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Imaginad que un activista opositor fuera asesinado a plena luz del día
en Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela por pistoleros enmascarados, o
secuestrado y asesinado por guardias armados de un conocidísimo
partidario del gobierno.
Sería una noticia de primera plana en el New York Times y
en todas las noticias de la televisión. El Departamento de Estado de
EE.UU. emitiría una enérgica declaración sobre graves abusos de los
derechos humanos. Si algo semejante sucediera.
Ahora imaginad que 59
asesinatos políticos de este tipo hubieran tenido lugar hasta ahora
durante este año, y 61 el año pasado. Mucho antes de que la cantidad de
víctimas llegara a este nivel, se habría convertido en un importante
tema de política exterior para EE.UU., y Washington exigiría sanciones
internacionales.
Pero estamos hablando de Honduras, no de Bolivia
o Venezuela. Por lo tanto cuando el presidente Porfirio Lobo de
Honduras fue a Washington el mes pasado, el presidente Obama lo saludó
calurosamente y dijo:
“Hace dos años, vimos un golpe en Honduras que amenazó con apartar al país de la democracia, y en parte por la presión de la comunidad internacional, pero también por el fuerte compromiso con la democracia y el liderazgo del presidente Lobo, lo que vemos es una restauración de las prácticas democráticas y un compromiso con la reconciliación que nos da muchas esperanzas”.
Evidentemente,
el presidente Obama incluso se negó a reunirse con el presidente
democráticamente elegido que fue derrocado por el golpe mencionado, a
pesar de que ese presidente fue tres veces a Washington en busca de
ayuda después del golpe. Era Mel Zelaya, el presidente de
centro-izquierda que fue derrocado por los militares y sectores
conservadores en Honduras después de instituir una serie de reformas por
las que había votado la gente, como el aumento del salario mínimo y
leyes de impulso de la reforma agraria.
Pero lo que más enfureció
a Washington fue la cercanía de Zelaya con los gobiernos izquierdistas
de Suramérica, incluida Venezuela. No estaba más cercano de Venezuela
que Brasil o Argentina, pero fue un crimen de oportunidad. Por lo tanto
cuando los militares hondureños derrocaron a Zelaya en junio de 2009, el
gobierno de Obama hizo todo lo posible durante los seis meses
siguientes para asegurarse de que el golpe tuviera éxito.
La “presión de
la comunidad internacional” a la que se refirió Obama en la declaración
mencionada provino de otros países, especialmente de los gobiernos de
izquierdas de Suramérica. EE.UU. estaba al otro lado, luchando
–finalmente con éxito– a fin de legitimar el gobierno golpista mediante
una “elección” que el resto del hemisferio se negó a reconocer.
En
mayo de este año Zelaya declaró en público lo que ya habíamos adivinado
la mayoría de los que seguimos de cerca los acontecimientos: que
Washington estuvo tras el golpe y ayudó a que se perpetrara. Aunque es
probable que nadie se tome la molestia de investigar el papel de EE.UU.
en el golpe, es algo bastante plausible en vista de la abrumadora
evidencia circunstancial.
Porfirio Lobo asumió el poder en enero
de 2010, pero la mayoría del hemisferio se negó a reconocer su gobierno
porque su elección tuvo lugar mediante graves violaciones de los
derechos humanos. En mayo de 2011 se llegó finalmente a un acuerdo en
Cartagena, Colombia, que permitió que Honduras volviera a la
Organización de Estados Americanos. Pero el gobierno de Lobo no ha
cumplido su parte de los acuerdos de Cartagena, que incluían garantías
para los derechos humanos de la oposición política.
A
continuación menciono dos de las docenas de asesinatos políticos que han
ocurrido durante la presidencia de Lobo, tal como las recopiló la Red
de Liderazgo Religioso de Chicago sobre Latinoamérica (CRLN, por sus
siglas en inglés):
“Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) fue eliminado a tiros y luego decapitado aproximadamente a las 8 de la noche en su casa de la empresa cooperativa La Concepción. Su esposa, Reina Irene Mejía, también fue asesinada a tiros al mismo tiempo. Pedro sufrió un intento de asesinato en diciembre de 2010… Salgado, como los presidentes de todas las cooperativas que reivindican derechos a tierras utilizadas por los empresarios del aceite de palma africana en el Aguán, había sido objeto de constantes amenazas de muerte desde principios de 2011”.
El
coraje de estos activistas y organizadores frente a semejante violencia
y horrible represión es asombroso. Muchos de los asesinatos del año
pasado ocurrieron en el Valle Aguán en el Noreste, donde pequeños
agricultores luchan por derechos a la tierra contra uno de los
terratenientes más ricos de Honduras, Miguel Facussé.
Produce
biocombustibles en esta región en tierras en disputa. Está cercano a
EE.UU. y fue un importante apoyo del golpe de 2009 contra Zelaya. Sus
fuerzas privadas de seguridad, junto con policías y militares
respaldados por EE.UU., son responsables de la violencia política en la
región. La ayuda de EE.UU. a los militares hondureños ha aumentado desde
el golpe.
Recientes cables diplomáticos de EE.UU. publicados por WikiLeaks
muestran que los funcionarios estadounidenses han sabido desde 2004 que
Facussé también ha traficado con grandes cantidades de cocaína. Dana
Frank, profesor de la Universidad de Santa Cruz, experto en Honduras, lo
resumió para The Nation el mes pasado: “Fondos y entrenamiento
de la ‘guerra contra la droga’ de EE.UU., en otras palabras, se están
utilizando para apoyar la guerra de un conocido narcotraficante contra
los campesinos”.
La militarización de la guerra contra la droga
en la región también impulsa a Honduras por el mismo peligroso camino de
México, un país que ya tiene una de las más altas tasas de asesinatos
del mundo. The New York Times informa de que un 84% de la cocaína
que llega a EE.UU. cruza ahora por Centroamérica, en comparación con un
23% en 2006, cuando Calderón llegó a la presidencia en México y lanzó
su guerra contra la droga. The Times también señala que “los
funcionarios estadounidenses dicen que el golpe de 2009 abrió la puerta a
los cárteles [de la droga]” en Honduras.
Cuando voté por Barack
Obama en 2008 nunca imaginé que su legado en Centroamérica sería el
retorno del gobierno de los escuadrones de la muerte, del tipo que
Ronald Reagan apoyó tan vigorosamente en los años ochenta. Pero parece
ser el caso en Honduras.
El gobierno ha ignorado hasta ahora la
presión de los miembros demócratas del Congreso para que se respeten los
derechos humanos en Honduras. Esos esfuerzos continuarán, pero Honduras
necesita ayuda del Sur. Suramérica fue la que encabezó los esfuerzos
para revertir el golpe de 2009. Aunque Washington terminó por
derrotarlos, no puede abandonar a Honduras mientras gente que no es
diferente de sus amigos y partidarios en sus países son asesinados por
un gobierno respaldado por EE.UU.
Mark Weisbrot es economista y codirector del Centro de Investigación Económica y Política. Es coautor, con Dean Baker de Social Security: the Phony Crisis.
Este artículo apareció originalmente en The Guardian.
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