, evidenciando al mismo tiempo satisfacción por los resultados concretos logrados ante los desafíos futuros.
“La gente ahora tiene herramientas sobre defensoría comunitaria, se va a instalar un observatorio permanente de derechos humanos y se conformó una Red de lucha contra la militarización”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
La dirigente indígena señaló también la conformación de un equipo de comunicación de las comunidades campesinas, para mejorar el flujo de noticias a nivel nacional e internacional y para incrementar la campaña de denuncia sobre la situación del Bajo Aguán, así como la urgencia de crear un pacto social y popular para enfrentar esta situación.
“Pudimos intercambiar y compartir la alegría y el dolor con las comunidades campesinas. Nos hemos dado cuenta de la indefensión absoluta en que viven estas familias y ha quedado evidenciada la hipocresía de este régimen y de las fuerzas represivas del país.
Quedó al desnudo su verdadero propósito, que es imponer el terror para seguir beneficiando a los terratenientes”, concluyó.
En agosto pasado, el régimen hondureño lanzó el operativo militar Xatruch II. Más de 1.000 efectivos militares y policiales se desplegaron por el Valle del Aguán con el objetivo de traer la “paz” y la “seguridad”. Desde entonces se ha registrado una profundización de la represión.
“La situación en el Bajo Aguán sigue siendo terrible. Continúan las capturas, los atentados, los desalojos y los asesinatos, y han quedado al descubierto las verdaderas intenciones de los aparatos represivos. Están practicando las mismas formas de represión de los años 80”, denunció Wilfredo Paz, miembro de la estructura departamental y nacional del FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular).
La posición de Paz fue secundada por Esly Banegas, directiva departamental del SITRAINA (Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario) y miembro de la comisión política del FNRP. Ella evidencia que no es militarizando de forma permanente el Valle del Aguán, ni montando campañas mediáticas contra las organizaciones campesinas que va a resolverse el conflicto agrario.
“Desde que se implementó este nuevo operativo -el tercero en menos de dos años- se ha venido fortaleciendo el aparato represivo contra la lucha social y popular. Para resolver esta grave situación hay que buscar soluciones alternativas a todos los conflictos agrarios existentes en el Aguán, sin embargo el régimen no ha mostrado un verdadero interés.
Con este encuentro al que participaron más de 500 personas -concluyó Banegas- estamos denunciando la situación a nivel internacional y articulando una estrategia de defensa de los derechos humanos”, concluyó.
Un encuentro satisfactorio
Después de tres días de trabajo intenso y de intercambio con las comunidades campesinas del Bajo Aguán, las organizaciones convocantes dieron a conocer la Declaración final del encuentro, evidenciando al mismo tiempo satisfacción por los resultados concretos logrados ante los desafíos futuros.
“La gente ahora tiene herramientas sobre defensoría comunitaria, se va a instalar un observatorio permanente de derechos humanos y se conformó una Red de lucha contra la militarización”, dijo Bertha Cáceres, coordinadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
La dirigente indígena señaló también la conformación de un equipo de comunicación de las comunidades campesinas, para mejorar el flujo de noticias a nivel nacional e internacional y para incrementar la campaña de denuncia sobre la situación del Bajo Aguán, así como la urgencia de crear un pacto social y popular para enfrentar esta situación.
“Pudimos intercambiar y compartir la alegría y el dolor con las comunidades campesinas. Nos hemos dado cuenta de la indefensión absoluta en que viven estas familias y ha quedado evidenciada la hipocresía de este régimen y de las fuerzas represivas del país.
Quedó al desnudo su verdadero propósito, que es imponer el terror para seguir beneficiando a los terratenientes”, concluyó.
Al momento de redactar esta nota la Red Nacional contra la Militarización, Ocupación y Represión en Honduras denunció un nuevo desalojo violento en la comunidad campesina La Consentida.
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