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| Semanario Universidad |
Las denuncias de ambientalistas y comunidades sobre una creciente destrucción de bosques para sembrar piña era algo que no reflejaban las cifras oficiales hasta ahora. Pero un nuevo estudio de varias entidades públicas basado en imágenes satelitales de diversas fuentes y mediciones sobre el terreno de áreas afectadas encontró que del año 2000 al 2015 se perdieron 5.568,98 hectáreas (Ha) de bosque para dar paso a la producción piñera.
Se trata de un territorio equivalente a los cantones josefinos de Tibás, Guadalupe y San Pedro de Montes de Oca juntos.
La mayor pérdida de la cobertura forestal se dio en la región Huetar Norte, con un total de 3.192,70 Ha, seguida de la región Brunca (1.789,71 Ha), la Huetar Caribe (545,26 Ha) y la región del Pacífico Central (38,31 Ha).
Los datos pertenecen al “Monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos” (Mocupp), realizado en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de ONU, coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según el estudio, el área cultivada de piña alcanza 58.000 Ha, cifra que quintuplica las 11.000 Ha que había registradas en el 2000 y bastante alejada de las 37.000 Ha que indicó el censo agropecuario en 2014 (un desfase entre ambos datos que equivale al territorio de media de península de Osa).
Las imágenes que sustentan el estudio pueden ser consultadas por cualquier usuario en la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Territorial (www.snitcr.go.cr), donde en el apartado “Paisajes Productivos” se presenta la pérdida de cobertura forestal asociada al cultivo de piña.
Los mapas son generados por el Programa de Investigaciones Aerotransportadas del Centro Nacional de Alta Tecnología (Prias) y son publicados a través del SNIT, del Instituto Geográfico Nacional.
Este trabajo forma parte del proceso de formulación del Proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos de Costa Rica a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el PNUD.
La información analizada por el Mocupp permite que tanto instituciones públicas, como compradores y productores de piña puedan relacionar la ubicación de pérdida de cobertura forestal con los registros de tenencia de la tierra, también accesibles por el SNIT, para determinar en qué propiedades se incumplieron artículos de la Ley Forestal que prohíbe cambio de uso de cobertura boscosa, señala el estudio.
Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, destacó que el Mocupp representa una estrategia de monitoreo y de gestión del territorio que es práctica, de bajo costo y replicable.
“Otros países podrán seguir el camino de Costa Rica y con esta herramienta empezar a monitorear anualmente la dinámica de uso de la tierra como forma de hacer cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos asumidos ante las Convenciones de Cambio Climático, Biodiversidad y Combate a la Desertificación y Degradación de la Tierra”, escribió Gutiérrez en la presentación del informe.
El estudio –destaca Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense de Conservación del Ambiente (Fecon)– pone en evidencia que miles de hectáreas de bosque han sido destruidas por la industria de la piña, con la consiguiente desaparición de ecosistemas y problemas de contaminación de fuentes de agua y cauces por el uso de agroquímicos tóxicos, como han venido denunciando los ambientalistas y comunidades afectadas (ver recuadro).
El documento de Moccup fue presentado por el PNUD al Minae y jerarcas del Gobierno, pero según Álvarez “no parece que vayan a hacer nada.”
El ministro de Agricultura Ganadería, Luis Felipe Arauz, dijo que “en realidad nos hablaron muy por encima” del estudio, y le están pidiendo al PNUD que les den una charla sobre todo el sistema para tenerlo claro. Y también que se la den a los sectores productivos; “es que los piñeros tienen que conocer eso”, agregó.
Ante la pregunta de si el estudio es una corroboración de las denuncias ambientalistas y comunidades sobre la tala ilegal de bosques por las piñeras, su respuesta fue: “bueno, todo eso tiene que salir a la luz”.
En cuanto a si se va a hacer algo al respecto, dijo que “habría que ver la historia de esas invasiones, si había permisos, si se hicieron las denuncias en los tribunales ambientales o no las hubo, todo eso.”
Insistió que quiere ver el estudio en detalle, porque con el panorama que da la foto aérea no se puede decir que “es así”, sino que debe haber estudio de campo en el terreno. “Por eso le estamos pidiendo al PNUD que nos hagan la exposición completa”.
El estudio trasciende en momentos en que ambientalistas y comunidades de la provincia de Limón y otras zonas del país insisten en que pese a la cantidad de leyes, decretos y entidades destinadas a defender supuestamente el medio ambiente y el desarrollo sostenible, sigue la destrucción ilegal de bosques para expandir el monocultivo, la contaminación de aguas por agroquímicos que afectan a las personas y los animales, a contrapelo de compromisos y requisitos socioambientales asumidos por el país.
Comunidades preocupadas
Estas quejas se repiten de poblado en poblado en zonas piñeras, aunque muchas personas temen hablar públicamente, pues la piña es su única fuente de trabajo y aunque sea problemática, no hay más opción para ganarse el sustento.
Mientras tanto se hace propaganda de la producción “verde” de la fruta que tiene el país y las piñeras alardean de cumplir con las regulaciones y de contar con las certificaciones que así lo acreditan.
Así lo ven, por ejemplo en Guácimo, Rodolfo León y otros integrantes de la Asociación pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (Aprenac) que están preocupados por la situación.
Dicen sentirse en la indefensión porque después de casi una década de realizar gestiones para que se detenga la expansión piñera en el cantón no han recibido respuestas de las instituciones.
Tampoco la han tenido para un documento que entregaron en agosto del 2014 en la Casa Presidencial, solicitando una moratoria minera en el sur del cantón, donde se concentran las fuentes de agua; esto mientras están listos los informes de estudios encargados a diversas instituciones sobre la vulnerabilidad ambiental de la zona.
Dicen que el documento primero fue enviado por la Casa Presidencial al Minae, donde anduvo de oficina en oficina sin que se diera respuesta. Acudieron entonces a la Defensoría de los Habitantes, y después de mucho papeleo no se llegó a nada, por lo que volvieron a intentarlo presentándoselo a la Primera Dama, Mercedes Peñas, porque les dijeron que era una persona preocupada por el cuido del ambiente.
Sin embargo, una y otra vez acudían sin obtener respuesta hasta que al fin se logró una reunión con representantes del Minae y otras instituciones en Casa Presidencial. Allí se acordó hacer una visita a mediados de febrero para ver la situación en Guácimo, pero no ha habido nada.
Dicen que en el caso de Guácimo tres de los cinco distritos del cantón están saturados por la piña, y ahora están muy preocupados porque llegan versiones extraoficiales de que empresas chinas están interesadas en sembrar piña en Costa Rica, lo que exigiría dedicar aun más terrenos a ese cultivo.
El ministro Arauz dijo que no sabe nada de que empresas chinas quieran venir a producir piña en Costa Rica, pero añadió que “en lo que sí sé estamos trabajando es en cumplir los requisitos fitosanitarios de los chinos para exportarles nosotros piña”.
“Eso sí lo estamos trabajando porque es una oportunidad interesante”, anotó.
Dijo que la gente habla de hacer una moratoria, pero él no cree en esa medida.
“Lo que creo es que hay que hacer un ordenamiento y hacer las cosas bien, y poder decir: en estas zonas se puede sembrar piña, en estas solo piña orgánica y ese tipo de cosas, pero deben ser criterios técnicos (…) yo creo mucho en el tema técnico y no en el tema político”, enfatizó.
¿Y se está haciendo algo en esa dirección? Su respuesta fue que “hay trabajos, pero hay que hacer más.”
La piña figura como el segundo principal producto de exportación de Costa Rica (detrás del banano) con una facturación anual de $808 millones, según la estadística del Ministerio de Comercio Exterior al 2015.
Desprotección
Erlinda Quesada, exregidora en Guácimo e integrante de Aprenacc, afirmó que después que una resolución de la Sala IV se trajo abajo una moratoria piñera que había acordado la Municipalidad, las comunidades se sienten desprotegidas y buscan la manera de resistir.
Consideró que la agroindustria piñera es como “un cáncer” para las comunidades, porque con el argumento de que da empleo es una actividad protegida que no paga patente ni impuestos municipales, y hasta el impuesto de bienes inmuebles que paga es bajo por ser terrenos agrícolas.
En cambio, las municipalidades financiadas con los impuestos de todos tienen que reparar los caminos que se dañan con el pesado transporte de la piña, y las personas que viven en los vecindarios hasta donde se extienden las plantaciones sufren problemas de salud a causa de las fumigaciones de las plantaciones con agroquímicos, mientras que también se ven afectadas actividades económicas de la población aledaña.
Un ejemplo vivo lo tienen ante la puerta de sus casas los vecinos de Barrio Alegre en San Luis de Guácimo, donde una empresa piñera recientemente derribó un bosque en una finca adyacente durante la noche, enterró los troncos y entubó una quebrada que atraviesa la propiedad. Una de las maniobras usualmente utilizadas para burlar la legislación ambiental.
Ante la denuncia de los vecinos y al no poder los operarios mostrar permisos para la tala, funcionarios del Minae les decomisaron las dragas, y pusieron una denuncia ante la fiscalía, donde el caso está actualmente en proceso de investigación.
Ello no impidió que la empresa continuara con los preparativos de la siembra, y hoy es posible ver desde la calle que pasa al frente de la finca el piñal recién plantado.
Berta Amador, una de las vecinas del lugar, relató cómo una noche en el vecindario empezó a llegar un fuerte olor, y las personas empezaron a experimentar un dolor de garganta y picazón en la cara, y en la mañana siguiente había gran cantidad de insectos de todo tipo alrededor de las casas.
Era que en el terreno de la finca que se preparaba para sembrar piña, la empresa aplicó el insecticida conocido como Mucap, fuertemente tóxico.
Marlene Tijerino, otra vecina, dijo que ese día su esposo decidió clausurar un mariposario que tenían junto a la casa, al comprender que con la piñera a la par no iba a ser posible mantener su negocio de cultivo de mariposas.
“Creo que nosotros tenemos que ponernos activos para defendernos, porque va a llegar el tiempo en que no vamos a tener aire ni agua”, comentó la señora, una queja que se repite de comunidad en comunidad desde hace años.
Se trata de un territorio equivalente a los cantones josefinos de Tibás, Guadalupe y San Pedro de Montes de Oca juntos.
La mayor pérdida de la cobertura forestal se dio en la región Huetar Norte, con un total de 3.192,70 Ha, seguida de la región Brunca (1.789,71 Ha), la Huetar Caribe (545,26 Ha) y la región del Pacífico Central (38,31 Ha).
Los datos pertenecen al “Monitoreo de cambio de uso en paisajes productivos” (Mocupp), realizado en colaboración con diversas entidades gubernamentales y agencias de ONU, coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según el estudio, el área cultivada de piña alcanza 58.000 Ha, cifra que quintuplica las 11.000 Ha que había registradas en el 2000 y bastante alejada de las 37.000 Ha que indicó el censo agropecuario en 2014 (un desfase entre ambos datos que equivale al territorio de media de península de Osa).
Las imágenes que sustentan el estudio pueden ser consultadas por cualquier usuario en la plataforma digital del Sistema Nacional de Información Territorial (www.snitcr.go.cr), donde en el apartado “Paisajes Productivos” se presenta la pérdida de cobertura forestal asociada al cultivo de piña.
Los mapas son generados por el Programa de Investigaciones Aerotransportadas del Centro Nacional de Alta Tecnología (Prias) y son publicados a través del SNIT, del Instituto Geográfico Nacional.
Este trabajo forma parte del proceso de formulación del Proyecto Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos de Costa Rica a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el PNUD.
La información analizada por el Mocupp permite que tanto instituciones públicas, como compradores y productores de piña puedan relacionar la ubicación de pérdida de cobertura forestal con los registros de tenencia de la tierra, también accesibles por el SNIT, para determinar en qué propiedades se incumplieron artículos de la Ley Forestal que prohíbe cambio de uso de cobertura boscosa, señala el estudio.
Edgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, destacó que el Mocupp representa una estrategia de monitoreo y de gestión del territorio que es práctica, de bajo costo y replicable.
“Otros países podrán seguir el camino de Costa Rica y con esta herramienta empezar a monitorear anualmente la dinámica de uso de la tierra como forma de hacer cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos asumidos ante las Convenciones de Cambio Climático, Biodiversidad y Combate a la Desertificación y Degradación de la Tierra”, escribió Gutiérrez en la presentación del informe.
El estudio –destaca Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense de Conservación del Ambiente (Fecon)– pone en evidencia que miles de hectáreas de bosque han sido destruidas por la industria de la piña, con la consiguiente desaparición de ecosistemas y problemas de contaminación de fuentes de agua y cauces por el uso de agroquímicos tóxicos, como han venido denunciando los ambientalistas y comunidades afectadas (ver recuadro).
El documento de Moccup fue presentado por el PNUD al Minae y jerarcas del Gobierno, pero según Álvarez “no parece que vayan a hacer nada.”
El ministro de Agricultura Ganadería, Luis Felipe Arauz, dijo que “en realidad nos hablaron muy por encima” del estudio, y le están pidiendo al PNUD que les den una charla sobre todo el sistema para tenerlo claro. Y también que se la den a los sectores productivos; “es que los piñeros tienen que conocer eso”, agregó.
Ante la pregunta de si el estudio es una corroboración de las denuncias ambientalistas y comunidades sobre la tala ilegal de bosques por las piñeras, su respuesta fue: “bueno, todo eso tiene que salir a la luz”.
En cuanto a si se va a hacer algo al respecto, dijo que “habría que ver la historia de esas invasiones, si había permisos, si se hicieron las denuncias en los tribunales ambientales o no las hubo, todo eso.”
Insistió que quiere ver el estudio en detalle, porque con el panorama que da la foto aérea no se puede decir que “es así”, sino que debe haber estudio de campo en el terreno. “Por eso le estamos pidiendo al PNUD que nos hagan la exposición completa”.
El estudio trasciende en momentos en que ambientalistas y comunidades de la provincia de Limón y otras zonas del país insisten en que pese a la cantidad de leyes, decretos y entidades destinadas a defender supuestamente el medio ambiente y el desarrollo sostenible, sigue la destrucción ilegal de bosques para expandir el monocultivo, la contaminación de aguas por agroquímicos que afectan a las personas y los animales, a contrapelo de compromisos y requisitos socioambientales asumidos por el país.
Comunidades preocupadas
Estas quejas se repiten de poblado en poblado en zonas piñeras, aunque muchas personas temen hablar públicamente, pues la piña es su única fuente de trabajo y aunque sea problemática, no hay más opción para ganarse el sustento.
Mientras tanto se hace propaganda de la producción “verde” de la fruta que tiene el país y las piñeras alardean de cumplir con las regulaciones y de contar con las certificaciones que así lo acreditan.
Así lo ven, por ejemplo en Guácimo, Rodolfo León y otros integrantes de la Asociación pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (Aprenac) que están preocupados por la situación.
Dicen sentirse en la indefensión porque después de casi una década de realizar gestiones para que se detenga la expansión piñera en el cantón no han recibido respuestas de las instituciones.
Tampoco la han tenido para un documento que entregaron en agosto del 2014 en la Casa Presidencial, solicitando una moratoria minera en el sur del cantón, donde se concentran las fuentes de agua; esto mientras están listos los informes de estudios encargados a diversas instituciones sobre la vulnerabilidad ambiental de la zona.
Dicen que el documento primero fue enviado por la Casa Presidencial al Minae, donde anduvo de oficina en oficina sin que se diera respuesta. Acudieron entonces a la Defensoría de los Habitantes, y después de mucho papeleo no se llegó a nada, por lo que volvieron a intentarlo presentándoselo a la Primera Dama, Mercedes Peñas, porque les dijeron que era una persona preocupada por el cuido del ambiente.
Sin embargo, una y otra vez acudían sin obtener respuesta hasta que al fin se logró una reunión con representantes del Minae y otras instituciones en Casa Presidencial. Allí se acordó hacer una visita a mediados de febrero para ver la situación en Guácimo, pero no ha habido nada.
Dicen que en el caso de Guácimo tres de los cinco distritos del cantón están saturados por la piña, y ahora están muy preocupados porque llegan versiones extraoficiales de que empresas chinas están interesadas en sembrar piña en Costa Rica, lo que exigiría dedicar aun más terrenos a ese cultivo.
El ministro Arauz dijo que no sabe nada de que empresas chinas quieran venir a producir piña en Costa Rica, pero añadió que “en lo que sí sé estamos trabajando es en cumplir los requisitos fitosanitarios de los chinos para exportarles nosotros piña”.
“Eso sí lo estamos trabajando porque es una oportunidad interesante”, anotó.
Dijo que la gente habla de hacer una moratoria, pero él no cree en esa medida.
“Lo que creo es que hay que hacer un ordenamiento y hacer las cosas bien, y poder decir: en estas zonas se puede sembrar piña, en estas solo piña orgánica y ese tipo de cosas, pero deben ser criterios técnicos (…) yo creo mucho en el tema técnico y no en el tema político”, enfatizó.
¿Y se está haciendo algo en esa dirección? Su respuesta fue que “hay trabajos, pero hay que hacer más.”
La piña figura como el segundo principal producto de exportación de Costa Rica (detrás del banano) con una facturación anual de $808 millones, según la estadística del Ministerio de Comercio Exterior al 2015.
Desprotección
Erlinda Quesada, exregidora en Guácimo e integrante de Aprenacc, afirmó que después que una resolución de la Sala IV se trajo abajo una moratoria piñera que había acordado la Municipalidad, las comunidades se sienten desprotegidas y buscan la manera de resistir.
Consideró que la agroindustria piñera es como “un cáncer” para las comunidades, porque con el argumento de que da empleo es una actividad protegida que no paga patente ni impuestos municipales, y hasta el impuesto de bienes inmuebles que paga es bajo por ser terrenos agrícolas.
En cambio, las municipalidades financiadas con los impuestos de todos tienen que reparar los caminos que se dañan con el pesado transporte de la piña, y las personas que viven en los vecindarios hasta donde se extienden las plantaciones sufren problemas de salud a causa de las fumigaciones de las plantaciones con agroquímicos, mientras que también se ven afectadas actividades económicas de la población aledaña.
Un ejemplo vivo lo tienen ante la puerta de sus casas los vecinos de Barrio Alegre en San Luis de Guácimo, donde una empresa piñera recientemente derribó un bosque en una finca adyacente durante la noche, enterró los troncos y entubó una quebrada que atraviesa la propiedad. Una de las maniobras usualmente utilizadas para burlar la legislación ambiental.
Ante la denuncia de los vecinos y al no poder los operarios mostrar permisos para la tala, funcionarios del Minae les decomisaron las dragas, y pusieron una denuncia ante la fiscalía, donde el caso está actualmente en proceso de investigación.
Ello no impidió que la empresa continuara con los preparativos de la siembra, y hoy es posible ver desde la calle que pasa al frente de la finca el piñal recién plantado.
Berta Amador, una de las vecinas del lugar, relató cómo una noche en el vecindario empezó a llegar un fuerte olor, y las personas empezaron a experimentar un dolor de garganta y picazón en la cara, y en la mañana siguiente había gran cantidad de insectos de todo tipo alrededor de las casas.
Era que en el terreno de la finca que se preparaba para sembrar piña, la empresa aplicó el insecticida conocido como Mucap, fuertemente tóxico.
Marlene Tijerino, otra vecina, dijo que ese día su esposo decidió clausurar un mariposario que tenían junto a la casa, al comprender que con la piñera a la par no iba a ser posible mantener su negocio de cultivo de mariposas.
“Creo que nosotros tenemos que ponernos activos para defendernos, porque va a llegar el tiempo en que no vamos a tener aire ni agua”, comentó la señora, una queja que se repite de comunidad en comunidad desde hace años.
Evidencia
El presidente de Fecon, Mauricio Álvarez, indicó que la plataforma informática del SNIT, alimentada con imágenes satelitales e información geográfica y bases de datos oficiales del Estado costarricense, es una evidencia de la invasión ilegal de bosques por parte de las piñeras.
Constituirá además una potente herramienta para plantear denuncias, allí donde antes “no había pruebas” pese a que las comunidades daban testimonio de cómo durante la noche desaparecían bosques completos: árboles, vegetación diversa y animales de todo tipo, sepultados en las llamadas “tumbas” de enterramiento de montaña.
Hoy se genera evidencia suficiente para clamar por la aplicación del Art. 57 de la Ley Forestal vigente, que señala que: “Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento”.
Álvarez añadió que haciendo uso de los datos de parcelas forestales del Instituto Costarricense de Electricidad, el catedrático de la Escuela de Biología de la UCR Jorge Lobo calculó que en las 5.566 Ha de bosque perdidas entre el 2000 y el 2015 se podrían haber destruido un aproximado de 725.000 árboles de diámetro mayor a 10 cm.
Ahora se evidencia que la mayor parte de esta actividad no ha contado con la fiscalización ambiental y los pocos estudios de impacto ambiental realizados no controlan los verdaderos impactos de esta expansión, consideró Álvarez.
Por su parte, Henry Picado, miembro del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp), dijo que espera que ahora el Ministerio Público abra procesos penales contra todas las fincas que cometieron delitos ambientales y de ser necesario contra los responsables ministeriales también.
Moratoria
La Asociación pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (Aprenac) insiste desde el 2014 ante el Gobierno que se declare una moratoria para monocultivos intensivos y extensivos y explotación hidroeléctrica en el sur del cantón de Guácimo.
En el sector predominan zonas de cordillera ubicándose nacientes, mantos acuíferos y sus zonas de carga y recarga de importantes bancos de flora y fauna de nuestro cantón, y que por las características de estos recursos resultan vulnerables y expuestos a riesgos de afectación, por la ejecución de actividades extensivas e intensivas, como el caso de la piña, razonan los solicitantes, son parte de los argumentos incluidos en el documento que presentaron a la Casa Presidencial.
Además, indican que en el cantón, al sur de la ruta 32, se ubica la Zona Protectora de los Acuíferos Guácimo – Pococí”, creada por sendos decretos en 1987 y 1988, zona que es considerada en una categoría de manejo establecida por ley para proteger y conservar los suelos, el recurso hídrico y la vegetación.
En dichas zonas solo se puede realizar, con autorización del Estado, labores de investigación, capacitación y ecoturismo, previa evaluación de impacto ambiental.
Recuerdan que el presidente de la República como máxima figura del Poder Ejecutivo tiene el deber de aplicar la Ley de Biodiversidad (N°7788) cuyo objeto es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados.
Entre otros aspectos mencionan que en el caso de los cultivos de piña se aplica un paquete tecnológico de agroquímicos de alta toxicidad, destinado a eliminar plagas de hongos, insectos y malas hierbas.
Estos agroquímicos penetran fácilmente a través del suelo expuesto por la remoción de la capa vegetal, poniendo en alto riesgo de contaminación a los mantos acuíferos de la región.
El riesgo a su vez aumenta, dado el alto volumen de lluvias, propio de la zona, y adicionalmente se ven afectadas las actividades de pequeños y medianos productores en la zona.
Constituirá además una potente herramienta para plantear denuncias, allí donde antes “no había pruebas” pese a que las comunidades daban testimonio de cómo durante la noche desaparecían bosques completos: árboles, vegetación diversa y animales de todo tipo, sepultados en las llamadas “tumbas” de enterramiento de montaña.
Hoy se genera evidencia suficiente para clamar por la aplicación del Art. 57 de la Ley Forestal vigente, que señala que: “Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento”.
Álvarez añadió que haciendo uso de los datos de parcelas forestales del Instituto Costarricense de Electricidad, el catedrático de la Escuela de Biología de la UCR Jorge Lobo calculó que en las 5.566 Ha de bosque perdidas entre el 2000 y el 2015 se podrían haber destruido un aproximado de 725.000 árboles de diámetro mayor a 10 cm.
Ahora se evidencia que la mayor parte de esta actividad no ha contado con la fiscalización ambiental y los pocos estudios de impacto ambiental realizados no controlan los verdaderos impactos de esta expansión, consideró Álvarez.
Por su parte, Henry Picado, miembro del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp), dijo que espera que ahora el Ministerio Público abra procesos penales contra todas las fincas que cometieron delitos ambientales y de ser necesario contra los responsables ministeriales también.
Moratoria
La Asociación pro Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (Aprenac) insiste desde el 2014 ante el Gobierno que se declare una moratoria para monocultivos intensivos y extensivos y explotación hidroeléctrica en el sur del cantón de Guácimo.
En el sector predominan zonas de cordillera ubicándose nacientes, mantos acuíferos y sus zonas de carga y recarga de importantes bancos de flora y fauna de nuestro cantón, y que por las características de estos recursos resultan vulnerables y expuestos a riesgos de afectación, por la ejecución de actividades extensivas e intensivas, como el caso de la piña, razonan los solicitantes, son parte de los argumentos incluidos en el documento que presentaron a la Casa Presidencial.
Además, indican que en el cantón, al sur de la ruta 32, se ubica la Zona Protectora de los Acuíferos Guácimo – Pococí”, creada por sendos decretos en 1987 y 1988, zona que es considerada en una categoría de manejo establecida por ley para proteger y conservar los suelos, el recurso hídrico y la vegetación.
En dichas zonas solo se puede realizar, con autorización del Estado, labores de investigación, capacitación y ecoturismo, previa evaluación de impacto ambiental.
Recuerdan que el presidente de la República como máxima figura del Poder Ejecutivo tiene el deber de aplicar la Ley de Biodiversidad (N°7788) cuyo objeto es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados.
Entre otros aspectos mencionan que en el caso de los cultivos de piña se aplica un paquete tecnológico de agroquímicos de alta toxicidad, destinado a eliminar plagas de hongos, insectos y malas hierbas.
Estos agroquímicos penetran fácilmente a través del suelo expuesto por la remoción de la capa vegetal, poniendo en alto riesgo de contaminación a los mantos acuíferos de la región.
El riesgo a su vez aumenta, dado el alto volumen de lluvias, propio de la zona, y adicionalmente se ven afectadas las actividades de pequeños y medianos productores en la zona.
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