Delegación concluye su misión en el Bajo Aguán
por Giorgio Trucchi
Más de 90 miembros de organizaciones de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales concluyeron su misión en el Bajo Aguán, alertando sobre la constante violación de los derechos fundamentales de las familias campesinas, la impunidad y la falta de justicia, y el proyecto de muerte impulsado por los grupos hegemónicos, la clase política corrupta y las fuerzas represoras del Estado.
La grave violación de los derechos humanos y la urgente necesidad de impulsar acciones para contrarrestar el proyecto de muerte que existe en la zona, fueron los principales puntos abordados en la conferencia de prensa brindada por las organizaciones que integraron la delegación, y que por cuatro días recorrió la zona del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
“Todo el mundo cree que el conflicto en el Valle del Aguán se reduce al enfrentamiento entre terratenientes (palmeros) y los campesinos del MCA (Movimiento Campesino del Aguán), MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán y el MARCA (Movimiento Autentico Reivindicador de Campesinos del Aguán) –dijo Gilberto Ríos de FIAN Honduras-.
Sin embargo, en la zona hay 11 conflictos y ya se cuentan 35 asesinatos, lo cual da una idea de cómo se trata de resolver los conflictos agrarios en esta zona.
Nos hemos movilizado a la zona no solo para defender o tratar de acompañar a los campesinos para la defensa de la vida, sino también para entender la problemática en el campo económico y social, donde en efecto se da la lucha de clase, la lucha entre campesinos y terratenientes.
Si no tenemos claridad de ese enfrentamiento, difícilmente podríamos interpretar correctamente los hechos puntuales de violación, asesinatos, persecución y tortura”, explicó Ríos.
Durante su exposición, Gina Rodríguez del CDM (Centro de Derechos de Mujeres) evidenció la importancia de los hallazgos desde el punto de vista social.
“Hay un aspecto humanitario en este conflicto. Hay hombres, mujeres, niños y niñas que están creciendo en medio de ese conflicto y que están siendo víctimas, no solamente de los desalojos -como lo que acaba de ocurrir en Paso Aguán- sino también de las consecuencias tanto física como emocional.
La lucha de los campesinos y las campesinas -continuó Rodríguez- significa tocar los intereses de los grandes terratenientes (palmeros) que todo conocen, y esto ha generado un clima de miedo, de tensión, inseguridad, y se refleja en las pocas denuncias que manifiestan las personas.
Han muertos personas que dejan viudas y huérfanos. Las mujeres están reportando violencia física, emocional y sexual de parte de las fuerzas represivas. Toda esta gente está viviendo en un ambiente de constante presión e intimidación, sin acceso a la educación y a la salud, a una vivienda digna, a la seguridad alimentaria”, aseveró la representante del CDM.
Proyecto de muerte
También para el sacerdote Fausto Milla, miembro de la Comisión de Verdad, la situación es alarmante.
“En todas las comunidades que hemos visitado me han repetido la misma cosa: en Honduras hay una sola persona que manda, y es un extranjero criminal que engaña a los campesinos para quitarles la tierra.
Un pirata extranjero que llega a Honduras a destruirnos, a crear conflictos y que se adueña del país.
En el Aguán la gente lucha por un pedazo de tierra, para poder tener vida -continuó Milla-, y en esta lucha hemos visto grandes cantidades de personas viviendo bajo las palmeras, en chozas de plástico, en medio de la desnutrición infantil.
Una situación de abandono, marginación, como que no fueran seres humanos. He llegado a la conclusión que si bien es cierto que hay persecución en estos pueblos, mucho más hay tortura permanente a la que está condenada la inmensa mayoría de niñas y niños que nacen en el Valle del Aguán.
Condenados a la desnutrición, a la enfermedad, a la miseria, al abandono, a la inseguridad permanente, al hambre, a la muerte prematura. No podemos permitirlo y tenemos que hacer algo”, aseveró el miembro de la Comisión de Verdad.
Finalmente, el abogado y miembro del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia), Víctor Fernández, evidenció la total impunidad ante los atropellos cometidos por los terratenientes palmeros y las fuerzas represoras.
“En estos territorios el Estado no existe, no genera el bienestar, sino que profundiza el malestar y es un fracaso total. Hay una crisis que surge a partir de la militarización y la paramilitarización impulsada por el sector terrateniente.
Hay un desprecio absoluto para todos los derechos contemplados en la Constitución y en todos los Convenios ratificados por Honduras, y el primer derecho que se desprecia en esta zona es el derecho a la vida. Cuando un Estado no es capaz, de su institucionalidad, de imponer la racionalidad se impone la ley del más fuerte.
Aquí se está imponiendo un proyecto de muerte y si se impone en estos territorios, si esto es el mecanismo para resolver los conflictos, ésta va a ser la medida para resolver todos los conflictos en el país”, concluyó Fernández.
No están solos
No están solos
Finalizando la actividad y después de la intervención de Dina Meza del COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), los miembros de la delegación, entre ellos organizaciones de la Plataforma de Derechos Humanos, anunciaron algunos de los desafíos para el futuro, entre los cuales destacan la urgente necesidad de conformar un Observatorio Permanente de Derechos Humanos en la zona, la redacción de un informe completo de la misión y la propuesta de organizar una sesión del TPP (Tribunal Permanente de los Pueblos) en el Bajo Aguán.
Asimismo, comunicar lo que se ha observado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Observatorio Internacional de los Derechos Humanos.
“No vamos a abandonar la zona y hoy más que nunca, vamos a estar presentes, acompañando a la población”, concluyó Gilberto Ríos.
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