Bajo Aguán: una “región administrativa especial” para la violación de los derechos humanos

Militarización Bajo Aguán © (Foto G. Trucchi)

Organizaciones campesinas y populares denuncian nueva oleada represiva

Por Giorgio Trucchi

El Valle del Aguán, en el noreste de Honduras, sigue en alerta roja. Mientras gobierno y diputados están empecinados en acelerar la creación de “paradisíacas” regiones admnistriativas especiales, ofreciendo estándar de vida de calidad, empleo, servicios de primer nivel y cero inseguridad, en la región del Aguán continúan los desalojos, las persecuciones y las detenciones arbitrarias.

El pasado 27 de enero 2011 fueron desalojadas más de 120 familias del Movimiento campesino de Elixir, en la zona de Sabá. Policía y ejército comenzaron una verdadera cacería contra 18 miembros de ese movimiento y de su presidenta, Blanca Espinoza, quien tuvo que abandonar a sus nueve hijos para evitar la detención. Todos están acusados de daños a la propiedad privada y usurpación de tierra.

Dos personas fueron encarceladas y la comunidad de Elixir militarizada.

“A la par de eso, los cuerpos represivos del Estado y los guardias privados del empresario César Velásquez se dieron a la tarea de profundizar la represión. El 2 de febrero detuvieron y encarcelaron a 21 miembros de esta organización, entre ellos cinco mujeres y cinco menores de edad”, dijo el dirigente magisterial y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Wilfredo Paz.

La inmediata intervención de defensores legales y procuradores de los derechos humanos permitió que las personas fueran puestas en libertad. “La intención era esperar 24 horas y crearles una serie de cargos, para después emitir órdenes de captura y dejarlos en la cárcel, pero no pudieron hacerlo”, explicó el directivo del FNRP.

Una situación difícil en medio de un clima de intimidación e inseguridad para las miles de familias campesinas del Bajo Aguán.

“Los cuerpos represivos han creado un sistema de monitoreo y control en toda la zona. Es casi imposible acercarse a los asentamientos de los grupos campesinos sin ser detectados y perseguidos por los guardias privados de los terratenientes. Hasta han perseguido a cooperantes internacionales que llegaron a la zona para darse cuenta de lo que está ocurriendo”, aseveró Paz.

Tampoco ha cesado el hostigamiento y las amenazas contra los dirigentes campesinos. Juan Chinchilla, jóven directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del FNRP, fue secuestrado el pasado 7 de enero. Después de haber sido interrogado, amenazado y torturado, logró escapar de sus captores.

Un mes después de su fuga y sin haber cometido delito alguno, Chinchilla sigue ocultándose en algún lugar de Honduras por temor a ser asesinado.

“El compañero Juan Chinchilla sigue oculto porque hay suficientes indicios de que lo continúan buscando. En varias ocasiones personas desconocidas y armadas lo han buscado en el asentamiento campesino La Concepción, donde vive su familia.

Además - continuó Wilfredo Paz -, durante la semana anterior dos vehículos se estacionaron por largo tiempo en las inmediaciones de la casa donde viven los padres de Juan Chinchilla. Son indicios muy claros de que su vida aún corre peligro”, dijo.

Pese a esta situación, las organizaciones campesinas y populares de la zona y el FNRP departamental no renuncian a sus objetivos.

“Seguimos exigiendo el derecho de acceso a la tierra, a una reforma agraria integral y condenamos la decisión de decretar la inconstitucionalidad del Decreto 18-2008. Las movilizaciones no van a parar y volvemos a plantear la urgencia de que se instale un observatorio permanente de derechos humanos de carácter nacional e internacional”, concluyó Paz.

Mientras tanto, el FNRP departamental de Colón anunció que próximamente dará a conocer la conformación de una estructura departamental de derechos humanos, para la salvaguardia y la defensa de la vida de las miles de familias y personas que siguen en resistencia.