Por FECON
La iniciativa de ley: “Reforma Integral de la Ley de Semillas Nº 6289 del 4 de diciembre de 1978” tramitada bajo el expediente N° 16.098, fue convocada por el Ejecutivo después de 7 años de haber sido dictaminada en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, de manera acelerada y sin consulta.
Este proyecto, aunque se presente como una ley de certificación, incluso de conservación de recursos fitogenéticos, es en realidad una ley que ilegaliza las semillas campesinas. Además, refuerza las medidas de propiedad intelectual para armonizarlas con las exigencias del TLC con Estados Unidos, y su fin último es facilitar la aplicación y fiscalización de la propiedad intelectual (patentes y títulos de la UPOV) sobre semillas.
Desde el inicio de su trámite legislativo, hace siete años, -en 2008-, la única organización campesina consultada fue UPANACIONAL, que se manifestó abiertamente en contra. Por otra parte, la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), que reúne a grupos campesinos y ecologistas, expresó importantes cuestionamientos que tampoco fueron considerados, pues el proyecto ya había sido dictaminado en la Comisión.
Según la RCB esta reforma terminaría por definir a la semilla como una mercancía, con lo cual, agricultores y campesinos quedarían reducidos a “consumidores” como así se les llama en el proyecto de ley. Así, la práctica de más de diez mil años de producir la semilla propia, pasa a quedar sujeta al arbitrio de una entidad como la Oficina Nacional de Semillas o peor aún, a constituir un delito, si se quiere comercializar.
En 2015, el Gobierno pretende que se apruebe como Ley de la República, de nuevo de manera inconsulta y acelerada, sin mayor discusión y sin siquiera poner en autos a los sectores que se verían perjudicados directamente tras su aprobación. También, sin considerar que con la reciente reforma del Reglamento Legislativo, se reducen aún más los tiempos de negociación y construcción de consensos de manera transparente y participativa.
Así como está, el proyecto debería llamarse "defensa de los intereses transnacionales de las semillas", debido a que no se ocupa de la calidad de la semilla sino más bien de los intereses económicos de la industria.
Aunque parezca inaudito esta propuesta volvería ilegales las prácticas históricas de intercambiar, mejorar y comercializar semillas, si las diferentes etapas del proceso productivo no son garantizadas oficialmente según procedimientos y normas de calidad reglamentadas (definición de certificación) dándole la espalda a la pequeña producción, y pasando por encima al derecho de las y los agricultores establecidos en el llamado Tratado Internacional de la Semilla que Costa Rica ratificó en el 2006.
Al tiempo que este proyecto se impulsa, no parece casual que el INDER repartiera semillas híbridas de maíz de Monsanto, según denunciaron parceleros del cantón de San Carlos, siendo Monsanto una de la principales empresas beneficiadas por este tipo de leyes. Y, no es para menos: la organización no gubernamental, ETC Group, denuncia que seis grandes empresas (Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto y DuPont) manejan el 59,8% del mercado de las semillas del mundo y el 76,1% de agroquímicos, de manera que, "quien controle las semillas, controlará el mayor mercado del mundo, el de alimentos", y a eso se dirige nuestro país.
El proyecto de ley comparte características básicas con otros que se han aprobado o están por aprobarse en diversos países latinoamericanos, africanos y asiáticos, a su vez, todos emulan leyes vigentes en Europa, especialmente restrictivas. Se tiende a una menor participación del Estado en los procesos productivos y se incrementa la del sector privado en aspectos de investigación agrícola, producción y comercio de semillas, limitando al Estado a un papel fiscalizador y promotor de la actividad semillerista, según la RCB.
Para la activista Eva Carazo, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, “si el Gobierno de la participación ciudadana realmente tiene una vocación de diálogo, debería retirar el proyecto de la convocatoria a Extraordinarias y abrir un proceso incluyente en el que participen organizaciones campesinas y ecologistas, con el fin de construir un texto sustitutivo que regule las semillas sin atropellar a las y los agricultores que las necesitan y las protegen, y que las van a defender a toda costa si la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo obligan a una confrontación.”
Para el Presidente de FECON, Mauricio Alvarez “Que este gobierno pretenda restringir el libre intercambio de semillas, base de nuestra cultura y soberanía alimentaria, es una agresión abierta al pueblo costarricense y su arraigo campesino. Seguir por esta ruta convertirá el 'chonete y el pañuelo' en piezas de museo y en un atuendo vacío cuando juegue la 'Sele'”.
Las organizaciones ecologistas entendemos la necesidad de actualizar legislación y fortalecer la institucionalidad, pero eso no puede hacerse de ninguna forma a costa de los derechos de las personas agricultoras, ni limitando o poniendo en riesgo la agricultura campesina, la soberanía y la seguridad alimentaria.
Desde el inicio de su trámite legislativo, hace siete años, -en 2008-, la única organización campesina consultada fue UPANACIONAL, que se manifestó abiertamente en contra. Por otra parte, la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), que reúne a grupos campesinos y ecologistas, expresó importantes cuestionamientos que tampoco fueron considerados, pues el proyecto ya había sido dictaminado en la Comisión.
Según la RCB esta reforma terminaría por definir a la semilla como una mercancía, con lo cual, agricultores y campesinos quedarían reducidos a “consumidores” como así se les llama en el proyecto de ley. Así, la práctica de más de diez mil años de producir la semilla propia, pasa a quedar sujeta al arbitrio de una entidad como la Oficina Nacional de Semillas o peor aún, a constituir un delito, si se quiere comercializar.
En 2015, el Gobierno pretende que se apruebe como Ley de la República, de nuevo de manera inconsulta y acelerada, sin mayor discusión y sin siquiera poner en autos a los sectores que se verían perjudicados directamente tras su aprobación. También, sin considerar que con la reciente reforma del Reglamento Legislativo, se reducen aún más los tiempos de negociación y construcción de consensos de manera transparente y participativa.
Así como está, el proyecto debería llamarse "defensa de los intereses transnacionales de las semillas", debido a que no se ocupa de la calidad de la semilla sino más bien de los intereses económicos de la industria.
Aunque parezca inaudito esta propuesta volvería ilegales las prácticas históricas de intercambiar, mejorar y comercializar semillas, si las diferentes etapas del proceso productivo no son garantizadas oficialmente según procedimientos y normas de calidad reglamentadas (definición de certificación) dándole la espalda a la pequeña producción, y pasando por encima al derecho de las y los agricultores establecidos en el llamado Tratado Internacional de la Semilla que Costa Rica ratificó en el 2006.
Al tiempo que este proyecto se impulsa, no parece casual que el INDER repartiera semillas híbridas de maíz de Monsanto, según denunciaron parceleros del cantón de San Carlos, siendo Monsanto una de la principales empresas beneficiadas por este tipo de leyes. Y, no es para menos: la organización no gubernamental, ETC Group, denuncia que seis grandes empresas (Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto y DuPont) manejan el 59,8% del mercado de las semillas del mundo y el 76,1% de agroquímicos, de manera que, "quien controle las semillas, controlará el mayor mercado del mundo, el de alimentos", y a eso se dirige nuestro país.
El proyecto de ley comparte características básicas con otros que se han aprobado o están por aprobarse en diversos países latinoamericanos, africanos y asiáticos, a su vez, todos emulan leyes vigentes en Europa, especialmente restrictivas. Se tiende a una menor participación del Estado en los procesos productivos y se incrementa la del sector privado en aspectos de investigación agrícola, producción y comercio de semillas, limitando al Estado a un papel fiscalizador y promotor de la actividad semillerista, según la RCB.
Para la activista Eva Carazo, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, “si el Gobierno de la participación ciudadana realmente tiene una vocación de diálogo, debería retirar el proyecto de la convocatoria a Extraordinarias y abrir un proceso incluyente en el que participen organizaciones campesinas y ecologistas, con el fin de construir un texto sustitutivo que regule las semillas sin atropellar a las y los agricultores que las necesitan y las protegen, y que las van a defender a toda costa si la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo obligan a una confrontación.”
Para el Presidente de FECON, Mauricio Alvarez “Que este gobierno pretenda restringir el libre intercambio de semillas, base de nuestra cultura y soberanía alimentaria, es una agresión abierta al pueblo costarricense y su arraigo campesino. Seguir por esta ruta convertirá el 'chonete y el pañuelo' en piezas de museo y en un atuendo vacío cuando juegue la 'Sele'”.
Las organizaciones ecologistas entendemos la necesidad de actualizar legislación y fortalecer la institucionalidad, pero eso no puede hacerse de ninguna forma a costa de los derechos de las personas agricultoras, ni limitando o poniendo en riesgo la agricultura campesina, la soberanía y la seguridad alimentaria.
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