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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Por LINyM
Ante la persecución de los pueblos indígenas en Honduras por la defensa de nuestros territorios y bienes comunes lo que nos ha llevado a ser criminalizados y asesinados, en la mayoría de los casos por exigir el respeto al derecho a la consulta previa, representantes de los pueblos indígenas Pech, Lenca, Garifuna, Miskito, Maya-Chorti y Tolupan de Honduras reunidos en el Foro-Taller sobre el Convenio 169 de la OIT y la Consulta-Consentimiento Previo Libre e Informada (CPLI), en la ciudad Capital el día 20 de Febrero y 1 de Marzo del 2017
Declaramos que:
Recalcamos la inexistencia de Buena Fe por parte del Estado, el que a través de prebendas y manipulaciones ha contaminado el proceso de la elaboración del anteproyecto de Ley de Consulta Previa, desconociendo la libre determinación de los pueblos indígenas, además de abrogarse el derecho a expulsarnos de nuestros territorios.
Recalcamos la importancia de la consulta para la obtención del consentimiento siempre y cuando sea el pueblo el que decida y no se busquen estrategias para diluir los resultados desfavorables a las empresas o el estado-nación.
Ratificamos que existe un derecho al veto que poseemos los pueblos indígenas en relación a leyes o proyectos nocivos para nuestros culturas y territorios y biodiversidad
Abrogamos por el respeto hacia nuestros pueblos el que ha sido distorsionado por las diferentes administraciones gubernamentales las que han procurado que los espacios de representación de los pueblos indígenas se convirtieran en una ong al servicio de organismos internacionales, empresas y funcionarios estatales con el propósito de imponer planes de desarrollo de corte neocolonial.
Rechazamos el rol que pretende atribuírsele a DINAFROH como ente rector de los pueblos indígenas, ante su inadecuada protección de nuestros derechos y su tendencia a implementar políticas estatales neocolonialistas.
Señalamos al Estado como responsable directo del asesinato de Berta, porque el actual gobierno se niega a cancelar el permiso de operación de DESA en el territorio hondureño.
Declaramos que:
Recalcamos la inexistencia de Buena Fe por parte del Estado, el que a través de prebendas y manipulaciones ha contaminado el proceso de la elaboración del anteproyecto de Ley de Consulta Previa, desconociendo la libre determinación de los pueblos indígenas, además de abrogarse el derecho a expulsarnos de nuestros territorios.
Recalcamos la importancia de la consulta para la obtención del consentimiento siempre y cuando sea el pueblo el que decida y no se busquen estrategias para diluir los resultados desfavorables a las empresas o el estado-nación.
Ratificamos que existe un derecho al veto que poseemos los pueblos indígenas en relación a leyes o proyectos nocivos para nuestros culturas y territorios y biodiversidad
Abrogamos por el respeto hacia nuestros pueblos el que ha sido distorsionado por las diferentes administraciones gubernamentales las que han procurado que los espacios de representación de los pueblos indígenas se convirtieran en una ong al servicio de organismos internacionales, empresas y funcionarios estatales con el propósito de imponer planes de desarrollo de corte neocolonial.
Rechazamos el rol que pretende atribuírsele a DINAFROH como ente rector de los pueblos indígenas, ante su inadecuada protección de nuestros derechos y su tendencia a implementar políticas estatales neocolonialistas.
Señalamos al Estado como responsable directo del asesinato de Berta, porque el actual gobierno se niega a cancelar el permiso de operación de DESA en el territorio hondureño.
Impugnamos leyes, decretos y contratos efectuados a partir de 1995 -año en que fue ratificado el Convenio 169- hasta la fecha, en los cuales no se haya efectuado la consulta para la obtención del consentimiento previo, libre informado con los pueblos indígenas.
Indicamos que el proceso de consulta para la obtención del consentimiento necesita respetar las particularidades culturales y adaptarse a los diferentes pueblos, ademas de hacer énfasis en la visión de género
Analizando las experiencias en otros países del continente en la relación a la emisión de leyes de consultas y sus reglamentos, observamos que existen un sinfin de tropiezos para lograr que se respete el CPLI por parte de los estados-nación, y persisten los abusos en contra de los pueblos además de la rapíña de nuestros territorios; existiendo una marcada resistencia a las políticas neocoloniales que parecen intensificarse en pleno siglo XXI.
Clamamos justicia por los Miskitos asesinados en el operativo efectuado en Ahuas en mayo de 2012, masacre en la que fallecieron Juana Jackson y Candelaria Pratt Nelson, Hasked Brooks Wood, y Emerson Martínez Henríquez sin que hasta la fecha la DEA y Policía Nacional hayan asumido responsabilidad alguna sobre los hechos, dando a entender que estas instituciones sobrepasan el derecho interno e internacional
Exigimos que el estado de Honduras se apegue al cumplimiento convenio del 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que se adopte de forma veras la jurisprudencia del sistema interamericana de derechos humanos y sean aplicadas sus sentencias.
La asamblea ratificó la necesidad de fortalecer y acompañar las resistencias de las comunidades y los pueblos indígenas en su defensa y protección de los bienes comunes de la naturaleza, amenazados por los proyectos extractivistas.
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