Por Gilberto García y Prensa Latina
Cuando empezó el genocidio luego del levantamiento indígena y popular,
los cuerpos fueron tirados en fosas comunes. El cementerio ahora ubicado
en la entrada de la colonia Guadalupe en Soyapango, fue uno de esos
destinos. Contaba la Dominga García una de las sobrevivientes, que su
compañero de vida, Juan Gilberto Ramirios, fue a acomodar los cuerpos de
sus compañeros que habían sido lanzados a como cayeran. Era lo poco que
podía hacer por sus camaradas. Sí... sus camaradas. El ejercito
buscaba y fusilaba lista en mano, a los que habían votado por el
Partido Comunista en las elecciones del año anterior. En las elecciones
de 1931 donde el PCS ganó en muchas alcaldías. En aquellos años, cuentan
las abuelas y los abuelos, se votaba a mano alzada y a viva voz "Yo voto
por el Partido Comunista Salvadoreño" había que decir. Ah! y las
mujeres ni siquiera votaban, faltaban 24 años para que se conquistara
ese derecho.
Pese al nuevo contexto político en El Salvador, todavía la matanza de
1932, ordenada por el régimen militar de Maximiliano Hernández Martínez
y que dejó unos 30 mil muertos, marcan a buena parte del pueblo.
El 20 de enero de ese año, miles de indígenas y campesinos en los
municipios de Ahuachapán, Juayúa, Tacuba, Izalco y Nahuizalco se
levantaron contra la expropiación de las tierras comunales y ejidales,
el olvido y la exclusión a los que estaban sometidos.
El despojo de las tierras a los labriegos para entregarlas a los terratenientes, una aguda crisis por la caída del precio del café que entonces era el principal rubro económico, el incremento del desempleo, llevaron a un descontento casi generalizado.
Las políticas del presidente Arturo Araujo, quien gobernó del 1 de marzo a diciembre de 1931, prácticamente sacaron a los campesinos y pueblos originarios de sus terrenos, para favorecer a unas pocas familias de la oligarquía del agro.
Además se les anulaba el derecho a la salud, a la educación, el analfabetismo era alto y todos los derechos básicos de la comunidad indígena, eran violentados y la gente empezó a organizarse para revertir esa situación.
A todo este panorama se añade el fraude en las elecciones municipales y legislativas al joven Partido Comunista Salvadoreño que decidió denunciar y rebelarse contra esas maniobras.
El 20 de enero la gente se levantó contra las políticas del gobierno, para recuperar las tierras, por un mejor salario, acceso a salud, a educación, y otros derechos que no tenían.
La policía y los militares arremetieron contra los campesinos, los indígenas y los comunistas.
Se cuenta que dos días después de iniciada la rebelión, el 22 de enero de 1932, los muertos se contaban por miles. Solo en Izalco fueron asesinados más de 10 mil.
La masacre sembró el terror, al punto de que muchos indígenas renunciaron a sus apellidos ancestrales por temor a ser asesinados.
Los gobiernos militaristas y los posteriores mandatos del Partido de Conciliación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista y grupos de poder oligárquicos han querido invisibilizar esta matanza.
Sin embargo, el pueblo no olvida, las autoridades actuales buscan rescatar la memoria histórica.
En ese sentido, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, realizó la víspera, un foro panel denominado "1932, paradigmas culturales del genocidio", en el contexto del 83 aniversario del genocidio del 22 de enero de 1932.
Para Gustavo Pineda, director Nacional de Pueblos Originarios de la Secretaría, hay un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
No obstante, considera que falta mucho por resarcir: otras reivindicaciones y otros derechos negados, como el poder hablar su lengua natal.
Por su parte, la presidenta de la Fundación José Feliciano Ama, Julia Ama de Chile, nieta de Feliciano Ama (líder indígena asesinado durante la cruenta matanza), manifestó que recuerda con mucha tristeza, dolor, pena y luto aquella barbarie que bañó de sangre a su pueblo, Izalco.
El despojo de las tierras a los labriegos para entregarlas a los terratenientes, una aguda crisis por la caída del precio del café que entonces era el principal rubro económico, el incremento del desempleo, llevaron a un descontento casi generalizado.
Las políticas del presidente Arturo Araujo, quien gobernó del 1 de marzo a diciembre de 1931, prácticamente sacaron a los campesinos y pueblos originarios de sus terrenos, para favorecer a unas pocas familias de la oligarquía del agro.
Además se les anulaba el derecho a la salud, a la educación, el analfabetismo era alto y todos los derechos básicos de la comunidad indígena, eran violentados y la gente empezó a organizarse para revertir esa situación.
A todo este panorama se añade el fraude en las elecciones municipales y legislativas al joven Partido Comunista Salvadoreño que decidió denunciar y rebelarse contra esas maniobras.
El 20 de enero la gente se levantó contra las políticas del gobierno, para recuperar las tierras, por un mejor salario, acceso a salud, a educación, y otros derechos que no tenían.
La policía y los militares arremetieron contra los campesinos, los indígenas y los comunistas.
Se cuenta que dos días después de iniciada la rebelión, el 22 de enero de 1932, los muertos se contaban por miles. Solo en Izalco fueron asesinados más de 10 mil.
La masacre sembró el terror, al punto de que muchos indígenas renunciaron a sus apellidos ancestrales por temor a ser asesinados.
Los gobiernos militaristas y los posteriores mandatos del Partido de Conciliación Nacional y la Alianza Republicana Nacionalista y grupos de poder oligárquicos han querido invisibilizar esta matanza.
Sin embargo, el pueblo no olvida, las autoridades actuales buscan rescatar la memoria histórica.
En ese sentido, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, realizó la víspera, un foro panel denominado "1932, paradigmas culturales del genocidio", en el contexto del 83 aniversario del genocidio del 22 de enero de 1932.
Para Gustavo Pineda, director Nacional de Pueblos Originarios de la Secretaría, hay un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
No obstante, considera que falta mucho por resarcir: otras reivindicaciones y otros derechos negados, como el poder hablar su lengua natal.
Por su parte, la presidenta de la Fundación José Feliciano Ama, Julia Ama de Chile, nieta de Feliciano Ama (líder indígena asesinado durante la cruenta matanza), manifestó que recuerda con mucha tristeza, dolor, pena y luto aquella barbarie que bañó de sangre a su pueblo, Izalco.
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