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Por ContraPunto
El Gobierno salvadoreño emitió un comunicado en el que señala que la Policía Nacional Civil (PNC) actuó conforme a la ley ante las recientes capturas de cuatro exmilitares involucrados en la masacre de seis sacerdotes jesuitas. Además reafirmó que dará cumplimiento a los tratados internacionales.
“La PNC dio cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias. En tal sentido, con fecha 5 de febrero de este año, se detuvo a cuatro de las personas requeridas, en total apego a la ley y respetando plenamente sus derechos fundamentales”, cita el comunicado enviado por Casa Presidencial (CAPRES).
El Salvador es miembro del Estatuto de la INTERPOL desde 1959 y el Reglamento sobre Tratamiento General de Datos, aprobado por la Asamblea General de INTERPOL, regula las notificaciones rojas, cuya finalidad es localizar a una persona buscada y detenerla o limitar su desplazamiento con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares.
Por lo anterior el Gobierno ha asegurado que cumplirá con la extradición de los exmilitares si así lo determinan las autoridades de justicia salvadoreña. “El Estado salvadoreño tiene el compromiso de cumplir estos instrumentos internacionales”, se lee en el comunicado.
Tanto el abogado defensor de los exmilitares, familiares y miembros del partido de derecha, ARENA, han señalado que la detención de los cuatro militares retirados no procede porque en 2011 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró, ante este mismo caso, que la notificación roja era un mecanismo de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de captura de los mismos y, por lo tanto, no era viable una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo el Gobierno asegura que sí son procedentes debido a que en 2015 la Sala de lo Constitucional desvirtuó esa declaratoria, entonces la Corte en Pleno emitió otra resolución y determinó que la difusión roja no solo establece localización sino también captura.
El Gobierno salvadoreño emitió un comunicado en el que señala que la Policía Nacional Civil (PNC) actuó conforme a la ley ante las recientes capturas de cuatro exmilitares involucrados en la masacre de seis sacerdotes jesuitas. Además reafirmó que dará cumplimiento a los tratados internacionales.
“La PNC dio cumplimiento a la notificación roja en contra de los procesados, contando con las órdenes de allanamiento giradas por autoridad judicial para ingresar a sus residencias. En tal sentido, con fecha 5 de febrero de este año, se detuvo a cuatro de las personas requeridas, en total apego a la ley y respetando plenamente sus derechos fundamentales”, cita el comunicado enviado por Casa Presidencial (CAPRES).
El Salvador es miembro del Estatuto de la INTERPOL desde 1959 y el Reglamento sobre Tratamiento General de Datos, aprobado por la Asamblea General de INTERPOL, regula las notificaciones rojas, cuya finalidad es localizar a una persona buscada y detenerla o limitar su desplazamiento con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares.
Por lo anterior el Gobierno ha asegurado que cumplirá con la extradición de los exmilitares si así lo determinan las autoridades de justicia salvadoreña. “El Estado salvadoreño tiene el compromiso de cumplir estos instrumentos internacionales”, se lee en el comunicado.
Tanto el abogado defensor de los exmilitares, familiares y miembros del partido de derecha, ARENA, han señalado que la detención de los cuatro militares retirados no procede porque en 2011 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró, ante este mismo caso, que la notificación roja era un mecanismo de búsqueda y localización policial de fugitivos, más no de captura de los mismos y, por lo tanto, no era viable una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
Sin embargo el Gobierno asegura que sí son procedentes debido a que en 2015 la Sala de lo Constitucional desvirtuó esa declaratoria, entonces la Corte en Pleno emitió otra resolución y determinó que la difusión roja no solo establece localización sino también captura.
"Fue un crimen de lesa humanidad"
Familiares de los cuatro exmilitares detenidos el pasado cinco de febrero e involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, se pronunciaron este lunes y exigieron su “inmediata liberación”, alegando que la extradición no procede y manifestaron que el resto de implicados no se entregarán a las autoridades.
Orlando Zepeda, hijo de uno de los exmilitares aseguró que la captura es con el fin de "tirar una cortina de humo respecto a otros temas de interés en el país".
Asimismo dijo que el accionar de las autoridades es una decisión política que está violentado el derecho a la libertad y que por esa razón están denunciando públicamente las arbitrariedades a las que, aseguran, están siendo sometidos los militares retirados.
Por su parte el abogado defensor de los exmilitares, Lisandro Quintanilla, dijo que “no se vale atropellar la dignidad de los exmilitares por una causa ya imputada” y enfatizó en que los exmilitares no se van a entregar y por el contrario solicitan a la CSJ que los dejen en libertad porque la extradición no procede. Los defensores solicitaran medidas cautelares y defenderán a sus clientes hasta donde el marco legal les permite.
Sobre el actuar de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, indicó que han tardado en dar respuesta al habeas corpus que interpusieron hace tres semanas dando a conocer todas las amenazas inminentes, reales justificadas en torno a la captura de los exmilitares.
“Nos parece a nosotros que la sala se han retardado y no puedo decir que maliciosamente se han retardado pero sí creo que ocasionó un vacío que la PNC aprovechó para poder ejecutar sus órdenes”, explicó Quintanilla.
El jurista añadió que en el caso de los militares que son reclamados por el juez Eloy Velasco ya existe un pronunciamiento, no de la Sala de lo Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno en el que establecieron que el procedimiento para esta difusión roja se limitaba a la localización de cada uno de los 17 militares reclamados.
Los exmilitares Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas, están siendo resguardados en la Subdirección de Tránsito Terrestre mientras son procesados por el referido Juzgado a la espera de que la CSJ decida su extradición o no a España.
La captura de los implicados se dio un mes después de que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España reiterara la vigencia de una alerta roja con difusión internacional contra los militares a la Interpol. Hasta la fecha, la PNC desconoce el paradero de los otros 12 exmilitares reclamados por la justicia española.
El rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva reaccionó esta mañana ante las detenciones asegurando que la masacre de los sacerdotes jesuitas, es un crimen de lesa humanidad, incluso un acto de terrorismo por parte del Estado.
Oliva reiteró que hay una búsqueda porque se deduzcan responsabilidad y en ningún momento se trata de persecución política. Por otra parte, indicó que la extradición si proceso, porque El Salvador ha hecho el reconocimiento de la justicia internacional.
Enfatizó en que el asesinato de los jesuitas fue un crimen organizado por la Fuerza Armada, por lo que no es un asesinato común y corriente.
“Si bien se ha juzgado a un grupo a otro no, el juicio adolece de credibilidad (...) posteriormente se buscó enjuiciar a los autores intelectuales pero se dijo que el caso ya había prescrito”, acotó durante una entrevista matutina.
Según el rector de la UCA, El juicio de 1991 fue únicamente contra los autores materiales, y fue un juicio fraudulento ya que a los fiscales se les presiono para buscar la manera de culpar a los militares en el juicio. “Hay dos tipos de hechores, los materiales y los intelectuales”, aclaró Oliva.
El asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradas ocurrió dentro de las instalaciones de la UCA el 16 de noviembre de 1989, además de remarcar los hechos violentos que se cometieron en los doce años que duró el conflicto armado en El Salvador, también se ha convertido en un ícono de los crímenes que hasta hoy habían sido sellados por la impunidad.
El caso de los jesuitas fue llevado a juicio entre el 26 y 28 de septiembre de 1991, y el proceso dejó como resultado a seis militares condenados según consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Unos quedaron libres al pagar una fianza y otros cuando se firmó la Ley de Amnistía en 1993.
Sin embargo ese juicio ha sido calificado por las organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como fraudulento.
Familiares de los cuatro exmilitares detenidos el pasado cinco de febrero e involucrados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, se pronunciaron este lunes y exigieron su “inmediata liberación”, alegando que la extradición no procede y manifestaron que el resto de implicados no se entregarán a las autoridades.
Orlando Zepeda, hijo de uno de los exmilitares aseguró que la captura es con el fin de "tirar una cortina de humo respecto a otros temas de interés en el país".
Asimismo dijo que el accionar de las autoridades es una decisión política que está violentado el derecho a la libertad y que por esa razón están denunciando públicamente las arbitrariedades a las que, aseguran, están siendo sometidos los militares retirados.
Por su parte el abogado defensor de los exmilitares, Lisandro Quintanilla, dijo que “no se vale atropellar la dignidad de los exmilitares por una causa ya imputada” y enfatizó en que los exmilitares no se van a entregar y por el contrario solicitan a la CSJ que los dejen en libertad porque la extradición no procede. Los defensores solicitaran medidas cautelares y defenderán a sus clientes hasta donde el marco legal les permite.
Sobre el actuar de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, indicó que han tardado en dar respuesta al habeas corpus que interpusieron hace tres semanas dando a conocer todas las amenazas inminentes, reales justificadas en torno a la captura de los exmilitares.
“Nos parece a nosotros que la sala se han retardado y no puedo decir que maliciosamente se han retardado pero sí creo que ocasionó un vacío que la PNC aprovechó para poder ejecutar sus órdenes”, explicó Quintanilla.
El jurista añadió que en el caso de los militares que son reclamados por el juez Eloy Velasco ya existe un pronunciamiento, no de la Sala de lo Constitucional, sino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno en el que establecieron que el procedimiento para esta difusión roja se limitaba a la localización de cada uno de los 17 militares reclamados.
Los exmilitares Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas, están siendo resguardados en la Subdirección de Tránsito Terrestre mientras son procesados por el referido Juzgado a la espera de que la CSJ decida su extradición o no a España.
La captura de los implicados se dio un mes después de que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España reiterara la vigencia de una alerta roja con difusión internacional contra los militares a la Interpol. Hasta la fecha, la PNC desconoce el paradero de los otros 12 exmilitares reclamados por la justicia española.
El rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva reaccionó esta mañana ante las detenciones asegurando que la masacre de los sacerdotes jesuitas, es un crimen de lesa humanidad, incluso un acto de terrorismo por parte del Estado.
Oliva reiteró que hay una búsqueda porque se deduzcan responsabilidad y en ningún momento se trata de persecución política. Por otra parte, indicó que la extradición si proceso, porque El Salvador ha hecho el reconocimiento de la justicia internacional.
Enfatizó en que el asesinato de los jesuitas fue un crimen organizado por la Fuerza Armada, por lo que no es un asesinato común y corriente.
“Si bien se ha juzgado a un grupo a otro no, el juicio adolece de credibilidad (...) posteriormente se buscó enjuiciar a los autores intelectuales pero se dijo que el caso ya había prescrito”, acotó durante una entrevista matutina.
Según el rector de la UCA, El juicio de 1991 fue únicamente contra los autores materiales, y fue un juicio fraudulento ya que a los fiscales se les presiono para buscar la manera de culpar a los militares en el juicio. “Hay dos tipos de hechores, los materiales y los intelectuales”, aclaró Oliva.
El asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradas ocurrió dentro de las instalaciones de la UCA el 16 de noviembre de 1989, además de remarcar los hechos violentos que se cometieron en los doce años que duró el conflicto armado en El Salvador, también se ha convertido en un ícono de los crímenes que hasta hoy habían sido sellados por la impunidad.
El caso de los jesuitas fue llevado a juicio entre el 26 y 28 de septiembre de 1991, y el proceso dejó como resultado a seis militares condenados según consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Unos quedaron libres al pagar una fianza y otros cuando se firmó la Ley de Amnistía en 1993.
Sin embargo ese juicio ha sido calificado por las organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como fraudulento.
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