El Neoliberalismo ha sido la ideología hegemónica en materia económica desde el comienzo de la década de 1980. Desde el inicio del nuevo siglo, sin embargo, la intrínseca irracionalidad de sus planteamientos socioeconómicos, su fracaso en promover el crecimiento económico de los países en desarrollo, su tendencia a profundizar la concentración del ingreso y a aumentar la inestabilidad macroeconómica (demostrada primero por las continuas crisis financieras de los 90 y ahora por los graves problemas de deuda pública por los que están atravesando diferentes países de la periferia europea), constituyen indicadores claros de su agotamiento.
Ya no solo allí donde nunca llegó a funcionar -los países subdesarrollados-, sino en el mismo corazón del occidente hasta ahora considerado próspero y rico y en el cual, supuestamente, el neoliberalismo demostraba su eficiencia.
Ya no solo allí donde nunca llegó a funcionar -los países subdesarrollados-, sino en el mismo corazón del occidente hasta ahora considerado próspero y rico y en el cual, supuestamente, el neoliberalismo demostraba su eficiencia.
1. Introducción
El castillo de naipes neoliberal, que por algunos años ofreció cierto grado de buen rendimiento en cuanto al aumento de determinados valores macroeconómicos a nivel internacional se refiere, ha comenzado a dirigirse hacia el abismo víctima de sus propios errores, desde su misma base: los países capitalistas desarrollados. Pero, como siempre ocurre en estos casos, son aquellos países subdesarrollados situados en la periferia del sistema los que en mayor medida están teniendo que soportar los efectos de la actual crisis económica capitalista generada por la especulación y la avaricia neo-liberal. Tras décadas de imposiciones neoliberales a las políticas de desarrollo de estos países (vía BM y FMI), con unos resultados, a diferencia de lo ocurrido en el ámbito de los índices macroeconómicos internacionales, más bien modestos, la llegada de la crisis ha vuelto a poner de manifiesto la insostenibilidad del paradigma neoliberal como modelo de desarrollo para los países situados en la periferia del sistema. Es ahora cuando la ineficiencia de estas políticas, así como lo inadecuado de sus planteamientos para con el papel que el Estado debe jugar en el crecimiento de estos países empobrecidos, se ha ejemplificado con toda claridad. Incluso los logros alcanzados en los últimos años, tras la aplicación a escala mundial de toda una serie de medidas destinadas a alcanzar los Objetivos del Milenio (ONU, 2000), se están viendo ahora amenazados por los efectos de la crisis actual. No obstante, no solo la población de estos países están siendo víctimas de la implosión previsible del neoliberalismo capitalista.
La pobreza, el hambre, el desempleo, en pocas palabras, la falta de alternativas reales para una vida digna, están alcanzando ahora cifras nunca vistas en la historia, y este es un fenómeno que se está dando tanto en los países empobrecidos como en los países ricos. Solo hay una región del mundo que haya sido capaz de hacer frente con cierta fortaleza a la actual crisis del capitalismo: América Latina. Y lo ha sido precisamente porque, desde finales de los 90, primero Venezuela y después una amplia mayoría de los países de dicha región, se han salido de la senda de desarrollo que el neoliberalismo les impuso durante más de dos décadas, aplicando toda una agenda verdaderamente reformista que ha devuelto a los estados una amplia capacidad de control sobre el devenir de sus economías, así como el dominio de buena parte de sus recursos naturales y la posibilidad de desarrollar estados fuertes que no se pliegan a las demandas de las instituciones financieras internacionales ni se ponen a la primera de cambio de rodillas ante las potencias imperialistas y sus multinacionales. Todo ello, además, a pesar de que los apologetas del neoliberalismo siguen fieles a su discurso según el cual “para cualquier observador más o menos lúcido de lo que ha ocurrido con las economías estatizadas y el intervencionismo estatal, es inevitable reconocer que sólo una economía abierta trae desarrollo y progreso” (Vargas Llosa, 2009). Las evidencias, podríamos responder tras analizar el caso de América Latina, sugieren justamente lo contrario.
Si tras tres décadas de aplicación sistemática de los postulados neoliberales, a lo largo y ancho de todo el planeta, los índices de pobreza, de desigualdad social y, sobre todo, de acumulación del capital en cada vez menos manos, no han hecho sino aumentar, debe ya quedar más que claro que no será el neoliberalismo quien traiga desarrollo y progreso a los pueblos del mundo, ni para los países empobrecidos de la periferia capitalista ni, por supuesto, para los pueblos que viven en eso que se conoce como el mundo desarrollado. Más bien, insistimos, las evidencias hacen ver todo lo contrario. El neoliberalismo, como mucho, traerá para los pueblos del mundo el desarrollo de la dependencia y la explotación, el desarrollo del subdesarrollo. Sus dramáticos efectos, que con tanta evidencia se pusieron de manifiesto en América Latina durante la década de los 90, pronto comenzarán también a ser visibles – de hecho, ya lo están siendo-, en todos aquellos países europeos, incluido el propio estado español, cuyos gobiernos traten de aplicar las mismas políticas de recortes sociales, control del déficit como finalidad exclusiva de la política económica, desmantelamiento de los servicios públicos y privatizaciones, que en su momento los gobiernos neoliberales aplicaron en América Latina durante las décadas de los 80 y los 90, conduciendo con ellas a la región al drama social y económico que posteriormente detallaremos. Mirando la historia de estos países podremos ver el futuro de los países europeos que ahora mismo están repitiendo el guión establecido en aquel momento por el FMI y el BM para la región y que ahora la Troika ha rescatado del basurero de la historia al que países como Venezuela, Bolivia o Ecuador lo arrojaron.
Como ya he escrito en alguna ocasión, los poderes fácticos que gobiernan el mundo a su antojo, vinculados al poder económico y financiero, y representados por los diferentes gobiernos capitalistas que existen sobre la faz de la Tierra, han emprendido una batalla a gran escala cuyo objetivo no es otro que atacar sin piedad los derechos sociales y laborales de nuestra clase. Es una guerra, una guerra de clases. Con la excusa de la crisis, y con el apoyo imprescindible de los principales medios de comunicación del mundo -que difunden e insertan el discurso neoliberal entre las masas-, son innumerables los ejemplos de gobiernos que están imponiendo a sus pueblos la agenda neoliberal/capitalista, como ya antes se hiciese en décadas pasadas en la inmensa mayoría de países de eso que se vino a llamar falazmente el “tercer mundo”, y en especial en los países de África, el sudeste asiático y América Latina, con las trágicas consecuencias, sobradamente conocidas y certificadas, que tal hecho tuvo para el desarrollo de tales países, entre otras cosas estableciendo las mayores diferencias económicas jamás conocidas entre países ricos/desarrollados y países empobrecidos/subdesarrollados, así como alcanzando los mayores niveles de pobreza y hambre jamás vistos en la historia del mundo. Como dijese Fidel Castro, “el Neoliberalismo no es una teoría del desarrollo, el neoliberalismo es la doctrina del saqueo total de nuestros pueblos”.
El modelo capitalista/neoliberal es progresivamente impuesto, desde lo ejecutivo, lo legislativo, lo económico y lo mediático, como único camino posible para afrontar las consecuencias terribles que la actual crisis global está teniendo sobre las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de todo el Planeta. Los gobiernos capitalistas explotan la situación de miedo y desesperación en la que viven cada vez más personas, abrumadas por los efectos de una crisis que está condenando a amplias capas de las clases trabajadoras al desempleo, la precariedad y la pobreza. Ayudados por los medios de comunicación al servicio del capital, estos gobiernos hacen creer a los pueblos que no existe otra salida posible a la crisis, y que no nos queda más remedio que aceptar los brutales recortes de derechos sociales y laborales que estamos sufriendo, si queremos en algún momento aspirar a estabilizar la situación económica, y, por tanto, a restablecer la senda de la creación de empleo y el crecimiento. La ofensiva neoliberal, en realidad, va mucho más allá de lo meramente político o económico, es una ofensiva que abarca todos aquellos ámbitos donde puede actuar lo que Gramsci definiese en su momento como “hegemonía” y tiene en los aspectos mediáticos, ideológicos y culturales algunas de sus más importantes expresiones. Así ha sido desde sus orígenes y así sigue siendo a día de hoy. Es lo que desde la izquierda se ha pretendido combatir aludiendo a la necesaria “batalla de ideas” con la que poder combatir estos intentos neoliberales por imponerse no solo en la agenda política y económica de los estados del mundo, sino, simultáneamente y con igual nivel de importancia, en la agenda mediática, sociológica y cultural de los pueblos. Este artículo pretende ser una contribución a tal batalla. Los pueblos que ahora están sufriendo las mismas políticas y las mismas campañas mediáticas que durante décadas pasadas tuvieron que sufrir otros países del mundo, deben saber que existen motivos fundados, demostrados empíricamente, para no dejarse embaucar por aquellos que pretenden presentarnos estas medidas neoliberales como una salidad para la actual crisis económica, como la única salida posible. Primero porque no es ninguna salida, sino la profundización de la misma hasta grados insoportables. Pero, sobre todo, porque la experiencia ha demostrado que son otras las políticas que harán posible dicha salida. América Latina se ha encargado de demostrarnos ambas cosas. Su experiencia nos debe servir como guía para no dejarnos vencer por la guerra de propaganda neoliberal que nos asola.
2. Consecuencias del neoliberalismo en América Latina
América Latina fue el lugar donde nació el neoliberalismo y el lugar donde más se expandió, fue el laboratorio de experiencias neoliberales por excelencia. En ninguna región del mundo pasó algo similar: en un momento, únicamente Cuba no era neoliberal (Sader, 2008). El programa fue aplicado originalmente por la extrema derecha en el Chile de Pinochet. Encontró otros adeptos en la derecha –como Alberto Fujimori en Perú–, pero también absorbió fuerzas que históricamente habían estado asociadas al nacionalismo: el PRI en México; el peronismo en Argentina bajo el mandato de Carlos Menem, y, en Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el partido que había encabezado la revolución nacionalista de 1952 con Víctor Paz Estensoro. Después, el neoliberalismo se apoderó de la socialdemocracia, ganando la adhesión del Partido Socialista chileno, de Acción Democrática venezolana y del Partido Socialdemócrata brasileño. Se convirtió en un sistema hegemónico en prácticamente todo el territorio de América Latina[1] (Sader, 2008b). El neoliberalismo se implantó rápidamente, sobre todo bajo la influencia de los organismos financieros internacionales (FMI, BM), quienes impusieron sus condiciones para los créditos a través de los PAE (Planes de Ajuste Estructural), exigiendo, como ocurre ahora en los países europeos en el caso de los “rescates”, rigor en las políticas monetarias, la reducción de las funciones del Estado y la disminución de sus gastos, a través de las privatizaciones, el pago regular del servicio de la deuda, etc. (Clacso y Cetri, 2002). Sus resultados, los mismos que ya se están empezando a ver en países como Grecia, Portugal o España, no pudieron ser más desalentadores.
No por casualidad, en América Latina los años 80 fueron denominados como “la década perdida”, principalmente porque en vez de continuar creciendo, el producto per cápita se redujo a los niveles de mediados del 70: “Descensos en el ingreso per cápita del orden del 10 al 15% eran comunes y alcanzaron o sobrepasaron el 25% en Argentina y Perú. América Latina fue marginada del tráfico comercial mundial. Toda América Latina y el Caribe, con una población de unos 450 millones, vio reducir su participación en las exportaciones mundiales del 4% en 1970 y 1980 a un 3% en 1990. Es decir, menos que Holanda, con sólo 15 millones de habitantes y escasas materias primas. Del 3% del total latinoamericano, a su vez, casi uno de estos tres puntos se debía a las exportaciones petroleras” (Frank, 1993).
Pobreza y necesidades básicas
La consecuencia más directa de esta “década perdida” fue, por supuesto, una acelerada pauperización de las masas latinoamericanas: un informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe) de 1997 situaba los índices de pobreza en niveles verdaderamente preocupantes, todo ello a pesar de que se hubiera producido una reducción de la misma durante los años precedentes a la gran ofensiva neoliberal, una reducción que quedó definitivamente sin efecto después de la denominada “crisis del bienio 1998/99”. Para 1997, tras dos décadas de aplicación sistemática de las políticas neoliberales, en América Latina y el Caribe aproximadamente el 40% de los hogares eran pobres (CEPAL, 1997). Para 1999, en torno al 43.8% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. En términos del volumen de población en situación de pobreza, éste alcanzaba en 1999 a algo más de 211 millones de personas, de las cuales algo más de 89 millones se encontraban bajo la línea de indigencia. Con respecto a 1997 esta cifra representa un aumento de 7.6 millones de personas pobres, en tanto que el número de indigentes tuvo también un ligero incremento en el trienio, que abarcó a 0.6 millones de personas (CEPAL, 2001b).
En consecuencia, para el año 2000 la caracterización de los hogares pobres de América Latina revelaba, entre otros rasgos, que: “la mayoría de ellos habita en viviendas que carecen de acceso al agua potable y, en menor medida, con más de tres personas por cuarto. Además, son hogares con una alta tasa de dependencia demográfica y baja densidad ocupacional, donde el jefe generalmente posee menos de tres años de estudio y en algunos casos se encuentra desempleado. Los niños y jóvenes de hogares pobres suelen desenvolverse en entornos de bajo clima educacional, se incorporan tempranamente al trabajo, y muchos de ellos no estudian ni trabajan. En términos absolutos, poco menos de 77 millones de habitantes de la región residen en viviendas hacinadas, condición que caracteriza al 29% de los pobres y al 6% de los no pobres. A su vez, 165 millones de personas, de las cuales más de 109 millones son pobres, no tienen acceso al agua potable. Asimismo, el 39% de los 130 millones de personas que viven en un hogar cuyo jefe tiene menos de tres años de estudio son pobres. Aunque la inasistencia a la escuela es una realidad cada vez menos común entre los grupos pobres y no pobres, los menores de 15 años que residen en hogares con bajo clima educacional ascienden a más de 83 millones, de los cuales un 74% es pobre” (CEPAL, 2001b).
Por otro lado, la inseguridad alimentaria y el hambre son fenómenos que en América Latina y el Caribe están estrechamente asociados a la pobreza extrema, pero no se confunden con ella. También aquí las cifras eran alarmantes tras el paso ciclónico del neoliberalismo. Para finales del siglo pasado (1998-2000) casi 55 millones de latinoamericanos y caribeños sufrían algún grado de subnutrición, lo que suponía un 11% de la población, todo ello a pesar de que, según diversos estudios, la región tiene capacidades para producir hasta un 30% más del alimento necesario con el que cubrir todas las necesidades alimenticias básicas del global de la población. Los escasos avances en materia de seguridad alimentaria registrados desde 1990-1992 en la mayoría de los países sólo permitieron reducir en poco más de un millón el número de personas que padecían esta situación de subnutrición: según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hacia fines de los años noventa la subnutrición afectaba en algunos países a más del 20% de la población (Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) (CEPAL, 2003). En la mayoría de los países de la región, además, la manifestación más habitual del hambre y la pobreza extrema entre los niños era la desnutrición crónica (insuficiencia moderada o grave de talla con respecto a la edad, o retardo en el crecimiento). El 8% de los niños menores de 5 años en la región se encontraban para el año 2000 en tales condiciones (CEPAL, 2003).
Desigualdad social, condiciones laborales y desempleo
Otra de las consecuencias directas que el neoliberalismo tuvo sobre la región fue un aumento sin parangón en la desigualdad de la distribución de los ingresos. Alrededor de 1999, la desigual distribución de los ingresos se presentaba al mundo como el rasgo más sobresaliente de la estructura económica y social de América Latina, lo que le valió para ser considerada como la región menos equitativa del mundo: “La distribución del ingreso en América Latina resalta en el contexto internacional, especialmente por la abultada fracción de los ingresos totales que reúne el 10% de los hogares de mayores recursos. Salvo en Costa Rica y Uruguay, este estrato recibe en todos los países de la región más del 30% de los ingresos, y en la mayoría de ellos ese porcentaje supera el 35%. En contraposición, la fracción del ingreso recibida por el 40% de los hogares más pobres es muy reducida, y se ubican en casi todos los países entre el 9% y el 15% de los ingresos totales, con excepción de Uruguay donde el grupo mencionado recibe cerca del 22%” (CEPAL, 2001b). La propia CEPAL explicaba así este alarmante fenómeno: “El escaso dinamismo del ingreso por habitante y del mercado laboral para crear fuentes de empleo bien remuneradas ha sido insuficiente para paliar uno de los rezagos que más se reproducen y que es la creciente polarización social, que se manifiesta en estructuras distributivas inequitativas y en niveles de pobreza y marginación sumamente elevados” (CEPAL, 2001a).
Por otro lado, de 1989 a 1999 el número de desempleados en la región aumentó en 11,1 millones, con la tasa de desempleo a nivel regional pasando de un 4,8% a un 9,2%, según la OIT (Weisbrot, 2006). Este fenómeno afectó particularmente a la población urbana, al punto que entre 1990 y 1999 la tasa de desempleo en esas zonas se elevó de 5.5% a 10.8% en el conjunto de la región (CEPAL, 2001b). En 1989, 57,8% del total de la ocupación latinoamericana eran asalariados. En 1999, ese porcentaje había caído a 51%, con la pérdida de 4,7 millones de empleos, siendo 3 millones sólo en el sector industrial (Weisbrot, 2006). “Uno de los rasgos característicos de los mercados laborales en la mayoría de los países -de América Latina- es que la exclusión afecta a una proporción cada vez mayor de la población; asimismo, son rasgos comunes el mercado creciente de trabajo informal y una importante dinámica migratoria. Es por esto que durante las últimas décadas, siete de cada 10 nuevos puestos de trabajo se crearon en los sectores informales de las economías, la mayoría de ellos de ínfima calidad” (CEPAL, 2000). Además, en 1995 el salario mínimo real era inferior al de 1980 en 13 de los 17 países de la región (CEPAL, 1997).
Crecimiento económico
En lo relativo al crecimiento económico, Atilio Borón (2003) nos aporta unos datos que lo dicen todo: “la performance de las economías latinoamericanas a partir de 1980 difícilmente podría haber sido más decepcionante. El producto bruto interno creció a un ritmo anual medio de 1,7% en la década de los ochenta, y a 3,4% en la siguiente. Dado que en el primero de estos períodos el crecimiento de la población se situaba en el 2% anual, esto significó una caída en el PBI por habitante de alrededor de 0,3% por año a lo largo de toda la década. En la siguiente, con la tasa de crecimiento poblacional un tanto más disminuida, apenas si se revirtió la tendencia, quedando el crecimiento del PIB per cápita en una cifra cercana a un modesto 1,7% anual. Siendo positiva, esta magnitud equivale a menos de la mitad de las tasas de crecimiento del PIB per cápita que prevalecían en la región en las tres décadas comprendidas entre los años de la posguerra y la crisis de mediados y finales de la década de los setenta, cuando según los diagnósticos del FMI y el BM las políticas económicas en vigencia adolecían de incurables defectos y conducían a los países de la región por el sendero del atraso y el estancamiento”.
De hecho, tal fue la ineficacia manifestada por el neoliberalismo a este respecto que mientras en los años que fueron desde 1960 a 1980 el ingreso per cápita en América Latina, como consecuencia de las políticas desarrollistas aplicadas en la región por diferentes gobiernos, creció en un 82% en términos reales – es decir, ajustado por inflación-, de 1980 a 2000, en plena orgía neoliberal, creció tan sólo 9%; y en los primeros cinco años de esta década (2000 a 2005), el crecimiento total fue de un 4%. Si queremos encontrar en América Latina un crecimiento siquiera cercano al fracaso que supieron estos años de apogeo neoliberal, tendríamos que retroceder casi un siglo y escoger un periodo que incluya ambos, la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Gran Depresión (Weisbrot, 2006).
Por lo que respecta a la actividad sectorial, la tasa de crecimiento medio anual pasó de 3.4% en 1970/1980 al 2.1% en 1980/1990, a 1.8% en 1990/1993 y a 2.9% en 1995. El sector más afectado fue, sin duda, la industria, cuya tasa de crecimiento medio anual pasó del 5.9% en 1970/ 1980 al 0.5% en 1980/1990 y -0.5% en 1995. Ello contribuyó al establecimiento de cambios significativos en la estructura productiva de la región. El cambio principal quedó reflejado en una participación cada vez menor del sector industrial en la generación del PIB de los respectivos países (Ramírez López, 1999). Las economías latinoamericanas quedaban así definitivamente ancladas en su papel de economías de carácter principalmente exportador, según las demandas de los países desarrollados en el sistema-mundo capitalista, así como importadoras de productos de consumo generados en los países desarrollados, todo ello en un marco determinado por la aplicación de la ley del valor globalizado, mecanismo principal mediante el cual se producen los desiguales flujos de capital, según nos dicen los defensores de las teorías del desarrollo desigual, que perpetúan y hacen aumentar el subdesarrollo en los países de la periferia del sistema.
¿Neoliberalismo para salir de la crisis y acabar con los problemas de deuda pública?
Por otro lado, a consecuencia de esta extrema dependencia y la elevada vulnerabilidad a la que el neoliberalismo, con sus políticas para el ajuste, abocó a América Latina respecto de las economías desarrolladas, la región se vio asolada por tres graves crisis económicas en menos de 10 años en el periodo que va desde 1995 a 2002, todas ellas, por supuesto, generadas por perturbaciones en las economías del mundo desarrollado, como así lo reconocía la propia CEPAL: “La crisis por la que atraviesa América Latina y el Caribe –año 2001- es el tercer episodio en menos de una década en el que el ritmo de crecimiento del producto interno bruto regional sufre una brusca caída, haciendo disminuir el producto por habitante. Las crisis anteriores tuvieron lugar en 1995 y en 1998-1999. Todas fueron producto de fenómenos de origen externo, lo que coloca en el vértice de la atención el modo de transmisión de su impacto, reflejado naturalmente en las cuentas de la balanza de pagos: el comercio y las corrientes de capital” (CEPAL, 2001c). Además, entre los años 1980 y 1998 se produjo también un aumento acelerado de la deuda externa. La deuda externa regional ascendió, de cerca de 290 mil millones de US$ en 1981 a casi 540 mil millones en 1994 (Suárez Salazar, 2006), llegando a los 725 mil millones en el año 1996 (Daher, 2003). En consecuencia, entre 1982 y 1996 el continente pagó por los servicios de esa deuda aproximadamente 706 millones de US$ y en 1998 la deuda desembolsada ascendió a 740 905 millones US$, más del triple de su monto en 1980 (Miranda, 1999). Entre unas cosas y otras, la situación financiera de la mayoría de países de la región para finales del siglo XX era poco menos que agónica.
¿Gobernar para el pueblo o para los intereses del capitalismo internacional?
Al mismo tiempo, y en muchas ocasiones obligados precisamente por estas calamitosas situaciones financieras, además de ser un aspecto central en las recomendaciones de las instituciones neoliberales internacionales, entre 1990 y 1999, las privatizaciones en América Latina sumaron casi 180.000 millones de dólares. En las 500 mayores empresas de la región, la propiedad extranjera pasó de 27,4 a 43 por ciento y la estatal se contrajo de 33,2 a 18,8 por ciento (Daher, 2003), todo ello a pesar de que más del 55% de la población de la región se oponía a tales procesos de privatización. Las privatizaciones afectaron a casi todos los sectores de la economía, desde la agricultura, la pesca, la manufactura, el petróleo, el gas, la industria minera hasta los servicios públicos. En total, alrededor de 1.500 compañías públicas fueron transferidas al sector privado o, simplemente, cerradas o declaradas en bancarrota (Estache y Trujillo, 2004). Los países de la región no solamente transfirieron al sector privado las pequeñas empresas que estaban en sectores donde había competencia y para los cuales había muy poca justificación para la propiedad estatal, sino que también lo hicieron con sus grandes empresas, en sectores estratégicos de sus economías o donde hay monopolios naturales, desnudando por completo las capacidades productivas del sector público. Unos de los primeros efectos de estas privatizaciones fueron las pérdidas de empleos en las nuevas empresas privadas respecto de las antiguas empresas públicas. Sólo un 44% de las empresas mantuvo el total de la plantilla 18 meses después de su privatización. En algunos casos las pérdidas de empleo llegaron a afectar a más del 70% de la plantilla (Estache y Trujillo, 2004).
Un caso especialmente significativo fue el de Argentina, país que no mantuvo en poder del Estado ninguna compañía importante, con la excepción de algunos bancos nacionales y provinciales y algunas empresas provinciales de salubridad. Los resultados de este proceso privatizador se vieron a las claras en la escandalosa crisis económica que el país tuvo que soportar en el año 2001, una vez estaba completamente vacío de propiedades. Las empresas públicas fueron privatizadas con las excusas de fomentar su eficiencia, aumentar los ingresos fiscales del Estado, reducir el déficit público y acabar con las elevadas deudas externas presentes en los países de la región. Sin embargo, desde 1982 al 2002, América Latina pagó 1,4 billón de dólares, por lo menos seis veces más que la deuda acumulada en 1981. “Así, después de malvender empresas públicas y sectores estratégicos de las economías regionales, la deuda externa sólo siguió creciendo” (Daher, 2003).
Incluso algunos servicios básicos fueron progresivamente privatizados en mayor o menor medida, tales como los servicios de Salud o el agua. Para 1994, según se desprendía de diversos estudios, se habían referido ya evidencias de tendencias privatizadoras en los servicios de salud en 15 países de la Región (Maingón, 1994). La agenda de privatización del agua, por su parte, se inicia igualmente en la década de los 90. En 1992, en la Cumbre de Río sobre Biodiversidad se define como horizonte el año 2000 como meta para establecer nuevas estructuras institucionales y jurídicas en torno al agua bajo el diseño, apoyo y financiamiento del BM y del FMI quienes serían los acicates por medio de los cuales se presionaría a los gobiernos a modificar sus legislaciones y preparar el terreno para el mercado abierto –liberalizado y privatizado- del agua (Castro Soto, 2006). En consecuencia, entre 1990 y 2005 en América Latina se firmaron 147 contratos de privatización del agua, por un valor de 20.971 millones de US$, lo que supone un 38,6% del total de contratos firmados en este sentido en el mundo entero, siendo así la región del mundo con un mayor número de contratos firmados al respecto (Castro, 2007).
Servicios públicos y consecuencias medioambientales
Todo lo anterior, cómo no, tuvo consecuencias sociales directas en la región. Si para 1992, tras la “década perdida”, ya eran más de 130 millones de habitantes los que no tenían acceso a agua segura ni potable; 145 millones no disponían de sistemas sanitarios de eliminación de excretas y desagües; 300 millones contaminaban los cursos de agua arrojando sus desechos sin tratamiento previo; 100 millones, de los cuales el 90% viven en las áreas urbano-marginales, no tenían acceso a un sistema de recolección de basuras; 240 millones estaban en condiciones de riesgo para su salud por el modo en que disponen sus basuras y el medio ambiente; y 100 millones no tenían acceso a servicios permanentes de cuidado directo de la salud (OPS, 1992), un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalaba que, a fines de 1999, 267 millones de latinoamericanos y caribeños sufrían exclusión de los servicios de salud relacionados con el déficit de camas en los hospitales; 152 millones no disponían de agua potable y/o alcantarillado y más de 125 millones estaban en condiciones de “inaccesibilidad geográfica” a los servicios de salud . Entre una fecha y otra, los logros en estas materias fueron escasos, e incluso se produjeron retrocesos en algunos de los asuntos mencionados. Igualmente, para 1997, entre 40 millones y 50 millones de menores de la región (entre 6 y 14 años) estaban condenados a intentar sobrevivir en las calles (Suárez Salazar, 2006). En América Latina, además, los efectos de la crisis mundial de la producción capitalista se combinó con el retroceso histórico relativo del subcontinente, que inclusive la precedió, confiriendo localmente a esa crisis una forma particularmente destructiva, con ejemplos variados de barbarie, que han ido desde la represión sangrienta hasta las diversas formas de descomposición social, rural o urbana (Coggiola, 2006).
También, por supuesto, el neoliberalismo tuvo consecuencias ambientales. En la década de los años noventa del siglo pasado, cuando el neoliberalismo dio la orden de privatización y los gobiernos lacayos de Latinoamérica vendieron a precio de miseria las empresas estatales, las multinacionales, especialmente españolas y estadounidenses, se lanzaron sobre Latinoamérica con un afán absolutamente depredador. Los resultados de parte de esta acción capitalista depredadora, concretamente los efectos causados por la acción de las multinacionales españolas en la región, quedaron recogidos en el informe elaborado por Greenpeace España titulado “Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina“, en el que se analiza el comportamiento de dichas empresas y los impactos sociales y medioambientales de sus actividades en el continente. Según Greenpeace: “las multinacionales españolas que operan en América Latina siguen un modelo de obtención de máximos beneficios en el plazo de tiempo más breve posible, vulnerando derechos y mediante la presión a autoridades locales” (Greenpeace, 2009). En el informe se detallan una serie de prácticas y proyectos de futuro que atentan descaradamente contra la sostenibilidad ambiental en la región. Estas prácticas y proyectos comenzaron desde el mismo momento en que las multinacionales españolas llegaron a la zona de la mano de los gobiernos neoliberales locales y, aunque generaron grandes olas de rechazo entre las poblaciones autóctonas, contaron desde el principio con todo el apoyo de los diferentes gobiernos. Entre otros asuntos, estos gobiernos neoliberales permitieron a estas empresas el uso del fenómeno jurídico conocido como “dobles estándares”, es decir, poner en marcha en América Latina prácticas que no estarían permitidas por la legislación española y que, caso de ser usadas en España, serían difícilmente aceptadas por la opinión pública.
Neoliberalismo nunca más
En definitiva, a la vista de estas cifras y acontecimientos, podemos decir con total propiedad que “en el marco de las políticas neoliberales implementadas casi sin excepción en toda la región en los años ochenta y noventa se observa una intensificación sin precedentes de la exclusión social y la pobreza” (Boron, 2003). En consecuencia también, los pueblos de la región no podían esperar por más tiempo para emprender un combate a muerte contra el neoliberalismo, un combate que los hiciera sanar de la enfermedad cada vez más aguda que padecían en el interior del actual sistema-mundo capitalista. Y la respuesta de los pueblos llegó: en forma de movimientos sociales de resistencia primero y de gobiernos progresistas y de izquierdas después.
Unos gobiernos que han sabido hacer frente a las políticas neoliberales y que han dado un giro radical a la realidad política y económica de la región en la última década. Unos gobiernos que, incluso, han empujado a los gobierno de corte más liberal que aún existen en la región a abandonar también en gran medida la agenda neoliberal y que han devuelto a América Latina por la senda del crecimiento y el desarrollo, devolviendo con ello también la esperanza a sus respectivos pueblos. Unos gobiernos que, por eso mismo, han tratado de ser ridiculizados y denostados por las potencias imperialistas, tratados como gobiernos autoritarios y obsoletos por los medios de comunicación capitalistas, pero cuyos logros no solo han dejado en evidencia el carácter manipulador y reaccionario de tales medios, sino que han demostrado también que los pueblos cuando quieren, pueden; que realmente hay alternativas al modelo neoliberal para salir de la crisis económica. Que mientras el neoliberalismo es un cáncer para el desarrollo de los pueblos, hay otras alternativas que, de verdad, pueden ayudar a los países asolados por la ofensiva neoliberal a enderezar su rumbo.
Hugo Chávez fue el primero en iniciar esta tendencia al cambio en la República Bolivariana de Venezuela, al resultar vencedor en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998. En abril de 2002 tuvo que superar un intento de Golpe de Estado que lo derrocó del poder por un periodo de tres días (del 11 al 13 de abril). Evo Morales, por su parte, llegó al sillón presidencial boliviano en diciembre de 2005 tras resultar vencedor en las elecciones presidenciales. Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador llegaron al poder por esta misma vía en el año 2006. Todos ellos han llevado a cabo sus respectivas medidas revolucionarias, así como el proceso de integración al ALBA, en el marco de la legalidad democrática instituida en sus respectivos países, impulsando, eso sí, una reforma estructural de tal marco democrático cuando la situación así lo ha requerido para dar cabida a las nuevas orientaciones políticas y económicas del país. La estrategia política a seguir por estos países para llevar a cabo los cambios revolucionarios presenta, por tanto, un carácter puramente democrático, a través de una combinación de varios elementos: “sublevación popular, salida electoral y refundación del Estado. Parten fuera de los límites estrictos de la institucionalidad, llegan a una solución política y, sin embargo, no tratan de transformar la sociedad con el Estado existente: buscan refundar el Estado alrededor de la esfera pública, de su democratización conforme a las características del país, multicultural, multiétnico, etc. Es una nueva estrategia que combina elementos de sublevación popular con elementos de salida política (…) no es ni una solución puramente electoral, ni una solución insurreccional que destruya al enemigo, sino una alternativa de disputa.” (Sader, 2008b).
Los países citados – que se aglutinan en torno a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA)-, en colaboración con otros países regidos por gobiernos progresistas en la región, han sabido hacer frente a las amenazas de las potencias imperialistas, así como a las nefastas consecuencias dejadas en sus respectivos países por los pasados gobiernos neoliberales, extendiendo sus procesos de cambio mediante la integración regional y llevándolos además más allá del ámbito de los acuerdos firmados estrictamente en el marco comercial e institucional de las diferentes organizaciones regionales existentes (ALBA, Mercosur, Unasur, etc.). Una verdadera ruptura con la hegemonía capitalista del sistema-mundo globalizado así lo requiere. El nacimiento del Banco del ALBA, el Banco del Sur, PetroCaribe, TeleSur, y otra serie de instituciones colectivas han demostrado a las potencias imperialistas que el desafío de estos gobiernos a la ofensiva neoliberal no es algo que haya venido para marcharse, sino que pretende consolidarse y evitar que nunca más los pueblos de América Latina deban pasar por lo vivido durante la época de hegemonía neoliberal. El ALBA, por ejemplo, no es solo un acuerdo comercial de integración de los pueblos latinoamericanos que conforman la organización, es mucho más que eso: es un canalizador de los deseos de soberanía e integración regional que mueven a millones de ciudadanos y ciudadanas en todo el continente y el Caribe. Acabar con la dependencia de los países de la región respecto de cualquier forma de hegemonía (económica, política, cultural, etc.) en relación a los países del centro desarrollado es también, de manera colateral a todo lo dicho, su principal objetivo. Y, de momento, los resultados están siendo bastante buenos, al menos en cuanto a lo que la recuperación de sus respectivas economías se refiere, así como en la lucha contra la desigualdad social y la exclusión económica de las mayorías trabajadoras que residen en sus respectivos países. El patio trasero de los EEUU ha dejado de serlo y se ha convertido con ello en la esperanza para la izquierda mundial y un ejemplo a seguir para los pueblos que a día de hoy están siendo sometidos a las políticas salvajes del neoliberalismo.
3. América Latina y Europa en la actualidad
Diferentes instituciones y organismos internacionales han podido certificar el progreso realizado por los diversos países de América Latina durante los últimos años. La región esta siendo una de las menos afectadas por la crisis actual del capitalismo y, pese a no estar completamente ajena a la misma, ha podido consolidarse en la vía del crecimiento económico, así como ha conseguido importantes avances en la lucha contra la exclusión social, la disminución de la pobreza y, en general, el respeto a los derechos sociales de las mayorías trabajadoras. Datos estos que contrastan enormemente con la actual situación por la que están atravesando la mayoría de países europeos, y en especial aquellos, como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España, más afectados por los problemas de deuda pública. Paradójicamente, estos países están tratando de resolver sus actuales problemas mediante la aplicación de las mismas políticas que hundieron en la más absoluta miseria a los pueblos y las economías de América Latina, situación de la que solo han sido capaces de escapar cuando han apostado decididamente por salirse del marco impuesto por las mismas. Tal vez estos debería hacer reflexionar no ya a los gobiernos que actualmente están aplicando de manera sistemática tales políticas -entregados a sus intereses de clase-, sino a los pueblos que las están sufriendo y que, en última instancia, serán quienes deberán decidir, si les dejan, el futuro que quieren afrontar y el tipo de sociedad en la que quieren habitar. Si los pueblos europeos quieren soluciones, los actuales gobiernos de América Latina, en especial aquellos que más decididamente han apostado por alejarse de la vía neoliberal, se las pueden dar. Y no lo digo yo, lo dicen hasta las propias Naciones Unidas.
En su último informe, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), órgano principal de la Asamblea General de Naciones Unidas para el análisis de cuestiones relacionadas con comercio, inversión y desarrollo en el marco de las relaciones internacionales, reconoce explícitamente el éxito alcanzado por diferentes estados de América Latina durante los últimos años, como consecuencia de su progresivo alejamiento de las políticas neoliberales ortodoxas aplicadas en décadas pasadas por gobiernos anteriores. El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo (ICD) 2012 revisa las tendencias recientes de la economía mundial y explora los vínculos entre la distribución del ingreso, el crecimiento y el desarrollo. Su principal conclusión es demoledora: el crecimiento de la producción mundial se está desacelerando. Y responsabiliza de ello a las economías desarrolladas, de las que dice que el alto desempleo, el desapalancamiento en curso y las presiones a la baja sobre los salarios están causando una falta de demanda que impide la dinamización y crecimiento de sus respectivas economías. E incluso se atreven a dar una recomendación: Una salida de la recesión en los países afectados por la crisis no se puede dejar exclusivamente a las fuerzas del mercado por sí solas, sino que las políticas económicas, impulsadas desde los estados, deben tratar de restablecer la demanda, en lugar de seguir presionando para imponer la reducción del déficit y la presión fiscal como única finalidad.
Acerca de la relación entre la desigualdad de ingresos y el crecimiento, la UNCTAD sostiene que el aumento de la desigualdad no es una condición necesaria para un crecimiento económico sólido, ni su resultado natural. Por el contrario, la plena participación de todos los ciudadanos en los ingresos de la economía en su conjunto es indispensable para un desarrollo exitoso y sostenido. Y pone para ello de ejemplo a, precisamente, América Latina: “La evidencia empírica muestra que el aumento de la desigualdad de ingresos ha sido una característica de la economía mundial desde principios de 1980. Sin embargo, en la década de 2000 en América Latina y en algunas partes de África y el sudeste de Asia se redujo la desigualdad de ingresos en un contexto de mejora de las condiciones externas (…) las autoridades deben aplicar políticas para reducir las brechas de ingresos, lo que a su vez influyen en los resultados económicos y sociales en general (…) con la reducción de la desigualdad que se puede lograr así es más probable que se acelere el crecimiento y la creación de empleo que mediante la tendencia anterior hacia una menor tributación progresiva y disminución de las transferencias sociales”. Igualmente, basándose también en la experiencia latinoamericana, el informe critica la liberalización del mercado laboral propia de la ortodoxia neoliberal, a la que hace responsable en gran parte de la destrucción masiva de empleo que se ha venido produciendo en los países “desarrollados” en los últimos años y pide que se acabe con dicho paradigma neoliberal: “el paradigma de la flexibilidad del mercado de trabajo no sólo ha logrado reducir el desempleo, sino incluso ha tendido a exacerbar. Esto se debe a que los desempleados se ven obligados a aceptar salarios más bajos con el fin de encontrar un trabajo (…) es el crecimiento salarial en función del incremento de la productividad lo que impide un aumento de la desigualdad, así como apoya el proceso de crecimiento económico y creación de empleo”. Todo ello, como decimos, apoyándose en los resultados económicos y de creación de empleo obtenidos en los últimos años por diversos países que se han alejado del modelo neoliberal, principalmente en América Latina.
Según el mencionado informe, la economía mundial se debilitó considerablemente a finales de 2011 y los riesgos de un agravamiento de ese retroceso se acentuaron en el primer semestre de 2012. Se prevé que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial, que ya sufrió una desaceleración en 2011, siga disminuyendo en 2012 y se sitúe en torno al 2,5%. La recesión afecta, sigue indicando el informe, sobre todo a la zona del euro, “cuyas autoridades no han logrado hasta la fecha presentar una solución convincente a los desequilibrios internos de la zona y el consiguiente sobreendeudamiento. La elección de una política de austeridad a rajatabla impide volver a un crecimiento económico sostenible. De hecho no puede descartarse que la situación económica de Europa se deteriore aún más”. La experiencia de América Latina en los años 80 y 90, como ya hemos podido ver con anterioridad, así nos lo indica también. Los problemas para los países europeos, sobre todo si siguen apostando por la vía ortodoxa para “salir de la crisis”, no han hecho más que comenzar y, desde luego, apenas si estamos empezando a ver sus consecuencias sociales.
Sin embargo, el propio informe marca, a la luz de experiencia abierta en el continente americano, el camino a seguir para aquellos países del euro que quieran retomar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo: “Aunque el crecimiento del PIB se está ralentizando moderadamente en América Latina y el Caribe, se prevé que seguirá siendo del orden del 3,5% en 2012, gracias a una demanda interna vigorosa, sustentada por el aumento de los salarios reales y del crédito al sector privado. Varios países han respondido al deterioro de las condiciones externas con medidas anticíclicas, como el incremento del gasto público y la adopción de políticas monetarias más favorables. Esos países han aprovechado el espacio de políticas creado por el aumento de los ingresos públicos y la aplicación de políticas financieras activas, incluida la gestión de las corrientes de capital extranjero. En consecuencia, las tasas de inversión van en aumento y la tasa de desempleo ha descendido al nivel más bajo de los últimos decenios”. Todo ello, como hemos visto, pese a haber sido asolados por la destrucción neoliberal durante más de dos décadas. Por citar algunos ejemplos relevantes, según el informe “Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012” de la CEPAL (2012), Bolivia, Nicaragua y Venezuela crecerán en torno al 5% este mismo año, Ecuador un 4,5%, Cuba un 3%. En general, con la excepción de Paraguay, todos los países de la región crecerán, incluidos aquellos países con gobiernos derechistas que igualmente abandonaron las consignas ortodoxas. ¿Nos vamos entendiendo, pueblos de Europa?
Si todavía no hemos sido capaces de entendernos, el informe de la UNCTAD nos ayudará un poquito más. Dice el mencionado informe que son los países desarrollados la principal amenaza en la actualidad para el crecimiento de la economía mundial y pone, de nuevo, especial énfasis en la situación de los países del Euro, en los cuales “la austeridad fiscal se ha convertido en la regla de oro, lo que ha conllevado recortes presupuestarios particularmente drásticos en los Estados miembros de Europa Meridional. Tal medida podría resultar no solo contraproducente, sino incluso fatal para el euro y nefasta para el resto del mundo”, para continuar unos párrafos después asegurando que “a las sombrías perspectivas de la recuperación mundial se suma el problema de que, al parecer, los dirigentes de los países desarrollados, especialmente los europeos, una vez más han depositado sus esperanzas en las reformas estructurales. Ahora bien, con demasiada frecuencia, se entiende por reformas la liberalización de los mercados laborales, con recortes salariales, debilitamiento de los mecanismos de negociación colectiva y una mayor diferenciación salarial entre sectores y empresas. El razonamiento que explica ese programa de reformas estructurales es erróneo, pues se basa en consideraciones puramente microeconómicas y no tiene en cuenta la dimensión macroeconómica de los mercados laborales y la fijación de los salarios. Ese empeño en realizar tales reformas puede ser peligroso en una situación como la actual, de aumento del desempleo y disminución de la demanda privada. Además, un reequilibrio asimétrico que coloque la carga del ajuste exclusivamente en los países de la periferia europea, abrumados por la crisis y con cuentas corrientes deficitarias, inevitablemente frenará aun más el crecimiento regional”. ¿Queda claro, no?
El informe en general es toda una demostración de las nefastas consecuencias que el neoliberalismo ha tenido en la economía mundial durante las últimas tres décadas, aportando datos claros y contundentes sobre las mismas, así como las razones que han llevado a las mismas. No obstante, cuando vuelve su mirada hacia América Latina establece claramente una separación entre las décadas neoliberales y las políticas aplicadas durante los últimos años, principalmente por las grandes diferencias que, a nivel de resultados, se hacen presentes en una época y la otra: “En América Latina y el Caribe, la desigualdad se acentuó en los años ochenta y noventa en 14 de los 18 países sobre los cuales se dispone de datos pertinentes. En 2000, alcanzó un máximo histórico en el conjunto de la región, pero desde entonces ha disminuido en 15 de esos 18 países”.
También señala el informe la “crisis de deuda” de principios1980 como el origen de buena parte de los problemas de los países de América Latina durante la décadas posteriores, no como conseuencia de la crisis de deuda en sí, sino a consecuencia de las políticas neoliberales que se implementaron con la excusa de acabar con tal crisis de deuda pública. ¿Les suena de algo eso de la crisis de deuda pública y la aplicación de medidas neoliberales para salir de ella; les recuerda a algo que ustedes estén viviendo en la actualidad? Seguro que sí. En concreto, el informe señala que “la desindustrialización que experimentaron varios países en desarrollo en los años ochenta y noventa es ante todo el resultado de las políticas macroeconómicas y financieras que adoptaron en el período inmediatamente posterior a las crisis de la deuda de principios de los ochenta. En el contexto de los programas de ajuste estructural aplicados con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, esos países emprendieron al mismo tiempo procesos de liberalización financiera y apertura comercial, aplicando tipos de interés internos elevados para contener altas tasas de inflación o atraer capital extranjero. Con frecuencia, esto provocó la sobrevaloración de su moneda, la pérdida de competitividad de los productores nacionales y la caída de la producción industrial y la inversión en capital fijo, incluso cuando esos productores nacionales intentaban resistir a la presión sobre los precios con medidas de compresión salarial o despidos de personal”. Lo cual, por supuesto, no ha impedido que los gobiernos europeos hayan vuelto a confiar ahora en esas mismas políticas ortodoxas para, dicen, “acabar con la crisis de deuda pública”. No hace falta ser ningún premio Nobel en economía para aventurar cuál será el resultado final: el apartado anterior en el que hemos expuesto los efectos de las mismas en América Latina, nos lo indica. ¿De verdad estamos dispuestos a llegar a semejante situación sabiendo, como sabemos a la luz de estos datos, que es seguro que es hacia esas trágicas consecuencias hacia donde vamos? Que nadie diga después, si no lo evitamos antes, que no estábamos avisados y que no podíamos saber lo que iba a pasar, lo que, de hecho, ya está empezando a pasar en Grecia, Portugal o la misma España.
Estamos avisados, de la misma forma que, si queremos, podemos saber cuál es el camino a seguir para evitar que tales consecuencias sigan haciéndose presentes hasta llegar a la tragedia social que tuvieron que vivir los pueblos de América Latina en la década de los 90 y principios de este mismo siglo XXI. De nuevo es la UNCTAD la que, apoyándose en los datos de los países de América Latina durante los últimos años de abandona de la ortodoxia neoliberal, nos indica el camino: “desde 2002, algunos países ricos en recursos naturales, especialmente de América Latina, han conseguido convertir la mejora de la relación de intercambio en un aumento generalizado de los ingresos en el conjunto de la economía, reduciendo así las disparidades entre niveles de ingresos. Para ello, estos países aumentaron sus ingresos fiscales y aplicaron políticas fiscales e industriales bien dirigidas, lo cual contribuyó a crear puestos de trabajo de buena calidad fuera del sector de los productos básicos. El aumento del gasto fiscal creó puestos de trabajo de forma directa en el sector público y en el sector de los servicios, y de forma indirecta en las ocupaciones relacionadas con el desarrollo de infraestructuras y en la industria manufacturera. También fue muy importante a este respecto la aplicación de políticas fiscales anticíclicas y de unos impuestos sobre la renta más progresivos. Asimismo, muchos países dedicaron el aumento de los ingresos públicos a incrementar el gasto social. Varios países adoptaron además sistemas de tipos de cambio administrados y medidas de control de capitales para poner freno a la entrada de capitales con fines especulativos e impedir una revaluación excesiva de sus monedas”. ¿Nos entendemos ya del todo, o hacen falta todavía más evidencias? A estas alturas del texto, el que no haya comprendido ya cuál es el camino que deben seguir los pueblos europeos para salir de la actual situación de crisis capitalista, para hacer frente a la estafa que nos están haciendo tragar desde los diferentes gobiernos neoliberales al dictado de la Troika, o es un burgués con intereses de clase en que se siga discurriendo por la vía neoliberal o es un inconsciente al que no le importa que millones y millones de personas se vayan a ver abocadas a situaciones de auténtico dramatismo social solo para que unos pocos intereses privados se sigan enriqueciendo a manos llenas. No cabe otra opción.
Nos dicen que no hay otro camino para salir de la crisis económica actual y, sobre todo, que la aplicación de estas políticas son la única solución posible para la crisis de deuda pública a la que actualmente se están viendo sometidos diversos países de la periferia europea. Sin embargo, ya vimos con anterioridad como, ante circunstancias similares, la aplicación de estas políticas no solo no acabaron con el problema de la deuda pública, sino que lo agravaron hasta niveles insostenibles, obligando a los estados latinoamericano a pagar cada vez mayores cantidades solo en intereses de la misma. Justamente lo que estamos viendo que está ocurriendo en, por ejemplo, el estado español desde el comienzo de la ofensiva neoliberal en Mayo de 2010, y no hay más que mirar los Presupuestos Generales del Estado desde el 2010 a 2013 para comprobarlo. Para ese 2013 la deuda del estado español está previsto que llegue a ser del 100% del PIB estatal, y solo en intereses de tal deuda el estado deberá pagar cerca de 40.000 millones de euros. La situación actual en América Latina, una vez que consiguieron salirse del bucle neoliberal y hacer frente a las graves crisis de deuda que muchos de estos países atravesaron también tanto a principio de los 80 como a finales de los 90 y principios del siglo XXI, es bien diferente. Según la CEPAL (2012) en 2011 algunos países de América Latina, como Venezuela, el Ecuador, Guatemala, Haití, el Paraguay, el Perú y Chile, mantuvieron una deuda pública inferior al 30% del PIB. Considerando las políticas fiscales prevalecientes y las proyecciones de crecimiento, asegura la CEPAL, se espera que continúe la tendencia a la baja en los próximos años. De hecho, se espera un promedio regional en torno al 30% del PIB hacia 2015. ¡Un 30% del PIB en una región asolada por los problemas de deuda pública en buena parte de sus países hace algo menos de 10 años! Parece ser entonces que alguien nos está engañando en Europa cuando nos dicen que las actuales políticas de reformas estructurales y recortes sociales se hacen para acabar con el problema de la deuda, ¿no? En numerosas publicaciones de la CEPAL se ha documentado la caída del nivel de la deuda pública como porcentaje del PIB en la mayoría de los países de la región y el cambio en su composición, con una predominancia, en los últimos tiempos, de la deuda interna. Actualmente, la deuda pública externa representa cerca de 15 puntos del PIB de la región, en comparación con el 85% que registraba este indicador en 1990. ¿Qué dirá De Guindos de todo esto?
En línea de lo expuesto por el informe de la UNCTAD, que fijaba en el año 2002 el punto de inflexión a nivel global en la modificación de las tendencias macroeconómicas reflejadas por los países de América Latina, es decir, justo después de alcanzar los peores datos económicos y socioeconómicos a consecuencia de la barbarie neoliberal y su “década perdida” en los 80, la CEPAL nos explica también de qué manera actuaron los países latinoamericanos a partir de tal año en materia de políticas fiscales, dejadas ya atrás, en la mayoría de países, la ortodoxia neoliberal que había marcado a la región en las dos décadas anteriores. Entre 2003 y 2012, dice la CEPAL, la política fiscal en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe se ajustó a la naturaleza del ciclo económico en que se encontraba la región y tuvo cuatro orientaciones generales: i) la generación de superávits primarios y la reducción de la deuda pública entre 2003 y 2008, previamente a las adversidades externas del período 2008-2009; ii) la reorientación del gasto y de los impuestos para evitar los efectos regresivos del aumento de precios en 2008; iii) la estabilización de la demanda interna mediante el aumento del gasto público en 2009, y iv) el inicio de reformas fiscales, por el lado de los ingresos y del gasto, para consolidar las finanzas públicas a partir de 2010. La reorientación de gastos e impuestos de 2008 incluyó, por el lado de los ingresos, la reducción de impuestos aplicables al consumo o a la importación de alimentos, subsidios para transporte y energía, ayuda alimentaria, créditos preferenciales para fomentar la producción agropecuaria y la compra directa de alimentos por parte del sector público en algunos casos. El informe de la CEPAL fija en el año 2009 una especie de “prueba de fuego” para las economías de América Latina y sus políticas fiscales, así como la estabilidad de su sistema fiscal y el nivel de su deuda pública asociado de manera directa a la aplicación más o menos eficiente de la misma. 2009 es el año en que los efectos de la crisis internacional desatada en 2008 en los EEUU se hace presente en la región y con ello las dificultades de los estados para mantener el nivel de los ingresos fiscales en proporciones adecuadas al elevado volumen de gasto público que venían desarrollando, ante el elevado nivel de ingresos que habían recibido, durante los años anteriores a tal fecha. Un desfase entre ambos aspectos podría devolver a los países de la región a los tiempos de los problemas vinculados a la deuda pública. Esto llevó a los estados a verse obligados a tener que hacer una serie de reformas que evitaran dicha situación, ya que el ajuste entre ingresos y gastos no se había hecho de manera natural en ese balance de 2009. El informe de la CEPAL lo explica así: “La generación de superávits primarios antes de la crisis en América Latina facilitó la implementación de políticas fiscales contracíclicas en 2009 mediante un aumento del gasto que no se ajustó mecánicamente ante la reducción de ingresos fiscales ocurrida ese año. Las iniciativas se concentraron en aumentos de la inversión en infraestructura, planes de vivienda, programas de apoyo a las pymes y una amplia gama de programas sociales. Los rezagos en la formulación y la aprobación legislativa de proyectos de inversión y los diversos problemas de capacidad de implementación retrasaron la ejecución de inversiones en algunos países, mientras que las respuestas en el ámbito del gasto social fueron más ágiles. Los gobiernos también impulsaron modificaciones de los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, que incluyeron la disminución de tasas, devoluciones anticipadas y deducciones. Se flexibilizaron las restricciones fiscales aplicables a autoridades subnacionales y varios gobiernos moderaron las metas del superávit primario, al tiempo que se acudió a la banca regional y multilateral de desarrollo en numerosos países para financiar el mayor gasto público ante la reducción de ingresos. En síntesis, si bien hubo variaciones entre países, se aprovechó el espacio fiscal generado previamente y, por otra parte, se mantuvo el endeudamiento público dentro de límites que, en general, no amenazaban la sostenibilidad fiscal”. Pero lo más sorprendente de todo, a la vista de lo que nos dicen, nos aseguran y nos venden como único modelo válido y posible, los apologetas del neoliberalismo, es saber que fueron aquellos países que trataron de combatir dicha situación de riesgo mediante un aumento del gasto público los que mejores resultados obtuvieron, en comparación con aquellos otros que aplicaron medidas de corte liberal como la reducción de impuestos: “En 2009 las acciones por el lado del gasto parecen haber tenido mayor impacto que los estímulos promovidos mediante la reducción de impuestos, no solo por su magnitud, sino también porque incidieron de manera más directa sobre el consumo en un momento en que existía el peligro de una contracción severa de la demanda agregada y en que la incertidumbre impedía que el sector privado, a pesar de contar con diversos estímulos e incentivos, pudiera aumentar sus inversiones”. Es decir, fue el gasto público el que permitió dinamizar y revitalizar las economías de estos países frente a los efectos de la crisis económica mundial, algo que no solo no generó un mayor déficit y problema de deuda pública para el estado, sino que consiguió consolidar y en algunos casos aumentar el nivel de ingresos fiscales de tales países pudiendo seguirse así con mayores inversiones en gastos social y, a su vez, con el crecimiento económico mediante la consolidación de la demanda interna (consumo). Contrariamente a lo ocurrido en crisis previas, en la región en su conjunto la inversión pública no ha sido utilizada como variable de ajuste dado que, como proporción del PIB, entre 2008 y 2009 se mantuvo prácticamente constante, al subir de un 4,5% a un 4,6% . Esto contribuyó a que, después del aumento observado en 2009 a consecuencia del impacto de la crisis, a nivel regional tanto en 2010 como en 2011 la deuda pública cayera en relación con el PIB (CEPAL, 2012b). Si estos datos los comparamos con lo ocurrido en el estado español y otros países europeos desde ese mismo 2009, a su vez que comparamos las medidas aplicadas en unos casos y otros, los neoliberales que ahora gobiernan estos países simplemente tendrían imposible seguir con sus discursos y sus cuentos para no dormir, ya que no ni un solo ciudadano preocupado por su futuro y el de la economía de su estado, les podría creer. Pero, desafortunadamente, para la mayoría de estos ciudadanos estas políticas aplicadas en América Latina y que tan buen resultado les ha dado en los últimos años, es propio de gobiernos totalitarios o, peor todavía, son medidas “populistas”. Y así nos va, claro.
Pero hay más, con el objetivo de disminuir la incidencia negativa del alza de precios de los alimentos y los combustibles sobre la destrucción de empleo y una posible bajada de salarios, los gobiernos, según la CEPAL, “acudieron principalmente a nuevos o reforzados programas de transferencias dirigidas a los más pobres, subsidios y controles de precios y programas de distribución de alimentos. El aumento de los salarios mínimos también evitó reducciones de los salarios reales en varios países. Debido a que el alza de precios de los combustibles y los alimentos se revirtió, el incremento de los salarios reales contribuyó a moderar la reducción del consumo como consecuencia de la recesión y favoreció un mayor nivel de actividad económica en la región en la crisis de 2008 y 2009. Además, para proteger el empleo durante la crisis se reforzaron antiguos programas y se crearon otros nuevos que incluyeron la reducción de la jornada laboral, esquemas de capacitación, la disminución de las contribuciones patronales a la seguridad social para bajar los costos laborales, programas de emergencia para generar empleo, la ampliación del acceso a seguros de desempleo o su prolongación, y la creación o extensión de subsidios para la contratación de jóvenes. Los programas de transferencias condicionadas se ampliaron o se establecieron durante este período; además, se introdujo una pensión básica no contributiva en algunos países, se fortalecieron los programas de apoyo alimentario y se entregaron bonos a personas u hogares vulnerables”. ¿Igualito que hicieron estos mismos países en las décadas de los 80 y los 90, o que actualmente se está haciendo en Grecia, Portugal, Irlanda o la misma España, verdad?
Las consecuencias directas de todo esto son, ni más ni menos que, a diferencia de lo vivido durante la década de los 90 o lo que actualmente está sucediendo en Europa, especialmente en los países con mayores problemas económicos, el empleo en América Latina se encuentra a niveles de máximos históricos (o el desempleo a nivel de mínimos históricos, como se quiera ver), así como se ha producido una mejora considerable tanto en la remuneración como en la calidad y estabilidad del mismo, lo que, a su vez, contribuyó a mejorar la salud macroeconómica de los estados. “El aumento del empleo y la mejora de su calidad, así como los salarios más altos, continuaron contribuyendo a la expansión moderada de la demanda interna de la región, y en particular del consumo. En primer lugar, para el conjunto de diez países para los que se cuenta con información trimestral, durante el primer semestre de 2012 la tasa de desempleo urbano cayó 0,4 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior (de un 7,2% a un 6,8% de la población económicamente activa). (…) Tal como ocurrió en los últimos años, en los cuales hubo un crecimiento económico relativamente elevado, en muchos países el empleo asalariado continuó liderando la generación de empleo y en cinco de diez países con información disponible aumentó su participación en el empleo total, mientras en dos se mantuvo estable. Esto sugiere que la calidad del empleo continuó mejorando. (…) La evolución de los salarios reflejó la situación de empleo relativamente favorable que predominó en la región, caracterizada por una caída de la tasa de desempleo en un contexto de demanda laboral todavía fuerte. Además, la inflación contenida contribuyó a que, en términos reales, el crecimiento de los salarios del sector formal se acelerara (en el promedio simple de nueve países) respecto de los dos años previos, con un aumento del 3,0%. La Argentina, el Brasil, Panamá, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de) registraron aumentos reales interanuales por encima del 3%. Estos aumentos alcanzaron entre un 2% y un 3% en Chile y Costa Rica, mientras que en Colombia, México y Nicaragua las variaciones fueron menores del 1%”.
En general, el aumento del gasto social que se ha llevado a cabo durante la última década en la región, una vez los diferentes gobiernos, y en especial los gobiernos de izquierdas, abandonaron el paradigma neoliberal, es evidente, como también lo es la respuesta, desde el gasto y la protección social, para mitigar el impacto de la crisis de 2008-2009 en los sectores más vulnerables. Así año a año está disminuyendo la pobreza y la desigualdad en la región, y su principal causa es, en primer lugar, el incremento en los ingresos laborales y, en segundo, el aumento de las transferencias públicas hacia los sectores más vulnerables (CEPAL, 2011). Todo ello, además de reducir las desigualdades sociales y dotar a la región de una mayor equidad y una mejor redistribución de la riqueza que va en beneficio principalmente de las clases trabajadoras y de los sectores más empobrecidos, ha hecho también que las economías de estos países hayan crecido casi sin interrupción durante los últimos diez años, así como ha conseguido estabilizar la mayor parte de sus índices macroecómicos. El abandono del paradigma neoliberal, pues, no solo ha servido para mejora la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de estos países, reducir las diferencias de clase y atajar algunos de los problemas más urgentes -relacionados con los derechos humanos básicos- que asolaban a los pueblos latinoamericanos a finales de los 90 tras la pesadilla neoliberal y su “década perdida”, sino que ha convertido a las economías estatales en unas economías saneadas y mucho mejor preparadas para hacer frente tanto a la crisis internacional como los problemas derivados de su situación de dependencia respecto de las potencias imperialistas, a muchas de las cuales están superando ya, por mucho, en cuanto a lo que estabilidad y salud macroeconómica se refiere. Imagino que no es necesario exponer mucho más al respecto: la lección para los pueblos de Europa que actualmente están atravesando por los mismos problemas que pasaron la mayoría de estos países en los 90 y a los que se les están aplicando las mismas “soluciones” que entonces trataron de aplicarles allí y que condujeron a las dramáticas situaciones sociales y económicas en el apartado anterior expuestas, parece más que obvia.
4. Conclusiones
Los países de la periferia capitalista han tenido que soportar durante las últimas décadas la terrible arremetida neoliberal, con los resultado que, para el caso concreto de América Latina, ya vimos en los primeros apartados de este artículo: un aumento de la pobreza, la desigualdad social, la concentración del capital, el hambre, el desempleo, la precariedad laboral, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad económica respecto de los países desarrollados. En consecuencia, las condiciones objetivas para la emergencia de los procesos revolucionarios de corte nacional-popular aventurados no habían hecho sino intensificarse durante las últimas tres décadas. Los pueblos de la periferia capitalista no se podían quedar de brazos cruzados ante tal arremetida neoliberal, mientras los terribles efectos sociales de sus políticas iban en aumento en el mundo entero. Era sólo cuestión de tiempo esperar que fuesen los propios pueblos quienes tomasen la palabra y se levantaran en lucha abierta contra las trágicas condiciones a las que el capitalismo neoliberal los estaba abocando en virtud de su condición de economías periféricas y dependientes. Para estos pueblos no quedaba entonces más remedio que, antes o después, pasar a la acción. En unas circunstancias así, con un mundo cada vez más polarizado entre aquellos países desarrollados que lo tienen prácticamente todo, y aquellos países subdesarrollados que no tienen prácticamente nada, abandonar la senda neoliberal y emprender el camino del desarrollo auto-centrado y de la desconexión colectiva, a nivel de bloques regionales integrados política, económica, social y culturalmente, se abría ante los países de la periferia como una necesidad prácticamente existencial. Afortunadamente para ellos, no han sido pocos los países de América Latina que, apoyados en la voluntad de sus pueblos, decidieron sumarse a esta nueva etapa de desarrollo económico, una etapa en la que las políticas basadas en criterios de tipo social (aumento del gasto público, nacionalización de sectores estratégicos, redistribución de la renta, sistemas fiscales progresivos, intervención y regulación del estado en la economía privada, atención prioritaria a las demandas básicas de los sectores más desfavorecidos, etc.) fueron abriéndose paso frente a las políticas ortodoxas y antisociales del neoliberalismo, dejando así atrás la tutela ejercida sobre sus economías por las instituciones financieras internacionales, recuperando sus propios espacios de soberanía económica y construyendo sobre tal base un nuevo panorama político y económico radicalmente contrario al vivido durante las décadas neoliberales, con unas consecuencias más que positivas para el desarrollo y estabilización de sus economías estatales, así como para el beneficio de las clases trabajadoras.
Sin embargo, ironías de la historia, son ahora los países europeos, y en especial los países de la periferia de la zona euro (históricamente consolidados como países pertenecientes al “centro” del sistema-mundo capitalista), quienes se están viendo abocados a vivir situaciones muy similares a las atravesadas por la mayoría de países de América Latina en décadas pasadas. Y, como ya ocurriese entonces en los países latinoamericanos, nuevamente las políticas de ajuste y reducción del gasto público propias de la ortodoxia neoliberal, están demostrando ser un estrepitoso fracaso a la hora de encauzar a estos países por la senda del desarrollo socioeconómico y el crecimiento económico. Los pueblos, pues, en este caso los pueblos europeos, se ven nuevamente frente a la dicotomía de tener que seguir apostando por una renovación de la confianza en el papel de sus burguesías nacionales como guiadoras del progreso económico del país y de las instituciones financieras internacionales como garantes e impulsoras de sus políticas económicas, o apostar por dar paso a nuevos modelos de corte nacional-popular mediante los cuales sea el propio pueblo quien tome las riendas del progreso hacia el desarrollo del país, tal cual han hecho en buena parte de los países de América Latina, lo que a su vez ha provocado que incluso países con gobiernos de derechas se hayan visto obligados a hacer concesiones sociales y económicas alejadas de los dogmas neoliberales. Ahora solo falta que los pueblos de Europa sepan aprender de la experiencia latinoamericana y se sumen cuanto antes a los aires de cambio y esperanza que vienen de aquellas tierras, a poder ser sin necesidad de tener que llegar a la trágica situación social que aquellos países vivieron en los 90.
América Latina está viviendo un proceso de transformación, un verdadero cambio de época. Tras haber sido el bastión duro del neoliberalismo durante las dos últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI, los proyectos revolucionarios que aspiran a orientar a la región hacia la senda de un verdadero desarrollo auto-centrado de corte nacional-popular, se han multiplicado por todos sus rincones, de Norte a Sur, de Este a Oeste. La aspiración para que sean los propios pueblos latinoamericanos quienes tomen en manos propias el destino político y económico de la región avanza en el continente. Después de largos años de pérdida de autodeterminación, caracterizados por los ínfimos resultados a nivel de desarrollo que proporcionaron a la región la aplicación sistemática y generalizada de los postulados neoliberales, se fortalece el sujeto colectivo, integrador y solidario, que construye su propio futuro. El ALCA ya fue enterrado en Mar de Plata, Argentina. El sur que orienta ahora a los pueblos del continente es la vida concreta de las mayorías. Venezuela en su nueva constitución situó oficialmente al ser humano en el centro de la economía. Bolivia, Nicaragua y Ecuador se sumaron rápidamente al proceso de cambio y cada vez más pueblos latinoamericanos juntos construyen lazos solidarios. Cuba se mantiene impertérrita a los desafíos de las décadas. Fruto de todo ellos es el nacimiento de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA). Una organización que ha sabido aglutinar las luchas y resistencias anti-neoliberales de los años 90 con la emergencia de los nuevos proyectos bolivarianos de principios del siglo XXI en torno al denominado socialismo del Siglo XXI. Colectivos sociales y Gobiernos revolucionarios se dan la mano en el interior de esta organización que lucha por la defensa de la soberanía y por la implantación de una democracia verdaderamente participativa en América Latina. Su estructura de integración territorial, solidaria y comprometida con el desarrollo auto-centrado de los pueblos, supone un verdadero desafío político y económico a la hegemonía capitalista que perdura aún hoy a nivel mayoritario en el mundo. El ALBA ha tomado la desconexión colectiva del sistema-mundo capitalista como su principal prioridad de acción para llevar a los pueblos integrantes por la senda de la justicia social, el reparto equitativo de las riquezas, el respeto de los derechos humanos, la extensión de las garantías sociales y, en una palabra, el desarrollo. Desconexión, democracia y transición hacia el socialismo son, al igual que lo planteado por el economista marxista Samir Amin en sus teorías, sus tres ejes fundamentales de funcionamiento. La integración latinoamericana ha dejado de ser un sueño posible para convertirse ya en un camino transitable y que poco a poco comienza a ser recorrido por los pueblos, naciones y Estados de la región. Será cuestión de tiempo saber hasta dónde puede o no llevar este camino. El ALBA, en cuanto a su real alcance, aún tendrá que pasar la prueba del tiempo y, con ella, el paso de los gobiernos que lo apoyan actualmente, venciendo los obstáculos propios de la lucha por la hegemonía económica internacional; una prueba que a otras iniciativas les ha costado superar. Sin embargo, el camino ya está abierto y parece complicado pensar que tenga visos de quedar definitivamente cerrado en los próximos años. La transición hacia una desconexión colectiva y una superación del capitalismo es hoy algo más que un proyecto en América Latina: es la constatación de una realidad. Pero es mucho más que eso: es también la constatación definitiva de que el capitalismo, fracasadas todas las vías para el ajuste, puede y debe ser superado en los pueblos y países de la periferia. Entre los cuales, para nuestra desgracia, se encuentran también ahora buena parte de los países europeos que hasta hace unos pocos años se creían ajenas per se a todo este tipo de problemas sociales y económicos propios de esos países a los que se los ha llamado con desprecio “el tercer mundo subdesarrollado”.
Si bien es cierto que la actual emergencia en algunos lugares del mundo, y específicamente en América Latina, de procesos revolucionarios de corte “nacional-popular” no garantiza que el capitalismo, como sistema-mundo de carácter hegemónico, vaya a ser superado, y el mundo re-direccionado hacia un verdadero escenario de fuerzas policéntricas, lo que sí parecen confirmarnos estos procesos abiertos en la actualidad es que Samir Amin andaba en lo cierto cuando anunció la emergencia de procesos de este tipo en los países empobrecidos como una consecuencia lógica al propio funcionamiento del sistema capitalista, sus contradicciones y las terribles consecuencias que éstas generan en aquellos países incapaces de ser dueños de su propio futuro, al ser incapaces de tener un verdadero control sobre el desarrollo de sus fuerzas productivas y sobre la gestión de sus propios recursos, orientados ambos casos hacia la dependencia exterior y no hacia un desarrollo interior auto-centrado, como es el caso de los países desarrollados, y como sería lo deseable, según la propuesta teórica de Amin, para alcanzar un verdadero desarrollo. No creemos que Amir estuviera pensando en estado como Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España cuando desarrolló sus teorías, pero, qué duda cabe, a día de hoy la realidad hace que debamos empezar a tratar a estos estados bajo los mismos parámetros con los que hemos estado mirando y analizando a los países de la periferia capitalista, una periferia de la que ahora también forman parte. Por tanto, los pueblos de Europa que atreviesa esta situación actual harían bien en girar su mirada hacia América Latina, y comenzar a construir procesos similares a los que allí se han venido construyendo en los últimos años. La desconexión, al menos parcial, del sistema-mundo capitalista, la salida de estos estados del bucle económico de deuda-recortes-recesión económica-y vuelta a empezar, es urgente. Solo así podrán aspirar a retomar la senda del crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y la creación de empleo. Todo lo que no sea eso, los llevará, con toda seguridad, al desastre total.
América Latina sufrió por siglos las consecuencias de la explotación capitalista, acentuadas con la llegada de las políticas neoliberales a la región. La emergencia del ALBA y otros procesos de corte revolucionario nacional-popular no es más que la consecuencia de ello. Que haya sido precisamente América Latina donde primero han empezado a emerger estos proyectos colectivos de desconexión, no es ninguna casualidad. América Latina reunía todas las condiciones objetivas para que así fuera. Otras regiones del mundo las reúnen igualmente para secundar estos procesos en un futuro próximo. La Europa periférica ha pasado a ser una de ellas. Habrá que esperar a ver si siguen el ejemplo latinoamericano. Por su bien, por el de todos los trabajadores y trabajadoras que aquí vivimos, esperemos que así sea. Ya es hora de acabar con un sistema-mundo que condena a la inmensa mayoría de sus pueblos a la pobreza, la miseria, el hambre y el subdesarrollo. Y que no sólo afecta a los pueblos de los países subdesarrollados como ingenuamente se habían llegado a creer la mayor partes de los trabajadores y trabajadoras de los países “desarrollados”, sino que también nos ha estado afectando a nosotros y ahora estamos empezando a pagar todas las consecuencias. No basta ya con mirar para otro lado. O nos sumamos a la nueva tendencia de cambio político y económico que nos llega desde América Latina o lo pagaremos muy caro. Tan caro como ellos lo pagaron en la década de los 90 y que, por fortuna, en la actualidad parecen haber conseguido comenzar a paliar única y exclusivamente por haber sido capaces de dejar atrás las políticas neoliberales que ahora se están arraigando en los gobiernos de nuestros estados capitalistas. A tiempo estamos de que las consecuencias de ello no vaya a mayores. Aprendamos de América latina, es urgente.
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[1] Entre los gobiernos de América Latina que durante los años 90 descollaron en el cumplimiento de los lineamientos del Consenso de Washington, a la hora de implementar los ajustes neoliberales que como condición a su “ayuda” financiera exigían el BM y el FMI, cabe destacar los siguientes: Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú, Carlos Salinas de Gotari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000) en México, Abdalá Bucaram (1996-1997) y Jamil Mahuad (1998-2000) en Ecuador, Fernando Collor de Mello (1990-1992) y Fernando Enrique Cardoso (1996-2002) en Brasil, Carlos Saúl Ménem en Argentina (1989-1999) y Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1993-1999) en Venezuela.
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