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Por Ismael Moreno | Radio Progreso
Un proverbio chino dice que hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Este 2017 podemos llamarlo desde ahora el año de la oportunidad política perdida. No es que la oportunidad se haya escapado. Son los líderes de la oposición los que la han dejado irse. Y ahora toca prepararse para el peor de los escenarios. Un escenario que pudo evitarse. ¿Aún hay puertas que pueden abrirse para otra oportunidad? Sí, las hay.
“EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA LOS ECOLOGISTAS”
El 31 de enero el círculo más cercano a Juan Orlando Hernández se estremeció ante el informe de la organización británica Global Witness, que da cuenta de 123 personas asesinadas desde 2010 en Honduras por su compromiso con la defensa de los bienes naturales de sus territorios. El informe afirma que “Honduras es el país más peligroso del mundo para los ecologistas”. El informe desató las furias de un equipo de políticos y empresarios. Entre ellos, Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional y una de las principales señaladas de amenazar a los pueblos indígenas con la construcción de represas hidroeléctricas, siguiendo la política extractivista del actual gobierno, que concesiona los ríos para este tipo de proyectos y los territorios para proyectos mineros. La estrecha alianza entre políticos y empresarios en la explotación de riquezas naturales es la principal responsable de “asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”, según declaraciones de un representante de Global Witness.
Empresarios y voceros del gobierno calificaron de falso un informe cuya redacción tardó dos años de minuciosa investigación. Llegaron a pedirle a la Fiscalía que actuara de oficio contra los responsables de elaborarlo. No hacían referencia a los contenidos, sólo hacían un ataque despiadado contra los “mentirosos” que lo hicieron público, poniendo así en riesgo la inversión extranjera y el desarrollo del país.
El informe, y la reacción ante su publicación, dejan clara las responsabilidades del actual equipo de gobierno en la violación de los derechos humanos de las comunidades que defienden sus bienes naturales. Y contribuirá a evitar que la impunidad con que, en éste y en otros asuntos, actúa el equipo de Juan Orlando Hernández se prolongue por mucho más tiempo. Hay en la inestabilidad que está generando la voracidad del modelo que promueve este gobierno un germen de cambio.
HOY BERTA CÁCERES ES HONDURAS
A la par de la grave denuncia internacional que representa este informe está la emblemática figura de Berta Cáceres. Un año después de ser asesinada precisamente por la alianza entre empresarios y políticos que descalificaron el informe, ella se mantiene como la persona con mayor capacidad de convocatoria popular y social en el país. Para el mundo, hoy ella es Honduras.
Desde ella, desde lo que hizo y lo que dijo, se dimensiona la criminalidad de las compañías extractivas apañadas por el gobierno y denunciadas en el informe. Una de ellas, DESA, señalada nacional e internacionalmente como nido de los autores intelectuales que le quitaron la vida a Berta. La inmensa manta que encabezaba la primera de las movilizaciones que del 1 al 4 de marzo se organizaron para recordar el asesinato de la dirigente del COPINH lo gritaba: “DESA es la responsable intelectual de la muerte de Berta”.
La Esperanza, lugar donde nació, vivió y fue asesinada Berta, se convirtió en esos cuatro días en lugar donde alimentar la esperanza de muchos pueblos del mundo, amenazados también con ver saqueados sus bienes naturales. Hondureños, centroamericanos, mexicanos, estadounidenses, latinoamericanos, europeos, africanos, asiáticos, en su diversidad de lenguas y culturas, se encontraron allí para conmemorar el primer aniversario del martirio de la mujer más reconocida hoy en todo el planeta por defender los ríos de este mundo.
En estos tiempos confusos de erráticas políticas Berta Cáceres anima a una lucha social que se inserte en la base, entre la gente más humillada. Berta denuncia a las élites capitalistas, neoliberales, patriarcales y racistas. Ella tiene capacidad de articular procesos, cuestionar mediocridades, prudencias, equilibrismos y compromisos de medias tintas. Ella abre esas puertas y oportunidades, que aún la oposición política no tiene en cuenta.
TODO MUNDO LO SABE
2017 es año político electoral. Tras las elecciones primarias, en donde los partidos eligen a sus candidatos a las municipalidades, al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República, se abre el camino para la campaña electoral que culminará con las elecciones generales del último domingo de noviembre.
Todo mundo sabe ya que serán elegidos alcaldes de diversos partidos y que habrá un Congreso con diversidad de diputados, lo que obligará a negociaciones entre partidos. Y lo que todo el mundo sabe es que, pase lo que pase, sólo habrá un candidato ganador a la Presidencia y se llama Juan Orlando Hernández. Desde que fue Presidente del Congreso Nacional de 2010 a 2013, Juan Orlando Hernández se dedicó a diseñar su ruta. El poder que fue concentrando, la adulación de un primer anillo de políticos, técnicos y otros lisonjeros, sumada a su ambición desmedida para llegar, primero a la Presidencia, y después a la reelección indefinida, fue marcando los hitos de esa ruta. Pasará a la historia como un eximio constructor de un poder personalista e ilimitado en un Estado de Derecho en ruinas.
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ: SU RUTA AL PODER
Para lograr construir su ruta hacia el poder máximo, Juan Orlando Hernández fue organizando las diversas piezas conforme a tiempos y necesidades. Logró el control absoluto de los tres poderes del Estado. A través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad logró el control de las Fuerzas Armadas y de todos los órganos responsables de la seguridad. Cuando vio que no tenía control de la Policía porque sus jefes tenían vínculos con las redes criminales, logró conformar una Comisión de Depuración destinada a arrasar con todos los jefes policiales no controlables y disminuyó al máximo el poder de la Policía sustituyéndola de facto por la Policía Militar del Orden Público, cuyos estatutos la subordinan a su voluntad.
A través de COALIANZA, Juan Orlando Hernández logró participar de manera directa en las decisiones de la cúpula empresarial del país como un inversionista más que negocia con los más importantes inversionistas privados nacionales y transnacionales, con la ventaja que le da el ser, además de inversionista, Presidente de la República.
Logró congraciarse con el gobierno de Estados Unidos al extraditar al Norte a todos los capos del narcotráfico que le solicitaron, a pesar de las informaciones que esos capos den para reducir sus penas carcelarias pongan en riesgo su vida, la de algunos de los políticos más cercanos del Partido Nacional, la de sus colaboradores y hasta la de su misma familia.
Logró también congraciarse el Presidente con la comunidad internacional al aceptar la instalación de la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), aun a riesgo de que las investigaciones que realice esta institución, auspiciada por la OEA, toque a algunos en su más cercano círculo.
También aceptó la instalación en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como un signo de su apertura a la observación internacional, presentándose como fiel cumplidor de los convenios y tratados que en temas de defensa y vigencia de los derechos humanos ha firmado Honduras.
EL CULTO A LA PERSONALIDAD Y EL POPULISMO
El control de los medios de comunicación es, sin duda, uno de los mayores éxitos en la ruta construida por Juan Orlando Hernández. Todos los medios de alcance nacional conforman una especie de cadena nacional publicitaria que alaba las políticas del gobierno y, especialmente, eleva el perfil del Presidente a un nivel de abierto culto a su personalidad.
El populismo exacerbado del Presidente así ensalzado ha logrado atar el cabo más eficaz, el que lo vincula a la población más empobrecida. A través de decenas de programas de asistencia social, en el marco del gran paraguas llamado “Vida Mejor”, Juan Orlando Hernández ha llegado a decenas de miles de familias desempleadas, sin tierra, sin techo, enfermas y con muy bajos niveles de escolaridad para convertirlas en el factor decisivo de acumulación de los votos que den legitimidad a su reelección como Presidente de la República para 2018-2022.
UNA CANDIDATURA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL
Con el control de los poderes del Estado logró Hernández que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estableciera que los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial son inconstitucionales, lo que abrió la puerta para debatir y, finalmente, promover su candidatura a la reelección.
Ante la presión ciudadana en sentido contrario, la Corte se reunió en pleno y ratificó, por unanimidad, que lo acordado por la Sala Constitucional era materia juzgada. Y punto final. Una vez lograda su continuidad en el poder quedó definitivamente claro que su proyecto se basa en un autoritarismo que subordina toda la legislación nacional a sus intereses personales. Su candidatura es ilegal e inconstitucional.
“ESTOY TRABAJANDO”
Todo mundo sabía que Juan Orlando Hernández buscaba su reelección desde el primer día que asumió la Presidencia, aunque nunca lo dijo hasta noviembre de 2016. Cuando lo hizo público a nadie le extrañó. Siempre que le preguntaban si pensaba en la reelección respondía siempre: “No tengo tiempo para pensar en eso porque estoy trabajando, trabajando y trabajando”. Todo mundo, adeptos y opositores, sabían que era verdad: sólo trabajaba por su reelección.
Los tres años que ha cumplido en el gobierno han sido de continuo proselitismo político, una campaña continua, sin tregua entre la anterior y la próxima. Toda la institucionalidad estatal se convirtió en una inmensa plataforma propagandística en favor del continuismo oficial. Cuando el pleno de la Corte dijo que el tema de la reelección era “cosa juzgada” nadie se sorprendió. Todo mundo sabe que el Presidente de la República cuenta incondicionalmente con el presidente de la Corte y con los 14 magistrados que la integran, incapaces de disentir del titular del Ejecutivo.
También el titular del Ejecutivo tiene control sobre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre los magistrados del Registro Nacional de las Personas y sobre los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Nada que tenga que ver con decisiones sobre el proceso electoral está fuera de su control personal. Es así como Juan Orlando Hernández se ha convertido en el hombre con más poder en la historia política hondureña.
UNA ALIANZA ELECTORAL CONTRA LA REELECCIÓN DE JOH
Empezando el año 2017, el 14 y 15 de enero el partido LIBRE convocó a una masiva asamblea con varios miles de delegados de todo el país en Tegucigalpa. El objetivo era enfrentar la reelección de Juan Orlando Hernández. La asamblea concluyó con la oficialización de la alianza entre el partido LIBRE, el Partido Anticorrupción (PAC), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), una pequeña y marginal corriente del oficialista Partido Nacional y otra corriente secundaria del Partido Liberal.
Se trata de una alianza estrictamente electoral. Estos partidos, tan distintos entre sí, se unen con el único propósito de derrotar a Juan Orlando Hernández en las urnas, una meta que se sostiene en el optimista dato de que en los resultados del último proceso electoral, LIBRE alcanzó el segundo lugar en caudal de votos, cerca de 1 millón de electores de los 5 millones de votantes en el Registro Nacional de las Personas, y el PAC se ubicó en el cuarto lugar con más de 300 mil votos.
NO PARECE UNA AMENAZA REAL
Para desestimular a la nueva alianza, Juan Orlando Hernández y su equipo trabajaron previamente una supuesta encuesta que le anticipa a él un millón y medio de votos, cifra a todas luces abultada. En el mejor de los escenarios, el Partido Nacional apenas ha llegado al millón de votos. Y en estos comicios, a pesar de su intensa campaña mediática y asistencialista, deberá cargar con el malestar de una sociedad que no ha visto satisfechas sus demandas por este gobierno. De acuerdo con la última encuesta que hemos realizado con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, todo mundo, simpatizantes y adversarios, entienden que cualquier cantidad de votos que coloque a Juan Orlando Hernández en primer lugar será producto de algún mecanismo irregular fraudulento en las próximas votaciones.
En caso de que la alianza logre conformarse finalmente como una propuesta electoral, no parece ser todavía una amenaza real al oficialismo. Aunque las encuestas no siempre reflejan las reales simpatías de la gente cuando de preferencias partidarias se trata, en el sondeo del ERIC, realizado en diciembre, las simpatías mostradas por LIBRE y por el PAC descendieron hasta colocar a estos dos partidos en tercera y cuarta posición de preferencias respectivamente, muy por debajo del Partido Nacional y del Partido Liberal, con sólo un 10% de simpatías entre ambos partidos. También es cierto que si el 43% de los encuestados manifestó no tener ninguna preferencia política, tal vez ahí se esconde el potencial que votaría por la oposición a Hernández.
¿QUÉ SENTIDO TIENE PARTICIPAR?
La campaña política de este 2017 está en marcha sobre la base de dos datos determinantes. Uno, la inconstitucionalidad e ilegalidad de la candidatura de Juan Orlando Hernández. Dos, el fraude que todo mundo sabe que ya tiene preparado su equipo de gobierno. Si todo esto es ampliamente conocido por las dirigencias de la oposición política, ¿qué sentido tiene participar en el proceso electoral en vez de construir una alianza ciudadana, política y social que presione antes por nuevas reglas del juego, por reformas electorales, como condición para garantizar resultados electorales creíbles?
Con dos argumentos fundamenta hoy la oposición su participación en el proceso electoral. Uno, confianza en derrocar el continuismo y el fraude. Dos, para no dejarle el camino libre a la dictadura no hay otro camino que las elecciones. Afirman que, con un caudal arrollador de votos a favor de la alianza opositora, Juan Orlando Hernández y su equipo no podrán hacer fraude y con la observación de la comunidad internacional no habrá otro camino que aceptar el triunfo de la candidatura de la alianza electoral opositora.
AVALAN LA ILEGALIDAD
¿El entusiasmo opositor tendrá acaso que ver con las cuotas de poder que esperan alcanzar con la tácita aceptación de la reelección de Juan Orlando Hernández que significa participar en estas elecciones?
Ciertamente, todos los sectores de la oposición denuncian en público la ilegalidad de la candidatura de Hernández y advierten del fraude que se ha venido fraguando controlando todas las instancias relacionadas con el proceso electoral. Sin embargo, en sus campañas internas, las diversas candidaturas del partido LIBRE han invertido sus energías y recursos en lograr ventajas en relación con las otras, relegando el tema del cuestionamiento al fraude continuista. Esto da pie a la hipótesis de que el objetivo de los candidatos opositores es garantizarse ser diputados, alcaldes o regidores y, desde esa posición, que les asegura otros privilegios, mantener discursos opositores.
El objetivo no parece ser otro que actuar como opositores políticos desde un cargo de elección popular. Al aceptar participar en el proceso actualmente diseñado esta oposición se ha convertido -sin que la inmensa mayoría de sus candidatos y dirigentes partidarios sea consciente- en un factor que avala la ilegalidad de todo lo ocurrido.
UN DESCONTENTO MEDIATIZADO
Y ésta es la oportunidad que se ha perdido. Si toda la oposición política, encabezada por liderazgos reconocidos, hubiese decidido conformar una amplia oposición ciudadana y cívica, que aglutinara la resistencia y la indignación que ha provocado la reelección de Juan Orlando Hernández, todo este año 2017 se hubiera transformado en un hervidero de movilizaciones de las diversas inconformidades latentes, hoy sin una conducción adecuada.
Porque la realidad muestra un gran rechazo al actual gobierno, aunque mediatizado no sólo por la campaña proselitista del gobierno y de los opositores, sino también distraído por la campaña de la selección nacional de fútbol luchando por llegar al Mundial de 2018, por las telenovelas que mitifican a los líderes narcos, por el morbo que generan las noticias de los continuos hechos sangrientos y por las campañas de los grupos neopentecostales, varios de cuyos líderes se han convertido en consejeros de los funcionarios del gobierno. A toda esta avalancha de distractores hay que sumar el terror que ha desatado la política anti-inmigrantes de Donald Trump, que pone en riesgo las remesas, único sostén de millones de familias empobrecidas.
CUANDO EL VOTO TAMBIÉN ES MIGAJA
Es a este pueblo hondureño, politiquero, futbolero, novelero, remesero y de religión bullanguera al que se dirige insistentemente la campaña proselitista de Juan Orlando Hernández.
Pero ni los políticos creen en la gente ni la gente cree en los políticos. Lo que hay es una relación utilitaria basada en una total desconfianza. Los políticos ofrecen migajas a cambio del voto y la gente recibe las migajas y lo paga con lo que también considera migaja, su voto. En esto ha quedado convertida la participación ciudadana y el derecho al sufragio. Su sentido lo pone hoy la gente no en el ejercicio de ese derecho, que escucha es “sagrado”. Lo pone en lograr sobrevivir.
El sondeo de opinión pública del ERIC nos dijo que 8 de cada 10 personas desconfían de los políticos y demandan que se les investigue y se les enjuicie por corruptos e impunes. Teniendo en cuenta esto, y el rechazo a la reelección de Juan Orlando Hernández, se ve con más claridad la oportunidad perdida por la oposición política. Ningún gobierno sustentado en la ilegalidad tiene capacidad de sostenerse ante una ciudadanía organizada y movilizada repudiándolo.
Pudo haber en el país movilizaciones nacionales anti-reelección. Ya en 2016 hubo conatos de desobediencia civil en un estadio cuando se extendió masivamente el grito de ¡Fuera JOH! Si los líderes de la oposición, en lugar de estar invirtiendo sus energías en una campaña política que sólo legitimará el continuismo, estuvieran al frente de la organización del descontento popular, todos los estadios del país estarían clamando esa misma consigna, la que hace temblar a JOH.
LOS INDIGNADOS DE 2015
Hace menos de dos años, amplios sectores, especialmente urbanos y juveniles, se alzaron indignados contra el saqueo al Seguro Social. Fue de esa indignación contra la corrupción que surgió el ¡Fuera JOH! y la demanda de que se instalara en el país una CICIG como la que funciona en Guatemala. Algunos dicen que las continuas movilizaciones de los indignados, extendidas por los centros urbanos de todo el país, fueron inducidas por actores políticos interesados en debilitar al gobierno para obligarlo a extraditar a capos del narcotráfico y a funcionarios vinculados a ese negocio. Sea lo que fuere, fue la corrupción vinculada a este gobierno la que atizó la indignación.
Toda la gente que se movilizó sigue con su rabia acumulada, mientras la corrupción y la impunidad se mantienen. Las movilizaciones de los indignados del año 2015 no tuvieron al frente a líderes conocidos. Fue la improvisación lo que caracterizó a los novatos dirigentes, que en su mayoría acabaron cooptados por quienes son expertos en construir una oposición controlada.
Ahora, faltó una visión estratégica que, partiendo de un audaz análisis, rompiera con la modorra de la práctica política tradicional y lograra organizar el repudio agazapado en centenares de miles de personas contra la corrupción del actual gobierno hasta cambiar la correlación de fuerzas y obligar al gobierno a negociar una nueva propuesta electoral, incluso una Constituyente.
RECOMENDAMOS: LA ESPUMA DE LA INDIGNACIÓN EN UNO DE LOS PAÍSES MÁS DESIGUALES Y VIOLENTOS DEL MUNDO
LA MACCIH MUESTRA “DIENTES”
La MACCIH es un nuevo factor a tener en cuenta en esta coyuntura que anuncia la consolidación de la dictadura. Instalada oficialmente en abril de 2016 como resultado de un acuerdo entre el gobierno y la OEA, con el aval de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pareció durante los primeros meses una instancia amorfa que legitimaba al gobierno. Vista con total desconfianza y con justificada sospecha por los indignados de 2015, la MACCIH se fue abriendo camino con respaldo oficial y buscando apoyo económico en la comunidad internacional. Los políticos hondureños se sentían seguros. Pero apenas esta instancia comenzó a hacer observaciones críticas al modo como el Congreso elegía a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, o a sugerir reformas legales para supervisar los dineros de las campañas de los partidos políticos, comenzaron a descalificarla como “intervencionista”.
A un año de ser instalada, la MACCIH ha encontrado un claro respaldo internacional, un claro distanciamiento del gobierno y el reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad civil, que empiezan a considerarla con “dientes” para enfrentar casos y dinamismos generadores de corrupción y de impunidad. Por su actuación, varios de los principales implicados en el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social han sido enjuiciados y sentenciados, mientras otros procesos abiertos sobre este caso están pendientes de juicio y condena.
LA MACCIH BUSCA “COLABORADORES EFICACES”
La MACCIH ha presentado una propuesta al gobierno, la “ley de colaboración eficaz”. Consiste en garantizar notables rebajas en la condena a aquellos implicados en casos de corrupción que se decidan a colaborar en la delación de altos funcionarios públicos o empresarios implicados en casos de corrupción, siempre y cuando la información que proporcionen resulte eficaz.
Esto indica que la MACCIH está determinada a identificar, enjuiciar y eventualmente a desmantelar redes de corrupción que impliquen a gente cercana al gobierno o formen parte de él. El informe de Global Witness es un instrumento para que la MACCIH fundamente algunos de esos esfuerzos. Está aún por verse la relación que tendrá la MACCIH con el Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, quien goza de la confianza de la embajada de Estados Unidos y de todos es sabido fue elegido por el Congreso por instrucciones directas de Juan Orlando Hernández.
¿QUIÉN ES EL FISCAL?
¿Quién es Chinchilla? En 2012 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto legislativo que legalizaba la existencia de las Ciudades Modelo en Honduras. Esto llevó al Presidente de la República a obligar al Congreso Nacional a destituir a los cuatro magistrados que habían votado a favor de la inconstitucionalidad del decreto, dejando únicamente al quinto magistrado que había votado en contra.
Ése era Óscar Chinchilla, a quien al año siguiente el Congreso eligió como Fiscal General del Estado, luego de que junto a los nuevos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional ratificara un nuevo decreto que legaliza las Ciudades Modelo, llamadas eufemísticamente Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDEs.
¿HASTA DÓNDE LLEGARÁN LA MACCHI Y EL FISCAL?
Muy amigo de Juan Orlando Hernández, Chinchilla ha establecido, por su oficio, una relación oficial con la MACCIH para impulsar procesos de investigación contra la corrupción. El jefe de la MACCIH, el peruano Juan Federico Jiménez Mayor, ex-Primer Ministro y ex-Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el Perú, ha declarado como positivo el apoyo que ha encontrado en el Fiscal, lo que supondría el posible distanciamiento que Chinchilla ha decidido tomar de su padrino el Presidente.
¿Hasta dónde llegará el Fiscal en su colaboración con la MACCIH? Lo veremos en el apoyo que dé al trabajo de la nueva institución. ¿Y hasta dónde llegará la MACCIH? Lo veremos también. Dependerá de la autonomía que logre construir tanto del gobierno como de la OEA. El respaldo que logre de los sectores de la sociedad civil dependerá de los casos de corrupción que logre destapar.
Hay oportunidades. Hay puertas abiertas. La sensibilización contra el modelo extractivista, que lleva como bandera a Berta Cáceres, la indignación contra la privatización de carreteras, de la electricidad, del agua, de la salud, de la educación, la sensibilización contra la corrupción generalizada que se traduzca en sanciones que lidere la MACCIH pueden distanciar a las organizaciones políticas y sociales del viciado proceso electoral que se nos avecina.
CONTRA “LA APOLOGÍA DEL ODIO”
Preocupado por la posibilidad de una masiva movilización social y una masiva abstención en las elecciones, Juan Orlando Hernández se ha apertrechado con nuevos instrumentos legales represivos. En contra de los partidos de oposición, de diversos sectores de la sociedad civil, y sin escuchar las preocupaciones hechas públicas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada recientemente en Honduras, el Presidente presionó a los diputados miembros de su partido para que el Congreso aprobara a finales de febrero reformas penales que sancionan el terrorismo, tipificándolo de tal forma que da lugar a una total arbitrariedad y discrecionalidad de los jueces.
Entre los artículos aprobados destaca el 335B, que expresa que será sancionado como terrorismo todo aquel periodista o medio de comunicación que divulgue o haga “apología del odio”, lo que pretende imponer una mordaza a la libertad de expresión y pone en riesgo a medios de comunicación y periodistas que, por ser críticos del Presidente sean acusados de “odiarlo”.
La comunidad internacional está observando a Honduras con más atención que nunca. Está observando cómo se van cercenando las libertades. Está observando el enorme riesgo de perder la vida que corren quienes defienden los ríos, los territorios, los bienes naturales, la libertad de expresión… Está observando si la MACCIH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos encuentran obstáculos en el gobierno y en la gran empresa para realizar su trabajo… Están observando y recuerdan a Berta Cáceres, las razones de su vida y de su muerte. También por todo eso, aún hay una oportunidad en este difícil 2017.
“EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA LOS ECOLOGISTAS”
El 31 de enero el círculo más cercano a Juan Orlando Hernández se estremeció ante el informe de la organización británica Global Witness, que da cuenta de 123 personas asesinadas desde 2010 en Honduras por su compromiso con la defensa de los bienes naturales de sus territorios. El informe afirma que “Honduras es el país más peligroso del mundo para los ecologistas”. El informe desató las furias de un equipo de políticos y empresarios. Entre ellos, Gladys Aurora López, presidenta del Partido Nacional y una de las principales señaladas de amenazar a los pueblos indígenas con la construcción de represas hidroeléctricas, siguiendo la política extractivista del actual gobierno, que concesiona los ríos para este tipo de proyectos y los territorios para proyectos mineros. La estrecha alianza entre políticos y empresarios en la explotación de riquezas naturales es la principal responsable de “asesinar y aterrorizar a las comunidades que se atreven a interponerse en su camino”, según declaraciones de un representante de Global Witness.
Empresarios y voceros del gobierno calificaron de falso un informe cuya redacción tardó dos años de minuciosa investigación. Llegaron a pedirle a la Fiscalía que actuara de oficio contra los responsables de elaborarlo. No hacían referencia a los contenidos, sólo hacían un ataque despiadado contra los “mentirosos” que lo hicieron público, poniendo así en riesgo la inversión extranjera y el desarrollo del país.
El informe, y la reacción ante su publicación, dejan clara las responsabilidades del actual equipo de gobierno en la violación de los derechos humanos de las comunidades que defienden sus bienes naturales. Y contribuirá a evitar que la impunidad con que, en éste y en otros asuntos, actúa el equipo de Juan Orlando Hernández se prolongue por mucho más tiempo. Hay en la inestabilidad que está generando la voracidad del modelo que promueve este gobierno un germen de cambio.
HOY BERTA CÁCERES ES HONDURAS
A la par de la grave denuncia internacional que representa este informe está la emblemática figura de Berta Cáceres. Un año después de ser asesinada precisamente por la alianza entre empresarios y políticos que descalificaron el informe, ella se mantiene como la persona con mayor capacidad de convocatoria popular y social en el país. Para el mundo, hoy ella es Honduras.
Desde ella, desde lo que hizo y lo que dijo, se dimensiona la criminalidad de las compañías extractivas apañadas por el gobierno y denunciadas en el informe. Una de ellas, DESA, señalada nacional e internacionalmente como nido de los autores intelectuales que le quitaron la vida a Berta. La inmensa manta que encabezaba la primera de las movilizaciones que del 1 al 4 de marzo se organizaron para recordar el asesinato de la dirigente del COPINH lo gritaba: “DESA es la responsable intelectual de la muerte de Berta”.
La Esperanza, lugar donde nació, vivió y fue asesinada Berta, se convirtió en esos cuatro días en lugar donde alimentar la esperanza de muchos pueblos del mundo, amenazados también con ver saqueados sus bienes naturales. Hondureños, centroamericanos, mexicanos, estadounidenses, latinoamericanos, europeos, africanos, asiáticos, en su diversidad de lenguas y culturas, se encontraron allí para conmemorar el primer aniversario del martirio de la mujer más reconocida hoy en todo el planeta por defender los ríos de este mundo.
En estos tiempos confusos de erráticas políticas Berta Cáceres anima a una lucha social que se inserte en la base, entre la gente más humillada. Berta denuncia a las élites capitalistas, neoliberales, patriarcales y racistas. Ella tiene capacidad de articular procesos, cuestionar mediocridades, prudencias, equilibrismos y compromisos de medias tintas. Ella abre esas puertas y oportunidades, que aún la oposición política no tiene en cuenta.
TODO MUNDO LO SABE
2017 es año político electoral. Tras las elecciones primarias, en donde los partidos eligen a sus candidatos a las municipalidades, al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República, se abre el camino para la campaña electoral que culminará con las elecciones generales del último domingo de noviembre.
Todo mundo sabe ya que serán elegidos alcaldes de diversos partidos y que habrá un Congreso con diversidad de diputados, lo que obligará a negociaciones entre partidos. Y lo que todo el mundo sabe es que, pase lo que pase, sólo habrá un candidato ganador a la Presidencia y se llama Juan Orlando Hernández. Desde que fue Presidente del Congreso Nacional de 2010 a 2013, Juan Orlando Hernández se dedicó a diseñar su ruta. El poder que fue concentrando, la adulación de un primer anillo de políticos, técnicos y otros lisonjeros, sumada a su ambición desmedida para llegar, primero a la Presidencia, y después a la reelección indefinida, fue marcando los hitos de esa ruta. Pasará a la historia como un eximio constructor de un poder personalista e ilimitado en un Estado de Derecho en ruinas.
JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ: SU RUTA AL PODER
Para lograr construir su ruta hacia el poder máximo, Juan Orlando Hernández fue organizando las diversas piezas conforme a tiempos y necesidades. Logró el control absoluto de los tres poderes del Estado. A través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad logró el control de las Fuerzas Armadas y de todos los órganos responsables de la seguridad. Cuando vio que no tenía control de la Policía porque sus jefes tenían vínculos con las redes criminales, logró conformar una Comisión de Depuración destinada a arrasar con todos los jefes policiales no controlables y disminuyó al máximo el poder de la Policía sustituyéndola de facto por la Policía Militar del Orden Público, cuyos estatutos la subordinan a su voluntad.
A través de COALIANZA, Juan Orlando Hernández logró participar de manera directa en las decisiones de la cúpula empresarial del país como un inversionista más que negocia con los más importantes inversionistas privados nacionales y transnacionales, con la ventaja que le da el ser, además de inversionista, Presidente de la República.
Logró congraciarse con el gobierno de Estados Unidos al extraditar al Norte a todos los capos del narcotráfico que le solicitaron, a pesar de las informaciones que esos capos den para reducir sus penas carcelarias pongan en riesgo su vida, la de algunos de los políticos más cercanos del Partido Nacional, la de sus colaboradores y hasta la de su misma familia.
Logró también congraciarse el Presidente con la comunidad internacional al aceptar la instalación de la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), aun a riesgo de que las investigaciones que realice esta institución, auspiciada por la OEA, toque a algunos en su más cercano círculo.
También aceptó la instalación en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como un signo de su apertura a la observación internacional, presentándose como fiel cumplidor de los convenios y tratados que en temas de defensa y vigencia de los derechos humanos ha firmado Honduras.
EL CULTO A LA PERSONALIDAD Y EL POPULISMO
El control de los medios de comunicación es, sin duda, uno de los mayores éxitos en la ruta construida por Juan Orlando Hernández. Todos los medios de alcance nacional conforman una especie de cadena nacional publicitaria que alaba las políticas del gobierno y, especialmente, eleva el perfil del Presidente a un nivel de abierto culto a su personalidad.
El populismo exacerbado del Presidente así ensalzado ha logrado atar el cabo más eficaz, el que lo vincula a la población más empobrecida. A través de decenas de programas de asistencia social, en el marco del gran paraguas llamado “Vida Mejor”, Juan Orlando Hernández ha llegado a decenas de miles de familias desempleadas, sin tierra, sin techo, enfermas y con muy bajos niveles de escolaridad para convertirlas en el factor decisivo de acumulación de los votos que den legitimidad a su reelección como Presidente de la República para 2018-2022.
UNA CANDIDATURA ILEGAL E INCONSTITUCIONAL
Con el control de los poderes del Estado logró Hernández que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estableciera que los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial son inconstitucionales, lo que abrió la puerta para debatir y, finalmente, promover su candidatura a la reelección.
Ante la presión ciudadana en sentido contrario, la Corte se reunió en pleno y ratificó, por unanimidad, que lo acordado por la Sala Constitucional era materia juzgada. Y punto final. Una vez lograda su continuidad en el poder quedó definitivamente claro que su proyecto se basa en un autoritarismo que subordina toda la legislación nacional a sus intereses personales. Su candidatura es ilegal e inconstitucional.
“ESTOY TRABAJANDO”
Todo mundo sabía que Juan Orlando Hernández buscaba su reelección desde el primer día que asumió la Presidencia, aunque nunca lo dijo hasta noviembre de 2016. Cuando lo hizo público a nadie le extrañó. Siempre que le preguntaban si pensaba en la reelección respondía siempre: “No tengo tiempo para pensar en eso porque estoy trabajando, trabajando y trabajando”. Todo mundo, adeptos y opositores, sabían que era verdad: sólo trabajaba por su reelección.
Los tres años que ha cumplido en el gobierno han sido de continuo proselitismo político, una campaña continua, sin tregua entre la anterior y la próxima. Toda la institucionalidad estatal se convirtió en una inmensa plataforma propagandística en favor del continuismo oficial. Cuando el pleno de la Corte dijo que el tema de la reelección era “cosa juzgada” nadie se sorprendió. Todo mundo sabe que el Presidente de la República cuenta incondicionalmente con el presidente de la Corte y con los 14 magistrados que la integran, incapaces de disentir del titular del Ejecutivo.
También el titular del Ejecutivo tiene control sobre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sobre los magistrados del Registro Nacional de las Personas y sobre los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Nada que tenga que ver con decisiones sobre el proceso electoral está fuera de su control personal. Es así como Juan Orlando Hernández se ha convertido en el hombre con más poder en la historia política hondureña.
UNA ALIANZA ELECTORAL CONTRA LA REELECCIÓN DE JOH
Empezando el año 2017, el 14 y 15 de enero el partido LIBRE convocó a una masiva asamblea con varios miles de delegados de todo el país en Tegucigalpa. El objetivo era enfrentar la reelección de Juan Orlando Hernández. La asamblea concluyó con la oficialización de la alianza entre el partido LIBRE, el Partido Anticorrupción (PAC), el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), una pequeña y marginal corriente del oficialista Partido Nacional y otra corriente secundaria del Partido Liberal.
Se trata de una alianza estrictamente electoral. Estos partidos, tan distintos entre sí, se unen con el único propósito de derrotar a Juan Orlando Hernández en las urnas, una meta que se sostiene en el optimista dato de que en los resultados del último proceso electoral, LIBRE alcanzó el segundo lugar en caudal de votos, cerca de 1 millón de electores de los 5 millones de votantes en el Registro Nacional de las Personas, y el PAC se ubicó en el cuarto lugar con más de 300 mil votos.
NO PARECE UNA AMENAZA REAL
Para desestimular a la nueva alianza, Juan Orlando Hernández y su equipo trabajaron previamente una supuesta encuesta que le anticipa a él un millón y medio de votos, cifra a todas luces abultada. En el mejor de los escenarios, el Partido Nacional apenas ha llegado al millón de votos. Y en estos comicios, a pesar de su intensa campaña mediática y asistencialista, deberá cargar con el malestar de una sociedad que no ha visto satisfechas sus demandas por este gobierno. De acuerdo con la última encuesta que hemos realizado con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, todo mundo, simpatizantes y adversarios, entienden que cualquier cantidad de votos que coloque a Juan Orlando Hernández en primer lugar será producto de algún mecanismo irregular fraudulento en las próximas votaciones.
En caso de que la alianza logre conformarse finalmente como una propuesta electoral, no parece ser todavía una amenaza real al oficialismo. Aunque las encuestas no siempre reflejan las reales simpatías de la gente cuando de preferencias partidarias se trata, en el sondeo del ERIC, realizado en diciembre, las simpatías mostradas por LIBRE y por el PAC descendieron hasta colocar a estos dos partidos en tercera y cuarta posición de preferencias respectivamente, muy por debajo del Partido Nacional y del Partido Liberal, con sólo un 10% de simpatías entre ambos partidos. También es cierto que si el 43% de los encuestados manifestó no tener ninguna preferencia política, tal vez ahí se esconde el potencial que votaría por la oposición a Hernández.
¿QUÉ SENTIDO TIENE PARTICIPAR?
La campaña política de este 2017 está en marcha sobre la base de dos datos determinantes. Uno, la inconstitucionalidad e ilegalidad de la candidatura de Juan Orlando Hernández. Dos, el fraude que todo mundo sabe que ya tiene preparado su equipo de gobierno. Si todo esto es ampliamente conocido por las dirigencias de la oposición política, ¿qué sentido tiene participar en el proceso electoral en vez de construir una alianza ciudadana, política y social que presione antes por nuevas reglas del juego, por reformas electorales, como condición para garantizar resultados electorales creíbles?
Con dos argumentos fundamenta hoy la oposición su participación en el proceso electoral. Uno, confianza en derrocar el continuismo y el fraude. Dos, para no dejarle el camino libre a la dictadura no hay otro camino que las elecciones. Afirman que, con un caudal arrollador de votos a favor de la alianza opositora, Juan Orlando Hernández y su equipo no podrán hacer fraude y con la observación de la comunidad internacional no habrá otro camino que aceptar el triunfo de la candidatura de la alianza electoral opositora.
AVALAN LA ILEGALIDAD
¿El entusiasmo opositor tendrá acaso que ver con las cuotas de poder que esperan alcanzar con la tácita aceptación de la reelección de Juan Orlando Hernández que significa participar en estas elecciones?
Ciertamente, todos los sectores de la oposición denuncian en público la ilegalidad de la candidatura de Hernández y advierten del fraude que se ha venido fraguando controlando todas las instancias relacionadas con el proceso electoral. Sin embargo, en sus campañas internas, las diversas candidaturas del partido LIBRE han invertido sus energías y recursos en lograr ventajas en relación con las otras, relegando el tema del cuestionamiento al fraude continuista. Esto da pie a la hipótesis de que el objetivo de los candidatos opositores es garantizarse ser diputados, alcaldes o regidores y, desde esa posición, que les asegura otros privilegios, mantener discursos opositores.
El objetivo no parece ser otro que actuar como opositores políticos desde un cargo de elección popular. Al aceptar participar en el proceso actualmente diseñado esta oposición se ha convertido -sin que la inmensa mayoría de sus candidatos y dirigentes partidarios sea consciente- en un factor que avala la ilegalidad de todo lo ocurrido.
UN DESCONTENTO MEDIATIZADO
Y ésta es la oportunidad que se ha perdido. Si toda la oposición política, encabezada por liderazgos reconocidos, hubiese decidido conformar una amplia oposición ciudadana y cívica, que aglutinara la resistencia y la indignación que ha provocado la reelección de Juan Orlando Hernández, todo este año 2017 se hubiera transformado en un hervidero de movilizaciones de las diversas inconformidades latentes, hoy sin una conducción adecuada.
Porque la realidad muestra un gran rechazo al actual gobierno, aunque mediatizado no sólo por la campaña proselitista del gobierno y de los opositores, sino también distraído por la campaña de la selección nacional de fútbol luchando por llegar al Mundial de 2018, por las telenovelas que mitifican a los líderes narcos, por el morbo que generan las noticias de los continuos hechos sangrientos y por las campañas de los grupos neopentecostales, varios de cuyos líderes se han convertido en consejeros de los funcionarios del gobierno. A toda esta avalancha de distractores hay que sumar el terror que ha desatado la política anti-inmigrantes de Donald Trump, que pone en riesgo las remesas, único sostén de millones de familias empobrecidas.
CUANDO EL VOTO TAMBIÉN ES MIGAJA
Es a este pueblo hondureño, politiquero, futbolero, novelero, remesero y de religión bullanguera al que se dirige insistentemente la campaña proselitista de Juan Orlando Hernández.
Pero ni los políticos creen en la gente ni la gente cree en los políticos. Lo que hay es una relación utilitaria basada en una total desconfianza. Los políticos ofrecen migajas a cambio del voto y la gente recibe las migajas y lo paga con lo que también considera migaja, su voto. En esto ha quedado convertida la participación ciudadana y el derecho al sufragio. Su sentido lo pone hoy la gente no en el ejercicio de ese derecho, que escucha es “sagrado”. Lo pone en lograr sobrevivir.
El sondeo de opinión pública del ERIC nos dijo que 8 de cada 10 personas desconfían de los políticos y demandan que se les investigue y se les enjuicie por corruptos e impunes. Teniendo en cuenta esto, y el rechazo a la reelección de Juan Orlando Hernández, se ve con más claridad la oportunidad perdida por la oposición política. Ningún gobierno sustentado en la ilegalidad tiene capacidad de sostenerse ante una ciudadanía organizada y movilizada repudiándolo.
Pudo haber en el país movilizaciones nacionales anti-reelección. Ya en 2016 hubo conatos de desobediencia civil en un estadio cuando se extendió masivamente el grito de ¡Fuera JOH! Si los líderes de la oposición, en lugar de estar invirtiendo sus energías en una campaña política que sólo legitimará el continuismo, estuvieran al frente de la organización del descontento popular, todos los estadios del país estarían clamando esa misma consigna, la que hace temblar a JOH.
LOS INDIGNADOS DE 2015
Hace menos de dos años, amplios sectores, especialmente urbanos y juveniles, se alzaron indignados contra el saqueo al Seguro Social. Fue de esa indignación contra la corrupción que surgió el ¡Fuera JOH! y la demanda de que se instalara en el país una CICIG como la que funciona en Guatemala. Algunos dicen que las continuas movilizaciones de los indignados, extendidas por los centros urbanos de todo el país, fueron inducidas por actores políticos interesados en debilitar al gobierno para obligarlo a extraditar a capos del narcotráfico y a funcionarios vinculados a ese negocio. Sea lo que fuere, fue la corrupción vinculada a este gobierno la que atizó la indignación.
Toda la gente que se movilizó sigue con su rabia acumulada, mientras la corrupción y la impunidad se mantienen. Las movilizaciones de los indignados del año 2015 no tuvieron al frente a líderes conocidos. Fue la improvisación lo que caracterizó a los novatos dirigentes, que en su mayoría acabaron cooptados por quienes son expertos en construir una oposición controlada.
Ahora, faltó una visión estratégica que, partiendo de un audaz análisis, rompiera con la modorra de la práctica política tradicional y lograra organizar el repudio agazapado en centenares de miles de personas contra la corrupción del actual gobierno hasta cambiar la correlación de fuerzas y obligar al gobierno a negociar una nueva propuesta electoral, incluso una Constituyente.
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LA MACCIH MUESTRA “DIENTES”
La MACCIH es un nuevo factor a tener en cuenta en esta coyuntura que anuncia la consolidación de la dictadura. Instalada oficialmente en abril de 2016 como resultado de un acuerdo entre el gobierno y la OEA, con el aval de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pareció durante los primeros meses una instancia amorfa que legitimaba al gobierno. Vista con total desconfianza y con justificada sospecha por los indignados de 2015, la MACCIH se fue abriendo camino con respaldo oficial y buscando apoyo económico en la comunidad internacional. Los políticos hondureños se sentían seguros. Pero apenas esta instancia comenzó a hacer observaciones críticas al modo como el Congreso elegía a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, o a sugerir reformas legales para supervisar los dineros de las campañas de los partidos políticos, comenzaron a descalificarla como “intervencionista”.
A un año de ser instalada, la MACCIH ha encontrado un claro respaldo internacional, un claro distanciamiento del gobierno y el reconocimiento de diferentes sectores de la sociedad civil, que empiezan a considerarla con “dientes” para enfrentar casos y dinamismos generadores de corrupción y de impunidad. Por su actuación, varios de los principales implicados en el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social han sido enjuiciados y sentenciados, mientras otros procesos abiertos sobre este caso están pendientes de juicio y condena.
LA MACCIH BUSCA “COLABORADORES EFICACES”
La MACCIH ha presentado una propuesta al gobierno, la “ley de colaboración eficaz”. Consiste en garantizar notables rebajas en la condena a aquellos implicados en casos de corrupción que se decidan a colaborar en la delación de altos funcionarios públicos o empresarios implicados en casos de corrupción, siempre y cuando la información que proporcionen resulte eficaz.
Esto indica que la MACCIH está determinada a identificar, enjuiciar y eventualmente a desmantelar redes de corrupción que impliquen a gente cercana al gobierno o formen parte de él. El informe de Global Witness es un instrumento para que la MACCIH fundamente algunos de esos esfuerzos. Está aún por verse la relación que tendrá la MACCIH con el Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, quien goza de la confianza de la embajada de Estados Unidos y de todos es sabido fue elegido por el Congreso por instrucciones directas de Juan Orlando Hernández.
¿QUIÉN ES EL FISCAL?
¿Quién es Chinchilla? En 2012 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto legislativo que legalizaba la existencia de las Ciudades Modelo en Honduras. Esto llevó al Presidente de la República a obligar al Congreso Nacional a destituir a los cuatro magistrados que habían votado a favor de la inconstitucionalidad del decreto, dejando únicamente al quinto magistrado que había votado en contra.
Ése era Óscar Chinchilla, a quien al año siguiente el Congreso eligió como Fiscal General del Estado, luego de que junto a los nuevos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional ratificara un nuevo decreto que legaliza las Ciudades Modelo, llamadas eufemísticamente Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDEs.
¿HASTA DÓNDE LLEGARÁN LA MACCHI Y EL FISCAL?
Muy amigo de Juan Orlando Hernández, Chinchilla ha establecido, por su oficio, una relación oficial con la MACCIH para impulsar procesos de investigación contra la corrupción. El jefe de la MACCIH, el peruano Juan Federico Jiménez Mayor, ex-Primer Ministro y ex-Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el Perú, ha declarado como positivo el apoyo que ha encontrado en el Fiscal, lo que supondría el posible distanciamiento que Chinchilla ha decidido tomar de su padrino el Presidente.
¿Hasta dónde llegará el Fiscal en su colaboración con la MACCIH? Lo veremos en el apoyo que dé al trabajo de la nueva institución. ¿Y hasta dónde llegará la MACCIH? Lo veremos también. Dependerá de la autonomía que logre construir tanto del gobierno como de la OEA. El respaldo que logre de los sectores de la sociedad civil dependerá de los casos de corrupción que logre destapar.
Hay oportunidades. Hay puertas abiertas. La sensibilización contra el modelo extractivista, que lleva como bandera a Berta Cáceres, la indignación contra la privatización de carreteras, de la electricidad, del agua, de la salud, de la educación, la sensibilización contra la corrupción generalizada que se traduzca en sanciones que lidere la MACCIH pueden distanciar a las organizaciones políticas y sociales del viciado proceso electoral que se nos avecina.
CONTRA “LA APOLOGÍA DEL ODIO”
Preocupado por la posibilidad de una masiva movilización social y una masiva abstención en las elecciones, Juan Orlando Hernández se ha apertrechado con nuevos instrumentos legales represivos. En contra de los partidos de oposición, de diversos sectores de la sociedad civil, y sin escuchar las preocupaciones hechas públicas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instalada recientemente en Honduras, el Presidente presionó a los diputados miembros de su partido para que el Congreso aprobara a finales de febrero reformas penales que sancionan el terrorismo, tipificándolo de tal forma que da lugar a una total arbitrariedad y discrecionalidad de los jueces.
Entre los artículos aprobados destaca el 335B, que expresa que será sancionado como terrorismo todo aquel periodista o medio de comunicación que divulgue o haga “apología del odio”, lo que pretende imponer una mordaza a la libertad de expresión y pone en riesgo a medios de comunicación y periodistas que, por ser críticos del Presidente sean acusados de “odiarlo”.
La comunidad internacional está observando a Honduras con más atención que nunca. Está observando cómo se van cercenando las libertades. Está observando el enorme riesgo de perder la vida que corren quienes defienden los ríos, los territorios, los bienes naturales, la libertad de expresión… Está observando si la MACCIH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos encuentran obstáculos en el gobierno y en la gran empresa para realizar su trabajo… Están observando y recuerdan a Berta Cáceres, las razones de su vida y de su muerte. También por todo eso, aún hay una oportunidad en este difícil 2017.
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