Cuando el 12 de marzo de 1996 fue firmada por el presidente de Estados Unidos William Clinton, la llamada ley Helms-Burton, plataforma que dio continuidad a la política agresiva desarrollada por sucesivos gobiernos estadounidenses, se recrudeció el curso agresivo de la política contra Cuba.
En el capítulo primero, la sección 109 se refiere a la autorización para dar apoyo a grupos “democráticos” y de “derechos humanos” en Cuba, es decir, a los grupúsculos que dentro de nuestro país sirven a los intereses del imperialismo norteamericano. Se trata de suministros de publicaciones y materiales informáticos, tales como libros, videos, y otros medios para realizar propaganda.
En la sección 115 del propio capítulo se aclara que para las actividades de los servicios de inteligencia, para la provocación y la subversión contra nuestro país se podrían seguir disponiendo recursos. “Nada en esta ley, prohíbe las actividades de investigación, de protección, o de inteligencia debidamente autorizadas que llevan a cabo agencias encargadas de aplicar la ley, o agencias de inteligencia de los Estados Unidos”.
Las líneas de acción de estas secciones se han cumplido al pie de la letra en estos 21 años de vigencia.
Un ejemplo de ello es que la Rand Corporation – tanque pensante del Pentágono – realizó varias investigaciones que recomiendan el desarrollo de una política estadounidense de información y comunicaciones destinada a “ayudar a abrir el sistema cerrado de Cuba y fomentar el surgimiento de una sociedad civil independiente”.
Uno de esos estudios, realizado por Larry Press en 1996, tenía como fin mejorar el conocimiento sobre la situación de las telecomunicaciones de Cuba, en especial las perspectivas para ampliar la red de computadoras con acceso a internet, y serviría como documento base para un proyecto sobre “Actores, resultados y política estadounidense para una Cuba en proceso de cambio”.
En la investigación: “Las telecomunicaciones cubanas, la red de computación y las implicaciones en la política de los Estados Unidos” se plantea que en 1996 Cuba ya contaba con cuatro redes con conexiones internacionales a la internet – Red del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGBnet), Centro de Intercambio Automatizado de Información (CENIAI), TinoRed de los Joven Club e Infomed – y reconoce que: “A pesar de los serios problemas económicos, desde 1992, las redes cubanas han crecido notablemente, tanto en dimensión como en calidad, principalmente debido a que el gobierno cubano ha permitido y financiado dicho crecimiento”[1]
En las recomendaciones realizadas llama la atención que se proponen varias medidas dirigidas a incrementar la injerencia en los asuntos cubanos utilizando las redes informáticas, embrión de las acciones que en fechas más recientes han ejecutado agencias y mercenarios al servicio del gobierno de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.
Entre ellas tenemos: estimular una conexión directa IP con Internet para brindar a los cubanos un acceso interactivo a materiales del extranjero; dar una respuesta rápida a la solicitud que hiciera la empresa WilTel de un permiso para construir un cable óptico entre los Estados Unidos y Cuba, pendiente desde marzo de 1994, y a otras solicitudes para brindar diferentes servicios relacionados con datos; fomentar los viajes desde Cuba con fines de adiestramiento y capacitación en la administración de las redes informáticas, y otras formas de intercambio técnico.
Además, apoyar a los usuarios cubanos, en especial a las ONG con adiestramiento, equipos y cubriendo los costos de la comunicación. En este sentido se explica que, “las ONG, los Clubes de Computación para los jóvenes, las universidades y los investigadores en la esfera de la biotecnología nos parecen merecer que se les apoye. Las ONG y los investigadores de la rama biotecnológica contribuyen al apoyo a los derechos humanos y al logro de los objetivos relativos a la política de acceso al conocimiento; los Clubes de Computación para los jóvenes y las universidades pueden contribuir directamente al adiestramiento de la comunidad de usuarios exigentes necesaria para lograr una potente red”.
“Dado que con una subvención directa se corre el riesgo de que las organizaciones beneficiarias salten demasiado a la vista, pudiera preferirse la subvención indirecta. Esta acción puede canalizarse a través de una serie de organizaciones, fundaciones y compañías profesionales internacionales. Hay muchas actividades de este tipo en los países en desarrollo. Por ejemplo, el PNUD y la Fundación Soros apoyan los proyectos de redes informáticas y la Internet Society organiza anualmente talleres para los que trabajan con redes en países en desarrollo. Asimismo, se debe fomentar y facilitar el apoyo de las compañías privadas, particularmente el de aquellas que tienen negocios de computación y de conexión de redes. Además, debemos subrayar que las pequeñas inversiones pueden lograr un avance significativo, ya que las redes cubanas operan con un presupuesto muy limitado.”[2]
El gobierno estadounidense destina recursos multimillonarios a la quinta columna que organizan como parte de su política de “cambio de régimen” en nuestro país. Informaciones publicadas por medios de prensa norteamericanos demuestran que desde el año 1996 y hasta el 2011 el Congreso de ese país destinó 205 millones de dólares para ello.
El caso de Alan Gross, la operación Zunzuneo y la actuación en torno al sector no estatal cubano, confirman que la ley Helms-Burton se ha renovado en su aplicación.
[1] Informe de la Rand Corporation: Las telecomunicaciones cubanas, la red de computación y las implicaciones en la política de los Estados Unidos. Elaborado para la Oficina del Secretario de Defensa de Estados Unidos, julio de 1996, p.1-49.
[2] Ibídem
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