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Las cifras de homicidios en El Salvador dibujan una gráfica en zigzag manipulada, muchas veces, al antojo de las pandillas
Por Bryan Avelar | ContraPunto
Las pandillas son un fenómeno que han logrado, en reiteradas ocasiones, hacer subir o bajar el número de homicidios en El Salvador dependiendo del son que le toquen.
De acuerdo a las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio de homicidios diarios ha subido y se ha desplomado deliberadamente al menos seis veces en los últimos diez años, hechos que coinciden temporalmente con la aplicación de políticas que el gobierno ha ido adoptando en para combatir la delincuencia o decisiones tomadas por las mismas pandillas.
Según los números de la PNC, aunque las pandillas han mantenido una alta incidencia en la cuota diaria de muertos en el país desde la década de los 90´s, fue en el año 2005 cuando se registró el primer quiebre en la gráfica de homicidios, tiempo que convergió con la aplicación de la política de represión de pandillas “Mano Dura”, herencia de los postreros días del gobierno del expresidente por el partido ARENA, Francisco Flores, imitada por su sucesor, Elías Antonio Saca.
En 2004 el promedio de homicidios fue de ocho diarios –provocados en su mayoría por pandillas, según la PNC–, y para el año siguiente, el expresidente Saca adoptó la vía de la represión como la mejor opción para combatir a los pandilleros que ya empezaban a controlar gran parte de la zona urbana de la capital, lo que “casualmente” coincidió con el alza de homicidios que pasó a ser de diez diarios.
El año 2006 la PNC registró 3.928 homicidios, manteniendo el promedio diario de diez muertes violentas, y dejando una tasa de 64.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando una tasa arriba de 10 es considerada una epidemia por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, para 2007, paradójicamente, la cifra de homicidios disminuyó levemente a nueve homicidios diarios, al mismo tiempo que unos siete mil pandilleros fueron retornados desde Estados Unidos hacia El Salvador, según una investigación hecha por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
La tendencia a la baja continuó hasta finales del 2008, pero para 2009, el primer gobierno de izquierda recibió a un El Salvador con un promedio de 12 homicidios diarios, cifra nunca antes vista, por lo menos en los últimos diez años, y con una tendencia nuevamente al alza.
El punto más álgido de violencia se registró en junio de 2010, cuando un grupo de pandilleros del Barrio 18 incendiaron una buseta de la ruta 47 con pasajeros en su interior. La indignación de la población fue tal que el gobierno del expresidente Funes se vio obligado a barajar las cartas sobre la mesa con el fin de reducir la violencia, algo que terminó en tres cambios de ministro de Seguridad en el mismo periodo presidencial.
Sin embargo, aunque ya se criticaban los resultados adversos que tuvo la política de “manodurismo”, que, entre otras cosas, ayudó a definir la estructura interna y complejizar el actuar de las pandillas, el entonces presidente Mauricio Funes impresionó a la población colocando al frente del ministerio de Seguridad Pública al general David Munguía Payés, luego de que el anterior ministro, Manuel Melgar, pusiera su renuncia, impregnando de esa forma una idea de “ahora sí” para muchos que pusieron sus esperanzas en que el militar supiera detener la ola de violencia, que para entonces significaba 12 homicidios diarios, según datos de la PNC.
Las nuevas políticas adoptadas y los esfuerzos en materia legal, entre ellos la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada en septiembre de 2010 (cuatro meses después de la masacre de la buseta), que permitía detener casi arbitrariamente a personas con apariencia pandilleril, es decir con caminar holgado, ropas flojas, terminó inundando las cárceles y fortaleciendo a las estructuras internas de las pandillas.
Esta nueva ley significó un esfuerzo por controlar y desgastar a las estructuras de crimen organizado, según asegura el diputado del FMLN, Misael Mejía, quien también pertenece a la comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad del parlamento.
“La Ley de Proscripción de Pandillas significa un primer esfuerzo en materia de seguridad ante la ola de violencia que sufría el país; sin embargo, esta tiene un valor más de oficio ya que enfatiza en expropiar a los pandilleros de sus propiedades obtenidas a través de actividades ilícitas”, dijo Mejía.
El 22 de noviembre de 2011, cuando los homicidios diarios todavía rondaban los 12 diarios, según cifras oficiales, el general Munguía Payés fue nombrado ministro de Seguridad Pública, adoptando así un discurso calificado por algunos como “gorilista”, mismo que no duró mucho, pues para marzo de 2012 se conoció que una tregua entre pandillas con participación del gobierno se fraguó bajo su administración.
Esta tregua significó un desplome histórico en el promedio de muertes violentas en la historia reciente de El Salvador, pues de los 12 se pasó a un promedio de 6 el número de muertes diarias. Incluso hubo dos días con cero homicidios y otros con solamente 4, según datos de la PNC, algo que solo se había registrado allá por el año 2003, nueve años antes.
El 8 y 9 de marzo de 2012 la Dirección General de Centros Penales (DGCP) ordenó el traslado de 30 líderes de pandillas que estaban recluidos en el penal de máxima seguridad hacia otros centros de menor rigor, algo que las autoridades excusaron bajo el pretexto de que se supo que pandilleros poseían un lanzacohetes antitanques M72 LAW.
Sin embargo, a medida se fue desnudando la tregua entre pandillas y el gobierno no aceptó responsabilidad alguna sobre las novedades implementadas en el sistema carcelario como la introducción de televisores en las áreas de recreación de los centros penales y la celebración de días festivos con comida rápida para los reos, el débil pacto entre pandillas se desquebrajó a 15 meses de su existencia, lo que también implicó la destitución de Payés como ministro de Seguridad Pública.
Uno de los actores principales de la tregua entre pandillas del 2012 fue el exguerrillero Raúl Mijango, quien surgió como un mediador entre las pandillas Barrio 18, MS, Miradas Locos 13, entre otras que acordaron parar de matarse entre sí.
“Solo el diálogo inclusivo, que involucre a las pandillas es la solución definitiva al problema de la violencia en El Salvador”, declaró recientemente el entonces mediador, hoy cuando de la tregua solo quedan restos.
Casi tres años después de nacida la tregua, el presidente Salvador Sánchez Cerén terminó de enterrar la posibilidad de un nuevo diálogo con pandilleros, diciendo que “no volveremos al esquema de negociar con pandillas porque eso está al margen de la Ley”. Al mismo tiempo, Sánchez Cerén aclaró la duda sobre si el gobierno de Funes participó o no en la tregua.
Roto el pacto de no-matar entre las pandillas, para mayo de 2013 el promedio de homicidios volvió al alza paulatinamente, hasta que en mayo de 2014 la PNC reportó 13 homicidios diarios, un número aún más alarmante que el de antes de la tregua.
El año 2014 fue catalogado como uno de los más violentos en la última década, y para finales de diciembre se reportó un promedio diario de 15 homicidios y un saldo de 39 policías muertos, de los cuales la mayoría fueron víctimas de pandilleros.
Tras este repunte, un último zigzag efímero en la gráfica de homicidios de El Salvador se produjo en enero de 2015 cuando de forma repentina, el día 25, después de venir rosando las 16 muertes violentas al día, las autoridades del Instituto de Medicina Legal reportaron cero homicidios.
La noticia de que un día, sin previo aviso, muy de la nada, en El Salvador no hubiera un tan solo homicidio no dejó de levantar sospechas que más tarde serían confirmadas por el mediador de la pasada tregua, quien informó sobre un nuevo “esfuerzo” entre las pandillas para dejar de matarse.
Mijango aseguró hasta el cansancio que este nuevo pacto fue un esfuerzo “unilateral”, negando en todo momento la participación del gobierno, algo que ya había sido puesto en tela de juicio tras las declaraciones rotundas del presidente Sánchez Cerén.
Al mismo tiempo, Mijango advirtió que la nueva tregua que redujo los homicidios de 15 a 8 diarios (algo que no se había visto desde 2012) no dudaría mucho si no se proporcionaban “las condiciones adecuadas para el diálogo”, algo que según él incluía facilitar el diálogo entre las dos principales estructuras pandilleriles del país, la Barrio 18 y la MS.
Sin haber pasado un mes de conocerse el nuevo pacto, la postura del gobierno, esta vez respaldada incluso por la iglesia católica, no permitió que se cuajara un nuevo diálogo, y contrario a la administración anterior, se informó revertir el traslado de cabecillas en 2012 y enviar a los líderes de las pandillas nuevamente hacia el penal de Zacatecoluca.
Este, según las autoridades, podría ser el principal factor que ha permitido un nuevo incremento histórico en los homicidios, al punto que este pasado marzo fue catalogado como el mes más violento en los últimos diez años, con un saldo de 481 muertes violentas.
Tanto el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, como el mismo ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, han reconocido públicamente que el repunte en los homicidios puede estar vinculado con el traslado de líderes al penal conocido como Zacatraz, y que estos pueden estar tratando de acorralar al Estado.
Aunque Ramírez Landaverde señaló recientemente que la mayoría de víctimas y victimarios de los homicidios cometidos en el país son pandilleros, en lo que va del año la PNC ha recibido 19 bajas de las cuales al menos 15 han sido víctimas de pandillas.
Hasta hoy las pandillas han logrado manipular a su antojo los números que el gobierno aún no logra controlar, los de los homicidios. Aunque son ellos mismos los que se desangran, la intención de las pandillas parece ser clara a no parar el fuego cruzado que día con día sigue cobrando vidas.
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